Problemas negativos de los derechos humanos que repercuten en el bienestar e integridad de las fuerzas armadas de México

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Sergio Cruz Trejo

En la actualidad, la implementación de varias mecanismos que tienen que ver con el actuar de nuestras autoridades con estricto apego a los derechos humanos, han traído consecuencias negativas, que están lastimando la buena percepción que se podría tener de ellos, existen cuestionamientos sobre si son verdaderamente necesarios para proteger a las personas de actos de criminalidad despótica y sin escrúpulos,  ya que últimamente se ha vivido una cara distinta a la que estamos acostumbrados en cuanto a la acción de los derechos humanos en la sociedad.

Los miembros de las fuerzas armadas son parte de nuestra sociedad y no porque formen parte o estén en otros grupos, pueden ser tratados de diferente manera. Con esto hago referencia a la agresión que se ha desarrollado en los últimos meses, con respecto al sufrimiento que padece el personal de las fuerzas armadas.

Desde mi perspectiva es una falta de congruencia que la misma población no se dé cuenta o no lo quiera reconocer las agresiones que sufren las personas que son parte de los cuerpos militares, este problema se tiene que solucionar y terminar, porque todas las personas deben ser respetadas en todos los sentidos, sin importar la profesión que desempeñen.

Los derechos humanos tienen un objetivo definido el cual radica en brindar protección a todos, sin embargo brindan mayor protección a los grupos vulnerables, los que en realidad están en desventaja comparados con otros grupos o incluso personas que se aprovechan de sus beneficios para poder obtener ventajas sin importar las repercusiones que dichas acciones puedan tener.

Analizando el objetivo y finalidad de los derechos humanos debo decir que es un poco contradictorio con la realidad, ya que estos no accionan el actuar de los organismos en beneficio de los más necesitados. Estos derechos, en muchas ocasiones son aliados de los ventajosos, de los abusivos; si en realidad los tan mencionados derechos humanos, no fueran una máscara de intereses, donde el que pone la mejor cara es el que podrá obtener los beneficios absolutos; en cualquier parte del mundo pesan y hacen diferencia según la postura que llegasen a tomar.

¿Será que dichos derechos son una cortina de humo? Es decir, la primera cara es la de protección a los más necesitados haciéndoles creer que se vela siempre y en todo momento por su bienestar, pero por el otro lado los encargados de tutelarlos son los que cometen las injusticias que condenan, otorgándoles perdones y beneficios a los déspotas a causa de intereses particulares los cuales están en una misma sintonía.

Los derechos humanos llevan consigo un doble discurso donde por una parte se brinda ayuda y protección sin importar quién sea el autor intelectual y por el otro lado solo se suelen dar llamadas de atención pero jamás se procede como se debería, no importando quien sea, se supone que si es por el bienestar de todos en general se debería de eliminar la semilla que está causando el mal.

Por lo tanto, la aparición y propagación de los derechos humanos se ve sólo en ciertos escenarios, piénsese en una sociedad con la cual la gente es confiada y otorga todo su espíritu por una satisfacción de tranquilidad que jamás va a suceder, ya que la misma creencia perfecta de que dichos derechos podrían ser la solución a todos los problemas, sólo sería si existiese una verdadera responsabilidad de las autoridades, pues la realidad es que los derechos son la génesis encaminada al bien común, que es lo que toda sociedad desea.

Análisis del desconocimiento de la criminología en relación con los derechos humanos

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Sergio Cruz Tejo[1]

La aparición de los Derechos Humanos en la sociedad es de gran relevancia, ya que con ellos se reestructuran las sociedades dando paso a generaciones más conscientes y sobre todo más informadas, conocedoras de la trascendencia que tiene respetarlos; no solo para mantener un orden social, sino para que las personas sean respetadas por lo que son, no como objetos que hoy existen y mañana no, o ser tratados por tiranías que producen beneficios para unos cuantos a costa de muchos, sin tener una mínima de conciencia, respeto y dignidad por sus semejantes.

