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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Feminismos y equidad de género Jacqueline Miranda De los Santos

Condena Social Seguridad pública para mujeres (Parte III)

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El pasado viernes 16 de agosto en la Ciudad de México se realizó una marcha feminista para protestar por el caso de una joven menor de edad que denunció ser violada por cuatro elementos de la policía de la Ciudad de México cuando regresaba a su casa de una fiesta, esto sucedió en la alcaldía Azcapotzalco la madrugada del 3 de agosto; tras una serie de sucesos en los que se dijo que los policías seguían en funciones ocurrió que en una entrevista Jesús Orta titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México fue pintado de rosa con glitter por una mujer que se manifestaba por todas las irregularidades que han habido en dicho caso. La situación fue condenada incluso por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestando que no caerá en provocaciones porque al parecer cualquier manifestación de que las cosas no están bien es un intento de hacerla caer en prácticas antiguas de represión.

Así es como se organizó una marcha que tendría como objeto llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en ella era indispensable que las participantes llevaran glitter rosa el cual se volvió un símbolo para manifestar que estamos siendo asesinadas sin que las autoridades hagan algo real.

Antes de comenzar con las situaciones que ocurrieron en la marcha, daré el panorama de la realidad que vivimos las mujeres:

De acuerdo con el mapa de feminicidios de María Salguero en un periodo de agosto de 2018 a agosto de 2019 el número de feminicidios por región es el siguiente:

Si bien las acciones del gobierno federal como las del gobierno local de la Ciudad de México apenas están comenzando a tener un impacto en la vida social, el problema es para la mayoría la descalificación que se hace a este fenómeno, o que incluso a nivel federal se diga siempre que los datos estadísticos correctos son lo que tiene el presidente.

En el mismo mapa existe una categoría en la que podemos encontrar un desglose del cómo fueron asesinadas, la principal forma es por medio de un arma de fuego, después de eso sin datos del cómo sucedió ocupa el segundo lugar, el tercer lugar es a puñaladas, la categoría que pensé no tendría un número en la Ciudad, fue el de quemadas vivas, tres casos son los que se señalan en este mapa para la Ciudad de México.

Algo que ocurre también en la relación al escenario donde suceden los feminicidios, para la Ciudad de México es que se señalan 42 suscitados en el domicilio de la víctima mientras para los que sucedieron en vía pública el número es 68, lo que quiere decir que no importa si estas en casa o en la calle corres el mismo peligro esto porque en muchos casos el feminicida es una persona cercana a la víctima.

En un periodo de 9 años el mapa de feminicidios de María Salguero si mira de la siguiente manera:

Existen periodos de tiempo donde la violencia se incrementa, el principal es a partir de 2016, existe una disminución radical en algunos meses de 2018 existiendo un incremento en el mismo año.

De acuerdo con El Heraldo en México hay 99 casos al día de delitos sexuales entre ellos abuso sexual y violaciones, las entidades con más delitos son el Estado de México, Jalisco y Baja California. De esos 99 casos 43 son denunciados y 56 de esos casos no son denunciados.

A los hombres nos matan más

Sí, de acuerdo con datos de Animal Político 2019 presenta un total de 109.2 asesinatos por día, en junio de 2019 se contabilizaron 3 mil 80 nuevos casos de homicidios, sin embargo muchos de estos casos están vinculados a casos de narcotráfico, el rol del hombre en la guerra incluso en la del narcotráfico se ve claro en los estados en donde muchos de ellos son asesinados por ajustes de cuentas, si bien la actividad del tráfico de drogas no es exclusiva de los hombres los roles culturales de la mujer no la colocan en posiciones de alto riesgo o como sicarios.

La violencia que existe hacia los hombres es diferente a la que vivimos las mujeres, son muy pocos los casos en donde uno de ellos es asesinado por razones de género, son muy pocos los casos donde son violados, mutilados, quemados y dejados en algún lugar donde muy difícilmente te reconocerán, la violencia que ellos viven en cuanto al número de hombres asesinados es mayor, sí, pero no bajo las mismas circunstancias, no bajo las mismas características.

Es necesario decir bajo lo anterior que no es válido este argumento que no debemos quedarnos calladas sólo porque a ellos los matan más, no es válido demeritar la lucha que muchas han organizado sólo porque a los hombres les parece que no son las vías correctas.

#NoNosCiudanNosMatan

La manifestación tuvo muchas cosas pero la mayoría de los medios, las autoridades y la sociedad se fijó en un aspecto: las pintas, los vidrios rotos y algunas quemas; la estación del metrobus insurgentes tuvo varias pintas y cristales rotos, los cuales al día siguiente estaban restaurados, lo curioso es que las vidas de las mujeres asesinadas no habían regresado, las mujeres desaparecidas no habían vuelto, todo parecía estar normal menos la dignidad de las víctimas de violación.

Pasamos de ser una sociedad a la que debería importarle más la vida de una persona que una pared rayada, a una que no comprende la complejidad de los problemas cuando creen que la mayoría de ellos se solucionan en los juzgados, tenemos autoridades que poco conocen, que no les interesa y que para poder escuchar necesitaron ver a una gran parte de la sociedad enfurecida.

¿Y cómo quieren que sea la marcha?

Al día siguiente de la manifestación muchos a través de redes sociales comenzaron con las críticas, la mayoría piensa que es una exageración que las mujeres hayan salido a romper cosas, a quemarlas y a pintarlas, creen que las mujeres deberíamos expresarnos con más decoro, sin enojo y con una sonrisa, que en las manifestaciones cuando haya una cámara de por medio o una autoridad escuchando decir por favor y gracias, la idea de cómo deben ser las mujeres sigue siendo una imposición. Es por ello que las manifestaciones hechas por mujeres para mujeres disgustan tanto a ciertos sectores específicos de la sociedad.

El que las mujeres decidan cómo serán las marchas no tiene ninguna acción que demerite al movimiento o la causa, si quienes marchan al frente deciden que no irán hombres es algo que debe respetarse. El o los movimientos feministas no necesitan de hombres que representen la causa, esta es una de las principales razones por las que los hombres no marchan al frente con las mujeres y no, esto no se trata de mujeres contra hombres sino de que la voz, la opinión de las situaciones que conciernen a mujeres sean dadas por nosotras.

Las autoridades no deberían dar voz a la sociedad cuando las bombas ya han explotado, por ejemplo la decisión de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de escuchar a los grupos feministas sin haber claridad de a quiénes y por qué usó este criterio.

Queremos ser escuchadas antes de que ocurran más feminicidios, antes de haya más violaciones, antes de que haya más desaparecidas, el enojo que siente alguien que perdió a su amiga, a su hermana, a su madre, a su pareja es inconmensurable, si estuviéramos en el lugar de quien perdió, de quien fue violada o abusada, entonces también desearíamos quemar la ciudad, para que las autoridades miren lo que está pasando, para que los policías dejen de matarnos, para que los agentes del Ministerio Público sean más empáticos y es justo lo que le falta a esta sociedad entender que debe importar más la vida de cualquier humano que una pinta en un monumento, mismo que muchas veces representa años de lucha, años de no callarse de dejar de hacer lo que era bien visto con tal de tener una sociedad más justa capaz de entender que el caos es una forma de orden.

Después de la manifestación ¿qué sigue?

Garantizar la seguridad pública de las mujeres parece hasta la fecha algo imposible, quizá porque el móvil criminológico parece derivar de causas culturales y a este punto digámoslo claro, las feministas y en general las mujeres no buscan asesinar o acabar con el género masculino, no los violamos, descuartizamos y dejamos en algún terreno lejos de casa, de un lugar donde puedan honrar su memoria. Los hombres sí lo han hecho y no este no es un argumento de odio hacia ellos es poner las letras justas al problema que hoy vivimos; debemos entender que los feminicidios son crímenes por convicción, el asesino tiene la convicción de que es necesario matar, quizá por la creencia cultural de que nunca debimos salir del espacio privado, quizá porque decidimos alzar la voz, o tal vez porque nos volvimos dueñas de nuestro cuerpo y decidimos vestirnos como queremos y eso parece desde algunos puntos de vista ofensivo para una moral que ya es obsoleta.

Necesitamos cambiar el pensamiento de que la mujer debe estar sometida (de forma consciente o inconsciente) a los buenos modales que el hombre establece para ella, esto cambiando los esquemas de educación de los más jóvenes, es necesario cambiar el discurso de las autoridades y del propio sistema penal para deslegitimar a aquellos que creen que deben ejercer el derecho natural de la violencia sobre la mujer, porque mientras el agente del Ministerio Público siga diciendo que la ropa sucia se lava en casa, mientras se nos culpe por ir bajo los efectos del alcohol, o con faldas, vestidos o escotes, en tanto eso no cambie, no habrá un cambio de chip, ni se romperá con el discurso asfixiante que está matando a la mujer.

Es necesario que en el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, acepte que si bien ya hay normas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, el margen del derecho penal y en general del derecho posee un techo de cristal que aún es muy endeble, muchas de las construcciones hechas hasta ahora poseen prejuicios, por ejemplo, las mujeres trans, no son muchas veces protegidas aún a pesar de ese techo normativo, es necesario decir que, la definición de cada rol de género aún posee cargas sociológicas de un modelo dominante, modelo que pertenece al machismo.

Al final debemos comprender que el asesinato con violencia de una mujer es un intento fallido por someterla al sistema impuesto desde hace varios años, es un fracaso del agresor; y entonces será necesario transformar el sistema considerando que ninguna re-evolución será pacífica porque la irritación que existe sobre los sistemas dominantes se negarán al cambio en primera instancia. 

Fuentes de consulta:

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La frontera entre la violencia y paz

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El pasado 19 de abril, en Minatitlán[1] ocurrió un ataque que se decía era un ajuste de cuentas, sin embargo, en dicho ataque se asesinó a un menor de edad de apenas un año; el total de las víctimas fue de 13 fallecidos.

En el ataque que presuntamente se realizó por un grupo de narcotraficantes, se buscaba venganza de un hombre apodado La Becky quien era dueños de bares donde se vendía drogas. La comunidad de Minatitlán afirma que no era un ajuste de cuentas, para ellos se trata del mecanismo de imponer temor y fuerza a través de actos de violencia, su forma de reafirmar es de esa manera, y las autoridades locales siguen sin responder. La respuesta a nivel federal no es muy diferente, sólo se sigue diciendo que la violencia que hoy vivimos es la detonada por la Guerra contra el Narcotráfico, por las malas o nulas decisiones de Enrique Peña Nieto pero también lo será a causa de no querer ver la realidad que México padece por la violencia.

Hace unos días el periódico El Universal publicó un artículo llamado Pacificar a México vs construir[2] paz nos dice claramente que estudiar la violencia no es estudiar la paz ya que la ausencia de violencia no es necesariamente positivo, en otros términos se trata de construir aparatos sociales e institucionales que ayuden a construir sociedades pacíficas pero sobre todo que ayuden a mantenerlas de esa manera.

