Las desigualdades y brechas de género al interior de las organizaciones de derechos humanos

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Feminismos y equidad de género

Por Liliana Trejo[1]

trejo.lilith@gmail.com

Resumen

Este artículo expone una denuncia colectiva por acoso sexual realizada por un grupo de mujeres profesionales contra el personal de una organización social de derechos humanos en la que laboran, en El Salvador. El propósito de esta descripción es evidenciar la violencia y discriminación por razón de sexo que se comete contra las mujeres en estos espacios y generar reflexiones sobre el manejo que hacen las instituciones de esta índole en situaciones de acoso sexual a manera de identificar las dinámicas que ensanchan las brechas de equidad y las condiciones de desigualdad en el mundo laboral de las mujeres.

El acoso sexual. Recorrido al marco legal y a la perspectiva crítica feminista

Las convenciones y tratados internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres[2], desplegaron dispositivos legales y políticos que posibilitaron la implementación y modificación de marcos legales para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres en todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el caso específico de El Salvador en materia de los derechos de las mujeres, es importante resaltar que, si bien la normativa internacional impulsó al Estado a acoplar su agenda pública a la transversalidad del enfoque de género, la contribución del movimiento feminista salvadoreño, desde su surgimiento en las postrimerías del conflicto armado salvadoreño (1992), fue clave para la creación de un marco jurídico que posiciona y ampara a las mujeres como sujetos políticos de derechos. De esta forma, en el 2011 en medio de un contexto político favorable en el que por primera vez la izquierda partidaria triunfa en las elecciones presidenciales (2009-2014), entra en vigencia la  Ley Especial Integral para la una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación contra las Mujeres (LEI). De estas leyes se desprende un marco conceptual y legal que nombra los tipos de violencia hacia las mujeres y establece las directrices y funciones de las instancias gubernamentales para la prevención y actuación de los mismos.

En lo que respecta al acoso sexual, el Código Penal lo define como: “una conducta social indeseada por quien la recibe, que implica frases, tocamientos, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años” (Ley 1030, 2010, art. 165). Asimismo, la legislación internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al acoso sexual como una expresión de violencia y lo clasifica de dos maneras: “«acoso sexual quid pro quo» o «acoso sexual en un entorno de trabajo hostil». El acoso sexual quid pro quo se produce cuando la obtención de una prestación relacionada con el trabajo (un aumento de sueldo, una promoción o incluso la continuidad del empleo) queda condicionada a la participación de la trabajadora o el trabajador en algún tipo de actividad de naturaleza sexual. El acoso en un entorno de trabajo hostil comprende las conductas que crean un ambiente de trabajo desagradable y ofensivo. Abarca comportamientos y alusiones basadas en el sexo, generando condiciones de empleo humillantes e intimidantes que influyen en las labores de las personas” (OIT, 2016).

 La caracterización del acoso sexual desde estos marcos legales representa un escalón imprescindible para su erradicación, y a la vez, un importante avance en el proyecto de sociedad con condiciones igualitarias para mujeres y hombres. No obstante, la teoría de género contiene conceptos y metodologías que permiten visibilizar la violencia hacia las mujeres, en este caso el acoso sexual, como práctica cultural que no se limita al espacio laboral, pues su objetivo consiste en ensanchar las brechas de equidad y las desigualdades de género al reafirmar el poder tradicionalmente asignado a los hombres sobre los cuerpos de las mujeres.

En este sentido, la perspectiva feminista sitúa al centro de la reflexión las experiencias de las mujeres y la construcción social de lo femenino en el contexto de interacción en el que se desenvuelven, siendo vital la enunciación de las condiciones sociales, de clase, étnicas, generacionales, religiosas y  políticas que atraviesan a las mujeres con el propósito de aprehender la complejidad cultural de sus realidades particulares (Castañeda 2010; Lagarde, 2015).

El acoso sexual al interior de una organización social de derechos humanos

“Creer en que vamos a ser tratadas como iguales forma parte de nuestra cultura política y de nuestro equilibrio psicológico. Cuando la desigualdad se manifiesta o se hace evidente, el dolor y la frustración son grandes, pero mientras se puedan ignorar, la mayor parte de las mujeres se conforman y buscan su camino en un mundo laboral donde ya no son una minoría, aunque su posición siga siendo más vulnerable” (GEA 21, 2009)

La descripción que se presenta a continuación surge a partir de una consulta con un grupo de mujeres que trabajan en organizaciones no gubernamentales, sobre las brechas de equidad que enfrentan en sus trabajos; en este proceso se identificó un caso particular que permite evidenciar las expresiones de discriminación sexista y los retos de las organizaciones sociales para garantizar a las mujeres el acceso a condiciones justas e igualitarias. A petición del grupo se reserva los nombres de las personas y de la institución involucrada y toda información que vulnere su integridad y seguridad.