En nuestro país, desde hace varios años cuando un grupo de familiares de personas recluidas iniciaron un movimiento de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas presas y las víctimas, equivalía a sufrir consecuencias, tales como desapariciones forzadas, torturas, genocidios, entre otros actos violatorios de derechos humanos cometidos por ciertos grupos de élite, como lo eran en aquellos tiempos la clase política; como sabemos en nuestro país, estos grupos deciden el rumbo social y personal de la ciudadanía de manera indirecta, sin que algunas personas se den cuenta de los actos arbitrarios que cometen.

Pero no todo pinta tan mal, ya que debemos reconocer que desde aquellos años los derechos humanos han evolucionado de una manera exponencial con un énfasis para los que en realidad necesitan ser protegidos, derivado por la gran desigualdad que existe entre unos y otros, ya sea por cuestiones económicas, legales, tráfico de influencias, desapariciones forzadas; se ha usado el poder -mismo que los ciudadanos le confieren de forma honesta y honrada a las personas que representan esa soberanía- para que puedan ayudar a combatir la  desigualdad y puedan ayudar a crear una nueva sociedad más unida, sin embargo, sus acciones negativas  provocan descontento y violencia.

Por otra parte, predomina en el país una falta de interés por el bienestar de otras personas, lo cual deriva en todos los malos comportamientos que ciertas personas han llevado a cabo para obtener beneficios propios y de cómplices a quienes no les interesa en lo más mínimo la estabilidad y buen desarrollo del país.

Por lo anterior, podrá sonar un tanto irónico o contradictorio, pero los derechos humanos en sus diversas etapas de transición han modificado y aportado cosas positivas para que las personas estén más protegidas y tengan un poco más de apoyo para poder hacerle frente a un enemigo que suele ser arbitrario y que ocasiona descontrol y victimización en la población, por ello, a continuación se muestran los diferentes tipos de discursos en materia de derechos humanos relacionados con la criminología:

Diplomático. Sus orígenes históricos se encuentran en los movimientos de derechos humanos supranacionales como los de la Organización de la Naciones Unidas, Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea, etcétera.

Legalista. Con frecuencia similar al anterior, se diferencia porque su enfoque es estrictamente legal e intenta dar forma jurídica a la defensa de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.

Político-filosófico. Similar en algunos aspectos teóricos generales al discurso legal, su característica principal es que recoge todos aquellos aspectos relacionados con los derechos en general.

Intervencionista. Se genera y se opera fuera de las estructuras oficiales del Estado, y generalmente se basa en el trabajo de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo alcance puede ser internacional, nacional, regional o local.

De monitoreo o vigilancia. Se distingue de los otros en tanto que existen organizaciones o individuos dedicados exclusivamente a informar sobre violaciones a los derechos humanos, no ejercen presión sobre los gobiernos ni participan directamente en casos específicos, y su función es informar y contabilizar las violaciones.

Científico social. Aun cuando no existe una disciplina científica que se dedique exclusivamente al estudio de los derechos humanos, existen diversos conjuntos de literatura que tratan de aprehender cognitivamente estos temas, ya sea de manera descriptiva/empírica o causal/teórica.

Educacional. Busca reforzar los valores de los derechos humanos a través de la educación dirigida al público en general o a grupos específicos, ya sea en escuelas, instituciones o en cualquier otro espacio. Este discurso se autodefine como preventivo y proactivo; más que ser una respuesta reactiva, busca anticiparse para que las violaciones a los derechos humanos no ocurran.

En ese sentido, el aspecto fundamental de los derechos humanos es que un país cuente con un sistema garantista y proteccionista, para que tengan un efecto adecuado para sus habitantes, lo cual es de trascendencia mundial en los diversos discursos, ya que  si llegaran a implementarse cambiarían el estado de derecho, sin embargo, la realidad es que no se llevan a cabo de forma correcta, ya que a los gobiernos les afecta la debida implementación de dichos sistemas por los intereses económicos y políticos, por eso la mayoría de países, entre ellos, México, apuesta por una justicia constitucional.

