Acerca de la violencia en México

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por Jacqueline Miranda De los Santos

Desde hace varios años nuestro país tiene un incremento en los índices de violencia, se encuentra prácticamente sumido en un conflicto donde la droga y la desintegración familiar son aspectos fundamentales para posicionar a México entre los primeros lugares en toda América, ocupando el segundo puesto.

La Evaluación de Paz de los países de América Central y Caribe arroja para México en 2015 uno de los peores resultados, cabe destacar que esta evaluación se realiza desde 2007 ubicándose en ese momento en la posición número doce, es decir, la última.

Debemos mencionar que Venezuela ocupa el primer lugar, seguido por México y en tercera posición se encuentra Colombia; este indicador considera ciertos aspectos como lo son: violencia, criminalidad, gasto militar y si participa en guerras. Otro aspecto que debemos señalar es el hecho de que nuestro país se encuentra dentro de los diez países con mayor índice de gastos generados por esta ola de violencia, ubicándose en el sexto lugar con una cifra de 221, 000 millones de dólares.

 Por otro lado la organización no gubernamental, México Evalúa, Centro de análisis de Políticas Públicas, ha realizado un estudio llamado Índice de inseguridad ciudadana y violencia[1] Del cual se toman diversos indicadores para realizar un estudio que permita saber cómo va la situación general en nuestro país.

violencia2

Nos muestra a raíz de todos estos elementos que en 2011 el Estado de la República con mayor índice de violencia es Chihuahua, siguiendo el Estado de Michoacán.

chihuahua

El crimen organizado sigue siendo para México el principal problema desde 2007 hasta la actualidad y puedo asegurar que incluso en los siguientes años la situación será aún peor.

 ¿Qué pasa con la violencia a niveles familiares? ¿Qué hay con la violencia infantil? Como ya analice en párrafos anteriores, la violencia se presenta con índices tan elevados afecta directamente el entorno social. El narcotráfico, por ejemplo, afecta no solo al gobierno sino también a las familias y a los niños, las personas encargadas de recluir niños y jóvenes buscan ciertos perfiles, de desintegración y violencia familiar, por esto que podemos observar casos como el de Edgar Jiménez Lugo alias El Ponchis.

De acuerdo a la página de la UNICEF[2], dos niños con menos de catorce años mueren diariamente a causa de la violencia, además de acuerdo a la INEGI el 56% de las mujeres entre quince y diecinueve años han sufrido violencia en pareja. Además el DIF señala que en promedio diariamente recibe cuatro casos de violencia infantil siendo en casi la mitad de los casos la madre la responsable por esta situación, y el 29% de los casos, es el padre quien agrede a los menores. Sin embargo, esto no es una verdad absoluta ya que en muchas situaciones de violencia familiar no son denunciados por medio a las represarías.

Otro punto que me gustaría abordar es el reciente crecimiento de los niños sicarios en el Estado de Tijuana[3]. Un documento de la cámara de diputados señala que el 62% de los niños sicarios trabajaba en la economía formal. Siendo la fractura familiar el aspecto principal para que estos niños decidan iniciar su carrera en la delincuencia organizada. Debemos poner los pies en la tierra, y pensar unos minutos en esta situación, se trata de niños matando, personas de once, doce, trece años matando a sangre fría, ¿Qué razones tiene un niño de esta edad para hacer este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo la infancia terminó?

Ya que hemos analizado estos aspectos, es necesario establecer lo siguiente, parece que estamos en un callejón sin salida y que de frente tenemos a un asesino que lentamente mata a nuestro país. La situación para muchos comienza en el sexenio de expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien decidió hacer frente al problema de narcotráfico e inició una guerra contra este conflicto, por eso podemos ver que hay un incremento en los índices de violencia. Las políticas públicas implementadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una disminución en la violencia, la implementación con un previo estudio de la situación real de la zona garantiza el éxito de las líneas de acción, sin embargo, la situación con estados como Michoacán o Tijuana se debe a la escaza visión del ejecutivo, ni el exmandatario Felipe Calderón ni el actual presidente Enrique Peña Nieto actuaron en el momento oportuno y dejaron que el problema se extendiera hasta que fuera incontrolable y fuera necesario hacer uso del Ejército y la Marina. Es necesario que estas mismas políticas públicas apoyen a los niños en situación de calle y en las calles que presentan signos de violencia familiar para que encuentren mejores oportunidades antes que el narcotráfico y los asesinatos a sueldo. Considero que una política pública que no es integral y que no atiende a la infancia mexicana, al menos en este rubro está condenando al país a morir, hoy en día pese a los avances en materia de seguridad creo firmemente que el país se encuentra a la deriva.