Cuando se habla de acoso sexual laboral muchas veces se tiende a pensar en escenarios concretos: sector de servicios y comercio y mujeres particulares: pobres, en posiciones laborales desvaloradas, bajo nivel educativo, perteneciente a grupos étnicos, entre otros. Esto supone además, una presunta “igualdad” alcanzada por aquellas mujeres que tienen diferentes condiciones: ingresos económicos fijos y dignos, estudios superiores, profesionales, en puestos de poder y con formación en género. Sin embargo, el acoso sexual hacia las mujeres no repara en las condiciones diferenciales en las que están insertas, al contrario, toma matices propios a cada condición, a manera de legitimar el poder de y entre los hombres sobre las mujeres y mantener las brechas de desigualdad en cada contexto.

El caso particular de acoso sexual que se aborda en este artículo, efectivamente fue vivenciado dentro de una organización conformada mayoritariamente por mujeres profesionales del área de humanidades y de salud, todas jóvenes, solteras y sin hijos; pocas con formación en género y responsables de ejecutar las actividades de campo de los proyectos, es decir, en puestos medios si lo vemos desde la jerarquía institucional. Su labor en campo impedía el encuentro frecuente entre las mujeres, al grado de desconocer las actividades que ejercían las demás. Los pocos hombres de la institución estaban situados principalmente en puestos de mando y de control de los recursos materiales y financieros, es decir, puestos estratégicos para la ejecución de actividades.

El ambiente laboral comenzó a tornarse violento por las actitudes de hostigamiento laboral hacia las mujeres: se cuestionaba con alevosía las actividades técnicas de las mujeres, registraban el mínimo error o imprevisto en campo para luego acusarlas a sus espaldas, no respondían a tiempo las solicitudes logísticas de las actividades lo que provocaba fricción con las instituciones contrapartes, utilizaban los espacios de la oficina como su territorio personal al colocar artículos de personales en los baños, dejar la tapa del inodoro abierta, escuchar música a todo volumen, y a la vez, se incrementaron las manifestaciones de acoso sexual a través de miradas lascivas y comentarios de contenido sexual dirigido a las mujeres cuando estaban solas o en la presencia de otros hombres, acercamientos indebidos, bromas y comentarios sexistas y una recurrente ridicualización de los procesos de sensibilización en género y de masculinidades que habían sido impartidos al personal de la institución años atrás.

Tras la renuncia de una compañera, por razones aparentemente familiares, todas las mujeres tuvieron la oportunidad de reunirse y conversar sobre lo sucedido, sin imaginar que en  la conversación surgiría las experiencias del acoso laboral y sexual como un problema colectivo compartido y no individual como creían. Inmediatamente la fuerza y la indignación del grupo las llevó a interponer una denuncia con las jefaturas de la institución, quienes de inmediato programaron reuniones individuales para conocer la experiencia de cada una. A pesar de que pocas mujeres no compartieron la medida, pues el acoso sexual es una conducta legítima y “natural”, el  problematizarlo y denunciarlo no es tarea sencilla para muchas mujeres y peor frente a otros hombres.

El manejo institucional a raíz de la denuncia, arrojó datos interesantes en relación a las condiciones que propician las inequidades y desigualdades en la oficina, por ejemplo: el pacto entre hombres. Fueron pocos los hombres que no cometieron conductas violentas directamente hacia las mujeres, pero fueron testigos cuando sucedían y las legitimaron con su silencio al no interferir, entre ellos algunas jefaturas que pretendieron demencia cuando se les preguntó por qué no hicieron nada al respecto. Parte de este pacto fue también dirigir un correo con copia exclusivamente a las mujeres en el que se adjuntaba el reglamento interno de prevención y actuación en casos de acoso sexual, excluyendo a los hombres, como un mensaje para las mujeres de cómo se debe actuar según un manual desactualizado. Ante esto algunas pronunciaron para alegar que el tema del acoso era un problema que involucra a mujeres y a hombres y que por tanto, debía compartirse las directrices a los hombres acusados.

Falta de transparencia en el proceso

Se realizaron reuniones por separado, mujeres con jefaturas por un lado y hombres con jefaturas por otro. Jamás se expuso lo que se discutía en cada parte, ni mucho menos se programó una reunión mixta, generando obviamente un clima de tensión e incertidumbre, de temor sobre todo para los hombres por posibles despidos, quienes cambiaron sus actitudes con las mujeres al establecer relaciones estrictamente laborales y responsables, como debía ser desde el inicio. Las mujeres en cambio, procuraron reuniones fuera de la oficina para discutir los posibles escenarios de solución y pensar en estrategias para protegerse de posibles represalias de parte de las jefaturas involucradas y los actores directos, al final de cuentas ellos mantenían el control de los recursos institucionales y no les importaba afectar las actividades.

Las aliadas del patriarcado

Después de semanas intensas de incertidumbre por la falta de soluciones concretas de parte de las jefaturas y un ambiente laboral tenso, la unión de las mujeres comenzó a mermar, algunas comenzaron a establecer alianzas con los hombres, reuniéndose a escondidas para comunicarles lo que el grupo de mujeres discutía en las reuniones fuera de la oficina y dejaron a asistir a las reuniones que se programaban con el propósito de desvincularse de acciones que mantuvieran firme al grupo en una situación tan repudiable.