Ante tales consideraciones, existe la libertad en cada gobierno de elegir entre un estado de derecho o que prevalezca la tiranía y corrupción, persiguiendo intereses propios para dominar un territorio, creando ideas ficticias a través de los discursos de derechos humanos que los benefician.

La relación que existe entre la criminología y los derechos humanos radica en el acercamiento e intercambio de ideas y propuestas para beneficiar a la ciudadanía en el esclarecimiento de actos delictivos e investigaciones, a fin de crear soluciones y acciones sociales.

Sin embargo, la criminología desde hace años ha sido cómplice del sistema punitivo al criminalizar o poner etiquetas a una sociedad lastimada por su mismo Estado inconsciente e inhumano, y por dejar por mucho tiempo de lado a las víctimas, quienes siempre serán y seguirán siendo parte fundamental para resolver problemas de impunidad y violaciones de diferentes índoles.

Por lo tanto, es importante destacar que los derechos humanos y la criminología se complementan, al igual que otras ciencias, buscan obtener un mayor conocimiento y tener perspectivas diversas que aporten en la solución de los problemas sociales que aumentan cada día, pues afectan y desintegran a la población, por estas razones es trascendente crear políticas públicas eficaces que puedan solucionar y garantizar los derechos humanos dentro del campo de la  criminología.


[1] Estudiante de la Facultad de Estudios Profesionales de Posgrado. Licenciatura en criminología, ha participado en ponencias como: Paradigma de la criminología en el sistema globalista y Criminología y sus ataduras con el sistema punitivo. Facebook: Serch.

La música como un derecho humano

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza


“La música es una disciplina formativa que ayuda a las personas a crear nuevos hábitos para ser personas sanas, dar dirección a sus vidas y transformarlas.”
Thalía Carrillo Bravo[1]


1 Violinista y Coordinadora de Proyectos Orquestales Infantiles.

Por Daniel Landa Zaragoza

La música es un lenguaje universal que transforma la vida de las personas, es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que se tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que se desee participar y gozar de las artes.

La actividad artística musical no implica sólo un reconocimiento de participación en la vida cultural, sino una obligación estatal que adopte medidas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos que se dispongan para alcanzar progresivamente los objetivos de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Además, comprende una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

El primer acercamiento musical radica en reconocer que las personas tienen los siguientes derechos:

  1. Expresarse musicalmente en libertad.
  2. Aprender lenguajes y habilidades musicales.
  3. Acceder al conocimiento musical a través de la participación, escucha, creación e información.
  4. Desarrollar arte musical y difundirlo a través de los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición.
  5. Reconocer y remunerar el trabajo musical.

Lo anterior, implica que los estados desarrollen nuevas políticas públicas para alcanzar el ejercicio pleno de tales derechos, por ello el 25 de septiembre de 2015 diversos países crearon acciones para erradicar la pobreza, analfabetismo, cuidar el planeta y asegurar el bienestar común, plasmando sus visiones en una nueva agenda internacional llevada a cabo ante la Organización de las Naciones Unidas, la cual denominaron: “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (en adelante ODS). Los ODS se integran por 17 objetivos, entre los que destaca el numeral 4 “Educación de Calidad”, el cual se integra por 7 acciones que deben realizar los gobiernos a más tardar en el año 2030.

Una educación de calidad implica que las personas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera fase de su infancia, asegurando que concluyan la enseñanza primaria y secundaria a fin de crear resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Diversos países, por mencionar algunos: China, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y Venezuela, han utilizado a la música como una materia formativa que beneficia el proceso educativo de las personas al crear nuevos hábitos e  implementar sistemas musicales efectivos que garantizan que las niñas, niños y adolescentes adquieran una mejor concentración, aprendizaje, autocontrol, estimulación y sensibilidad por el entorno que les rodea, su principal objetivo es identificarse como personas, es decir, son elementos que ayudan a desarrollar hábitos y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y características musicales, asimismo, fomenta una cultura de respeto al patrimonio artístico.