Como plasmé en el párrafo anterior entender la violencia no es garantía de paz,  pretendo en este artículo estudiar y analizar brevemente los diferentes tipos de violencia en México y cómo podrían construirse esquemas de paz, lo que es necesario establecer de primera instancia es el hecho de que la construcción de estos modelos debe hacerse de abajo hacia arriba (bottom up) porque esto justamente ayuda a que los sistemas que se generen no sean excluyentes, es decir, que ciertas clases privilegiadas no sean las únicas en gozar de paz. Este elemento es una de las principales fallas institucionales en México al construir paz, aunque en realidad los periodos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estuvieron lejos de intentar construirla sino más bien siempre fueron modelos de ataque frontal contra la violencia proveniente de la subcultura del narcotráfico, sin comprender como funcionaba desde lo más básico.

Violencia por el Narcotráfico

Propiamente la Guerra contra el Narcotráfico ha sido el detonante de una ola de violencia en diferentes estados, algunos de estos  se encuentran en disputa por diversos cárteles lo que genera enfrentamientos entre ellos, sumando los enfrentamientos de los delincuentes con los militares o policías; por parte de los militares han existido demasiadas arbitrariedades en materia de Derechos Humanos, violaciones graves en el debido proceso, y en los peores casos desapariciones forzadas y homicidios, como el caso Tlatlaya.

También es la incomodidad social ante la presencia de traficantes de drogas lo que genera violencia, es el caso específico de las autodefensas, quienes ante la ausencia de las autoridades para solucionar los problemas buscaron armarse para defender sus propiedades y vidas.

La temática detrás de esta historia es mucho más complicada que las líneas que aquí se redactan, sin embargo, con el resumido panorama es necesario para construir la paz, lo siguiente: evitar la militarización de la seguridad pública y en segundo lugar dar reconocimiento a las personas invisibilizadas en este tema, es decir, siempre que hablamos de Narcotraficantes imaginamos a personas como Félix Gallardo, Pablo Escobar y demás figuras con armas de oro y miles de millones en maletas, lo cierto es que detrás de ellos están los agricultores, muchos de ellos olvidados y condenados a carencias pero sobre todo a la exclusión social. La construcción de paz se encuentra en reconocer que son parte de nosotros y que generaron una subcultura que les permitiera subsistir a la par nuestra. La construcción de la paz forzosamente debe realizarse desde abajo además será necesario cambiar modelos económicos y jurídicos que permitan la inclusión.

La violencia y la economía

La economía es un sistema complejo, no sólo porque incide en la violencia sino también porque la violencia le afecta, en contexto el impacto en los últimos años ha sido 10 veces mayor que el gasto público destinado al sector salud, un efecto positivo en la construcción de la paz puede incidir de manera importante en la economía. El problema está en que el sistema económico actual produce y reproduce esquemas de desigualdad y exclusión, esto no quiere decir que para que el sistema sea más funcional, tengan que vivir todos en austeridad franciscana, quizá se elimine la brecha de desigualdad pero no la del número de personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

articulo jInstitute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2019

Muchos de los delitos con violencia, como lo son el robo, asalto con violencia, secuestros, entre otros son el resultado de la falta, en primer plano de educación y en segundo de la falta de oportunidades laborales; la economía de esas personas es el principal motor de motivación para actuar fuera del margen del pacto social, son parte también de la sociedad excluida pero tiene particularidades más complicadas, la paz se construye primero con políticas económicas que no sigan afectando a ese sector de la sociedad, generando empleos y oportunidades reales, no con apoyos o becas sino trabajos reales que les permita tener estabilidad, segundo acciones encaminadas a la prevención del delito a través de esquemas de cultura y educación, el tercer punto deberá contener la mayor participación ciudadana y de acuerdo a los perfiles geográficos implementar esquemas de vigilancia predictiva.

Violencia de Género

Este es un rubro demasiado amplio que en este espacio limitaré únicamente al feminicidio. Si bien el incremento de asesinatos de mujeres sucede a causa de la Guerra contra el Narco, la mayoría de los casos siguen ocurriendo a manos de familiares cercanos o personas cercanas a las víctimas, también existen casos en los que las víctimas son cazadas por completos desconocidos. En lo que va de 2019 se han reportado 227[3] decesos, siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para las mujeres, los móviles del feminicida pueden ser muchos, sin embargo, la mayoría de los casos se envuelven en rasgos primarios de una cultura machista y violenta, es cierto que pueden haber detonantes psicológicos, pero en la mayoría de los casos hay tintes culturales de odio hacia las mujeres.

La construcción de la paz desde este problema para mi representa el mayor reto, porque tal parece que se trata de guerra de identidades donde el hombre no está dispuesto a ceder posición sobre la mujer, este fenómeno se resaltó con la creación de la cuenta en Twitter  @MeTooHombresMx, misma que tras una serie de ataques de odio generalizados, encontró a la supuesta responsable del suicidio de Armando Vega Gil quien fuera mencionado en una cuenta en México del movimiento MeToo, incitando al odio hacia esa persona, y finalmente sugiriendo que ya sabían lo que tenían que hacer. La cuenta fue cerrada pero abrió una pequeña ventana que permite ver el posicionamiento de muchos hombres y mujeres en contra de ceder un poco de poder a las mujeres.

Deconstruir la cultura del machismo es el mayor reto para la paz, porque implica evitar la revictimización de los hombres respecto del empoderamiento de la mujer, conlleva el comprender que el feminismo no busca la castración, pero sobre todo que renunciar a ciertos privilegios no los coloca en posición jerárquica respecto de las mujeres. Después de comprender esto los nuevos esquemas culturales podrán dar paso a la edificación de la paz.

En este sector, y en los anteriores es necesario también buscar nuevos modelos de justicia, es decir que sean eficientes y eficaces pero ante todo que no revictimicen a los denunciantes, esta es una de las principales causas por las que muchos mexicanos no realizan denuncias. Tampoco es necesario aumentar los delitos en el código penal o las sanciones a aplicar, esto sólo genera un efecto de paz negativa, porque las acciones no son realizadas por el temor a la sanción o castigo; actualmente ni siquiera la constitución de la paz negativa es suficiente para controlar la violencia.

articulo j1

México necesita mejores prácticas para la administración pública, lo que nos lleva a permitir la participación ciudadana y un gobierno más abierto y transparente. Nuevos modelos económicos no excluyentes, la aceptación de los derechos de los demás y la comprensión discursiva de generar estrategias de abajo hacia arriba.

artículo j2

Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2019

Lo cierto es que tenemos dos posibilidades de acción, u optamos por construir modelos de paz o accedemos a seguir tratando de eliminar la violencia en cualquiera de sus caras, si optamos por la segunda es posible traspasar las frontera con un verdadero infierno donde las reglas de cualquier tipo no importen, en el infierno de la violencia no hay pacto social, y la única garantía de sobrevivir es usar más violencia. Si la violencia es poder, la paz es resistencia y habrá que apostar por reconstruir desde aquí, más allá del discurso.

[1] Véase más en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/minatitlan-veracruz-aumento-homicidios-estadisticas/

[2] Meschoulam, M., Pacificar a México vs Construir la paz, El Universal, 20-04-2019 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/nacion/pacificar-mexico-vs-construir-paz

[3] Cifras tomadas de: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/feminicidios-no-paran-reportan-227-decesos-en-primer-trimestre-de-2019-3371365.html

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La falsa idea entorno a las vírgenes y putas. Seguridad pública para mujeres (Segunda parte)

Por Jacqueline Miranda de los Santos

Hace varios meses en Netflix se estrenó un stand-up atípico llamado Nanette, Hanna Gadsby dice que la historia del arte nos ha enseñado que las mujeres son o vírgenes o putas hace mención de personajes como Harvey Weinstein, Woody Allen y el mismísimo presidente de Estados Unidos Donald Trump quienes en líneas claras tienden a colocar a las mujeres en esas posiciones; ella en su monólogo cuenta muchas cosas que dejan a quien la ve con un gran nudo en la garganta.

Estoy enojada y creo que estoy en todo mi derecho de estarlo, pero de lo que no tengo derecho es de esparcir ese enojo, porque el enojo como la risa, puede conectar como ninguna otra cosa a un grupo de extraños.

El móvil del feminicida puede tener variaciones sin embargo, las motivaciones para juzgar el crimen por parte de la sociedad se basa siempre en estigmas culturales que colocan a la mujer en una posición de desventaja, la idea de que la mujer pura pertenece a su hogar esperando a el hombre ideal que la lleve a la iglesia para casarse y entonces ella dedique su vida y su tiempo a su hogar y a sus hijos, parecería un esquema ya no tan vigente, no obstante, cuando una mujer muere fuera de lo que se ha determinado como el ambiente privado (hogar), ella se convierte en algo impuro: un puta[1].

La calificación de la muerte, violación y/o abuso sexual de una mujer se demerita por parte de una gran parte de la sociedad con los siguientes argumentos: Sí una joven es violada y cruelmente asesinada, la culpa es de ella ya que no debió salir de casa, y mucho menos embriagarse y usar un vestido, porque eso no lo hace una señorita de casa. Una joven es violada en una fiesta, varios chicos son partícipes, ella está en shock y no se mueve, está aterrada alguien opina que lo disfrutó, que de lo contrario habría gritado; como si alguien que nunca ha estado en esa situación supiera lo que es sentir que en cualquier momento a merced del victimario puedes morir, sólo porque sí, sólo porque eres mujer, sólo porque estabas fuera de casa[2].

Pero la justicia paternalista y por supuesto machista se topa con las mujeres víctimas de violencia física en el hogar, muchas autoridades responden diciendo[3] que: “la ropa sucia se lava en casa”, “respete a su esposo, jefa” y cuando el feminicidio se hace presente, la respuesta: fue un accidente, se suicidó. Pareciera que todo es mejor que enfrentar la realidad de la violencia que viven las mujeres, parece que la creencia de que a las mujeres las matan por malas es la creencia que rige la justicia en México.

Actualmente en México, poseemos un sistema jurídico excluyente, es decir, es un sistema que sólo garantiza ciertos privilegios de seguridad a unos cuantos, este esquema de exclusión del derecho no se transforma, no evoluciona y sigue produciendo y reproduciendo privilegios para unos cuantos. De esta manera aunque el derecho actual pareciera transformarse rápidamente en el actuar legislativo, rompe las conexiones necesarias con el entorno social y sus presupuestos de realidad, rechazando las críticas feministas al contenido interno.

Las políticas públicas que deberían garantizar seguridad para mujeres no son óptimas y se ven como mecanismos obsoletos al ser desapegadas de la realidad que hoy vivimos en México.

¿Qué planteo con lo anterior? El derecho al no aceptar la crítica al contenido interno y ser un subsistema que produce exclusión y desigualdad, rompe las conexiones necesarias con la realidad pero también con la moral de las clases sin privilegios, los invisibles, los Otros, los que son desplazados del mínimo de seguridad que el Estado debería garantizar a todos y en ese global a las mujeres y niñas que hoy son asesinadas.

La moral con la que el derecho crea conexiones necesarias para dar fuerza al argumento del contenido interno ideal para la realidad social, es la moral de los no excluidos y por tanto de quienes pueden llegar a pensar de la siguiente manera:

-No quieres que te acosen en las calles, no salgas. No quieres que expresen cosas sobre tu cuerpo, no uses ropa entallada, no uses faldas, no uses short ni vestido, no provoques que te miren, no uses tanga y vestido porque con ello indicas que quieres ser violada y posiblemente asesinada, en términos generales no seas mujer.