Las jefaturas consultaron al grupo de mujeres si tenían propuesta para salir de esta problemática, este momento fue curioso, pues la mayoría de las mujeres a pesar de la indignación, el enojo y posiblemente el miedo, propusieron una resolución de conflictos mediante la programación de reuniones de convivencia. Pocas aludieron a la gravedad de lo sucedido y a la necesidad de una sanción simbólica, monetaria o despido, pero la mayoría de las mujeres reaccionó al sugerir que se pensara en las consecuencias económicas de las familias de los acusados y en la radicalidad de esa propuesta.

La trivialización de los sucesos

La forma más sencilla para desacreditar la indignación y la vulneración de los derechos de las mujeres fue darle largas al proceso, responsabilizar y culpabilizar a las mujeres por la probabilidad de despidos debido a la “exageración” de sus denuncias. Este desgastante proceso diluyó la fuerza del colectivo y las pocas que resistieron, señalaron sus acciones como actos personales intencionales contra los hombres que no respondían a asuntos de oficina o porque simple y sencillamente eran feministas y odian a los hombres, desvirtuando el proceso de denuncia.

Reflexiones finales

La desacreditación de la denuncia por acoso sexual generó molestia e indignación no sólo porque no fue reconocida como violencia sino también por proceder del personal de una organización de derechos humanos, lo cual representa una falla por parte de los organismos no gubernamentales cuyo rol es proporcionar y velar por el cumplimiento de las políticas administrativas estatales ¿se debe esto a una incongruencia de valores institucionales o es parte de los tentáculos del machismo manifestándose al interior de estos espacios?

Al hacer retrospectiva de esta situación comprendo que el silencio inicial ante el acoso sexual y laboral del grupo, entre ellas algunas feministas, estuvo influenciado por situaciones reales y de peso: la inestabilidad laboral en un contexto social de precariedad y su experiencia de trabajo, impulsando las políticas nacionales de género, las hace conocedoras de la debilidad institucional y la prevalencia de sesgos moralistas ante situaciones de violencia hacia las mujeres ¿cómo denunciar entonces la incomodidad de silbidos, de comentarios falocéntricos, miradas que desnudan y actitudes con intenciones claras de desacreditar su trabajo? Parecer más fácil ser estratégica e ignorar lo que sucede alrededor, pues interponer una denuncia es un proceso emocionalmente desgastante y la indignación y rabia carcome los cuerpos de aquellas que se quedan solas enfrentando las tensiones que implica, al final de cuentas no estamos tan lejos de la realidad de las mujeres del medio oriente: se necesitan dos o más mujeres para hacer valer la opinión de una.

Rescato la importancia de la unión de las mujeres para realizar cambios sustanciales en la cotidianidad laboral, los cuales se encaminaron a disminuir las brechas de equidad y desigualdad de género, al despertar cierto grado de confianza en ellas mismas, lo que les permitió identificar la violencia de los actos aparentemente “comunes”, a protegerse mutuamente y a comprender, tratando de no juzgar, las razones del por qué unas se vuelven aliadas de los hombres, pues han aprendido que el poder está a su lado y no conciben posibilidades de cambio desde ellas mismas.

Un resultado palpable de esa unión colectiva, aunque fugaz, fue haber incidido en el cambio de conductas de acoso, a pesar que no se debió a un proceso de reflexión personal sino al miedo a perder sus trabajos y a la latente amenaza de las mujeres a hacer una denuncia pública contra la institución si la situación se repite. Esto me hace reflexionar sobre los argumentos de los hombres ante el acoso, usualmente se excusan con que “era broma”, pero en realidad parecen estar muy conscientes del poder asignado a su género, el cual reconocen y utilizan cuando se sienten amenazados por el avance de las mujeres, como diría Begoña Perla (2001) los hombres que están cercanos a puesto de desvalorización laboral cuando ven a las mujeres en puestos no tradicionales, les despierta la amenaza y el temor a la feminización, aferrándose por tanto al poder de la identidad de su género.

En lo que refiere a la institucionalidad, considero que debe trabajarse en mecanismos adecuados para enfrentar este tipo de situaciones sin caer en la revictimización de las mujeres y mucho menos, culpabilizarlas por las amonestaciones que reciban los agresores. Esta situación enseña además, que los avances en materia legal para lograr la equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres son indiscutibles y plausibles, pero aunque los derechos de las mujeres estén acordados en letra no garantiza la efectividad de una cotidianidad igualitaria y libre de discriminación por razón de sexo.

El sesgo cultural persiste como el principal obstáculo para la aplicación real de una vida libre de la violencia para las mujeres y debe procurarse evitar etiquetar todo proceso de malestar de las mujeres como un problema de “género” que erróneamente se interpreta como sinónimo de “sexo”, generando una apatía al término que oculta complejidad crítica que procura la perspectiva feminista.

[1] Antropóloga salvadoreña graduada en la Universidad de El Salvador.

[2] La CEDAW se ratifica en El Salvador en 1995, la plataforma de acción de Beijin (1995), La convención del Cairo (1994) Belem do Pará (1994).

Referencias bibliográficas

Carrasco, Celina, Vegas, Celina (2009) El acoso sexual en el trabajo ¿denunciar o sufrir en silencio? Análisis de denuncias. Dirección de Trabajo, Santiago de Chile.