En México, el derecho de acceso a una educación musical se encuentra establecido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 3° que contempla la garantía de una educación de calidad y obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad del docente y directivo garanticen el máximo logro de aprendizaje del alumnado.

Para lograr lo anterior y dar cumplimiento a los ODS los planes y programas de estudio en educación preescolar, primaria, secundaria y normal deben contener materias musicales obligatorias, donde se imparta a temprana edad la lectoescritura, rítmica, métrica, armonía, entre otras que contribuyan a fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y artística además de fomentar el respeto por la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos; esto se logrará promoviendo una educación inclusiva en la que participen diversos sistemas de aprendizaje y competencias.

El reconocer que la música es un derecho fundamental implica que su acceso debe ser garantizado por el Estado, un reto educativo con exigencia social que debe adoptar nuevas políticas públicas inclusivas, sin perder de vista a las personas que habitan en pueblos y comunidades indígenas o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que requieren de una atención primordial y de participación equitativa de forma tripartita: Estatal -Federación, Estados y Municipios-, sector privado y la organización civil.

El derecho humano indicado no demanda sólo igualdad entre las alumnas y alumnos, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes,[1] en efecto, requiere una obligación estatal que asegure que las circunstancias personales o sociales como el género, el origen étnico, la situación económica o la cultura no sean obstáculos que impidan acceder a la educación y que todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades.

En ese entendido, garantizar la música como un derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades, por ello, el sistema educativo debe ofrecer una respuesta personalizada y no esperar a que el alumnado se adecue al sistema por lo que es necesario que la educación musical se encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas.

Lo anterior requerirá personal docente especializado que tenga la pasión y vocación por trascender en la vida de las personas, ya que fomentará y generará una sensibilidad y apreciación por las artes y su entorno, además, de someterse a una constante capacitación para estar preparados para las nuevas exigencias sociales.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Educación inclusiva. Este derecho humano no sólo demanda igualdad, sino también equidad en el entorno educativo”, tesis aislada, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Décima época, número de registro: 2019246.

Sobre el derecho a decidir el orden de los apellidos de los hijos e hijas

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 208/2016, respecto del derecho que tienen las madres y padres de elegir el orden de inscripción de los apellidos de sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

Antecedentes del caso. Una madre tuvo dos hijas quienes al nacer las consideraron prematuras, por lo que permanecieron tres meses en el área de cuidados intensivos de la institución médica correspondiente. Meses después, la madre y el padre acudieron a un Juzgado del Registro Civil para registrar a sus hijas, sin embargo, solicitaron a la autoridad registral que sus hijas fueran inscritas de acuerdo con el siguiente orden: primero el apellido de la madre y en segundo el del padre, sin embargo, la petición fue rechazada.

Ante tales consideraciones solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal por propio derecho y en representación de sus hijas, reclamando como actos el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (en adelante el Código Civil), ya que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales. Lo anterior, en atención a que éstas últimas sí pueden escoger el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero).

Asimismo, manifestaron que el orden de los apellidos previsto por el artículo antes citado transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Lo anterior, debido a que el orden previsto por la norma impugnada obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Finalmente, estimaron que la norma impugnada transgrede el derecho al nombre, pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna.

Tesis central. La Corte realizó el estudio de constitucionalidad en dos etapas, la primera consistió en determinar si la norma impugnada –artículo 58 del Código Civil-, incide en el alcance o contenido prima facie de los derechos invocados.