El derecho penal

El código penal de la Ciudad de México tipifica el feminicidio de la siguiente manera:

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

  1. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o
  2. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.

De acuerdo con datos de El Universal, en 6 años se cometieron cerca de 300 feminicidios, de los cuales se consignaron sólo 166, este dato no contempló el reporte del Tribunal Superior de Justicia quien considero 900 asesinatos de mujeres. Sí se considera únicamente las 166 consignaciones sobre los 300 feminicidios la norma penal sigue siendo deficiente, el derecho penal hasta ahora no busca comprender las causas o el móvil del feminicida, no busca prevenir, busca que por medio del temor a la sanción se frente el número de casos.

En términos generales en México, en los primeros cuatro meses del 2018 se han registrado 226 feminicidios, hasta la fecha este año se ha convertido en uno de los más violentos para las mujeres, en promedio a diario dos mujeres son asesinadas, los estados más letales son Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México, es importante destacar que durante 2017 Sinaloa alcanzó en datos estadísticos el mayor número de feminicidios seguido de Veracruz y Oaxaca.

¿Qué hay de las políticas, programas y proyectos para la prevención de los feminicidios?

La Secretaría de Gobernación presentó un plan de cinco puntos, en el que básicamente se habla de hacer un estudio de diagnóstico identificando las causas de la violencia hacia la mujer; se destinan recursos económicos para la creación de fiscalías que realmente puedan atender el problema, a pesar de ello, sigue sin ser un plan estructurado que atienda a las causas reales.[4]

Por otra parte INMUJERES posee la línea de acción: Mujeres sin violencia. En el portal el instituto brinda una serie de elementos y herramientas que pueden ayudar a las mujeres, menciona los diferentes tipos de violencia y la normatividad que puede ser de ayuda. Dentro del portal se pueden observar los programas por estados para erradicar la violencia en contra de las mujeres, uno de los más destacables es el del Estado de México.

El programa se denomina: Modelo de atención a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos. Es un modelo que pretende atender y orientar a las mujeres víctimas de violencia doméstica (durante el 2017 se registraron 106 mil 706 llamadas de violencia contra la mujer que incluye violencia emocional hasta violencia física, muchos de estos casos tienden a terminar en feminicidios), es un modelo estructurado para contener la reproducción de la violencia en el hogar. Sin embargo la violencia al exterior sigue sin tener una línea de acción clara por parte de las instituciones.

El Estado no proporciona garantía de seguridad alguna, no hay elemento que asegure que al salir a la calle una mujer o niña no sea violada y después asesinada. Y uno de los problemas radica en la construcción cultural de la violencia hacia ellas, porque al final el Estado sigue pretendiendo tener el control de sus cuerpos, de sus decisiones en una falsa idea de paternalismo proteccionista. Esto último es lo que he denominado como el derecho excluyente, ese que sigue sin garantizar absolutamente nada.

La deconstrucción al contenido interno del derecho debe comenzar por llevarlo a transformarse en un derecho que sea capaz de mirar a quienes más indefensas son, el derecho debe ser un subsistema más abierto a la realidad de las mujeres y permitirles decidir sobre sus cuerpos, al existir este reconocimiento puede comenzar la transformación del esquema social y cultural.

Para comenzar, sectores más vulnerables

El reconocimiento de los derechos que poseen las mujeres transexuales, y los problemas que tienen al ser invisibilizadas en cada uno de los subsistemas que forman el esquema social y por ende la realidad de México[5].

La marginación, el olvido y la pobreza ha llevado a muchas mujeres transexuales y transgénero a trabajar como sexoservidoras siendo más vulnerables a ser víctimas de violencia física e incluso a llegar a ser parte de las estadísticas de feminicidios, por otra parte también son susceptibles a padecer enfermedades de transmisión sexual y por ende a no recibir la atención adecuada por la interpretación social hacia ellas. Dentro de los programas, proyectos y/o políticas públicas no existe punto específico que dicte una medida para la erradicación de la violencia hacia ellas, y no es necesario que exista un tipo penal específico porque el derecho penal como amenaza no es la solución, sino el entendimiento social de que ellas son mujeres y que no las podemos seguir invisibilizado y excluyendo a través de argumentos (falacias) religiosas porque al final todo el esquema social se compone por cada individuo. Es necesario mirar hacia ese sector porque si por el simple hecho de ser mujeres existen personas que creen que tienen el derecho de asesinarnos, la construcción del cajón de lo normal las coloca a ellas en una situación aún peor, son en muchas ocasiones olvidadas, cuerpos en fosas comunes y nada más, si la seguridad pública es un derecho para unas lo será para todas.

Aborto legal y seguro

El reconocimiento de que las mujeres son capaces de decidir sobre sus propios cuerpos es una de las herramientas más importantes para comenzar a construir una nueva realidad para las mujeres, al final cada mujer debe decidir si quiere o no ser madre o en qué momento es más oportuno serlo, no conceder la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, es una forma de ejercer control sobre ellas de seguirles considerando incapaces.

El aborto legal es la primera forma de empoderamiento, de hacerle saber al colectivo que el cuerpo femenino no es del dominio público, el peso del argumento religioso, o de la moral de los otros es algo que debe dejar de tener excesivo peso en el derecho porque al seguir transformándose en esa realidad seguirá sin otorgar garantía de seguridad a las mujeres.

No somos ni vírgenes, ni putas, somos mujeres que un día estamos vivas pero que al siguiente no sabemos si seguiremos con vida. Sí, estamos enojadas y ese enojo y lucha diaria por lograr tener garantías de seguridad, nos ha conectado en discusiones interminables, a nadie más que a nosotras nos toca decidir sobre nuestros cuerpos; ni líderes religiosos, ni personajes con amplios estudios pueden opinar, es una decisión que concierne a cada una. No somos mujeres por la construcción cultural genital, somos mujeres por muchos más componentes internos y externos que nos llevan a identificarnos como tal, por ello la lucha sobre seguridad pública también debe extenderse hacia las mujeres trans.

Este artículo es una segunda parte sobre mi entrega de seguridad pública para mujeres pone en la mesa la idea de que el derecho debe ser reformado desde dentro para visibilizar todos los problemas que ha negado, en este caso la seguridad de las mujeres, pero, el problema del rechazo a la crítica del contenido interno ha generado un grado tal de exclusión que la inseguridad que hoy percibimos es solo el inicio del problema, al final el subsistema derecho corre el riesgo de colapsar si decide seguir siendo excluyente, controlador y paternalista.

Es necesario comprender que la violencia que hoy enfrentamos en contra de las mujeres es una violencia diferente, hoy en día poseemos políticas de acción en contra de las agresiones que viven las mujeres en los espacios privados, empero la violencia derivada de las políticas calderonistas, está lejos de ser atendida y comprendida. Las políticas públicas que se realicen desde ahora deberán tener una tendencia a la prevención y modificación a los patrones culturales de la sociedad mexicana. Las políticas y las instituciones así como el derecho deben cambiar y dejar de excluir problemas y sectores. La realidad de esta situación requiere de presupuestos básicos que deberán ser dotados por los diferentes sectores afectados (es decir las mujeres) y bases teóricas desde los diversos postulados feministas.

[1] La Real Academia Española (RAE) dice que palabra «puto» deriva del latín puttus, una variación de putus que significa niño. Sin embargo, el adjetivo tiene una connotación denigratoria ya que es un calificativo que se da a las personas dedicadas a la prostitución o sodomía. De acuerdo con la CONAPRED, en México el uso de la palabra puto/puta es una expresión de desprecio y rechazo.

Por otra parte en 1611 Sebastián de Covarrubias presenta el Tesoro de la Lengua Castellana o española como un diccionario monolingüe de la lengua española, en este primer trabajo la palabra puta tiene un significado de mujer ruin o ramera, descrita como la que siempre está caliente y con mal olor. El contexto en el que escribe Covarrubias es el de una Europa que está en el inicio de la transformación del feudalismo a los primeros tintes de la revolución industrial, es un hecho que desde entonces las mujeres laboralmente hablando recibían salarios mucho menores que los de los hombres y que la prostitución fue y sigue siendo una forma de sobrevivir.

Es cierto que actualmente existen muchos sentidos y significados de la palabra puta, sin embargo, en este caso el uso que se le da es el que significa que la mujer y su cuerpo pertenecen al colectivo, que es del ámbito público, quizá con la frivolidad de pretender descalificar el feminicidio y sus causas.

[2] https://elpais.com/elpais/2018/12/05/album/1544030702_036455.html#foto_gal_4

[3] Véase más en: Guerrera Frida, #NiUnaMás El feminicidio en México; un tema urgente en la Agenda Nacional, Ed. Aguilar, 2018.

[4] Véase en: https://www.animalpolitico.com/2017/11/medidas-gobernacion-feminicidio-puebla/

[5] En 2018 han sido asesinadas 47 mujeres trans, de acuerdo a los datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

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Seguridad Pública para mujeres La historia de una ficción en México

Por Jacqueline Miranda de los Santos

La seguridad pública es un tema  que en los últimos doce años se encuentra en la cima de los problemas a resolver dentro del margen de la agenda pública, y hago hincapié en que se han desarrollado con mayor notoriedad en los últimos dos períodos presidenciales dado que las políticas públicas desarrolladas son líneas de acción directas buscando frenar el problema, sin embargo y como analizaré más adelante estas acciones han sido poco eficientes e incluso fallidas.

No es un mito sino una realidad que en el aspecto general el actual esquema de seguridad pública es ineficiente y para mi, el mayor problema radica en la mala comprensión de la realidad que hoy se vive en nuestro país. Dicho lo anterior la mayor denuncia en este artículo es que aunque el tema en boga es una cuestión que concierne a todos, la realidad en México es que las políticas públicas en materia de seguridad pública son una ficción para las mujeres[1], estas líneas de acción no están diseñadas para atender la realidad que hoy se vive en un país que está normalizando el feminicidio, que sigue viendo como víctima al violador y sobretodo que sigue creyendo que el acoso hacia las mujeres es una cuestión de virilidad, para dar fuerza a la línea anterior puedo dar como ejemplo la situación que vivió  Daphne Fernández con el caso de los porkys en el contexto de la opinión pública y la resolución judicial, finalmente todo desemboca en las opiniones dadas por Marcelino Perelló. La pregunta a resolver es ¿Cómo vamos a lograr que el tema de seguridad pública sea una realidad para todos?

Periodo 2006- 2012

Estando al frente el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, como primera acción, nombró a los secretarios de Defensa, Seguridad Pública y Marina, iniciando con esto lo que sería el eje central de sus políticas, dejando todo lo demás en un segundo plano, en específico me refiero a que perdió de vista cuestiones tales como el desempleo, la educación, la pobreza. Tan sólo para 2006 había un total de 46.5 millones de mexicanos en situación de pobreza y para 2012 ya existían un total de 61, 350 millones en dicha condición, esto de acuerdo con datos estadísticos del INEGI[2].  Estos últimos datos manifestados son importantes dado que la exigencia por sostener los hogares es tal que esto incrementa y genera que mujeres salgan y se integren al mercado laboral, generando con esto nuevas estructuras tanto en lo público como en lo privado.

