El ciclo de la sociedad

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Fernanda Labastida Sánchez

Por Fernanda Darinka Labastida Sánchez

Comunicarse y vivir en sociedad son dos actividades tan básicas y fundamentales para el humano como lo son respirar o comer. Desde que llegamos a este mundo lo primero que percibimos es que no estamos solos y la necesidad de contacto con los demás.

Fernando Savater, en su libro Política para Amador, dijo: “la sociedad nos sirve, pero también hay que servirla…”. Al pasar los años esto se vuelve más complejo y no precisamente porque cambie el mundo, lo que sucede es que poco a poco nuestras obligaciones se vuelven mayores, específicamente me refiero a nuestro deber como ciudadanos, no sólo de nuestro país, sino del mundo.

Cuando somos pequeños dependemos completamente de las decisiones adultas y lo que estas puedan brindarnos para nuestro bien. Al crecer y convertirnos en esos adultos no podemos simplemente pasar de largo cuando algo anda mal en nuestra sociedad, ahora tenemos la capacidad de actuar por y para el bien de todos.

Esto se llama actitud política, en la que debemos llegar a acuerdos entre todos sobre lo que afecta a muchos. Por lo tanto, quiero hacer hincapié en que no basta la ética y nuestra percepción personal de lo que está bien y está mal. En política se trata de convencer y, al mismo tiempo, tener la mente abierta a nuevas ideas. Todo esto en pro de mejorar como sociedad.

Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, pues nuestra historia se compone de ensayo y error para poder evolucionar, sin embargo en el camino ha habido cambios graduales que nos permiten hoy en día gozar de ciertos derechos que antes eran inconcebibles.

Los más jóvenes, conocidos como generación millennial y generación Z, somos considerados generalmente como irreverentes, desinteresados y extremadamente sensibles. La realidad es que somos las generaciones que poco a poco hemos roto esquemas dañinos para la sociedad y eso es difícil de aceptar por aquellos que crecieron en un mundo distinto.

Un ejemplo es que nosotros vivimos, e incluso muchos nacimos, en medio del boom del Internet y las nuevas tecnologías, herramientas que nos permiten comunicarnos de una manera cada vez más rápida y sencilla. En cambio, nuestros padres y abuelos pasaron por un proceso de adaptación y aprendizaje a un nuevo modo de vida completamente distinto a aquel en el que ellos crecieron. Lo mismo pasa con las luchas sociales, sus causas no son las mismas que hace cincuenta años porque las circunstancias ahora son otras.

Actualmente hay niños, adolescentes y adultos jóvenes que son activistas de temas que van desde el calentamiento global hasta el feminismo. Nuestra lucha recae en el hartazgo de tabúes absurdos y la búsqueda de la igualdad.

Para cerrar, quiero retomar la parte de la actitud política para señalar que aunque los demás consideran que no le damos importancia a las problemáticas del mundo y vivimos más preocupados por los likes de nuestra última foto publicada en Instagram, los más jóvenes somos quienes estamos haciendo política. Alzando la voz, marchando en las calles, trabajando y proponiendo nuevas políticas públicas; con pequeñas o grandes acciones, siendo el cambio.

Así que sí, la rebeldía es un rasgo característico de nuestra generación, pero recordemos que ningún cambio radical en nuestra historia se ha logrado sin esta. Y no es que seamos “demasiado sensibles” o “fáciles de ofender”, lo que sentimos se llama empatía y con el tiempo hemos tirado los muros que nos dividen.

Organismos Autónomos en México: El Cuarto Poder Incómodo

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Miguel Ángel Tamayo Rodríguez[1]

Introducción

El panorama político y jurídico en México vive tiempos convulsos. Los resultados electorales de los comicios celebrados el primero de julio del año 2018, donde resultó triunfador el candidato del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, han traído consigo un viraje en la agenda de la administración pública. Los efectos de este viraje no son pocos, pero el más visible deriva precisamente del ejercicio del poder a cargo del titular del Ejecutivo Federal, y la pretensión de ampliar su campo de acción a través de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal para llevar a cabo su programa de gobierno. La manera de ejercer el poder del Presidente López Obrador está impactando en la organización y funcionamiento de las instituciones denominadas autónomas, es decir, aquellos entes públicos que no están orgánicamente adscritos a alguno de los tres poderes del Estado tradicionales, pero que están regulados directamente por la Constitución y por su respectiva ley secundaria, a saber: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estas instituciones han sido consideradas con una relevancia tal para la democracia y el modelo de Estado en México, que están incluidas directamente en el texto en la Carta Magna.

Bajo la justificación de emprender una política de austeridad en el uso de los recursos públicos, el Ejecutivo Federal ha impuesto en la agenda pública el funcionamiento de los Organismos Constitucionales Autónomos, lo cual ocasionó que éstos sean fuertemente cuestionados en varias arenas. Su utilidad ha sido puesta en entredicho; el alto costo que representan, tanto para el pago de salarios de los servidores públicos que las conforman como la presión presupuestaria para cumplir sus tareas; su escasa rendición de cuentas y su autorregulación también significan una constante crítica; mientras que la necesidad de contar con contrapesos políticos que otorguen certeza en determinados temas, y su contribución al fortalecimiento democrático están colocados en el otro lado de la balanza para intentar mantenerlos en el diseño del Estado Mexicano.