Al respecto, se consideró que la protección de la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), igualmente, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, se destacó que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares de la niñez.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.[1] Por tanto, una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijas e hijos, ya que se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia, lo cual es considerado como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.[2]

Así, las madres y padres tienen derecho de nombrar a sus hijas e hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, esto no sólo implica elegir libremente su nombre, sino establecer el orden de sus apellidos.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de la madre y padre a elegir el nombre de sus hijas o hijos, así, cuando resolvió el caso Cusan et Fazzo v. Italie, estableció que su potestad de escoger el nombre (de pila y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar.[3]

La segunda etapa de análisis consistió en analizar la proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada, en efecto, históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder. Dada la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales.[4]

Actualmente, en nuestro país las mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido. No obstante, ha perdurado la tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. Así se puede observar de un análisis a las legislaciones civiles de las entidades federativas.

Como se explicó, tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Lo anterior, es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

En ese sentido, la prohibición que establecía el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetuaba un propósito inconstitucional, pues buscaba reiterar un prejuicio discriminatorio y disminuía el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Por lo anterior, no se encontró justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretendían perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. En consecuencia, la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal se consideró inconstitucional.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó amparar y proteger a las personas quejosas en contra de las autoridades y acto reclamados.

Por lo tanto, las autoridades del Registro Civil deberán expedir nuevas actas de nacimiento en las que se asienten los apellidos de acuerdo al orden deseado por la madre o padre.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 170.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillot v. France, Sentencia de 24 de octubre 1993, párrafos 21 y 22.

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusan et Fazzo c. Italie. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55.

[4] Wilson, Stephen, The means of naming: A social and cultural history of personal naming in Western Europe, USA 1998, UCL Press, página 175.

Trabajo infantil en México

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Karina Elizabeth García Tufiño

Por Karina Elizabeth García Tufiño

 La Organización Internacional del Trabajo define a nuestro tema de investigación de la siguiente manera: todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

 Así pues, se alude a esta actividad infantil los siguientes rasgos negativos:

  • Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño
  • Interfiere con su escolarización puesto que:
    • Les priva de la posibilidad de asistir a clases.
    • Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura.
    • Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

La convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas establece que es una obligación de los Estados proteger a los niños contra el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo, así mismo debe fijar las edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar las condiciones de éste. Bajo este tenor los menores deben estar protegidos contra la explotación económica y los trabajos que puedan ser peligrosos, nocivos para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Según esta convención, en su artículo 32, es obligación de los Estados:

  1. Fijar una edad o edades mínimas para trabajar.
  2. Disponer de la reglamentación adecuada en cuanto a horarios y condiciones laborales.
  3. Deben imponer penalidades u otras sanciones rapadas para asegurar la aplicación efectiva del mencionado artículo.

Por otro lado la declaración de los derechos del niño, en el principio 9 párrafo segundo establece:

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

En cuanto a la legislación nacional, la Ley Federal del Trabajo prohíbe esta actividad a menores de 14 años y los mayores de esta edad pero menores de 16 años que no cuenten con la educación obligatoria. Establece así mismo como edad mínima para prestar libremente sus servicios los 16 años y si el menor es mayor de 14 y menor de 16 puede trabajar previa autorización de los padres o tutores.

A pesar de existir legislación nacional e internacional sobre este tema existen cifras alarmantes, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México 2.5 millones de niños laboran en oficios como el campo, la construcción, talleres familiares e incluso las calles, esta información es respaldada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según este organismo el 67% de estos niños son hombres y 33% mujeres.

Los principales motivos de estos niños para trabajar según el INEGI son:

  • Para pagar sus estudios o gastos.
  • Porque en su hogar se necesita de su trabajo.
  • Por gusto o por ayudar.
  • Por necesidad económica en su hogar.

Dentro de mi investigación encontré que en muchas ocasiones estos menores ni siquiera reciben remuneración económica por su trabajo, siendo que el 46 % de estos menores se encuentran en esta situación, seguidos en porcentaje por aquellos que perciben solo un salario mínimo constituyendo el 28 %, entre uno y hasta dos salarios mínimos están 17 % de ellos, más de dos y hasta tres salarios mínimos 5 %, más de tres salarios mínimos 1 %,  el 2 % restante no está especificado el salario que reciben.