En cuanto a los datos estadísticos relativos a los homicidios, la misma institución reporta que tan sólo en el estado de Guerrero en el periodo de 2005 a 2011 hubo un aumento del 300%, lo cual generó dos estrategias en coordinación con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca y más tarde con el programa denominado Guerrero Seguro. En ambas acciones existió intervención directa de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Cabe destacar que estas estrategias no contemplan de forma trascendente elementos de prevención, es un combate directo una intención de limpiar zonas de inseguridad.

¿No resulta acaso esto una de las mayores estupideces de la Administración Pública? En una visión sesgada se puede comprender que el problema está en la pobreza, en la falta de oportunidades y de educación, se necesitaban por parte de Felipe Calderón políticas públicas integrales  entender que el problema de la inseguridad son un conjunto de situaciones que en suma mantienen en crisis al país. Dar un paso atrás significaba para él perder una guerra con un coste en millones de pesos y el quizá ceder poder a los grupos delincuenciales.

La situación de la mujer 2006-2012

De acuerdo con el Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres), México no cuenta con una cifra certera sobre los feminicidios que se cometen y quizá uno de los problemas por lo que no podemos tener conocimiento real de las cifras es el hecho de que el tipo penal (feminicidio)  no tiene una homologación en las diferentes legislaciones estatales.

En 2010, 2,418 mujeres y 23,285 hombres fueron asesinados. Y siguiendo la línea argumentativa de Estefanía Vela Barba[3], la proporción de hombres y mujeres asesinados es muy distinta, pero también  lo es la forma en cómo se cometen estos asesinatos en contra de las mujeres. En cuanto a la situación desarrollada en la Guerra contra el Narcotráfico, los hombres eran asesinados en espacios públicos mientras que las mujeres tienden a ser asesinadas tanto en espacios públicos como en sus esferas privadas.

La seguridad pública no se limita a los espacios públicos, protege aspectos que van más allá de eso. En ese sentido las líneas de acción generadas en el sexenio de Calderón se limitan únicamente a cuestiones de la violencia en la vía pública, sin ahondar en esferas o niveles más profundos. Esto deriva de la idea de que el Estado no tiene porque intervenir en la violencia que se presenta dentro del ámbito privado, porque lo privado sigue siendo doméstico, lo público es político por ello en un falso discurso las acciones en este margen son contundentes,  la realidad es que se necesitan proyectos donde se deconstruyan estos pensamientos.

Por otra parte y retomando el discurso antiquísimo de que “las guerras son peleadas por hombres”, bajo un entendimiento de un gendered job, surge un fenómeno social que tiene su entendimiento y explicación en diversos aspectos; cuando el hombre ya no es suficiente como instrumento de guerra la mujer empieza a estar inmersa. En el caso de la situación generada por Felipe Calderón, hablamos de que la mujer pasa a ser un agente activo y a estar al frente en los movimientos como líder, de la misma forma sigue siendo objeto y mercancía de los grupos delincuenciales, resulta ser que ahora no solo es blanco de los cárteles mexicanos sino también enemiga del gobierno[4].

Esto indiscutiblemente nos arrastra a otros temas que trae la guerra, la violencia sexual es otra de las facetas que se presenta en estos fenómenos sociológicos, evidentemente esto es un aspecto que también afecta a los hombres pero en términos de proporcionalidad las mujeres tanto activas dentro de la guerra contra el narcotráfico, como aquellas que son ajenas al movimiento sufren las consecuencias en mayor proporción.

Si esto es una reacción en cadena donde la mujer siempre ha sido un agente presente, ¿por qué las políticas públicas siguen contemplando sólo algunos aspectos superficiales de la seguridad pública?

Posiblemente porque la visión de Felipe Calderón dibuja cuestiones donde la inseguridad sólo se reduce a los grandes grupos de narcotraficantes llevando drogas de un punto A a un punto B, ignorando otros problemas de seguridad pública como el terrorismo en el hogar, la falta de oportunidades, la mala calidad en la educación y la nunca cumplida promesa de más empleos, un campo abandonado y un sinfín de cosas. Los anteojos que usó nuestro ex mandatario sólo vieron una parte del problema.

De nuevo el PRI 

Tras la salida del PAN de Los Pinos, el actual presidente Enrique Peña Nieto, llenó su boca de miles de promesas a cumplir en torno al tema de la seguridad pública, la pretensión de hacer las cosas diferentes parecía una de las metas más ambiciosas de él, sin embargo, y pese a venir del Estado de México que es una de las entidades donde los índices de violencia hacia la mujer están en foco rojo[5], fue incapaz de emprender acciones para controlar, erradicar y prevenir el problema.

Nuestro actual presidente comprende el tema de la seguridad pública como la protección que se da a ciertos derechos de la persona en el espacio público y se olvida también que la misma debe garantizarse al interior de los hogares en donde como ya mencioné en párrafos anteriores,  es el espacio en donde se asesina a un mayor número de mujeres.

La Ciudad de México, considerada por el Dr. Mancera como el paraíso, dado que según su realidad exentos estábamos del narcotráfico, hasta que sucedió lo inevitable y quien sabe quizá ese día no miro las noticias. La realidad es que en lo que va del año en la CDMX han asesinado a 24 mujeres, lo que quiere decir que en promedio cuatro mujeres son asesinadas al mes.

artículo

La imagen[6] anterior muestra un rango un poco más cercano a la realidad que hoy vivimos y que muestra que la CDMX es uno de los focos donde las acciones deben ser inmediatas.

Retomando de nuevo el ámbito federal, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, contempla una serie de acciones que va desde el actuar en coordinación con las entidades estatales, hasta estrategias que tratan de vincular al ciudadano con el gobierno, ninguna de ellas es lo suficientemente certera para atender la realidad que hoy vivimos las mujeres en el país.

Y me adelanto a la usual sentencia de que por qué se habla de una seguridad pública para mujeres, si los hombres se encuentran por encima en las estadísticas. Con este artículo no pretendo que las políticas públicas sean diseñadas exclusivamente para las mujeres, o que el tema de la inseguridad sea un tema exclusivo de nosotras, pero la realidad es que nuestros gobiernos a la hora de generar acciones, diseñan políticas donde la seguridad es vista sólo a través del espacio público. El presidente en turno y los que siguen deben comprender que un mapa de México no es todo México, la realidad del país es mucho más compleja, es una construcción donde la mujer debe ser considerada.

Al intentar acabar con el narcotráfico como una de las vertientes de la inseguridad se debe considerar que esta posee muchas ramas a atender, entre ellas debe ser analizado el terrorismo en el hogar, dando que esto ha rebasado los límites de la violencia general.

La sociedad en general debe comprender que los problemas que vive la mujer como el acoso, las violaciones y los asesinatos son de interés público  y deben realizarse políticas públicas para las mujeres. Existe una línea borrosa en donde la gente sigue confundida entre la idea de pertenencia de la mujer exclusivamente a la vida privada[7] y creer que cuando sale al espacio público su seguridad y derechos desaparecen por una ideología equivocada.

Pugnamos porque las políticas públicas garanticen seguridad pública real para hombres y mujeres, para que el índice de hombres asesinados anualmente se reduzca pero de igual manera las mujeres puedan caminar libremente sin temor al acoso o una violación, porque existan mejores oportunidades que ser parte del crimen organizado, porque las niñas dejen de ser usadas por los grupos delincuenciales para satisfacer necesidades, para que el problema de trata de blancas sea atendido realmente, la consciencia del problema no es sólo para quien se encuentra como mandatario, el entendimiento del conflicto es también para quien sufre y padece estas circunstancias para quien está inmerso en la sociedad.

Lo cierto es que hoy la seguridad pública es una ficción para la mujer y para el hombre, lo real es que el problema tan sólo del narcotráfico es algo desbordante para el gobierno y esta es  una de las vertientes de la parte toral del problema.

[1] Y son una ficción porque al momento de diseñar políticas públicas la gran mayoría pero sobretodo las que atienden el problema de inseguridad dentro de su carácter estructural marcan aún más las desigualdades y los roles que la sociedad ha construido generando que las líneas de acción se reduzcan a privado-doméstico y público-político, siendo el primero usado para las mujeres y el segundo para los hombres.

Esta misma idea ha generado dentro de las políticas públicas una jerarquización donde la mujer tiene el papel de subordinada, generando no sólo con ello la ineficiencia de las políticas públicas sino la falta de reconocimiento del papel de la mujer dentro del constructo social.

Es necesario recalcar que para la construcción de verdaderas líneas de acción que atiendan los problemas de inseguridad tanto de hombres como de mujeres es necesario que éstas se construyen tomando en consideración los tres elementos de la categoría de género, que son el elemento descriptivo (que ayuda a visibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres) el elemento analitico (que posee conceptos, herramientas y metodologías) y por último el elemento ético-político (fundado en el esquema de DDHH y diversos principios como el de igualdad, equidad, justicia, entre otros).

[2] Puede verse mas en: http://www.anei.org.mx/wp/wp-content/uploads/2013/08/Semanal66_SexenioPobrezaenMexico-1.pdf (30-07-2017)

[3] Docente e investigadora, responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

[4] En este punto es necesario agregar una nota al pie, si bien la mujer interactúa desde diferentes puntos en conjunto con el narcotráfico es necesario señalar que la misma construcción social sobre la mujer  la coloca bajo ciertos roles configurando nuevamente relaciones de poder, esta relación en un primer momento generan funciones por debajo de las que asumen los hombres dentro de una organización criminal, las mismas estructuras de pensamiento se reproducen. La valoración que hace el narcotráfico sobre el papel de la mujer no es tan diferente al que sostiene en un falso discurso el Estado y la sociedad que no se encuentra inmersa ni en un punto ni el otro.

[5] De acuerdo con el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México tan sólo en 2016 fueron asesinadas 263 mujeres, siendo Ecatepec uno de los municipios con más número de víctimas, aproximadamente por día asesinan a tres mujeres, existe incluso alerta de género en varios municipios donde la situación es simplemente exorbitante. Las políticas públicas para este problema son nulas y lo seguirán siendo al tener al frente a Alfredo del Mazo quien sigue creyendo que la mujer pertenece a lo privado-doméstico.

Es necesario señalar también que este problema sigue una línea que conecta este problema con la CDMX, prácticamente la geografía política es lo que genera la diferencia entre los dos pero el problema de inseguridad sigue las mismas líneas aún cuando en uno está al frente alguien del PRI y en otro lado alguien del PRD el problema de entendimiento de la realidad es el mismo.

[6] Esta imagen contempla todas las categorías, pero pueden analizarse por secciones en la siguiente pagina: https://feminicidiosmx.crowdmap.com/

[7] Puede profundizar más al respecto en el artículo de la Esp. Daniela Barbosa ¿Cuarto propio o espacio público? https://anagenesisjuridicorevista.wordpress.com/2016/12/11/cuarto-propio-o-espacio-publico/

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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Jacqueline Miranda De los Santos

Gobierno Abierto y Transparencia en torno a la Seguridad Pública

Por Edith Sanchez Ruiz

Este es una tema de gran interés e impacto dentro de las políticas públicas, y un tema que bien analizado puede ser la clave para generar líneas de acción con la suficiente fuerza para ser eficientes y eficaces, sin embargo, al ser un tema que en nuestro país es “reciente”, se corre el riesgo de ser sobre entendido y ser transformado en algo completamente diferente.