[1] Consultado en: http://mexicoevalua.org/2011/01/indice-inseguridad-violencia/

[2] http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

[3] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/17/1051740

México a la deriva, acerca de Ayotzinapa

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por: Jacqueline Miranda De los Santos

La situación que se vive en México en torno a la seguridad pública y la seguridad nacional parece cada día tornarse más oscura. En esta breve investigación deseamos proporcionar información para comprender por qué este suceso se vuelve tan importante para el desarrollo de nuevos esquemas de seguridad pública en esta zona.

Parece ser que para el Estado Mexicano, es hasta que las situaciones de violencia se desbordan cuando mira determinadas zonas del país para implementar políticas públicas. Hemos olvidado que la prevención es una de las armas más poderosas que tenemos para frenar ciertos acontecimientos, que son fáciles de pronosticar.

Tal es el caso del Estado de Chihuahua; la violencia que se vivió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue motivo para implementar la “Estrategia todos somos Juárez, Reconstruyendo la ciudad.” podemos considerar como una estrategia integral que incluye diversos compromisos en seis sectores principales, Seguridad, Economía, Trabajo, Salud, Educación y Desarrollo Social.

En la introducción de este programa se establecia lo siguiente: “La estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Cuidad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Estado de Chihuahua, el gobierno municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. La estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones concretas que se realizaran en 2010 para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.”[1]

Se comprende por primera vez en una estrategia que deben atenderse todos  los sectores que han sido descuidados como lo es en el caso específico de Ciudad Juárez Chihuahua, la inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y el incrementos en conductas antisociales, se ataca como lo establece la estrategia, no sólo los efectos sino las causas de la violencia.

Se incorpora la participación ciudadana, estableciendo en el discurso que son los mismos habitantes quienes mejor conocen la situación que viven, jugando todos un papel de importancia en el diseño de la línea de acción, es decir que al momento de trazar el mapa de ruta la acción fue llevada a una realidad más acertada pues jugaron con cada una de las visiones para desarrollar una estrategia eficiente.

Nos llama la atención en materia de Seguridad los siguientes compromisos:

“Compromiso No. 2 Atender y combatir integralmente el secuestro, la extorción y el cobro de piso para disminuir la incidencia de estos delitos e incrementar la eficacia en los que son atendidos.”[2] Implementando un nuevo modelo en atención específica a este aspecto, además de incrementar el número de agentes investigadores y de asesores en manejo de crisis para atención a la víctima.

“Compromiso No. 10 Desplegar operativos ágiles y contundentes dirigidos con precisión a blancos significativos.”[3] Realizando “patrullajes dinámicos” en la ciudad para facilitar la atención a emergencias realizar operativos en zonas de alta incidencia delictiva.

Como podemos darnos cuenta, esta es una política integral que reunió diversos elementos que en conjunto lograron un sistema eficiente y que aunque aún hay mucho por trabajar en ese estado los problemas del orden social están más cerca del control del Estado.

La situación que se vivía, era una ola de violencia impresionante, el control era del narcotráfico, al ser los estados del norte de la republica paso obligado para el tráfico hacia los Estados Unidos, el cártel que tuviera estos territorios dominaría este mercado tan remunerado y manchado de sangre. Sin embargo, después de estas acciones de acuerdo a datos del INEGI el índice de violencia marca una disminución de un 30%.