Actualmente, la Constitución Política contempla diez organismos autónomos, siendo el más antiguo el Banco de México, que data del año 1993, y los más recientes del año 2014 derivados de las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México, principal eje del programa de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Los diez entes constitucionales autónomos son el Banco de México; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta reciente configuración del Estado ha significado, en los hechos, el surgimiento de una especie de cuarto poder fragmentado en varias organizaciones, y naturalmente incómodo para el Poder Ejecutivo por el desplazamiento en funciones que implica su irrupción en el panorama político nacional. Por ello, no extraña que reciban permanentes cuestionamientos y que el tema origine una nueva reflexión acerca de su justificación en el diseño de Estado.

La División de Poderes

La referencia obligada cuando de división de poderes se trata, se remonta al siglo IV antes de nuestra era. Hace dos mil cuatrocientos años, aproximadamente, Aristóteles advirtió que “en todas las constituciones existen tres elementos que deben estar bien armonizados para el buen funcionamiento del gobierno”.[1] Aristóteles se refería a la asamblea deliberante, la cual resuelve sobre los asuntos comunes; a un  grupo de magistrados que tenían la encomienda de resolver sobre ciertos asuntos, y al mando que es por excelencia la característica principal del poder. Esta misma línea de pensamiento fue retomada y desarrollada en el siglo XVIII después de nuestra era, por el británico John Locke, y terminada por el francés Montesquieu a finales de ese siglo. Ambos políticos sentaron las bases de la democracia liberal mediante la división de poderes, la cual consistió en limitar el ejercicio del poder a través de su separación en poder legislativo, ejecutivo y judicial.

En un primer momento, Locke expuso en su Ensayo sobre el gobierno civil que cuando la sociedad civil se organiza políticamente, deposita en el poder legislativo y en el poder ejecutivo una porción de su libertad, así como el uso de la fuerza como medio de autodefensa[2]. Además, refiere la existencia de un tercer poder, al cual denomina federativo que se encarga de las relaciones exteriores como la celebración de tratados, acuerdos de paz, entre otros. Montesquieu expuso de manera más acabada esta teoría, la cual tuvo gran influencia en occidente, a través de su obra El espíritu de las leyes. En ella desarrolló la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, hasta la irrupción del cuarto poder en el siglo XX. El poder legislativo se caracteriza por sus facultades para expedir normas generales dirigidas a determinados grupos de personas, y se ha conformado históricamente en asamblea o en dos cuerpos colegiados denominados cámaras; mientras que el poder ejecutivo se confiere a una sola persona, la cual dispone de todo un aparato estatal que le está subordinado para la administración de los asuntos públicos. Finalmente, el poder judicial es el que ejercen los jueces para resolver conflictos entre particulares, entre particulares y Estado, y entre entes del Estado. Este poder también tiene la función de interpretar el sistema jurídico.

Esta corriente de pensamiento tuvo gran influencia en la configuración del Estado contemporáneo y México no fue la excepción. La Constitución Política de 1917, emanada de un conflicto armado interno, contempló la división de poderes en los términos expuestos por Montesquieu, ya que en su artículo 49 se incluyó como norma constitucional que el poder supremo se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, se recogieron para su configuración las reglas relativas a que no podrían reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder legislativo salvo en casos excepcionales, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 29 de la propia carta magna. Cada uno de los poderes tiene regulaciones expresas en el texto constitucional tanto en su conformación como en sus atribuciones y relaciones.

Destaca en lo que aquí importa, la conformación del aparato gubernamental a cargo del Poder Ejecutivo. En el texto original del artículo 90 constitucional se estableció que, para el despacho de los asuntos de orden administrativo de la Federación, habría el número de Secretarías que estableciera la ley, ésta distribuye los negocios a cargo de cada Secretaría. Este precepto ha sufrido varias reformas que fueron delineando, al calor de los tiempos políticos, la conformación de la Administración Pública Federal. Un cambio relevante que perdura en la actualidad, es la división de la administración pública en centralizada y paraestatal. Las diecinueve Secretarías de Estado conforman la administración centralizada,  mientras que los organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos y entidades públicas con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforman la administración paraestatal.

Las Secretarias que auxilian a la administración del Presidente López Obrador son la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y una Consejería Jurídica[3]. Mientras que la administración paraestatal se conforma por 200 organismos públicos descentralizados[4], entre los que se encuentran 13 Institutos Nacionales de Salud; 13 Centros Públicos de Investigación; 37 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria; 6 Instituciones de Banca de Desarrollo; 2 Instituciones Nacionales de Seguros, y 18 Empresas consideradas Centros Públicos de Investigación.