Guerra, María (2011) Violencia de género y cambio social feminista. Publicado en blog.

http://www.dilemata.net/index.php/blog/cuestiones-de-genero/493-violencia-de-genero-y-cambio-social-feminista

Mora, Belvy () Apuntes para una lectura en clave feminista del acoso sexista a la sexualización del acoso sexual. Publicado en: mujeres en red.

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article50

Grupo de Estudios y Alternativas 21 (2009) El acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo y la construcción de las identidades masculinas

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/2_el_acoso_sexual_y_por_razon_de_sexo_en_el_trabajo_y_la_construccion_de_las_identidades_masculinas.pdf

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  1. Tomei, M.L.Vega-Ruiz. La discriminación de la mujer en el lugar de trabajo. Nuevas tendencias en materia de discriminación por motivos basados en la maternidad y el acoso sexual. Revista latinoamericana de Derecho Social. Nº 4, Enero-Junio de 2007; pp. 147-174.

(2015) Recopilación de instrumentos internacionales, regionales y nacionales sobre los derechos humanos de las mujeres y poblaciones clave/ Unidad técnica ejecutiva, Primer edición, san Salvador, El Salvador. Comisión Coordinadora del Sector Justicia, 2015.

Gobierno de El Salvador. (4/1/2011) artículo 9. Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las mujeres. Decreto 520

(2011) Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres

Stanley, L., Wise, S. El acoso sexual en la vida cotidiana. Ediciones Paidós. Barcelona: 1992.

Pernas, Begoña (2001) Las raíces del acoso sexual: las relaciones de poder y sumisión en el trabajo. Grupo de Estudios y Alternativas 21.

(2016) Oficina Internacional de Trabajo “Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo” Primera Edición, Ginebra.

links

file:///C:/Users/MDM/Downloads/acoso%20sexual%20(1).pdf

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032011000200005

¿Cuarto propio o espacio público?

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniela Barbosa Ayala, Feminismos y equidad de género

Por Daniela BARBOSA AYALA
Especialista en Derecho Civil
Por la Facultad de Derecho U.N.A.M.

La violencia contra las mujeres es un problema extendido y generalizado en la actualidad. En el presente trabajo se analiza este fenómeno a la luz de las teorías feministas del derecho y de sistemas de Niklas Luhmann. El estudio se aboca, de manera específica, a la violencia de tipo física, sexual y económica en el periodo comprendido de 2010 a 2016 para, finalmente, dar cuenta de su impacto en las políticas públicas y criminales implementadas por el Estado en el mismo periodo.

SUMARIO: I. Introducción. II. Desigualdad y violencia de género. III. Feminismo y derecho. IV. Conclusiones. V. Fuentes de consulta.

  1. INTRODUCCIÓN

En Cuarto Propio, Virginia Woolf parte bajo la premisa de que, para crear, una mujer necesita dinero y un cuarto propio. Podemos vincular de manera clara el primer elemento con cierto empoderamiento e independencia económica, sin embargo, ¿qué es un cuarto propio? ¿SE REFERÍA VIRGINIA WOOLF A UN ESPACIO EXCLUSIVAMENTE GEOGRÁFICO? ¿LA INDEPENDENCIA, PARA UNA MUJER, REQUIERE DE UN ESPACIO FÍSICO TERRITORIAL, O BIEN, PUEDE RADICAR EN SU PROPIA CORPORALIDAD? ¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL CUERPO DE UNA MUJER SE VE, SOCIAL Y CULTURALMENTE HABLANDO, COMO UN ESPACIO PÚBLICO? ¿QUÉ PASA CUANDO ESTE CUARTO SE VE TRASGREDIDO DE MÚLTIPLES FORMAS ANTE UNA REACCIÓN OMISA O INEFICAZ POR PARTE DEL ESTADO? Las políticas públicas y criminales adoptadas por el Estado para erradicar la violencia contra las mujeres se han concentrado, casi de manera exclusiva, en el ámbito jurídico y, en consecuencia, están destinadas al fracaso.[1] La violencia contra las mujeres es un problema complejo que se encuentra inmerso, de acuerdo con la Teoría de Sistemas de Niklas Luhmann, en los cuatro subsistemas del gran sistema social. En tanto se sigan ideando e implementando políticas públicas con enfoques reduccionistas y formalistas, la violencia contra las mujeres, en todas sus formas, no puede ser combatida de manera concreta y real. Seguir aislando el problema en el subsistema jurídico derivará invariablemente en soluciones parciales.

  1. DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
  2. Generalidades

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o. de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, debemos entender como discriminación contra las mujeres a

(…) toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.