Viene ahora el cuestionamiento más importante para el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y para el ahora Presidente Enrique Peña Nieto, por qué si los datos estadísticos y las evaluaciones indicaban que la violencia se incrementaría no se implementaron acciones de prevención en tierra caliente, como la del Estado de Chihuahua, por qué el cambio en la ideología política lleva a pretender cambiar todo a una falsa estrategia de prevención, donde se ha realizado de todo, menos aspectos integrales de prevención.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó oficialmente su política de seguridad, durante la segunda sesión extraordinaria del CNSP, conforme a dicha presentación, la nueva política de seguridad pública se enfocaría más al ámbito regional siguiendo 6 líneas de acción: I) Planeación; II) Programa Transversal de Prevención; III) Programa Nacional de Derechos Humanos; IV) Coordinación entre niveles de gobierno; V) Reestructuración de las policías estatales y de la procuración de justicia; VI) Evaluación. Nada nuevo desde esta visión se sigue  una estructura similar a la ya realizada por el expresidente  Felipe Calderón Hinojosa, implementado quizá como el elemento novedoso el aspecto de Evaluación, El 2 de enero de 2013, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se reformó la LOAPF, con lo que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se concentran todas sus funciones en la CNS dependiente de la Secretaría de Gobernación; volviendo al viejo esquema priista de concentrar funciones en SEGOB como una idea de mantener el control y la estabilidad.

La Gendarmería Nacional es una división de la Policía Federal, creada mediante decreto presidencial el 22 de agosto de 2014. Fue una propuesta hecha en campaña que  se materializo en la fecha ya señalada. Es un modelo similar a la Gendarmería francesa o chilena. Es relevante para nosotros porque pasa a ser parte de sus políticas principales para la seguridad pública así como de la seguridad Nacional.

El ahora presidente Enrique Peña Nieto se enfrenta a una sociedad que en su gran parte lo rechaza como presidente, además se enfrenta a una sociedad que hace uso de los medios modernos de comunicación tanto para lanzar criticas como para informarse sobre lo que sucede. El rechazo al inicio de su gobierno a casi todo lo que realizaba dificulta en gran medida el éxito o no de sus líneas de acción, no puedes caminar solo en la proyección de políticas públicas necesitas el apoyo y respaldo de tu sociedad.

Y aunque la sociedad mostraba descontento por la alza en la violencia que se experimentaba durante las líneas de acción del expresidente  Felipe Calderón se experimenta, en su sexenio una percepción mayor en la sensación de inseguridad a raíz de las políticas del actual presidente. Lo podemos apreciar de mejor manera en la siguiente grafica realizada por INEGI (esquema 1) donde podemos observar que la percepción sobre la seguridad seguirá de igual a mal incrementándose en el año 2014.

ESQUEMA 1

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Resulta obvio al descubrir que se enfrenta a una situación de descuido total de la seguridad pública en el Estado de  Michoacán. Es un estado del occidente de México de más de 4.3 millones de habitantes, los pobladores de Tierra Caliente se alzaron en armas desde febrero de 2013 para mantener el control de la seguridad pública en sus población y erradicar a los grupos delincuenciales principalmente  “Los caballeros Templarios”, los primeros grupos de autodefensa de Tierra Caliente surgieron en  La Ruana y Tepalcatepec. Respecto a Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez “La Tuta” establece que este grupo era un mal necesario para Michoacán e incluso muchos de los líderes de las autodefensas reconocen el “trabajo” de liberación que hicieron para erradicar el problema que tenían con los Zetas.

Un problema que sin duda se debe a un descuido y a una falta de atención por parte del Gobierno Federal  aspecto que podría resultar criticable, la atención sólo brindada a estados del norte del país desatendiendo esta zona, pero no es sólo la condición de seguridad pública sino son un coctel de factores los que se deben atender para recuperar la estabilidad es decir implementar una estrategia integral similar a la del Estado de  Chihuahua, posteriormente analizare la respuesta del Presidente Enrique Peña Nieto ante la problemática que surgió en este lugar.

Otra situación que surge en estos últimos meses es el incremento en la violencia en el estado Tamaulipas, lo asesinatos que hasta la fecha siguen a la alza, no existen movimientos como los grupos armados del estado Michoacán, sin embargo las movilizaciones como son las marchas en las que se hace presente la exigencia por ámbito de mayor seguridad.

Hablo de una violencia que ya no necesitan de una finalidad como es la droga es una violencia que busca la comodidad económica, el negocio redondo del secuestro, de los homicidios, del robo con violencia, las extorciones.

ESQUEMA 2

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En la gráfica 2 podemos notar el incremento en el aspecto del secuestro en una comparación entre el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el Gobierno del ahora presidente Enrique Peña Nieto.  Situación que está mejor detallado en la siguiente gráfica donde se analiza por estado la información que obviamente refleja la información de la que he hecho mención sobre los estados de Michoacán y Tamaulipas.