Surgimiento de los Organismos Constitucionales Autónomos en México

El primer Organismo Constitucional Autónomo en México fue creado en 1993, siendo el Banco de México el primer caso en el cual una serie de actividades que hasta ese momento estaban al mando jerárquico del presidente de la república, fueron extraídas de la competencia del Poder Ejecutivo y reguladas directamente en el texto constitucional para operar de manera autónoma[5].

El Banco de México desarrolla igualmente una alta labor técnica en materia monetaria y también funge como asesor económico del Gobierno Federal. Ese mismo año se expidió ley que establece su naturaleza jurídica, sus funciones y finalidades. En 1999 se otorgó autonomía constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano garante de los derechos humanos y claro contrapeso del Gobierno Federal respecto a casos donde se acusa violencia institucional para ser investigados de manera imparcial por un grupo de expertos ajenos a la administración pública y al poder judicial, emitir recomendaciones resarcitorias y en su caso, establecer medidas de reparación en favor de las víctimas.

En el año 2006 se otorgó autonomía constitucional al INEGI para la generación de información estadística para la toma de decisiones del gobierno en materia económica, social, seguridad entre otros. Al igual que en los casos antes referidos, el INEGI también cuenta con una ley que regula su integración, funcionamiento y atribuciones. Pero el auge de los organismos constitucionales autónomos ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto la cual encontró un apoyo político de los opositores para consolidar la extracción de tareas que tradicionalmente estaban encomendadas a al Ejecutivo Federal.

Durante la primera parte de su administración, se elaboró un paquete de reformas que fueron conocidas como Reformas Estructurales en distintas áreas de la Administración Pública Federal. Así, tenemos que en lo concerniente a la reforma energética tuvo lugar la creación de la Comisión Reguladora de Energía; en la reforma económica se incluyó a la Comisión Federal de Competencia Económica; la reforma educativa trajo consigo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la denominada reforma política-electoral incluyó la creación de tres organismos constitucionales autónomos, a saber, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social quien se encarga de evaluar la política y el gasto mediante políticas sociales, así como de medir la pobreza utilizando como insumos la información generada por el INEGI; la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República como ente de investigación de delitos y procuración de justicia, y el Instituto Nacional Electoral, cuya atribución principal es organizar las elecciones a nivel federal y estatal con ayuda de los organismos públicos locales como se establece en la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, como ha ocurrido en el caso del Estado de Puebla recientemente; la reforma en materia de transparencia dotó de autonomía constitucional al Instituto Federal de  Acceso a la Información Pública y lo convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siento sus tareas principales promover la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de recursos públicos a cargo de los entes del Estado, contribuir al ejercicio del derecho a saber, entre otros. En todos los casos se expidió la ley que regularía su integración, funcionamiento y atribuciones, excepto en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual, según las disposiciones transitorias de la reforma política-electoral, continuaría operando conforme a su decreto de creación, esto es, como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, situación que impera hasta el momento en que se escriben estas líneas.

Poder Incómodo

La inclusión de los Organismos Constitucionales Autónomos en el texto de la ley fundamental implica un desplazamiento en las atribuciones del Poder Ejecutivo y una reconfiguración orgánica del Estado mexicano. Al incorporarse estos entes en el marco constitucional, con el mandato de que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales, modifica formal y materialmente la idea clásica de división de poderes y la idea de cómo debe funcionar el Estado. La implicación directa de este nuevo diseño constitucional del Estado mexicano consiste en que las tareas encomendadas a estos entes, que por su nivel técnico y especialización, no están sujetos a debate político sino que sujetan y contienen la discusión política y en gran medida el quehacer del Ejecutivo Federal. Han significado también, como lo es el coto vedado de los derechos humanos, que no está a discusión política siguiendo el pensamiento de Garzón Valdés; un campo técnico en materia monetaria, en el diseño y evaluación de los programas sociales, en la competencia económica, la transparencia y acceso a la información pública, en la generación de información y estadísticas nacionales, etcetera.

De modo que esta reconfiguración constituye la incorporación de un cuarto poder, el cual está fragmentado en los diez entes que se encuentran previstos actualmente en el pacto federal conforme a su ámbito de competencia y atribuciones establecidas en sus leyes específicas. Según Ugalde, estos organismos encuentran su justificación en la necesidad de despolitizar el funcionamiento de ciertas instituciones que realizan tareas que requieren imparcialidad e independencia para alcanzar mejor sus fines”.[6]

Estos organismos se caracterizan por estar regulados directamente en el texto constitucional al igual que los demás poderes, es decir, con reglas para su conformación y atribuciones específicas, pero con la diferencia de que se trata no de un poder que descansa en una persona como ocurre con el Ejecutivo, o en dos cuerpos Colegiados llamados cámaras o en una asamblea como sucede con el poder legislativo. El cuarto poder tampoco está estructurado jerárquicamente como ocurre con el poder judicial, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolla criterios jurisprudenciales que son obligatorios para resto de tribunales y jueces del poder judicial.  Se trata de estructuras orgánicas con diseños institucionales cuyos puestos principales son designados ya no por el titular del Ejecutivo Federal, sino por la Cámara de Senadores o Diputados, mediante lista de candidatos remitida por éstos.