En este orden de ideas, en la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se define a la violencia basada en el sexo como aquella dirigida contra la mujer por serlo, o que le afecta de manera desproporcionada. La violencia contra la mujer comprende todo acto que inflige daño o sufrimiento de índole física mental o sexual, así como las amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad, ya sea que se produzcan en la vida pública o en la vida privada. Destaca que, en el documento, se comprende la violencia perpetrada por las autoridades públicas. La violencia de género conlleva riesgos letales que, a pesar de sortearse, pueden tener consecuencias devastadoras en la integridad física y mental de la mujer. En este sentido, la Recomendación 19 establece como hoja de ruta para la erradicación de prácticas violentas contra las mujeres la seguridad, la dignidad, integridad, libertad e igualdad. Las mujeres, de cualquier edad, en cualquier contexto económico y social, están en riesgo constante de sufrir violencia en cualquier momento de su vida o incluso han sido ya víctimas de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Las estadísticas recabadas al respecto por el INEGI en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2011) son alarmantes:

  • En 2011, 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otras personas.
  • 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.
  • 32% de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja.
  • De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual por parte de personas diferentes a su pareja.
  • Con el 10% de las defunciones registradas en 2015, la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años es el homicidio.
  • En el periodo comprendido de 2013 a 2015, se estima que fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.
  • Con 406 casos registrados en 2015, el 17% de feminicidios a nivel nacional ocurrieron en el Estado de México.
  • Entre 1990 y 2015, los suicidios de mujeres aumentaron 4.6 veces.
  • La violencia emocional prevalece con un 44.3% Ésta es perpetrada, principalmente, por la pareja o esposo.
  • La violencia sexual, cuyos actos son de mayor gravedad, ha sido experimentada por más de un tercio de todas las mujeres, es decir, un 35.4%
  • La violencia física se circunscribe principalmente a las agresiones de la pareja.
  • Las entidades donde el 65% o más de las mujeres declaró haber enfrentado violencia de cualquier tipo son Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Nayarit y Sonora.

La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus modalidades, no sólo menoscaba sus derechos y libertad, sino que impacta en todos los ámbitos de su vida, ya sea político, económico, o social.

La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, tienen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas. Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos y constituye una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada, extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto. Las estadísticas extraídas nos permiten observar que las mujeres han experimentado agresiones múltiples y por diversos agresores. La violencia de género no exige ninguna cualidad específica para el sujeto activo, ya que es perpetrada por sujetos cercanos, extraños o ajenos al espacio y relaciones interpersonales de las mujeres.

  1. Violencia física. El feminicidio en México

La violencia contra las mujeres, en especial aquella de tipo feminicida, es una preocupación recurrente en la agenda de la comunidad internacional misma que se ha visto materializada en legislación nacional o tratados internacionales.

En nuestro país gran parte de las agresiones físicas contra las mujeres, incluyendo aquellas que culminan en la muerte, no se investigan y en consecuencia, no son sancionadas. La mala respuesta del Estado a dichas agresiones repercute de tal forma que muchos de los homicidios perpetrados contra mujeres no son clasificados como feminicidios.

La violencia contra las mujeres y las niñas -cuyo resultado puede llegar a ser la muerte- es perpetrada, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir situaciones de subordinación. Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión de la violencia extrema que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante en los asesinatos de mujeres es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida.

La ratificación de la CEDAW ha impactado de manera directa a las políticas públicas adoptadas por el Estado mexicano para reducir los índices de violencia hacia las mujeres en instrumentos jurídicos tales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, se estructura de acuerdo con los principios jurídicos de hoja de ruta de la Recomendación General 19 de la CEDAW. Distingue a su vez cinco modalidades de violencia: familiar, en la comunidad, laboral y educativa, institucional y feminicida.

La violencia feminicida queda definida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.[2]

Por su parte, en el Código Penal Federal se tipifica al delito de feminicidio, como delito autónomo, estableciéndose que:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

  1. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la

víctima;

  1. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Las regulaciones antes citadas carecen de eficacia plena debido a que no se cuenta con sistemas de información que permitan dar seguimiento a los casos de feminicidio y recopilar todo dato característico o común a los diversos tipos de violencia feminicida.

De acuerdo con estadísticas extraídas del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), en 2015 se registraron 277 averiguaciones previas, 166 carpetas de investigación y 12 procesos en procuración de justicia para adolescentes iniciados por feminicidio con un total de 328 víctimas.

Tan solo en 2014 ocurrieron 2,289 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) en México, es decir, un promedio de 6.3 al día. Si bien esta cifra representa una reducción del 13% frente a los DFPH ocurridos en 2013 (2,594), únicamente refleja respecto de aquellas ocurridas en la vía pública. En contraste se registra un incremento en el empleo de medios comisivos más crueles y de defunciones cometidas en el propio hogar de la víctima.

En 2015 el feminicidio se convirtió en la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años. De los homicidios de mujeres ocurridos entre 1990 y 2015, el 45.2% acontecieron entre 2007 y 2015.

Del total de DFPH registradas en 2015, el 65% se concentra en 10 entidades: Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz, Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Puebla.

¿Por qué tipificar el feminicidio, existiendo ya el tipo penal de homicidio? De acuerdo con Marcela Lagarde, la violencia de género engloba un conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene a crímenes tales como secuestros y desapariciones de niñas en un contexto de fractura del estado de derecho que se traduce en impunidad.

Al hablar de feminicidio no nos referimos sólo a homicidios de mujeres, sino a crímenes de odio contra las mujeres, al “conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos o suicidios y, además, que ocurren ante la inexistencia o debilidad del estado de derecho, donde se reproduce la violencia sin límite y los asesinatos no se castigan.”