Los trabajos más comunes para estos niños son:

  • Agropecuario (30 %)
  • Comercio (26 %)
  • Servicios (25 %)
  • Industria manufacturera (13 %)
  • Construcción (4 %)

United Nations Children’s Fund (UNICEF) establece la caída de ingresos y la pérdida de empleos como detonantes del trabajo infantil como un apoyo a la economía familiar. Localizando la mayor concentración de niños trabajadores en las zonas rurales del país. Para esta organización el trabajo infantil constituye una violación a los derechos de los menores al sano crecimiento, la educación, la recreación, la cultura y el deporte, así como estar protegidos contra la explotación. Según UNICEF en México existe la creencia de que el trabajo infantil es inevitable, aceptable e incluso bueno para la formación de los niños.

Conclusiones:

De acuerdo al análisis realizado, el trabajo infantil muestra un incremento, una de las causas de esto es situación económica en que se ven inmersas las familias mexicanas y del mundo.  Es indignante que existan menores que ni siquiera perciban una remuneración por su trabajo y es alarmante que sea casi la mitad de éstos.

A pesar de existir legislación en esta materia y de existir políticas públicas, muchas de ellas no son funcionales debido a que no es un sector primordial para el gobierno mexicano.  Debemos, como sociedad, dejar a un lado la idea de que el trabajo infantil es normal, necesario o que incluso dignifica y fortalece a las familias, como expresó hace unos días el titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez en el Foro “Hacia Democratizar la Productividad Rural Sostenible”.

 

Fuentes de consulta:

http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044.htm

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/ninos.aspx?tema=P

http://www.ilo.org/mexico/noticias/WCMS_490214/lang–es/index.htm

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang–es/index.htm

http://www.sinembargo.mx/29-06-2015/1396913

“Estadísticas a propósito del… día del niño (30 de abril” Datos Nacionales. INEGI, 28 de abril de 2015).

Declaración de los Derechos del Niño (1959).

Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989).

Ley Federal del Trabajo.

 

El acceso a la información en México

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Iván Chávez González 

El acceso a la información pública se ha consolidado en las últimas décadas a partir de una tendencia internacional que tomó auge a mediados de la década de 1970; este derecho permite al ciudadano tener conocimiento del por qué, cómo y cuándo de las acciones generadas por los sujetos obligados, es decir, el transparentar y rendir cuentas de las acciones que realicen.

El primer antecedente jurídico de éste derecho se dio en Suecia en 1776 con la Ley para la libertad de prensa y del derecho de acceso a las actas públicas con el fin de ejercer un control democrático y poder garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a documentos oficiales generando la obligación a autoridades de rendir cuentas; en 1789 la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo en su artículo 15 el derecho de la sociedad de pedir información a agentes públicos sobre su administración; en 1966, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó el Freedom of Information Act como consecuencia de la presión que se dio por parte de la prensa ante  el oscurantismo de la administración norteamericana. A finales de los años setenta se expandió en países como Francia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos la regulación de éste derecho en leyes generales en donde se fijaron las bases y procedimientos para hacer efectivo el derecho de solicitud de información.

En México, el derecho a la información fue integrado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el 6 de diciembre de 1977, tras la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). La modificación al texto constitucional se dio en el marco de la denominada reforma política, la cual integraba el derecho a la información como una garantía en el ámbito electoral; instituyéndose en el artículo 6º:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho a la información será garantizado por el Estado.”[1]

El propósito de la reforma obedecía el garantizar a los partidos políticos condiciones de equidad para difundir sus propuestas a la ciudadanía, es decir, se quería lograr que la sociedad contara con la posibilidad de conocer la plataforma ideológica de las distintas corrientes políticas. La reforma representó un avance en el desarrollo democrático del país, aunque resultaba un derecho acotado, ya que solo era exigible en materia electoral.