ESQUEMA 3

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La gráfica número 3 nos ayuda a entender que en el contexto actual hay ciertos desajustes en materia de seguridad pública, la percepción que se tiene sobre la inseguridad que hoy se vive es mucho más alto que en sexenios anteriores, es muy pronto para establecer que la forma de administración del presidente Enrique Peña Nieto será un fracaso o un éxito, es quizá la idea de que el cambio en el contexto político, es decir en sus ideales, resulta obvio el hecho de un cambio en la estructura ya generada, es de lo que he hablado anteriormente, el cambio de gobierno no debería significar cambiar toda la estructura, podríamos estar arriesgándonos a desarrollar un cambio en contra sentido cuando se habla de que ya se ha determinado una posible estabilidad.

ANTECEDENTES SOBRE AYOTZINAPA

El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. A partir de ese momento, según la versión oficial, nada se sabe de los normalistas.

Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron dos camiones para llegar a Iguala, lugar en el que tomaron otras dos unidades, adonde se dirigían —según testimonios de algunos estudiantes— a tomar dos camiones que les faltaban para viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero, así como enviar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

Sin embargo, ya en Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos, y para ello pedir apoyo a la policía de Cocula (un municipio cercano), al suponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.

Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal, solicitud que fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.

En medio de la búsqueda de los estudiantes, la procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalistas); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas.

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas, a 10 días de su desaparición. A partir de ese momento, la Procuraduría de Guerrero sólo coadyuva en las investigaciones.

El procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana a donde localizaron las fosas.

Asimismo, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó por unanimidad expulsar  de sus filas a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala prófugo.

Once días después de la desaparición de los jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso. “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”, dijo el mandatario federal.

Fuerzas federales detuvieron al hombre considerado como el máximo líder del grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes, anunció la Procuraduría General de la República (PGR).

Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización Guerreros Unidos, fue arrestado un día antes (el 16 de octubre)  junto con uno de sus operadores más cercanos.

Los números que actualizó Murillo Karam: detenidos 36 policías de los municipios de Iguala y Colula, y 17 integrantes del crimen organizado. Asimismo, el funcionario federal detalló que hallaron tres fosas clandestinas más en Iguala.

La PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora.

Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.

Ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades dos días para encontrar a los normalistas.

Familiares de los normalistas desaparecidos acusaron la noche del lunes 3 de noviembre  en conferencia de prensa que funcionarios federales no presentaron ningún avance sobre las labores de búsqueda de los jóvenes, por lo que rechazaron la instalación de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información sobre las investigaciones encabezadas por la PGR en Guerrero.

4 de noviembre

Durante la madrugada, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el DF. La operación se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y en ella participaron 20 elementos de élite.

20 de noviembre

Más de 114 escuelas participan en el paro por Ayotzinapa y se realizan protestas en varios estados de la República y en distintas partes del mundo.

En el Distrito Federal, se reportan manifestaciones alrededor de las 11 de la mañana, las cuales tenían como objetivo tomar el aeropuerto de la ciudad; sin embargo, los policías contienen las protestas en las inmediaciones de la terminal aérea.

Por la tarde, a partir de las cinco, comienzan las manifestaciones de los padres de los normalistas desaparecidos, las cuales parten desde tres puntos diferentes. La primera avanzó del Ángel de la Independencia, mientras que los otros dos contingentes partieron del Monumento a la Redacción y de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Las manifestaciones se realizan de manera pacífica; sin embargo, al término del mitin en la plancha del Zócalo capitalino, grupos de manifestantes lanzaron bombas molotov contra el Palacio Nacional. Al final, el saldo fue de 31 detenidos.

21 de noviembre

Alrededor de la una de la tarde, los padres de los normalistas desaparecidos se reunieron por tercera ocasión con autoridades federales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero. Durante el encuentro se les informó de la detención del exsubdirector de la policía de Cocula, César Nava González, quien presuntamente participó en la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre.

El equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

Por la tarde, familiares, amigos y estudiantes participaron en la segunda marcha para exigir la liberación de 11 de las personas detenidas el pasado 20 de Noviembre al término de la manifestación por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los manifestantes fueron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

25 de noviembre

La PGR presentó como prueba en contra de los 11 detenidos del Zócalo el testimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.

El equipo de antropólogos forenses de Argentina que participan en la búsqueda de los normalistas desaparecidos informó que tres de los 30 cuerpos hallados en Pueblo Viejo, en el municipio de Iguala, Guerrero, no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa.

Por la tarde, familiares, amigos y estudiantes participaron en la segunda marcha para exigir la liberación de 11 de las personas detenidas el pasado 20 de Noviembre al término de la manifestación por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los manifestantes fueron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

26 de noviembre

Se cumplen dos meses de la desaparición de los 43  normalistas de Ayotzinapa.

27 de noviembre

El presidente Enrique Peña Nieto, anunció una serie de 14 medidas en seguridad, justicia y desarrollo económico “para evitar que crímenes así se repitan”.”[4]

Después de dos meses del caso de Iguala mejor conocido como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Presidente Enrique Peña Nieto anuncio un paquete de diez acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia y combate a la corrupción del país, esta pronunciación es para la investigación de gran importancia, pues pretende atender sectores que son de relevancia para el área de seguridad pública. Como analice párrafos anteriores el caso de los 43 normalistas desaparecidos nos revela un México carente en sus líneas de acción, nos muestra un México injusto y deshonesto pero sobre todo corrupto por parte de sus autoridades. Este paquete de acciones pretende impulsar el desarrollo en estados como lo son Oaxaca y Chiapas.

De los principales puntos esta la eliminación de las mil ochocientas policías municipales y la intervención en alcaldías cuyas autoridades tengan nexos con el crimen organizado.

Respecto al tema de eliminar policías municipales, es un plan avalado por los ayuntamientos, ante la ingobernabilidad que existe por el desbordamiento del crimen organizado, se piensa que se necesita ya una intervención real por parte del Gobierno Federal. Crear 32 policías estatales únicas y diez puntos más parecen ser la solución inmediata para el actual presidente Enrique Peña Nieto. Yo considero a esta política pública como un punto en el que ya no es posible entablar coordinación municipal, en efecto las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, son insuficientes demostrando que no es posible atender la magnitud de un conflicto de inseguridad como el de México sin la intervención de políticas frontales. Desde la perspectiva priista el problema indirecta y directamente es por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien hace ya un poco más de seis años comenzó a atender el problema con políticas de ataque directo, desde la perspectiva de esta investigación es inevitable atender el problema actual con políticas amistosas, la situación de inseguridad, de violencia desmedida es parte de tomar decisiones políticas no trascendentes. Al grito de “¡Todos somos Ayotzinapa!” la población pide la renuncia de su presidente, ante ese mismo grito, el presidente Enrique Peña Nieto responde con diez puntos que a continuación estudiare.

  1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Permitiendo la disolución de un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad está involucrada con la delincuencia organizada.

  2. Dar claridad al sistema de competencias en materia penal.

  3. Policías Estatales Únicas. Se crea un nuevo modelo policial, se pasará de tener más de mil 800 policías municipales a 32 policías estatales sólidas.

  4. Número telefónico único para emergencias a nivel nacional.

  5. Clave Única de Identidad

  6. Operativo Especial en Tierra Caliente. Se ampliara el despliegue de las fuerzas Federales, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán y apoyo a los municipios que sean requeridos como lo son los de los estados de Jalisco y Tamaulipas.

  7. Agenda de Reformas para mejorar la justicia cotidiana

  8. Agenda de Reformas para fortalecer el respeto

  9. Combate a la corrupción. Respaldo al Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción.

  10. Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal.[5].

A la fecha y tras la resolución del CIDH, sobre la verdad histórica de los acontecimientos de Ayotzinapa, nada es claro y posiblemente la situación en el área de seguridad siga empeorando. El descontento que hoy en día tiene la sociedad mexicana es enorme, la corrupción en autoridades es algo que simplemente no permitirá que México tome un rumbo fijo.

A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, México se encuentra a la deriva, se encuentra herido. Ayotzinapa es un reflejo de la desintegración del tejido social, pero más allá es el reflejo de que las decisiones en el área de acción son banales, deficientes. Dos sexenios han transcurrido y la inseguridad, el narcotráfico, la violencia parecen no tener fin.