“Las políticas de gobierno abierto hacen más difícil el abuso de poder y la corrupción, aun cuando también, en ocasiones, dificultan que los actores políticos íntegros asuman riesgos y tomen las mejores decisiones. La opción por la transparencia puede dificultar que los gestores serios y responsables tomen decisiones impopulares o que asuman riesgos en beneficio colectivo; en todo caso, tras ella existe la convicción de que es preferible evitar el mal que conseguir un bien optimo, en suma es una opción que responde a una estrategia maximin, de minimización de riesgos, muy propia de sociedades críticas y desconfiadas frente al poder, y de los políticos que se mueven en dichas aguas.”[1]

Resulta interesante el análisis del Dr. Manuel Villoría Mendieta, puesto que, el papel que juega el gobierno abierto en este enfoque es dar  transparencia y claridad a lo que posiblemente ha estado sin conocimiento, y así brindar la información que no está al alcance de personas comunes, implica dar una visión de los malos rendimientos, esto significa que  disminuirían los índices de las malas actuaciones de los gestores burocráticos. Brinda como principal postulado la transparencia, y dicha idea la podemos ligar con los postulados hechos por el profesor Mauricio Merino, quien en su idea de la Nueva Gerencia Pública sostiene como pilar, la transparencia. Es por eso que sostenemos que México se encuentra inmerso entre estos dos sistemas.

“La transparencia medida a través de las TIC –otra forma de hablar de open government- tiene múltiples proponentes, los cuales consideran que aporta al ciudadano mayor información, ayuda a la sociedad a tomar decisiones mejores y más racionales y promueve sociedades más ricas y democráticas, ni más ni menos.”[2]

Existen cuatro ideas básicas que fungen como pilar del gobierno abierto, que provocan la funcionalidad, entre las que destacan las siguientes:

  1. Las del gobierno promotor de bienestar a través de la capacidad regulatoria.
  2. Las del gobierno transparente que rinde cuentas.
  3. Las del gobierno participativo y promotor de civismo
  4. Las del gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento.

“Las dos primeras están basadas en la regulación y en el papel del Estado, generando instituciones para mejorar la sociedad; las dos segundas se basan en la capacidad de la sociedad para crear, por sí misma y con el Estado, mejoras sociales. En cada uno de estos marcos existe todo un conjunto de creencias sobre el rol del Estado, el papel de la sociedad y la naturaleza humana que, por desgracia, mismas que no son fácilmente integrables y que no pueden existir sin tensiones.”[3]

Encontramos que cada uno de estos elementos que integran los pilares del gobierno abierto, son también elementos destacables del gobierno que se rige por medio de las políticas públicas. La idea de la capacidad regulatoria del Estado surge desde el momento que es capaz de analizar y comprender las conductas “dañinas” de una sociedad, y aunque no se genere una situación de gran impacto debe actuar para desincentivar dichas actuaciones, esto es lo que conocemos de mejor manera como “prevención”, en el caso de la problemática de la inseguridad es muy posible que gran parte de las situaciones comiencen siendo problemáticas de bajo impacto y  que cuyas características sean combatibles antes de ser conductas reiteradas. Posiblemente el Estado podría trabajar desde esta óptica y desde este punto con la prevención como una promoción del bienestar social, sería incluso la forma más eficiente de lograr dicho objetivo.

Surge la idea del gobierno paternalista, el gobierno implementador de  acciones para proteger a su población, “Un gobierno que desde un cierto paternalismo benevolente aporta información para la toma de decisiones inteligentes por parte de los ciudadanos es un gobierno que, en un principio, actúa bien.”[4], sin embargo, emerge la duda de ¿qué es actuar bien?, un respuesta próxima sería la implementación de acciones que aun cuando no sean del agrado de la mayoría, generaran un bienestar para casi todos, situación que en muchos casos no sucede así, puesto que siempre se ve involucrado en este tipo de decisiones el interés del gobernante, un interés que sólo beneficia a la minoría, y que comúnmente son una minoría cercana a ellos. Un gobierno paternalista funciona bajo situaciones en las que se tiene clara la visión del problema, donde existe transparencia y donde la mayor parte del problema de corrupción esta erradicada, de lo contrario será sólo un Estado que busque su propio bienestar.

En cuanto al gobierno transparente capaz de rendir cuentas “claras”, es otro uno de los pilares fundamentales,  comprender que un “gobierno regulador”  que está en constante movimiento y generando líneas de acción, debe ser capaz de informar a su población de cada aspecto, es decir, desde la eficiencia de sus programas, hasta de la situación económica. Debemos recordar que el trabajo que se realiza con las políticas públicas lleva el éxito inmerso en la colaboración con los ciudadanos, el gobierno que trabaja solo, que no rinde cuentas, está condenando sus políticas públicas al fracaso, no es viable pretender que sea funcional lo que no se conoce. En materia de seguridad pública es de relevancia que se trate de un gobierno transparente, no sólo de un Estado de discursos que “hagan creer que se han disminuido los índices de inseguridad”, se pueden omitir muchos aspectos en el mapa de la “realidad” de la seguridad, incluso es posible hacer creer que no están esos problemas ahí, pero la percepción es una situación diferente de quien vive en esa situación. Se pierde credibilidad y confianza.

“Por ello, un buen gobierno, como sujeto responsable de la construcción de una buena gobernanza y calidad democrática, debe generar todo un conjunto de reglas formales e informales que constriñan conductas ineficientes, arbitrarias, corruptas e ilegales entre sus empleados y dirigentes, y que incentiven lo contrario, transparencia, eficiencia, imparcialidad e integridad. Este conjunto de reglas precisan de procesos coherentes para su aplicación o “lógicas de lo apropiado”. Y, además, necesitan organizaciones que no solo sean actores racionales del juego institucional, sino también actores morales que asuman los valores y fines que las justifican y procedan a asegurar el respeto y aplicación imparcial de las reglas y procesos encomendados.”[5]

Analizaré el tema del gobierno participativo y promotor del civismo, en términos del gobierno abierto deberíamos comprender este tema de la siguiente manera:

“Ciertamente, la ciudadanía actual está dispuesta a participar e involucrarse en la defensa de políticas que afectan a lo que entienden como la vida que quieren vivir, pero, al tiempo suelen centrarse en temas que están cerca de casa (closet to home) y rechazan decisiones que, aunque beneficien a la comunidad, les perjudique directamente (not in my back yard) y todo ello lo hacen de forma intermitente, en función, muchas veces, de la construcción mediática de problemas y opciones. Obviamente, ese no es el modelo de implicación cívica que está detrás del civismo antes enunciado. De ahí la necesidad de que el gobierno abierto fomente también virtud cívica y construya capital social si quiere cumplir con sus promesas participativas.”[6]

Suele ser muy fácil para los ciudadanos decir que algo no es funcional por el mal análisis del gobierno sobre el problema, «porque es el mismo gobierno de hace setenta años que no funciona porque son corruptos», pero olvidan el papel que juegan ellos, es casi imposible creer que el pensamiento colectivo de la población no tiene un impacto en la sociedad. ¿Qué ocurre cuando una política pública no beneficia a una minoría, que resulta tener influencia sobre el gobierno?, estamos hablando de que no existe un beneficio directo, pero tampoco existe un daño, entonces, por qué se oponen a la idea del beneficio del otro, no existe desde hace mucho tiempo la idea del reconocimiento de que los demás estén en problemas, y aun cuando existe este reconocimiento si la solución no me beneficia, entonces no la acepto. Comienza aquí el dilema que ya es de forma directa un freno de la misma población. Se trata entonces de que para que exista un gobierno abierto, primero debe existir la educación cívica, la consciencia de valores y sobre todo el reconocimiento de la otredad como principio fundamental. Aquí radicaría el conflicto de la división de clases, porque no podemos determinar concretamente que la clase privilegiada es la que no posee esa conciencia, sino también quien se encuentra bajo condiciones de pobreza es posiblemente inconsciente de lo que los otros necesitan, se busca forzosamente salir de esa situación, sin importar a quien se perjudica. No es posible ver con claridad esos principios mencionados en ninguna parte, entonces, hasta qué punto bajo una premisa así, es viable el gobierno abierto sino hay una previa adjudicación de valores necesarios para la eficiencia del sistema. De aquí la importancia de este pilar para que la idea de gobierno abierto como sistema funcional.

“Si tuviésemos que definir un problema típico de este tipo de proyectos no podríamos obviar el problema del populismo y las decisiones marcadas por estados emocionales. Por una parte, los líderes políticos pueden embarcarse en comunicaciones populistas con la ciudadanía, por otra, la ciudadanía puede proponer medidas marcadas por estados emocionales de indignación que atenten contra derechos individuales.”[7]

Hablare del último punto, el gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento. “La apertura de información y transparencia genera eficiencia. Los estudios sobre la transparencia y sus efectos benéficos en el mundo de la economía son muy numerosos. Los datos sobre el funcionamiento de la economía proporcionados por los Estados ayudan a los mercados a funcionar mejor; gracias a ellos los inversores productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes.”[8] Como se hizo mención, un gobierno confiable será  un Estado capaz de ser transparente en su rendición de cuentas, es obvio que no sólo en la economía esto resulta funcional, debemos ser conscientes que es también un mecanismo de defensa y de control de la corrupción, este mecanismo o sistema ayuda a ser más eficiente no sólo la puerta económica sino a cualquier clase de política que se implemente, incluso podríamos hablar de que un gobierno abierto y transparente generará mayor comodidad para la ciudadanía en el ámbito democrático.

Comprendemos que bajo estos cuatro aspectos, a la inconsistencia de alguno de estos pilares, el gobierno abierto puede ser poco funcional. Es preciso entender que en el mecanismo de dicho medio en conjunto con las políticas públicas, el gobierno abierto jugara un papel de subsistema que complementa y fortalezca al sistema principal.

Por último es necesario abordar un cuestionamiento que surge ante el tema de gobierno abierto, ¿Cuán abierto debe ser un gobierno?, “Hillary Clinton recalca que la cura para la corrupción es la transparencia. Aquellos gobiernos que se esconden de la vista pública y descartan la idea de apertura y las aspiraciones de sus pueblos para una mayor libertad se encontraran con que les resulta cada vez más difícil mantener la paz y la seguridad.”

“Quizá la idea de la transparencia hoy ha ganado cada vez más aceptación, sin embargo, ¿Dónde están los límites de la apertura a la información? Existe una tensión entre el  <<derecho a saber>> y el <<derecho al secreto>>, entre ambos no siempre es fácil distinguir la línea entre los procedimientos que pueden ser categorizados como abiertos o cerrados.”[9]

Resulta obvio que la apertura lleva dentro de sí las puertas de la confianza, es la credibilidad de las actuaciones realizadas, la rendición de cuentas del gobierno a alguna institución u órgano que funja como intermediario para el conocimiento de dichos actos emitidos por la administración. Brindar certeza a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno abierto y transparente implica en su propio término un trabajo con la sociedad en general. Aunque este no es un tema nuevo, si lo es para muchos países que apenas comienzan a redescubrir la transparencia como forma de erradicar la afectación generada por la corrupción, un gobierno basado en las políticas públicas deberá tomar sus bases en este subsistema, para que el sistema principal resulte funcional, de aquí la importancia del gobierno abierto en el mundo de las políticas públicas.