En el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho de acceso a la información como una garantía individual, hoy derecho humano, que no sólo se acotara al ámbito político-electoral, lo cual ampliaba el campo de acción de este derecho, garantizando que todos los ciudadanos contaran con la prerrogativa de solicitar información a las autoridades sobre su quehacer, fomentando la rendición de cuentas, dejando de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos.

En abril de 2002, el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), iniciativa presentada en 2001 por el expresidente Vicente Fox Quesada, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) en junio del mismo año, entrando en vigor un año después. El propósito de la ley fue establecer el procedimiento a seguir por parte de los ciudadanos cuando solicitaran información; en la ley se detalla las excepciones por las que no se pueda otorgar la información requerida, así como los plazos en los que se debe otorgar la información por parte de los sujetos obligados.

La idea de la ley fue permitir que cualquier ciudadano pudiera requerir información producida por el gobierno federal sin necesidad de justificar el porqué de la solicitud, terminando así lo coloquialmente llamado “secreto administrativo”. Con la promulgación de la Ley se dio un cambio profundo, ya que se establecía la implementación de una cultura basada en la transparencia y rendición de cuentas; en los congresos locales se comenzaron a expedir leyes en la materia teniendo como base lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal.

En 2007 se modificó el artículo 6 Constitucional, la reforma amplió las obligaciones del Estado Mexicano en materia de acceso a la información, fijando las bases mínimas para el ejercicio de este derecho en los tres órdenes de gobierno y estableciendo como única limitante el que la información solicitada versara sobre temas de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad; ésta limitante debe ser justificada y clasificada como “información reservada”, dentro de la justificación debe señalarse el periodo por el cual tendrá la clasificación antes señalada, pudiendo ampliarse el plazo siempre que la institución encargada de velar por este derecho así lo determine.

La última reforma al artículo 6º  de la Constitución, publicada el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)[2], fija bases sólidas para el ejercicio del derecho a la información integrando un nuevo paradigma en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, se amplia el catálogo de sujetos obligados, incorporando figuras que a pesar de ejercer recursos públicos no estaban obligados a comprobar el destino de los recursos otorgados, los nuevos sujetos son: partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad; así mismo se establece la obligación de documentar el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones; se otorga autonomía al órgano garante previsto en el artículo 6º  de la Constitución; se facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de transparencia, protección de datos personales y archivos; ésta disposición se estableció en los artículos transitorios, en el caso de la expedición de la Ley General de Transparencia se estableció un año contado a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), es decir, el Congreso tenía como límite el 7 de febrero de 2015 para expedir o realizar las modificaciones al marco normativo; la Ley General de Transparencia fue aprobada el 16 de abril por el Congreso y publicada en el Diario Oficial el 4 de mayo de 2015, lo anterior representa una falta en los tiempos que el propio legislativo se fijó para la adecuación del orden normativo como se dispone en el segundo transitorio del decreto. Al día de hoy el Congreso de la Unión sigue en incumplimiento de disposiciones transitorias, aún no se cuenta con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Archivos así como las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para adecuarla a lo establecido en la Constitución.

El derecho de acceso a la información se ha colocado en los últimos años como un derecho exigible al actuar de las autoridades ante un descontento generalizado de los excesos de quienes ejercen actos de autoridad y ejercen recursos públicos; por ahora no se puede hablar de la eficacia de la reforma, ya que comprende una reestructuración en cada dependencia, obligando a cada sujeto obligado a contar con un órgano interno de control, el cual estará obligado a entregar la información solicitada, siempre que no se caiga en los supuestos de información reservada, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el órgano encargado de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y a la protección de datos personales, así como el promover en la sociedad la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas. En teoría, el nuevo modelo de rendición de cuentas parece viable, su eficacia se verá una vez que entre en vigor las disposiciones secundarias, lo cual será en mayo del año en curso, cuando los nuevos sujetos estén obligados a rendir cuentas de su actuar bajo las nuevas disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia. El diseño legal no lo es todo, es necesario además considerar las capacidades institucionales, los recursos técnicos y humanos, y el entorno cultural en que se da en la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante el establecimiento de una sociedad pro activa.