La postura de quien hoy escribe este artículo es que prevenir en estados en donde aún no se desborda la violencia e inseguridad, e implementar políticas de combate directo para situaciones donde el problema ya se ha salido de control, quizá violencia genere violencia, pero respuestas pacificas no son funcionales. En mi artículo sobre políticas públicas señalo que las políticas públicas deben ser integrales, hoy sigo sosteniendo esa postura, las estrategias que se implementen deben ser integrales tal y como se hizo en el Estado de Chihuahua.

Por lo que respecta a conocer la verdad absoluta de lo que ocurrió ya casi un año atrás, será muy difícil, el actual sistema esta ahogado en corrupción, en no transparencia y para cambiar esto primero se deben generar pequeñas acciones que corresponden a la sociedad y después modificar al gobierno.

Los 43 normalistas desaparecidos generaran un cambio en torno a la comprensión de la realidad que hoy se vive en la zona, quizá el mapa de ruta a trazar se vuelva más eficiente y esto sirva para frenar posibles problemas, no debemos olvidar, quien olvida está condenado a repetir su historia y sinceramente creo que México no podrá soportar otra situación así. México debe cambiar su modelo de políticas públicas hacer una evaluación de su estructura y tomar medidas.

Referencias

[1] Estrategia Todos Somos Juárez, reconstruyamos la Ciudad, consultado en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/todos_somos_juarez_28junio.pdf (30-Mayo -2014)

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Cronología del caso Ayotzinapa consultado en: http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-el-dia-dia-del-caso-ayotzinapa/ (30-noviembre-2014)

[5] Enrique Sánchez. (2014). Quitan policías a los alcaldes. Excélsior, 6,7.

ILUSTRACIÓN DE JOSÉ QUINTERO

Aspectos generales sobre la Seguridad Pública

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por: Jacqueline Miranda De los Santos

“México afronta una severa crisis de seguridad pública. Esto parece ser admitido por todos. Ahora, desde todas las esferas se reconoce que hay problemas graves en la seguridad pública. Escuchamos y vemos a cualquier integrante del Poder Legislativo, de la sociedad civil y del mundo académico opinar y proponer soluciones.”[1]

Comienzo este tema con la frase anterior, puesto hoy en día experimentamos una crisis general en torno a la seguridad pública. La inseguridad como un fenómeno social, ha sido conocida y padecida por todos sin distinción de condición social, económica o de sexo, es evidente el hecho de que la sociedad siente que vive en un completo estado de inseguridad. Se piensa que esta situación es algo no contundente, puesto que las encuestas fallan, los números se equivocan, sin embargo, ya no son sólo las encuestas las que establecen ese estado de inseguridad, son los acontecimientos diarios los que hablan, son las persona manifestándose o expresándose a través de diversos medios, los que nos ayudan a determinar hoy por hoy lo que estamos viviendo, lo que se demanda al Estado y lo que este mismo entenderá o tomara como prioritario. “Aunque las percepciones de inseguridad de los ciudadanos no siempre guardan una correspondencia perfecta con la incidencia delictiva, si constituyen una razón suficiente para colocar el crimen y la violencia en un lugar prioritario en la agenda de las preocupaciones de gobierno mexicano en sus tres órdenes.”[2]

Concepto

“En general, la seguridad significa la cualidad de seguro; es decir, se encuentra ligado a las nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad ante las amenazas. Como señalé, el término securitas deriva del adjetivo securus y  a su vez, del verbo curare, por lo que remite a la idea de cuidarse en toda la extensión de la palabra, la seguridad entonces supone un concepto mucho más amplio que la protección, la protección es la acción propiamente de auxiliar y/o socorrer, en cambio la seguridad además de auxiliar es también prever y restablecer”[3].

En palabras de Sergio García Ramírez la Seguridad Pública es “una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y desarrollo individual y colectivo de la sociedad”[4]. Analizando las definiciones anteriores es preciso  acentuar que, la seguridad será el proceso de “estabilidad” entre diversos elementos mencionados con anterioridad, se comprende que ante las más mínima alteración de los factores se estaría en presencia de un estado de inseguridad, es claro también que al verse perturbado este aspecto, no se tendrá el objetivo deseado por el Estado, un “orden” dentro de su misma existencia, manifestado como orden público, paz pública.