[1] Villoría Mendieta, Manuel, “Gobierno Abierto como subsistema de políticas: Una evaluación desde el institucionalismo discursivo”, en La promesa del Gobierno Abierto, México 2012, p. 74.

[2] Ibídem.

[3]Ibídem.

[4 Ibídem.

[5] Ibídem.

[6]   Idem p. 77

[7] idem, p. 85.

[8] Ídem.

[9] Wickham, D. Q., “Let the sun Shine In! Open- Meeting Legislation Can be Our Key to Closed Doors in State and Local Government.” Nw. UL Rev., 1973, p. 482. Documento disponible en pdf en: http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/352/chance_locke.pdf

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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Jacqueline Miranda De los Santos

Acerca de la violencia en México

Por Jacqueline Miranda De los Santos

Desde hace varios años nuestro país tiene un incremento en los índices de violencia, se encuentra prácticamente sumido en un conflicto donde la droga y la desintegración familiar son aspectos fundamentales para posicionar a México entre los primeros lugares en toda América, ocupando el segundo puesto.

La Evaluación de Paz de los países de América Central y Caribe arroja para México en 2015 uno de los peores resultados, cabe destacar que esta evaluación se realiza desde 2007 ubicándose en ese momento en la posición número doce, es decir, la última.

Debemos mencionar que Venezuela ocupa el primer lugar, seguido por México y en tercera posición se encuentra Colombia; este indicador considera ciertos aspectos como lo son: violencia, criminalidad, gasto militar y si participa en guerras. Otro aspecto que debemos señalar es el hecho de que nuestro país se encuentra dentro de los diez países con mayor índice de gastos generados por esta ola de violencia, ubicándose en el sexto lugar con una cifra de 221, 000 millones de dólares.

 Por otro lado la organización no gubernamental, México Evalúa, Centro de análisis de Políticas Públicas, ha realizado un estudio llamado Índice de inseguridad ciudadana y violencia[1] Del cual se toman diversos indicadores para realizar un estudio que permita saber cómo va la situación general en nuestro país.

violencia2

Nos muestra a raíz de todos estos elementos que en 2011 el Estado de la República con mayor índice de violencia es Chihuahua, siguiendo el Estado de Michoacán.

chihuahua

El crimen organizado sigue siendo para México el principal problema desde 2007 hasta la actualidad y puedo asegurar que incluso en los siguientes años la situación será aún peor.

 ¿Qué pasa con la violencia a niveles familiares? ¿Qué hay con la violencia infantil? Como ya analice en párrafos anteriores, la violencia se presenta con índices tan elevados afecta directamente el entorno social. El narcotráfico, por ejemplo, afecta no solo al gobierno sino también a las familias y a los niños, las personas encargadas de recluir niños y jóvenes buscan ciertos perfiles, de desintegración y violencia familiar, por esto que podemos observar casos como el de Edgar Jiménez Lugo alias El Ponchis.

De acuerdo a la página de la UNICEF[2], dos niños con menos de catorce años mueren diariamente a causa de la violencia, además de acuerdo a la INEGI el 56% de las mujeres entre quince y diecinueve años han sufrido violencia en pareja. Además el DIF señala que en promedio diariamente recibe cuatro casos de violencia infantil siendo en casi la mitad de los casos la madre la responsable por esta situación, y el 29% de los casos, es el padre quien agrede a los menores. Sin embargo, esto no es una verdad absoluta ya que en muchas situaciones de violencia familiar no son denunciados por medio a las represarías.

Otro punto que me gustaría abordar es el reciente crecimiento de los niños sicarios en el Estado de Tijuana[3]. Un documento de la cámara de diputados señala que el 62% de los niños sicarios trabajaba en la economía formal. Siendo la fractura familiar el aspecto principal para que estos niños decidan iniciar su carrera en la delincuencia organizada. Debemos poner los pies en la tierra, y pensar unos minutos en esta situación, se trata de niños matando, personas de once, doce, trece años matando a sangre fría, ¿Qué razones tiene un niño de esta edad para hacer este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo la infancia terminó?

Ya que hemos analizado estos aspectos, es necesario establecer lo siguiente, parece que estamos en un callejón sin salida y que de frente tenemos a un asesino que lentamente mata a nuestro país. La situación para muchos comienza en el sexenio de expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien decidió hacer frente al problema de narcotráfico e inició una guerra contra este conflicto, por eso podemos ver que hay un incremento en los índices de violencia. Las políticas públicas implementadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una disminución en la violencia, la implementación con un previo estudio de la situación real de la zona garantiza el éxito de las líneas de acción, sin embargo, la situación con estados como Michoacán o Tijuana se debe a la escaza visión del ejecutivo, ni el exmandatario Felipe Calderón ni el actual presidente Enrique Peña Nieto actuaron en el momento oportuno y dejaron que el problema se extendiera hasta que fuera incontrolable y fuera necesario hacer uso del Ejército y la Marina. Es necesario que estas mismas políticas públicas apoyen a los niños en situación de calle y en las calles que presentan signos de violencia familiar para que encuentren mejores oportunidades antes que el narcotráfico y los asesinatos a sueldo. Considero que una política pública que no es integral y que no atiende a la infancia mexicana, al menos en este rubro está condenando al país a morir, hoy en día pese a los avances en materia de seguridad creo firmemente que el país se encuentra a la deriva.

[1] Consultado en: http://mexicoevalua.org/2011/01/indice-inseguridad-violencia/

[2] http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

[3] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/17/1051740

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México a la deriva, acerca de Ayotzinapa

Por: Jacqueline Miranda De los Santos

La situación que se vive en México en torno a la seguridad pública y la seguridad nacional parece cada día tornarse más oscura. En esta breve investigación deseamos proporcionar información para comprender por qué este suceso se vuelve tan importante para el desarrollo de nuevos esquemas de seguridad pública en esta zona.

Parece ser que para el Estado Mexicano, es hasta que las situaciones de violencia se desbordan cuando mira determinadas zonas del país para implementar políticas públicas. Hemos olvidado que la prevención es una de las armas más poderosas que tenemos para frenar ciertos acontecimientos, que son fáciles de pronosticar.

Tal es el caso del Estado de Chihuahua; la violencia que se vivió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue motivo para implementar la “Estrategia todos somos Juárez, Reconstruyendo la ciudad.” podemos considerar como una estrategia integral que incluye diversos compromisos en seis sectores principales, Seguridad, Economía, Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social.

En la introducción de este programa se establecia lo siguiente: “La estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Cuidad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Estado de Chihuahua, el gobierno municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. La estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizaran en 2010 para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.”[1]

Se comprende por primera vez en una estrategia que deben atenderse todos  los sectores que han sido descuidados como lo es en el caso específico de Ciudad Juárez Chihuahua, la inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y el incrementos en conductas antisociales, se ataca como lo establece la estrategia, no sólo los efectos sino las causas de la violencia.

Se incorpora la participación ciudadana, estableciendo en el discurso que son los mismos habitantes quienes mejor conocen la situación que viven, jugando todos un papel de importancia en el diseño de la línea de acción, es decir que al momento de trazar el mapa de ruta la acción fue llevada a una realidad más acertada pues jugaron con cada una de las visiones para desarrollar una estrategia eficiente.

Nos llama la atención en materia de Seguridad los siguientes compromisos:

“Compromiso No. 2 Atender y combatir integralmente el secuestro, la extorción y el cobro de piso para disminuir la incidencia de estos delitos e incrementar la eficacia en los que son atendidos.”[2] Implementando un nuevo modelo en atención específica a este aspecto, además de incrementar el número de agentes investigadores y de asesores en manejo de crisis para atención a la víctima.

“Compromiso No. 10 Desplegar operativos ágiles y contundentes dirigidos con precisión a blancos significativos.”[3] Realizando “patrullajes dinámicos” en la ciudad para facilitar la atención a emergencias realizar operativos en zonas de alta incidencia delictiva.

Como podemos darnos cuenta, esta es una política integral que reunió diversos elementos que en conjunto lograron un sistema eficiente y que aunque aún hay mucho por trabajar en ese estado los problemas del orden social están más cerca del control del Estado.

La situación que se vivía, era una ola de violencia impresionante, el control era del narcotráfico, al ser los estados del norte de la republica paso obligado para el tráfico hacia los Estados Unidos, el cártel que tuviera estos territorios dominaría este mercado tan remunerado y manchado de sangre. Sin embargo, después de estas acciones de acuerdo a datos del INEGI el índice de violencia marca una disminución de un 30%.

Viene ahora el cuestionamiento más importante para el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y para el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, por qué si los datos estadísticos y las evaluaciones indicaban que la violencia se incrementaría no se implementaron acciones de prevención en tierra caliente, como la del Estado de Chihuahua, por qué el cambio en la ideología política lleva a pretender cambiar todo a una falsa estrategia de prevención, donde se ha realizado de todo, menos aspectos integrales de prevención.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó oficialmente su política de seguridad, durante la segunda sesión extraordinaria del CNSP, conforme a dicha presentación, la nueva política de seguridad pública se enfocaría más al ámbito regional siguiendo 6 líneas de acción: I) Planeación; II) Programa Transversal de Prevención; III) Programa Nacional de Derechos Humanos; IV) Coordinación entre niveles de gobierno; V) Reestructuración de las policías estatales y de la procuración de justicia; VI) Evaluación. Nada nuevo desde esta visión se sigue  una estructura similar a la ya realizada por el expresidente  Felipe Calderón Hinojosa, implementado quizá como el elemento novedoso el aspecto de Evaluación, El 2 de enero de 2013, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se reformó la LOAPF, con lo que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se concentran todas sus funciones en la CNS dependiente de la Secretaría de Gobernación; volviendo al viejo esquema priista de concentrar funciones en SEGOB como una idea de mantener el control y la estabilidad.

La Gendarmería Nacional es una división de la Policía Federal, creada mediante decreto presidencial el 22 de agosto de 2014. Fue una propuesta hecha en campaña que  se materializo en la fecha ya señalada. Es un modelo similar a la Gendarmería francesa o chilena. Es relevante para nosotros porque pasa a ser parte de sus políticas principales para la seguridad pública así como de la seguridad Nacional.

El ahora presidente Enrique Peña Nieto se enfrenta a una sociedad que en su gran parte lo rechaza como presidente, además se enfrenta a una sociedad que hace uso de los medios modernos de comunicación tanto para lanzar criticas como para informarse sobre lo que sucede. El rechazo al inicio de su gobierno a casi todo lo que realizaba dificulta en gran medida el éxito o no de sus líneas de acción, no puedes caminar solo en la proyección de políticas públicas necesitas el apoyo y respaldo de tu sociedad.

Y aunque la sociedad mostraba descontento por la alza en la violencia que se experimentaba durante las líneas de acción del expresidente  Felipe Calderón se experimenta, en su sexenio una percepción mayor en la sensación de inseguridad a raíz de las políticas del actual presidente. Lo podemos apreciar de mejor manera en la siguiente grafica realizada por INEGI (esquema 1) donde podemos observar que la percepción sobre la seguridad seguirá de igual a mal incrementándose en el año 2014.