Dentro de las circunstancias específicas que nos permiten identificar a un feminicidio respecto de un homicidio, está que se cometen con saña. Las mujeres son asesinadas con mayor violencia y mediante el empleo de medios que producen mayor dolor, o bien, que lo prolongan antes de fallecer. En 2013, 32 de cada 100 mujeres murió ahorcada, estrangulada, ahogada, quemada o lesionada con objetos punzocortantes o a golpes con objetos.

 Otro elemento que debemos considerar es que una cifra importante de mujeres y niñas (29.4%) son agredidas en sus viviendas, frente al 10% de varones agredidos bajo esta circunstancia. Desgraciadamente, y como se asentaba en líneas superiores, la impunidad ante dichos eventos es otra nota distintiva del fenómeno feminicida.

  1. Violencia sexual. El estigma social

Un componente clave del feminicidio es la violencia sexual.

20 de cada 100 mujeres que en 2011 tenían entre 15 y 49 años de edad, enfrentaron situaciones abuso e intimidación sexual provenientes de personas diferentes a su pareja. Las violaciones sexuales no son la única forma de agresión sexual a que se enfrentan mujeres y niñas, no obstante que el resto de conductas tienden a ser ocultadas o minimizadas por autoridades y sociedad en general.

Dentro de las agresiones que se contemplan en dicha cifra se incluyen propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones o mejoras en el trabajo; castigos o represalias por haberse negado a tener relaciones sexuales; caricias o manoseos en contra de su voluntad o sin su consentimiento; obligar a tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales por dinero; infundir miedo de sufrir un ataque o abuso sexual; piropos groseros u ofensivos sobre su cuerpo o de carácter sexual.

Las cifras se agravan tratándose de mujeres de 15 a 24 años, ya que de 25 a 30 mujeres por cada 100 ha enfrentado situaciones de abuso, intimidación, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, la escuela, el transporte público, las calle o lugares públicos.

De acuerdo con cifras extraídas del Censo Nacional de Impartición de Justicia, se han registrado casi 15 mil denuncias de violaciones al año, esto sin considerar la denominada “cifra negra”, es decir, aquellas violaciones que no son denunciadas. En contraste, para 2014 el número de procesados no alcanzaba los 5 mil individuos, situación que se agrava al considerar que solamente una de cada cinco denuncias por violación llega a sentencia condenatoria.

Estas cifras exponen que a pesar de la creación de instrumentos jurídicos al efecto, las mujeres no tienen garantizada una vida libre de violencia y, peor aún, tampoco tienen garantizado el acceso a la justicia ni a la reparación del daño.

  1. Violencia económica

El empoderamiento económico sigue siendo un reto fundamental en el ámbito local y mundial. Sólo la mitad de las mujeres en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral y ganan en promedio 24% menos que los hombres. Además, es menos probable que las niñas opten por una carrera profesional en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.

Esta forma de desigualdad de género ha sido perpetuada por instituciones y políticas discriminatorias que reproducen prejuicios y estereotipos de género

contra las mujeres. Basta tomar como ejemplo el matrimonio precoz o embarazo adolescente que se constituye como impedimentos para que las niñas tengan acceso a la educación secundaria.

Si bien las mujeres en la actualidad están más capacitadas y muestran mejores niveles de rendimiento económico, estos factores aún no se ven reflejados en beneficios dentro del mercado laboral.

Los efectos de la violencia económica no se reducen al género femenino, sino que, de acuerdo con la OCDE, supone un impedimento para el crecimiento económico que va más allá. Existe una correlación negativa entre la discriminación entre la discriminación de género y el ingreso per cápita. La igualdad de género es una cuestión económica clave en sí misma.

III. FEMINISMO Y DERECHO

  1. El sexo del derecho

Las teorías feministas del derecho expuestas por Frances Olsen parten del problema relativo a las dicotomías en el pensamiento. Estos sistemas de dualismos se caracterizan por estar sexualizados, jerarquizados y tratándose del derecho, por identificarse con el lado masculino de los polos.

Así el derecho se identifica con el polo jerárquicamente superior y masculino del dualismo, tomando como base que siempre se le ha caracterizado como racional, objetivo, abstracto y universal.

Podemos identificar tres grandes estrategias femeninas que atacan el sistema dual, ya sea que se opongan a la sexualización, a la jerarquización, o bien que rechacen ambas posturas. De acuerdo con esta última, no podemos dividir el pensamiento en dicotomías opuestas y por el contrario cuestionan y rompen con las diferencias que se se supone que existen entre hombres y mujeres.

Estas estrategias se ven reflejadas en tres teorías críticas feministas al derecho: el Reformismo legal, la Teoría del derecho como orden patriarcal y la Teoría jurídica crítica.

Es esta teoría jurídica crítica feminista que pone en duda el rol de la teoría jurídica abstracta en la obtención de beneficios obtenidos a través de reformas legales feministas. ¿Cuál es la realidad en México? Las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres han pretendido ser lo que Luhmann denomina reductores de complejidad.

Dichas políticas han sido concebidas desde perspectivas parciales y formalistas. Las estadísticas anotadas en apartados anteriores demuestran que la excesiva creación de instrumentos legales no subsana un fenómeno erradicado en nuestro sistema social, económico e, incluso, político.