El maestro González Fernández  fundamenta “La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.”[5], la  segunda definición no se encuentra  alejada en cuanto a sus elementos de la primera que he hecho mención. Se busca con la seguridad pública brindar una certeza de que lo poseído tanto tangiblemente (bienes muebles e inmuebles) como lo intangible (derechos) no sean vulnerados por un tercero, es decir, que el Estado debe realizar determinadas acciones para poder brindar esa seguridad  tanto en lo individual como en lo colectivo. También menciona que: “La función de seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación. En efecto, la seguridad no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; exige la articulación y coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno a lo cual deben sumarse instituciones…”[6], esta es una de las ideas principales la participación ciudadana en el proceso de creación de estrategias para el combate de la inseguridad. Como establecí con anterioridad en muchas ocasiones quienes tienen la tarea de elaborar las líneas de acción, entienden el problema de una determinada manera o simplemente no es posible ver el fondo de la situación dado que no es vivida por ellos, son los mismos ciudadanos quienes entienden el problema ya que son capaces de mirar todas las caras de la figura que los aqueja. “En una encuesta reciente, se calcula que una de cada diez personas fue víctima de un delito en los últimos tres meses; dos de cada diez ciudadanos encuestados manifestaron conocer a personas que han sido víctimas de la delincuencia en el mismo periodo; también trascendió que el nivel de confianza de las autoridades es muy bajo, además solamente el 32% de las victimas presentó la denuncia ante el mismo ministerio público.”[7] Es visible que el problema es latente y quienes lo padecen puedan aportar más a la forma de elaboración de las líneas de acción.

El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación, determina a la Seguridad Pública de la siguiente manera: “La Seguridad Pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Las autoridades competentes alcanzaran los fines de seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.”[8] Al diseccionar esta definición encontramos los siguientes elementos destacables: es una “función a cargo del Estado”, es decir  nadie más podrá ejercer dicha potestad. La finalidad de la seguridad pública es “salvaguardar la integridad y derecho de las personas”, con esto debemos comprender que no sólo son objetos materiales sino como ha sido mencionado  se cuida los derechos de las personas, se busca “preservar libertades, el orden y la paz pública”. Por otra parte también es destacable que la seguridad pública se obtiene mediante elementos que son de suma importancia “prevención”, “persecución” y “sanción”.

De acuerdo con todas las definiciones mencionadas,  la Seguridad Pública es una potestad única del Estado la cual se encarga de garantizar la salvaguarda de los objetos materiales que posee una persona, así como de los derechos que le son inherentes, lo entendemos como una parte esencial de la sociedad y que por esta misma razón se busca el orden, la paz pública así como preservar libertades de los individuos, siempre y cuando estas libertades no dañen esferas de terceros. Comprendiendo que con todo esto se busca por medio de diversos elementos (prevención, persecución y sanción) lograr un estado de bienestar para la población.

 Naturaleza Jurídica

Para entender de manera precisa  la naturaleza jurídica de la seguridad pública, es necesario referirnos a los diversos ordenamientos  que han tenido por objeto estructurar el sistema de seguridad pública que hoy rige a nuestro país, es conciso en este sentido referirnos al artículo veintiuno párrafo noveno de nuestro máximo ordenamiento que a la letra establece:

“Artículo 21.- (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (…)”[9]

La definición que nos brinda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo veintiuno, proporciona elementos mencionados en las definiciones, brindando nuevamente  los elementos que son pilares para obtener un estado de seguridad.

Debo hacer mención de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNJ), la cual en su artículo segundo nos brinda una definición sobre la seguridad pública:

“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y municipios, que tiene como fines la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como preservar libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollara políticas fundamentales de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”[10]

El precepto proporciona un concepto  más amplio que del artículo veintiuno de la Constitución sin embargo, encontramos elementos comunes analizados con  anterioridad.

Reuniendo tanto las definiciones conceptuales como las jurídicas determino  a la seguridad pública como una potestad del Estado que ayudará a garantizar el bienestar tanto de aspectos materiales como jurídicos de las personas que integran al Estado, y que se apoyará de: la prevención, investigación, persecución y sanción; aunque el ideal incluso para el mismo Estado sería no recurrir a todos estos aspectos sino  evitar la problemática de inseguridad tomando sólo a la prevención.