Las actividades y tareas encomendadas a los organismos constitucionales autónomos en un primer momento formaron parte del quehacer gubernamental, como lo es la política monetaria que inicialmente era una tarea encomendada a una sociedad anónima operada por el Gobierno Federal; el INEGI surgió como la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio a finales del siglo XIX; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emanó de una Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social; los orígenes del Instituto Nacional Electoral se remontan al diseño estatal previsto en la constitución de 1917, donde se estableció una estructura institucional encargada de organizar y calificar los comicios y que posteriormente estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación a partir del 1946 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y así cada uno de los demás organismos autónomos. No extraña entonces que a partir del primero de diciembre de 2018 exista un permanente cuestionamiento a este modelo de Estado que en muchos casos regula y limita el ejercicio del poder mediante la generación de información y modelos técnicos para la elaboración de políticas públicas para el desarrollo social, la educación, la transparencia y rendición de cuentas, la investigación y sanción de la violencia institucional y vigilancia de los derechos humanos, etcétera.

Por otra parte, existen críticas a este modelo de división de poderes y diseño de Estado, de las cuales destacan la ausencia de medios de control; escasa regulación de las relaciones de coordinación entre estos entes y los demás poderes; ausencia de rendición de cuentas y predominio de la autorregulación[7]; carencia de legitimidad democrática al no ser producto de la voluntad de los ciudadanos mediante las urnas; y el crecimiento del aparato gubernamental. Por ejemplo, en materia de desarrollo social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social regula la manera en la cual deben realizarse las evaluaciones a los programas sociales mediante modelos de términos de referencia y ciertas pautas metodológicas; y además, las distintas dependencias del gobierno federal que cuentan con programas de desarrollo social mantienen unidades de evaluación en su estructura orgánica; algo similar pasa con todo el aparato burocrático existente en materia de derechos humanos y en lo referente al acceso a la información, especialmente en las instituciones de seguridad y en cada dependencia federal respectivamente.

Reflexiones finales

La actual configuración constitucional del Estado mexicano descansa sobre la idea de que, ciertas tareas deben ser extraídas del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo Federal y trasladadas a instituciones que otorguen certeza técnica e imparcialidad. La respuesta a estas necesidades ha sido construida, desde 1993, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos y la sujeción de la actividad gubernamental ya no solo a los principios constitucionales, sino también a las opiniones, actividades y resultados de las instituciones que hoy configuran un cada vez más robusto cuarto poder.

Es necesario analizar si la certeza e imparcialidad buscadas se pueden obtener únicamente mediante este diseño de Estado, es decir, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos que componen el cuarto poder; o si se requiere rediseñar la estructura del poder Ejecutivo Federal para que sea capaz de otorgar certeza técnica e imparcialidad e inclusive si algunas de las actividades que hoy realizan estos entes pueden ser encomendadas al Poder Legislativo.

Finalmente, el cuarto poder resulta incómodo para el ejercicio y desarrollo del programa político del Ejecutivo Federal debido al desplazamiento en sus atribuciones en algunos casos, y al sometimiento del quehacer gubernamental en otros, como ocurre en tratándose de rendición de cuentas y transparencia, gasto público eficiente, vigilancia acerca del respeto a los derechos humanos, etc. a cargo de los Organismos Constitucionales Autónomos.


[1] Aristóteles, La política, Editorial Época. México, 2000, libro IV.

[2] Cfr. Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

[3] Relación de dependencias establecida en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública reformada el 30 de noviembre de 2018.

[4] Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2018.

[5] En el panorama internacional destaca el caso de las Agencias Administrativas Independientes de los Estados Unidos de Norteamérica surgidas en 1887 principalmente como entes reguladores en temas comerciales y económicos, los cuales aunque están adscritos al Poder Ejecutivo cuentan con autonomía jurídica y deben su legitimidad precisamente a su labor técnica. Véase Pomed Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993. p. 123.  Mientras que en 1994, Argentina incluyó en su Constitución a los Organismos Constitucionales Independientes como “instrumentos de control constitucional sobre el Gobierno Federal” los cuales al igual que en México no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales. Véase Pérez Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013. p. 209.

[6] Ugalde, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

[7] Este nuevo modelo político se aparta de los principios que han regido teóricamente el actuar de la administración pública: seguridad jurídica. Véase Zeind, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017. P. 426.

Referencias

ARISTÓTELES, La política, Editorial Época. México, 2000,

LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

PÉREZ Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013.

POMED Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993.

UGALDE, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

ZEIND, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017.

El juego de ruleta de Enrique Peña Nieto (Una desgastada administración pública)

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por Jacqueline Miranda De los Santos

El derecho administrativo es el derecho constitucional de todos los días
Ignacio Ramos Espinosa

El derecho administrativo y por ende la administración pública son dentro del mundo jurídico materias que constantemente están en movimiento, respondiendo a la irritación del sistema social. Finalmente constituyen una parte importante del subsistema jurídico.