ESQUEMA 1

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Resulta obvio al descubrir que se enfrenta a una situación de descuido total de la seguridad pública en el Estado de  Michoacán. Es un estado del occidente de México de más de 4.3 millones de habitantes, los pobladores de Tierra Caliente se alzaron en armas desde febrero de 2013 para mantener el control de la seguridad pública en sus población y erradicar a los grupos delincuenciales principalmente  “Los caballeros Templarios”, los primeros grupos de autodefensa de Tierra Caliente surgieron en  La Ruana y Tepalcatepec. Respecto a Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez “La Tuta” establece que este grupo era un mal necesario para Michoacán e incluso muchos de los líderes de las autodefensas reconocen el “trabajo” de liberación que hicieron para erradicar el problema que tenían con los Zetas.

Un problema que sin duda se debe a un descuido y a una falta de atención por parte del Gobierno Federal  aspecto que podría resultar criticable, la atención sólo brindada a estados del norte del país desatendiendo esta zona, pero no es sólo la condición de seguridad pública sino son un coctel de factores los que se deben atender para recuperar la estabilidad es decir implementar una estrategia integral similar a la del Estado de  Chihuahua, posteriormente analizare la respuesta del Presidente Enrique Peña Nieto ante la problemática que surgió en este lugar.

Otra situación que surge en estos últimos meses es el incremento en la violencia en el estado Tamaulipas, lo asesinatos que hasta la fecha siguen a la alza, no existen movimientos como los grupos armados del estado Michoacán, sin embargo las movilizaciones como son las marchas en las que se hace presente la exigencia por ámbito de mayor seguridad.

Hablo de una violencia que ya no necesitan de una finalidad como es la droga es una violencia que busca la comodidad económica, el negocio redondo del secuestro, de los homicidios, del robo con violencia, las extorciones.

ESQUEMA 2

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En la gráfica 2 podemos notar el incremento en el aspecto del secuestro en una comparación entre el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el Gobierno del ahora presidente Enrique Peña Nieto.  Situación que está mejor detallado en la siguiente gráfica donde se analiza por estado la información que obviamente refleja la información de la que he hecho mención sobre los estados de Michoacán y Tamaulipas.

ESQUEMA 3

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La gráfica número 3 nos ayuda a entender que en el contexto actual hay ciertos desajustes en materia de seguridad pública, la percepción que se tiene sobre la inseguridad que hoy se vive es mucho más alto que en sexenios anteriores, es muy pronto para establecer que la forma de administración del presidente Enrique Peña Nieto será un fracaso o un éxito, es quizá la idea de que el cambio en el contexto político, es decir en sus ideales, resulta obvio el hecho de un cambio en la estructura ya generada, es de lo que he hablado anteriormente, el cambio de gobierno no debería significar cambiar toda la estructura, podríamos estar arriesgándonos a desarrollar un cambio en contra sentido cuando se habla de que ya se ha determinado una posible estabilidad.

ANTECEDENTES SOBRE AYOTZINAPA

“El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. A partir de ese momento, según la versión oficial, nada se sabe de los normalistas.

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron dos camiones para llegar a Iguala, lugar en el que tomaron otras dos unidades, adonde se dirigían —según testimonios de algunos estudiantes— a tomar dos camiones que les faltaban para viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero, así como enviar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

Sin embargo, ya en Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos, y para ello pedir apoyo a la policía de Cocula (un municipio cercano), al suponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.

Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal, solicitud que fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.

En medio de la búsqueda de los estudiantes, la procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalistas); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas.

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas, a 10 días de su desaparición. A partir de ese momento, la Procuraduría de Guerrero sólo coadyuva en las investigaciones.

El procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana a donde localizaron las fosas.

Asimismo, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó por unanimidad expulsar  de sus filas a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala prófugo.

Once días después de la desaparición de los jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso. “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”, dijo el mandatario federal.

Fuerzas federales detuvieron al hombre considerado como el máximo líder del grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes, anunció la Procuraduría General de la República (PGR).

Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización Guerreros Unidos, fue arrestado un día antes (el 16 de octubre)  junto con uno de sus operadores más cercanos.

Los números que actualizó Murillo Karam: detenidos 36 policías de los municipios de Iguala y Colula, y 17 integrantes del crimen organizado. Asimismo, el funcionario federal detalló que hallaron tres fosas clandestinas más en Iguala.

La PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora.

Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.

Ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades dos días para encontrar a los normalistas.

Familiares de los normalistas desaparecidos acusaron la noche del lunes 3 de noviembre  en conferencia de prensa que funcionarios federales no presentaron ningún avance sobre las labores de búsqueda de los jóvenes, por lo que rechazaron la instalación de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información sobre las investigaciones encabezadas por la PGR en Guerrero.

4 de noviembre

Durante la madrugada, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el DF. La operación se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y en ella participaron 20 elementos de élite.

20 de noviembre

Más de 114 escuelas participan en el paro por Ayotzinapa y se realizan protestas en varios estados de la República y en distintas partes del mundo.

En el Distrito Federal, se reportan manifestaciones alrededor de las 11 de la mañana, las cuales tenían como objetivo tomar el aeropuerto de la ciudad; sin embargo, los policías contienen las protestas en las inmediaciones de la terminal aérea.

Por la tarde, a partir de las cinco, comienzan las manifestaciones de los padres de los normalistas desaparecidos, las cuales parten desde tres puntos diferentes. La primera avanzó del Ángel de la Independencia, mientras que los otros dos contingentes partieron del Monumento a la Redacción y de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Las manifestaciones se realizan de manera pacífica; sin embargo, al término del mitin en la plancha del Zócalo capitalino, grupos de manifestantes lanzaron bombas molotov contra el Palacio Nacional. Al final, el saldo fue de 31 detenidos.

21 de noviembre

Alrededor de la una de la tarde, los padres de los normalistas desaparecidos se reunieron por tercera ocasión con autoridades federales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero. Durante el encuentro se les informó de la detención del exsubdirector de la policía de Cocula, César Nava González, quien presuntamente participó en la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre.

El equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

Por la tarde, familiares, amigos y estudiantes participaron en la segunda marcha para exigir la liberación de 11 de las personas detenidas el pasado 20 de Noviembre al término de la manifestación por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los manifestantes fueron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

25 de noviembre

La PGR presentó como prueba en contra de los 11 detenidos del Zócalo el testimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.

El equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

Por la tarde, familiares, amigos y estudiantes participaron en la segunda marcha para exigir la liberación de 11 de las personas detenidas el pasado 20 de Noviembre al término de la manifestación por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los manifestantes fueron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

26 de noviembre

Se cumplen dos meses de la desaparición de los 43  normalistas de Ayotzinapa.

27 de noviembre

El presidente Enrique Peña Nieto, anunció una serie de 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico “para evitar que crímenes así se repitan”.”[4]

Después de dos meses del caso de Iguala mejor conocido como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Presidente Enrique Peña Nieto anuncio un paquete de diez acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia y combate a la corrupción del país, esta pronunciación es para la investigación de gran importancia, pues pretende atender sectores que son de relevancia para el área de seguridad pública. Como analice párrafos anteriores el caso de los 43 normalistas desaparecidos nos revela un México carente en sus líneas de acción, nos muestra un México injusto y deshonesto pero sobre todo corrupto por parte de sus autoridades. Este paquete de acciones pretende impulsar el desarrollo en estados como lo son Oaxaca y Chiapas.

De los principales puntos esta la eliminación de las mil ochocientas policías municipales y la intervención en alcaldías cuyas autoridades tengan nexos con el crimen organizado.

Respecto al tema de eliminar policías municipales, es un plan avalado por los ayuntamientos, ante la ingobernabilidad que existe por el desbordamiento del crimen organizado, se piensa que se necesita ya una intervención real por parte del Gobierno Federal. Crear 32 policías estatales únicas y diez puntos más parecen ser la solución inmediata para el actual presidente Enrique Peña Nieto. Yo considero a esta política pública como un punto en el que ya no es posible entablar coordinación municipal, en efecto las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, son insuficientes demostrando que no es posible atender la magnitud de un conflicto de inseguridad como el de México sin la intervención de políticas frontales. Desde la perspectiva priista el problema indirecta y directamente es por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hace ya un poco más de seis años comenzó a atender el problema con políticas de ataque directo, desde la perspectiva de esta investigación es inevitable atender el problema actual con políticas amistosas, la situación de inseguridad, de violencia desmedida es parte de tomar decisiones políticas no trascendentes. Al grito de “¡Todos somos Ayotzinapa!” la población pide la renuncia de su presidente, ante ese mismo grito, el presidente Enrique Peña Nieto responde con diez puntos que a continuación estudiare.

  1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Permitiendo la disolución de un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad está involucrada con la delincuencia organizada.

  2. Dar claridad al sistema de competencias en materia penal.

  3. Policías Estatales Únicas. Se crea un nuevo modelo policial, se pasará de tener más de mil 800 policías municipales a 32 policías estatales sólidas.

  4. Número telefónico único para emergencias a nivel nacional.

  5. Clave Única de Identidad

  6. Operativo Especial en Tierra Caliente. Se ampliara el despliegue de las fuerzas Federales, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán y apoyo a los municipios que sean requeridos como lo son los de los estados de Jalisco y Tamaulipas.

  7. Agenda de Reformas para mejorar la justicia cotidiana

  8. Agenda de Reformas para fortalecer el respeto

  9. Combate a la corrupción. Respaldo al Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción.

  10. Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal.[5].

A la fecha y tras la resolución del CIDH, sobre la verdad histórica de los acontecimientos de Ayotzinapa, nada es claro y posiblemente la situación en el área de seguridad siga empeorando. El descontento que hoy en día tiene la sociedad mexicana es enorme, la corrupción en autoridades es algo que simplemente no permitirá que México tome un rumbo fijo.

A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, México se encuentra a la deriva, se encuentra herido. Ayotzinapa es un reflejo de la desintegración del tejido social, pero más allá es el reflejo de que las decisiones en el área de acción son banales, deficientes. Dos sexenios han transcurrido y la inseguridad, el narcotráfico, la violencia parecen no tener fin.

La postura de quien hoy escribe este artículo es que prevenir en estados en donde aún no se desborda la violencia e inseguridad, e implementar políticas de combate directo para situaciones donde el problema ya se ha salido de control, quizá violencia genere violencia, pero respuestas pacificas no son funcionales. En mi artículo sobre políticas públicas señalo que las políticas públicas deben ser integrales, hoy sigo sosteniendo esa postura, las estrategias que se implementen deben ser integrales tal y como se hizo en el Estado de Chihuahua.

Por lo que respecta a conocer la verdad absoluta de lo que ocurrió ya casi un año atrás, será muy difícil, el actual sistema esta ahogado en corrupción, en no transparencia y para cambiar esto primero se deben generar pequeñas acciones que corresponden a la sociedad y después modificar al gobierno.

Los 43 normalistas desaparecidos generaran un cambio en torno a la comprensión de la realidad que hoy se vive en la zona, quizá el mapa de ruta a trazar se vuelva más eficiente y esto sirva para frenar posibles problemas, no debemos olvidar, quien olvida está condenado a repetir su historia y sinceramente creo que México no podrá soportar otra situación así. México debe cambiar su modelo de políticas públicas hacer una evaluación de su estructura y tomar medidas.