Diferencia entre Seguridad Nacional y Seguridad Pública

Una vez estudiada la parte conceptual de la seguridad pública, es necesario realizar la diferenciación de la seguridad nacional. Resultan ser en muchas ocasiones temas que las personas llegan a confundir entre sí por sus características.

Mucho se ha oído hablar sobre estos dos temas que resultan de gran importancia para las directrices de nuestro país, y se ha decidido hacer la distinción entre dichos temas. Dado que es muy común que en el camino político así como de los medios de comunicación se llegue a confundir, situación que no deseo que suceda en este trabajo.

“Por lo que toca a la frase “seguridad nacional”, ésta se refiere a la protección del Estado frente a amenazas internas y externas. La primera preocupación del Estado, relativa a la seguridad nacional, es propia supervivencia. Gobiernos fuertes, cuya estabilidad interna está asegurada, se refiere a su seguridad nacional en términos de protección frente a amenazas externas…”[11].

Aunque este precepto no se encuentra claramente definido por nuestro máximo ordenamiento, se ubica definido en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en su artículo tercero,  que a la letra establece:

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

  1. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas de riesgos que enfrente nuestro país
  2. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y defensa del territorio;
  • El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno.

(…)”[12]

 La Seguridad Nacional también es definida de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como:

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

XII. Seguridad nacional: acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional.

(…)”[13]

Se comprender con todos los fundamentos,  que seguridad nacional se refiere a la búsqueda de permanencia y estabilidad del Estado frente a posibles amenazas, que pueden venir tanto del interior como del exterior y para evitar un posible daño tendrá y se hará valer de diversas acciones, estrategias y políticas para lograr el orden constitucional, de las instituciones así como el armónico desarrollo en los ámbitos político, social y económico. Aunque la seguridad es una función que emana del Estado y  si bien ayuda a mantener determinada estabilidad, se encuentra encaminada a la protección de su población, de los derechos y objetos que estos mismos poseen. La seguridad pública no tiene como principal finalidad la de frenar amenazas que vengan del exterior, tampoco está diseñada para la protección del Estado, sino para brindar seguridad a quienes lo integran. Se entiendo con todo esto que la seguridad nacional abarca un campo más amplio que la seguridad pública, una es la herramienta de preservación del Estado, la otra será una un elemento que brinde una respuesta a una incomodidad.

Aunque bien pueden llegar a ser conceptos que por sus elementos o finalidades llegan a ser importantes, es imprescindible no confundir ambos conceptos.

Referencias

[1] José Peñaloza, Pedro, “La seguridad pública más allá de policías y ladrones”, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coords.), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 241.

[2] Alcocer V., Jorge, Vázquez Alfaro, José Luis, en “Seguridad Pública, voces diversas en un enfoque multidiciplinario”, Pedro José Peñaloza (Coordinador), Ed. Porrúa, México 2005, p.28.

[3] Garza Salinas, Mario A., “Políticas públicas y seguridad en el marco de la acción del estado”, IIJ-UNAM, p.12.

[4]José Peñaloza, Pedro, Op cit nota 15, p. 81.

[5] Ibídem, p.125.

[6] José Peñaloza, Pedro, “La seguridad pública más allá de policías y ladrones”, Op cit nota 15, p.126.

[7]José Peñaloza, Pedro, “Notas graves y agudas de la seguridad pública” Instituto Nacional de Ciencias Penales, México 2003, p. 127.

[8] Capítulo I: Conceptos básicos de Seguridad Pública y Policía. Documento de INFAED, consultado en: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19920/Capitulo1.pdf (28-febrero-2014).

[9] Diario Oficial de la Federación, 30 de octubre de 2013.

[10] Ídem.

[11] Guerrero Gutiérrez, Eduardo, “Cuaderno de transparencia 18. Transparencia y Seguridad Nacional”, IFAI, México 2010, p.12.

[12] Diario Oficial de la Federación, 30 de octubre de 2013.

[13] Ídem.

Imagen tomada de http://radiotrece.com.mx/urge-solucion-para-el-probema-de-inseguridad-en-michoacan/