Antes de adentrarme en la parte medular del trabajo, me centraré en algunas generalidades para comprender de mejor manera a la administración pública en nuestro país.

La satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa se realiza fundamentalmente por el Estado.

Para ese objetivo éste se organiza en una forma especial adecuada y sin perjuicio de otras organizaciones realicen excepcionalmente la misma función administrativa.[1]

La organización que explica Gabino Fraga constituye la administración pública, es posiblemente la parte más importante de uno de los poderes en los que encontramos depositada la soberanía del Estado.

Las formas en que se organiza la administración pública desde la doctrina son las siguientes: centralización, desconcentración y la descentralización. Por otra parte la Constitución (artículo 90) y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 1) contempla la siguiente forma de organización: centralizada y paraestatal.

En cuanto a la centralización podemos establecer lo siguiente:

“En la centralización administrativa toda acción proviene del centro, por ello, los órganos centrales monopolizan las facultades coactivas, las de decisión y las de designar a prácticamente todos los agentes de la administración pública. La fuerza pública, o sea, la fuerza armada, está totalmente centralizada; lo mismo ocurre con el poder de decisión y la facultad de designar a los funcionarios o agentes de la administración, la cual no se deja a la elección popular ni, salvo excepciones, se otorga a cuerpos especiales.”[2]

Esta definición del Dr. Fernández Ruiz exalta la monopolización de facultades, por ende esta forma de organización administrativa resulta ser una de las más importantes para el Poder Ejecutivo Federal. La importancia de las personas que ocupan los cargos principales es tal, que como se hace mención en la cita el poder de nombramiento es únicamente para el presidente.

Por otra parte la administración en su forma de descentralización es explicada  de la siguiente manera:

 “La descentralización alude a un sistema propenso a transferir de un determinado centro de toma de decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan en una situación de cierta subordinación, más no en una relación de jerarquía respecto del centro.

(…)

En este orden de ideas, la descentralización administrativa es una tendencia organizativa de la administración pública, conforme a la cual se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes que se les otorga autonomía orgánica relativa, respecto del órgano central para encargarles actividades administrativas”[3]

Por último abordaremos el concepto de desconcentración administrativa.

“Algunos autores como Th. Ducrocq consideran la desconcentración administrativa como una modalidad de la descentralización administrativa, de ahí que también se le conozca como descentralización burocrática, funcional o jerárquica; otros, como Enrique Silva Cimma, por el contrario, la entienden como una variante de la centralización administrativa. No falta quienes, como Marcel Wallin, afirmen que la desconcentración no es más que una pseudodescentralización.

En la desconcentración administrativa, la normatividad, la planeación y el control permanecen centralizados, no así la tramitación y la facultad decisoria, que transfiere al órgano desconcentrado. Esta desconcentración admite diversas modalidades entre las que destacan dos: la vertical, también llamada interna o por materia; y la horizontal, que algunos autores denominan periférica o territorial”[4]

De acuerdo con el Doctor Fernández Ruiz la principal diferencia entre la descentralización y la desconcentración radica en que en la desconcentración administrativa se da una delegación o transferencia de facultades entre dos órganos de un mismo ente o persona, en tanto que en la descentralización por servicio, la delegación o transferencia de facultades y competencia se registra entre dos personas diferentes. Además la relación entre los órganos es de jerarquía en la desconcentración y de tutela en la descentralización.

Ahora bien, cada presidente al iniciar su sexenio tiene la libertad de designar en cada secretaría a un titular que lo ayudará a desarrollar las actividades que han de ser eje durante su sexenio, estas aspiraciones son plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

De la misma forma y atendido a las necesidades de la realidad social pueden hacerse modificaciones para crear o extinguir secretarías; es común que este fenómeno ocurra constantemente.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las secretarías de Estado estaban constituidas de la síguenos manera:

  • Jefe de la Oficina de la Presidencia
  • Secretaría de Gobernación
  • Secretaría de Relaciones Exteriores
  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Secretaría de Marina
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  • Secretaría de Programación y Presupuesto
  • Secretaría de Desarrollo Social
  • Secretaría de Pesca
  • Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
  • Secretaría de Comercio y Fomento a la Industria
  • Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes
  • Secretaría de la Contaduría General de la Federación
  • Secretaría de Educación Pública
  • Secretaría de Salud
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social
  • Secretaría de la Reforma Agraria
  • Secretaría de Turismo
  • Procuraduría General de la República
  • Departamento del Distrito Federal

Durante este periodo presidencial los órganos administrativos centralizados más importantes fueron la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Programación y Presupuesto, siendo esta última uno de los pilares para las áreas económicas y fiscales del país.

Mientras que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León la configuración de la administración pública era la siguiente:

  • Secretaría de Gobernación
  • Secretaría de Relaciones Exteriores
  • Secretaría de la Defensa Nacional.
  • Secretaría de Marina
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Secretaría de Desarrollo Social
  • Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
  • Secretaría de Energía.
  • Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  • Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
  • Secretaría de Educación Pública
  • Secretaría de Salud.
  • Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
  • Secretaría de la Reforma Agraria.
  • Secretaría de Turismo.
  • Departamento del Distrito Federal.