Acciones como la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal no han logrado contener los índices de violencia de género, por el contrario, podemos observar que el empleo de medios comisivos que denotan saña ha tenido un incremento alarmante en los últimos años.

La teoría jurídica crítica feminista también postula que el derecho es patriarcal, es decir, que suele ser opresivo para las mujeres. Entonces, si el derecho es el reflejo de una sociedad en el que las mujeres son dominadas por los hombres, ¿existen políticas e instituciones discriminatorias? La violencia de género emana no sólo de la vida cotidiana, sino también de las leyes y su aplicación.

  1. Políticas e instituciones discriminatorias

“Conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad legal. Es posible concebir a mujeres y hombres como legalmente iguales en su diferencia mutua.” No obstante, la diferencia sexual ha representado desde el surgimiento de la humanidad, desigualdad legal en perjuicio de las mujeres.Retomando las dicotomías a que alusión Frances Olsen, la jerarquización en favor del sexo masculino existe.

Esta jerarquización se ha traducido, hasta nuestros días, en estructuras sociales y públicas que excluyen la participación femenina, sobre todo cuando se trata de las altas esferas de poder económico, político e incluso cultural. “Instituciones como la familia, el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho han servido para mantener y reproducir el estatus inferior de las mujeres.” Las ideologías patriarcales, además, restringen y limitan a los hombres, independientemente de su estatus privilegiado.

El derecho ha jugado un papel determinante en el mantenimiento y reproducción de diversas políticas e instituciones discriminatorias. Lo que tradicionalmente hemos conceptualizado como función social del derecho no se ha cumplido ante leyes que esclavizan a las mujeres, que restringen sus posibilidades de ser y actuar en el mundo y que otorgan más poder económico, político a los hombres. Un sistema de derecho que opera bajo esta óptica sólo puede profundizar una convivencia basada en la violencia y en el temor.

Al mismo tiempo la atención que reciben las víctimas de desigualdad y violencia de género es deficiente. Las autoridades encargadas de atender este tipo de problemáticas conciben de manera limitada y parcial las implicaciones de la violencia de género y contribuyen, indudablemente, a la revictimización de la mujer.

El derecho y su función social deben repensarse. Este planteamiento no puede hacerse desde una perspectiva cerrada al sistema derecho, sino como parte del gran sistema social concebido por Luhmann. Debemos romper con los esquemas actuales, sean sexuales, sociales, políticos, culturales o económicos.

Es preciso entender al feminismo más allá de un movimiento social y político. El feminismo es una ideología y una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado, discriminado y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado, para luchar por la liberación de nuestro sexo y nuestro género. El feminismo alude a profundas transformaciones sociales que afectan tanto a hombres como a mujeres.

Las teorías feministas deben comprenderse inmersas en un orden social que Frances Olsen denominaría andrógino, o sea, en el que el desarrollo de potencialidades humanas esté abierto sin importar el género. Los cambios que requiere un sistema social en el que pretendemos erradicar la violencia de género no pueden atender a roles, sino a la racionalidad del ser humano.

  1. ¿Una presunción de inocencia que criminaliza?

Como establecimos en líneas anteriores, el derecho es el reflejo de una sociedad en el que las mujeres son dominadas por los hombres. El derecho penal por su parte nos permite identificar a través de su discurso, “cuál es el modelo de mujer que impera en nuestras sociedades y el rol que en ellas cumplen.”

Si en el derecho penal recae el poder legítimo de aplicación de la fuerza, también recae el poder de distinguir entre conductas aceptadas y aquellas que no lo son. Rezagados y aún inmersos en ideologías propias del siglo XIX, los códigos penales están cargados de elementos arcaicos que, invariablemente, afectan y victimizan a la mujer.

¿Es posible victimizar y criminalizar a la vez? ¿Una garantía constitucional, interpretada de manera absoluta, puede atentar contra la dignidad de la mujer? ¿Puede un estigma social superar a un principio jurídico?

Si bien la presunción de inocencia es un pilar de nuestro sistema jurídico, ha adoptado una connotación negativa y de culpabilidad respecto a la víctima de delitos sexuales. Independientemente del hecho de que quien afirma está obligado a probar, tratándose de delitos sexuales, la mujer es sometida a cuestionamientos de tipo moral e, incluso religioso.

Cuestionamientos como si una mujer iba sola al momento de la agresión, si fue atacada a altas horas de la noche o peor aún, la forma en que iba vestida no aportan elemento alguno a la problemática sino que, por el contrario, generan conflicto. La mujer como sujeto pasivo, sufre una doble victimización que suele derivar en pasividad para denunciar y, en consecuencia, impunidad del delito.

El miedo a la denuncia y/o a ser culpada o señalada por las autoridades no puede tener cabida en nuestra sociedad. Una nueva constante en redes sociales son las represalias, ataques verbales anónimos y amenazas a mujeres que deciden denunciar agresiones sexuales o que incluso sólo han aportado testimonios. ¿Es este un problema que le compete de manera aislada al sistema derecho?

¿Qué ha hecho el Estado socialmente hablando para atacar el problema? ¿Las políticas de tipo legislativo han sido efectivas? ¿Medidas administrativas como el denominado pito de Mancera[3] han coadyuvado o, por el contrario, han caricaturizado una problemática de extrema gravedad?