Referencias

[1] Estrategia Todos Somos Juárez, reconstruyamos la Ciudad, consultado en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/todos_somos_juarez_28junio.pdf (30-Mayo -2014)

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Cronología del caso Ayotzinapa consultado en: http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-el-dia-dia-del-caso-ayotzinapa/ (30-noviembre-2014)

[5] Enrique Sánchez. (2014). Quitan policías a los alcaldes. Excélsior, 6,7.

ILUSTRACIÓN DE JOSÉ QUINTERO

Categorías
Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Jacqueline Miranda De los Santos

Aspectos generales sobre la Seguridad Pública

Por: Jacqueline Miranda De los Santos

“México afronta una severa crisis de seguridad pública. Esto parece ser admitido por todos. Ahora, desde todas las esferas se reconoce que hay problemas graves en la seguridad pública. Escuchamos y vemos a cualquier integrante del Poder Legislativo, de la sociedad civil y del mundo académico opinar y proponer soluciones.”[1]

Comienzo este tema con la frase anterior, puesto hoy en día experimentamos una crisis general en torno a la seguridad pública. La inseguridad como un fenómeno social, ha sido conocida y padecida por todos sin distinción de condición social, económica o de sexo, es evidente el hecho de que la sociedad siente que vive en un completo estado de inseguridad. Se piensa que esta situación es algo no contundente, puesto que las encuestas fallan, los números se equivocan, sin embargo, ya no son sólo las encuestas las que establecen ese estado de inseguridad, son los acontecimientos diarios los que hablan, son las persona manifestándose o expresándose a través de diversos medios, los que nos ayudan a determinar hoy por hoy lo que estamos viviendo, lo que se demanda al Estado y lo que este mismo entenderá o tomara como prioritario. “Aunque las percepciones de inseguridad de los ciudadanos no siempre guardan una correspondencia perfecta con la incidencia delictiva, si constituyen una razón suficiente para colocar el crimen y la violencia en un lugar prioritario en la agenda de las preocupaciones de gobierno mexicano en sus tres órdenes.”[2]

Concepto

“En general, la seguridad significa la cualidad de seguro; es decir, se encuentra ligado a las nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las amenazas. Como señalé, el término securitas deriva del adjetivo securus y  a su vez, del verbo curare, por lo que remite a la idea de cuidarse en toda la extensión de la palabra, la seguridad entonces supone un concepto mucho más amplio que la protección, la protección es la acción propiamente de auxiliar y/o socorrer, en cambio la seguridad además de auxiliar es también prever y restablecer”[3].

En palabras de Sergio García Ramírez la Seguridad Pública es “una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y desarrollo individual y colectivo de la sociedad”[4]. Analizando las definiciones anteriores es preciso  acentuar que, la seguridad será el proceso de “estabilidad” entre diversos elementos mencionados con anterioridad, se comprende que ante las más mínima alteración de los factores se estaría en presencia de un estado de inseguridad, es claro también que al verse perturbado este aspecto, no se tendrá el objetivo deseado por el Estado, un “orden” dentro de su misma existencia, manifestado como orden público, paz pública.

El maestro González Fernández  fundamenta “La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.”[5], la  segunda definición no se encuentra  alejada en cuanto a sus elementos de la primera que he hecho mención. Se busca con la seguridad pública brindar una certeza de que lo poseído tanto tangiblemente (bienes muebles e inmuebles) como lo intangible (derechos) no sean vulnerados por un tercero, es decir, que el Estado debe realizar determinadas acciones para poder brindar esa seguridad  tanto en lo individual como en lo colectivo. También menciona que: “La función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación. En efecto, la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones…”[6], esta es una de las ideas principales la participación ciudadana en el proceso de creación de estrategias para el combate de la inseguridad. Como establecí con anterioridad en muchas ocasiones quienes tienen la tarea de elaborar las líneas de acción, entienden el problema de una determinada manera o simplemente no es posible ver el fondo de la situación dado que no es vivida por ellos, son los mismos ciudadanos quienes entienden el problema ya que son capaces de mirar todas las caras de la figura que los aqueja. “En una encuesta reciente, se calcula que una de cada diez personas fue víctima de un delito en los últimos tres meses; dos de cada diez ciudadanos encuestados manifestaron conocer a personas que han sido víctimas de la delincuencia en el mismo periodo; también trascendió que el nivel de confianza de las autoridades es muy bajo, además solamente el 32% de las victimas presentó la denuncia ante el mismo ministerio público.”[7] Es visible que el problema es latente y quienes lo padecen puedan aportar más a la forma de elaboración de las líneas de acción.

El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, determina a la Seguridad Pública de la siguiente manera: “La Seguridad Pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Las autoridades competentes alcanzaran los fines de seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.”[8] Al diseccionar esta definición encontramos los siguientes elementos destacables: es una “función a cargo del Estado”, es decir  nadie más podrá ejercer dicha potestad. La finalidad de la seguridad pública es “salvaguardar la integridad y derecho de las personas”, con esto debemos comprender que no sólo son objetos materiales sino como ha sido mencionado  se cuida los derechos de las personas, se busca “preservar libertades, el orden y la paz pública”. Por otra parte también es destacable que la seguridad pública se obtiene mediante elementos que son de suma importancia “prevención”, “persecución” y “sanción”.

De acuerdo con todas las definiciones mencionadas,  la Seguridad Pública es una potestad única del Estado la cual se encarga de garantizar la salvaguarda de los objetos materiales que posee una persona, así como de los derechos que le son inherentes, lo entendemos como una parte esencial de la sociedad y que por esta misma razón se busca el orden, la paz pública así como preservar libertades de los individuos, siempre y cuando estas libertades no dañen esferas de terceros. Comprendiendo que con todo esto se busca por medio de diversos elementos (prevención, persecución y sanción) lograr un estado de bienestar para la población.

 Naturaleza Jurídica

Para entender de manera precisa  la naturaleza jurídica de la seguridad pública, es necesario referirnos a los diversos ordenamientos  que han tenido por objeto estructurar el sistema de seguridad pública que hoy rige a nuestro país, es conciso en este sentido referirnos al artículo veintiuno párrafo noveno de nuestro máximo ordenamiento que a la letra establece:

“Artículo 21.- (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (…)”[9]

La definición que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo veintiuno, proporciona elementos mencionados en las definiciones, brindando nuevamente  los elementos que son pilares para obtener un estado de seguridad.

Debo hacer mención de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNJ), la cual en su artículo segundo nos brinda una definición sobre la seguridad pública:

“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y municipios, que tiene como fines la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como preservar libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollara políticas fundamentales de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”[10]

El precepto proporciona un concepto  más amplio que del artículo veintiuno de la Constitución sin embargo, encontramos elementos comunes analizados con  anterioridad.

Reuniendo tanto las definiciones conceptuales como las jurídicas determino  a la seguridad pública como una potestad del Estado que ayudará a garantizar el bienestar tanto de aspectos materiales como jurídicos de las personas que integran al Estado, y que se apoyará de: la prevención, investigación, persecución y sanción; aunque el ideal incluso para el mismo Estado sería no recurrir a todos estos aspectos sino  evitar la problemática de inseguridad tomando sólo a la prevención.

Diferencia entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública

Una vez estudiada la parte conceptual de la seguridad pública, es necesario realizar la diferenciación de la seguridad nacional. Resultan ser en muchas ocasiones temas que las personas llegan a confundir entre sí por sus características.

Mucho se ha oído hablar sobre estos dos temas que resultan de gran importancia para las directrices de nuestro país, y se ha decidido hacer la distinción entre dichos temas. Dado que es muy común que en el camino político así como de los medios de comunicación se llegue a confundir, situación que no deseo que suceda en este trabajo.

“Por lo que toca a la frase “seguridad nacional”, ésta se refiere a la protección del Estado frente a amenazas internas y externas. La primera preocupación del Estado, relativa a la seguridad nacional, es propia supervivencia. Gobiernos fuertes, cuya estabilidad interna está asegurada, se refiere a su seguridad nacional en términos de protección frente a amenazas externas…”[11].

Aunque este precepto no se encuentra claramente definido por nuestro máximo ordenamiento, se ubica definido en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en su artículo tercero,  que a la letra establece:

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

  1. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas de riesgos que enfrente nuestro país
  2. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y defensa del territorio;
  • El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno.

(…)”[12]

 La Seguridad Nacional también es definida de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como:

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

XII. Seguridad nacional: acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional.

(…)”[13]

Se comprender con todos los fundamentos,  que seguridad nacional se refiere a la búsqueda de permanencia y estabilidad del Estado frente a posibles amenazas, que pueden venir tanto del interior como del exterior y para evitar un posible daño tendrá y se hará valer de diversas acciones, estrategias y políticas para lograr el orden constitucional, de las instituciones así como el armónico desarrollo en los ámbitos político, social y económico. Aunque la seguridad es una función que emana del Estado y  si bien ayuda a mantener determinada estabilidad, se encuentra encaminada a la protección de su población, de los derechos y objetos que estos mismos poseen. La seguridad pública no tiene como principal finalidad la de frenar amenazas que vengan del exterior, tampoco está diseñada para la protección del Estado, sino para brindar seguridad a quienes lo integran. Se entiendo con todo esto que la seguridad nacional abarca un campo más amplio que la seguridad pública, una es la herramienta de preservación del Estado, la otra será una un elemento que brinde una respuesta a una incomodidad.

Aunque bien pueden llegar a ser conceptos que por sus elementos o finalidades llegan a ser importantes, es imprescindible no confundir ambos conceptos.

Referencias

[1] José Peñaloza, Pedro, “La seguridad pública más allá de policías y ladrones”, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coords.), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 241.

[2] Alcocer V., Jorge, Vázquez Alfaro, José Luis, en “Seguridad Pública, voces diversas en un enfoque multidiciplinario”, Pedro José Peñaloza (Coordinador), Ed. Porrúa, México 2005, p.28.

[3] Garza Salinas, Mario A., “Políticas públicas y seguridad en el marco de la acción del estado”, IIJ-UNAM, p.12.

[4]José Peñaloza, Pedro, Op cit nota 15, p. 81.

[5] Ibídem, p.125.

[6] José Peñaloza, Pedro, “La seguridad pública más allá de policías y ladrones”, Op cit nota 15, p.126.

[7]José Peñaloza, Pedro, “Notas graves y agudas de la seguridad pública” Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 2003, p. 127.

[8] Capítulo I: Conceptos básicos de Seguridad Pública y Policía. Documento de INFAED, consultado en: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19920/Capitulo1.pdf (28-febrero-2014).

[9] Diario Oficial de la Federación, 30 de octubre de 2013.

[10] Ídem.

[11] Guerrero Gutiérrez, Eduardo, “Cuaderno de transparencia 18. Transparencia y Seguridad Nacional”, IFAI, México 2010, p.12.

[12] Diario Oficial de la Federación, 30 de octubre de 2013.

[13] Ídem.

Imagen tomada de http://radiotrece.com.mx/urge-solucion-para-el-probema-de-inseguridad-en-michoacan/