Existe en este periodo presidencial la extinción de dos secretarías importantes que fueron pilar dentro del periodo presidencial anterior, las funciones contenidas en la Secretaría de Programación y Presupuesto pasan en su mayoría a ser conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tras la transición política del PRI al PAN, los cambios en este sector son más evidentes y notorios. En el período presidencial De Vicente Fox la administración pública centralizada queda constituida de la siguiente forma:

  • Secretaría de Gobernación.
  • Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Secretaría de la Defensa Nacional.
  • Secretaría de Marina.
  • Secretaría de Seguridad Pública.
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Secretaría de Desarrollo Social.
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
  • Secretaría de Energía.
  • Secretaría de Economía.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • Secretaria de Educación Pública.
  • Secretaría de Salud.
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
  • Secretaría de la Reforma Agraria.
  • Secretaría de Turismo.
  • Consejería Jurídica

La Secretaría de Seguridad Pública es una de las insignias más importantes de los gobiernos panistas, esta nueva secretaría absorbe muchas de las funciones de Secretaría de Gobernación. Para muchos estudiosos del derecho administrativo y personas afines al PRI, esta es una de las peores decisiones, sin embargo, este órgano administrativo toma mayor relevancia en el siguiente periodo.

En cuanto al periodo de ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa podemos decir que fue de la siguiente manera:

  • Secretaría de Gobernación.
  • Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Secretaría de la Defensa Nacional.
  • Secretaría de Marina.
  • Secretaría de Seguridad Pública.
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Secretaría de Desarrollo Social.
  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • Secretaría de Energía.
  • Secretaría de Economía.
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  • Secretaría de la Función Pública.
  • Secretaría de Educación Pública.
  • Secretaria de Salud.
  • Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
  • Secretaría de la Reforma Agraria.
  • Secretaria de Turismo.
  • Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La administración pública de Felipe Calderón Hinojosa, buscaba en un principio generar empleos, sin embargo esto cambia radicalmente al notar que México se hundía en una situación de inseguridad, el problema radica en una constante lucha entre el titular de la SEGOB y de la SSP por controlar ciertas políticas internas, además del casi nulo empate entre sus órganos y las estrategias de la milicia. Otro aspecto importante es que en un intento por controlar la corrupción del país se creó la Secretaría de la Función Pública, la cual al ser parte de la administración pública central, nunca alcanzó su objetivo esencial.

El juego de la administración pública federal y el éxito de ésta depende casi un noventa por ciento de la comunicación que existe entre el titular del ejecutivo federal y los titulares de cada órgano administrativo.

Con el retorno del PRI a Los Pinos el panorama era un tanto evidente, las modificaciones hechas a la LOAPF y por ende a las Secretarías de Estado serían revertidas. La actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra constituida de la siguiente forma:

  • Secretaría de Gobernación
  • Secretaría de Relaciones Exteriores
  • Secretaría de la Defensa Nacional
  • Secretaría de Marina
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  • Secretaría de Desarrollo Social
  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  • Secretaría de Energía
  • Secretaría de Economía
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes
  • Secretaría de Educación Pública
  • Secretaría de Salud
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social
  • Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
  • Secretaría de Turismo
  • Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Desde el inicio de su gestión hasta la fecha han existido diversas modificaciones que parecen ser una cuestión desatinada, los titulares de cada dependencia pasan de un cargo a otro realizando diversas actividades un tanto distintas a su área de conocimiento, pareciendo esto un juego de ruleta en el que no hay consistencia.

Para comprender cabalmente el problema de esta inconsistencia en la administración pública del ahora presidente, será necesario hablar de la situación de Luis Videgaray Caso actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la experiencia de Videgaray se centra en temas hacendarios, y fue por ende titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La inexperiencia puede quebrantar la ligera línea de posicionamiento de México no sólo con Estados Unidos sino con el mundo. Parece que el trumpezar cotidiano de Videgaray tiene costos no sólo para él sino también para el presidente mexicano.

Por otra parte la desacreditación constante de Enrique Peña es otro efecto de su mal juego en la administración pública, ya no es una figura presidencial, sino el meme nuestro de cada día.

En este juego de la administración pública, quiero hablar de la Secretaría de Gobernación que al menos para los gobiernos priistas ha sido la columna vertebral de cada uno de sus sexenios, la elección del presidente fue nombrar a Osorio Chong uno de los pocos titulares que no ha pasado al juego de ruleta, sin embargo la relación entre estos dos no parece muy cercana sino por el contrario algo distante. Es evidente que la mano derecha del presidente es el ahora canciller Luis Videgaray.

La última pieza en movimiento del torpe ajedrez de Enrique Peña Nieto, fue la denominada Virgilio Andrade, ¿realmente era necesario mover esa pieza? Es quizá como dejar que la reina sea comida por un peón, pero así ha sido este extraño mover cotidiano del presidente. Se juega las últimas posibilidades mintiéndose incluso a sí mismo para no creer que es, lo que él y la sociedad mexicana ya sabemos que es. ¿Será que como siempre todo queda entre amigos?