IIII. CONCLUSIONES

PRIMERA. La desigualdad de género, en pleno siglo XXI, es una problemática latente, constante y en ascenso. La violencia de género se ha convertido en un fenómeno generalizado en el que han quedado expuestos patrones generales de conducta de la sociedad mexicana actual.

SEGUNDA. La nula o débil reacción del Estado frente a la violencia de género ha contribuido a que ésta se normalice e inclusive se institucionalice. Así la impunidad en que quedan inmersos los crímenes de género se ha convertido en una constante y elemento invariable de delitos como el feminicidio. El hecho de que las encuestas sean la fuente por excelencia para dar cuenta de la situación general de la violencia contra las mujeres, por encima de las denuncias u otra forma de estadística oficial o judicial, nos habla de la desconfianza y, sobre todo, de la manera tan pobre en que el Estado ha garantizado el acceso a una vida libre de violencia y a la justicia. Socialmente, es común que se busque graduar o calificar las agresiones por cuestión de género, que se busque limitar el derecho de las mujeres a denunciar o reaccionar.

TERCERA. La violencia sexual tiende a ser minimizada o puesta bajo un manto de invisibilidad. No fue hasta el 2005 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó la postura que sostenía que tratándose de cónyuges no se configuraba el delito de violación. La violencia sexual conlleva una lucha contra los estigmas y los mecanismos de ajuste de culpa, circunstancias que conllevan a una doble victimización de la mujer y que reflejan de manera directa la irritación entre los sistemas social y jurídico.

CUARTA. La violencia de género en el ámbito económico no es un fenómeno que afecte de manera estricta al género femenino. La desigualdad de género económica deviene en regresión y freno al sistema entero.

QUINTA. El sistema social y sus interiorizaciones culturales tienen un gran peso en la problemática de desigualdad de género. Las interpretaciones erróneas y desproporcionadas que se han hecho sobre el feminismo devienen en la subvaloración de la violencia de género. La problemática se concibe como desproporcionada y únicamente de interés al género femenino. El feminismo debe posicionarse como una teoría jurídica necesaria para la sociedad, no sólo para las mujeres. Para romper con la normalización de la desigualdad, debe romperse con estigmas y estereotipos entendiendo en todo momento que, aunque la violencia afecta a ambos sexos, nos enfrentamos a fenómenos distintos.

SEXTA. Las políticas públicas implementadas para reducir y eventualmente erradicar la violencia y desigualdad de género han fracasado porque se avocan únicamente al sistema derecho, no a un enfoque multidisciplinario. Frente a los numerosos instrumentos legales en que se han plasmado dichas políticas, tenemos un incremento en el empleo de medios comisivos crueles y violentos y el mantenimiento de índices desproporcionados de desigualdad. En tanto las problemáticas expuestas en este estudio no se entiendan como inmersas en diversos sistemas que en consecuencia requieren múltiples enfoques, seguirán siendo solucionadas temporal y parcialmente.

SÉPTIMA. A efecto de comprender estas problemáticas como un todo, cada vez resulta más pertinente y necesario contar con información que permita dar seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres para que se desarrollen las acciones públicas y sociales que contribuyan no solo a su disminución, sino a su erradicación.

[1] Tomemos por ejemplo la tipificación del feminicidio. Esta medida fue adoptada en respuesta a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al Estado ante la creciente ola de violencia de género. Contrario a lo esperado, en los últimos años se ha dado un incremento en la comisión de este delito y en la saña con que se comete.

[2] Artículo 21.

[3] El 24 de abril de 2016 en varias ciudades de la República Mexicana se llevó a cabo la marcha contra la violencia hacia las mujeres “#NosQueremosVivas”. En respuesta, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la estrategia 30-100 con la que se buscó mitigar agresiones como el acoso sexual. Una de las acciones contempladas en esta estrategia fue la distribución de silbatos a mujeres para alertar sobre probables situaciones de riesgo en la vía pública y, sobre todo, el transporte público. Para diciembre de 2016, la medida no ha probado su efectividad y, por el contrario, ha sido objeto de críticas y burlas en diversos medios y redes sociales.

  1. FUENTES DE CONSULTA
  2. Bibliografía
  • FACIA Alda y FRIES Lorena (eds.), Género y Derecho, Santiago de Chile, s. e., 1999.
  • LUHMANN, Niklas, El Derecho de la Sociedad, México, Universidad Iberoamericana, 2002.
  • OLSEN, Frances, “El sexo del derecho”, en Courtis Christian (comp.), Desde otra mirada. Textos de Teoría Crítica del Derecho, 2a. ed., Argentina, Eudeba, 2009.
  • WOOLF, Virginia, Un Cuarto Propio, 2a. ed., México, Colofón, 2012.
  1. Legislación
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Código Penal Federal, última reforma publicada en el DOF 18/07/2016, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm, consultado: 23/11/2016.
  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada en el DOF 17/12/2015, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm, consultado: 23/11/2016.
  • ONU Mujeres, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm, consultado: 23/11/2016.

  1. Documentos publicados en internet