El desgaste que ha sufrido la administración pública y la figura presidencial nos lleva a pensar en que es necesario realizar modificaciones a la vieja Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y repensar en disminuir el abuso de los órganos administrativos, por ende quizá sea necesario apostar a otras figuras administrativas que apoyen con cada una de las metas presidenciales, es decir con los planteado por el PND.

Por otra parte lo que resta de tiempo a Enrique Peña como titular deberá ser para jugar un papel más íntegro y los pocos movimientos que queden para él sean estrategias firmes y contundentes que ayuden a mantener en flote a nuestro país ante la situación de constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

Finalmente el juego de Enrique Peña Nieto lo llevó a una decadencia que muy posiblemente no coloque de nuevo a un candidato del PRI a la presidencia.

Las reglas de la administración pública evolucionan con los intereses de la sociedad, y claramente atienden a la realidad de cada sistema, la funcionalidad y éxito de esta se basa en el entendimiento de las necesidades de cada aspecto así como de saber jugar bien con los elementos que se tienen a favor, quizá el ajedrez para nuestro actual mandatario no sea de su agrado, quizá lo sea más un juego de ruleta.

[1] Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, 48a edición, México, Ed. Porrúa, 2012. p. 111

[2] Fernández Ruiz, Jorge, Derecho Administrativo, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, McGRAW-HILL, México 1997.p. 168

[3] Fernández Ruiz, Op Cit Nota 2

[4] Ibídem

Donald Trump presidente, una explicación desde Niklas Luhmann

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El martes 8 de noviembre la mayor parte de la sociedad mexicana -irónicamente- estaba pendiente de los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos y la gran mayoría apostaba a que este cargo lo ocuparía Hillary Clinton. Pienso que este posicionamiento por parte de la población posiblemente se deba a que ella no habló de un muro que “pagaremos” los mexicanos. Tras el resultado que en verdad muy pocos esperaban, la situación comenzó a llevarse por un vórtice de cuestionamientos sobre la sociedad estadounidense: ¿por qué ellos -del primer mundo desde su óptica- eligen a alguien como Donald Trump?[1], ¿Por qué mujeres votarían por alguien misógino?, ¿Qué les pasó a los latinos? El problema comienza a instaurarse cuando las sociedades externas a ese país creen que ellos son la sociedad más avanzada;  la verdad es que no. Como en toda sociedad hay diferentes sectores que la componen y que interactúan entre sí, de esta forma se generan intercambios culturales, no debe verse sólo  a la sociedad letrada, porque en la realidad, el todo o nada de la comunidad es también la parte racista, misógina, y cerrada.

Brevemente haré referencia a un aspecto que responde a la pregunta de ¿qué pasó con las encuestas? Dos puntos responden de forma concreta: primero las encuestadoras no supieron cómo medir o tomar en cuenta  a las personas que aún no se definían, que sentían pena por su decisión, por otra parte no se contempló que la sociedad afroamericana no se sentía representada ni por Donald ni por Hillary, siendo este un sector importante, que en las elecciones de 2008 dieron la victoria a Obama.

Muchas son las razones que dan una justificación a la situación real que hoy se vive en ese contexto, sin embargo usare la teoría de Luhmann para poder expresar una opinión que permita estar más cerca de la realidad que hoy se vive en Estados Unidos y el resto del mundo.

Usaré la teoría desarrollada en El derecho de la sociedad como referente para expresar mi análisis. Desde un inicio se advierte que esta teoría es compleja por los elementos que han de desarrollarse, es prácticamente una teoría de comunicación entre diversos sistemas que se encuentran dentro de un sistema madre, estos sistemas son denominados como sistema social, sistema económico, sistema político y sistema derecho. Dentro de esta complejidad de sistemas que interactúan entre sí surge la autopoiesis como una forma de renovación constante de los sistemas.

La comunicación entre los sistemas lleva en muchas ocasiones a la irritación y a que determinado sistema se abra o se cierre ante cierta problemática con su información respectiva que podrá procesar de forma íntegra, de forma parcial o bien no podrá ser procesada y ésta deberá regresar al sistema de origen; en esta selección de información cada sistema atenderá a criterios y reglas internas.

Debo hacer mención que una de las críticas a la teoría de Luhmann consiste en dejar fuera al ser humano, puesto que los sistemas siguen funcionando conforme al criterio de comunicación, un individuo no puede generar un cambio significativo en los sistemas; es posible pensar que los hombres que ocupan determinadas posiciones de poder pueden ser sustituidos por otros que jueguen un rol similar, de acuerdo a las reglas del sistema.

Esto sin lugar a dudas, genera un cambio de paradigmas en la forma de atender a la problemática que surge, pues el derecho y las teorías que lo posicionan como la única forma de atender las cosas negativas deja de ser el criterio común y empieza a surgir una visión integral de los conflictos que acontecen diariamente. Jugamos por lo tanto un rol de observadores para comprender las aristas del problema.

En lo particular me imagino -aunque Luhmann plantea su teoría similar a sistema biológico- como un cubo rubik el cual posee diversas caras que para volver a posicionar de forma correcta, hay que colocar cada pieza en su lugar , esto llevará a un constante movimiento de las piezas interactuando rojas con azules, azules con amarillas, rojas con blanco; cada movimiento lleva y trae información que finalmente después de un desastre lleva a la armonía, pero solo a través de la comunicación entre las caras del rubik, metáfora de los sistemas desde la teoría de Luhmann, de la apertura a información y de la clausura de ciertas aspectos que no pueden ser procesados. Las caras quedan armadas y el sistema se vuelve armónico hasta el próximo conflicto. Pero esta es quizá una manera vulgar de explicar tanta complejidad.

Retomando el motivo por el cual estoy escribiendo, la presidencia de Trump, iniciare esta explicación desde el sistema social.

Hemos dejado de contemplar por muchos años a los estados centrales de Estados Unidos dónde podemos considerar que la sociedad sufre un tipo de ceguera (aclaro en este punto que este es un estudio de heteroreferencia) donde la población busca que la clase estadounidense, es decir la gente blanca[2] (me refiero únicamente a este sector de la población no a toda la sociedad en general) a retome las condiciones de una buena posición económica, donde un presidente no sea de tez oscura y mucho menos donde sea una mujer quien tome las principales decisiones, esta es una región donde el odio a los mexicanos y los latinos predomina tras discursos de generaciones anteriores que retoma Donald Trump como figura del sistema político y dice justo los que necesitan oír. En palabras de Karla Paniagua[3], la figura hipermasculina de Trump recuerda al magnetismo animal figura usada por Sigmund Freud para describir al padre en Tótem y Tabú, es el padre que la mayoría de los ciudadanos necesita para restaurar el viejo Estados Unidos, aquel sueño lejano donde toda nación temía al grande, así el discurso de Trump se ajusta a la demanda de la mayoría dentro del sistema social.

Las promesas políticas en torno a lo económico hacen que gran parte de la sociedad justifique los mensajes xenófobos, sexistas y racistas, aunque pueda parecer el clásico discurso molesto de los economistas, muchos buscamos el máximo beneficio al menor esfuerzo, lo mismo aquí gran parte de la sociedad prefiere sacrificar a ciertos sectores de la sociedad por un beneficio económico, porque después de todo el principio de racionalidad en favor de uno mismo existe aunque irónicamente parezca algo lejano a lo racional. Ya lo sabíamos, esto es la viejísima Ley de Herodes, ¿a caso la sociedad mexicana al sur del país no  hace lo mismo con los inmigrantes de Centroamérica? No podíamos esperar que ellos buscarán la comodidad de los inmigrantes cuando hay problemas en el sector económico.

Una molestia de la sociedad, problemas financieros para gran parte de la misma común de ese país, una ruptura entre los ideales políticos y un discurso que la mayoría, o al menos poco más del 50 % de los votantes necesitaban escuchar, hace que el sistema social irrite de tal forma al sistema político y económico que hoy en día el presidente de Estados Unidos lleva el nombre de Donald Trump; en cuanto al sistema derecho los procesos comienzan cuando el nombre al noveno juez que resta, ¿qué es lo que se tema y prevé que ocurra ? En primer lugar que cambie la decisión en torno al matrimonio igualitario, sin embargo considero que está es un posición que difícilmente se cambiará.

También se teme que no se siga considerando la recomendación de la oficina de Obama la cual permite a los estudiantes hacer uso de espacios como sanitarios y vestidores de acuerdo a su identidad y expresión de género. La ideología de Trump puede significar un retroceso en este reconocimiento que el derecho a realizado hacia los jóvenes estudiantes. Como un último elemento que yo considero relevante, está Affordable Care Act, conocido popularmente como Obamacare si se rechaza significa dejar en el olvido las políticas públicas anti-discriminación.

La pregunta es si después de la renovación del sistema derecho, el sistema en general podrá tener armonía y  la respuesta es no, quizá tras el movimiento del sistema derecho y la clausura operacional así como de la devolución de lo no procesable, los demás sistemas se irriten generando una oleada de cambios, los cuales no sólo serán para el sistema norteamericano sino para otros sistemas de muchos países que al igual que México interactúan con ellos.

 

 

[1]Para una mejor comprensión del lector se sugiere leer también

Illades, Esteban (9-noviembre-2016) Donald Trump presidente, Revista Nexos consultado en: http://www.nexos.com.mx/?p=30160

[2] La mayor parte de la sociedad blanca de Estados Unidos fue la que voto por Donald Trump, sin embargo puede verse que otros sectores de su población también lo hicieron en el siguiente link: http://www.dw.com/es/qui%C3%A9n-vot%C3%B3-por-donald-trump/a-36343025

[3] http://economia.nexos.com.mx/?tag=donald-trump