[1] Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 06-12-1977. DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4664439&fecha=06/12/1977

[2] DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf

Imagen obtenida de: http://rendiciondecuentas.org.mx/retos-para-la-nueva-politica-de-transparencia/

Eutanasia

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Por Jacqueline Miranda De los Santos

Mucho se ha hablado sobre este tema, que puede analizarse desde diferentes perspectivas. Desde el sentido médico, religioso o bien social. Antes de adentrarnos en cualquier punto, es importante comprender el tema desde la raíz etimológica.

Eutanasia es una palabra griega que proviene de “eu” bien y “thanatos” muerte, que juntos significan “buena muerte” podemos establecer de esta manera que la eutanasia es la acción u omisión que acelera el proceso natural del humano hacia la muerte, con la intención de que la persona no sufra.

La eutanasia se clasifica de dos formas, la activa y la pasiva. La primera es aquella que consiste en provocar la muerte de forma directa, mientras que en la segunda hay una omisión u suspensión del tratamiento al que la persona está sometida para finalmente concluir con su vida. Dentro de esta segunda clasificación, existe la eutanasia indirecta la cual consiste en una inyección terapéutica o bien ciertos procedimientos que tienen como efecto secundario la muerte.

La naturalidad con la que podemos ver o no la muerte, logra formar uno de los pilares fundamentales de este artículo. Desde una perspectiva religiosa: ¿sería correcto interrumpir el designio de Dios por el temor a sufrir ante una enfermedad? La religión cristiana a través de la biblia nos establece que es Dios quien tiene la última palabra sobre este hecho, esto se determina en los siguientes versículos: 1 Corintios 15:26, 54:56; Hebreos 2:9; Apocalipsis 21:4. Incluso muchos estudiosos de la religión, piensan que las personas pueden pasar por grandes sufrimientos antes de morir y ascender al cielo. Dios otorga con un propósito la vida y del mismo modo sabrá el momento de quitar ese don. Sin embargo, se dice que Dios otorgó, también el libre albedrío, esto consiste en creer que los humanos somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, sin la intervención de una fuerza ajena que decida nuestros escenarios y respuestas, lo que nos daría la posibilidad de elegir morir ante una enfermedad, sin vernos como dioses o pretender serlo.

La religión no es una oposición o algo que guíe los pasos de todos. Pero existe la construcción social de lo que es “correcto” o “incorrecto” o bien de lo que es “bueno” y “malo” construcciones que muchas veces son solo limitantes o tabúes sobre ciertos temas que ocasionan miedo al ser algo no común o desconocido. La opinión social muchas veces es influenciada por aspectos religiosos por lo que este punto y el anterior van directamente relacionados, pues la mayoría considera que es un tema que va en contra del designio de Dios. Por lo que la mayoría aunque no sean propiamente creyentes, desaprueba la eutanasia.

Hasta este punto podemos tener una perspectiva un poco más clara sobre este tema. Pero que sucedería si somos nosotros quienes nos vemos afectados por una situación así, ya sea que nosotros tengamos que decidir el momento en el que moriremos o hacerlo por alguien más, o ser un espectador un observador de la decisión de un familiar, quizá la forma de ver este problema cambiaría las cosas.

No es lo mismo gozar de buena salud, de estar en condiciones óptimas y considerar como una negativa la eutanasia o bien, creer que la aceptaremos hasta que se trata de nuestro padre, madre o hijo quien se encuentra en tal situación que la eutanasia parece la mejor opción.

El 27 de abril de 2009 nace una niña de nombre Camila quien presento hipoxia cerebral lo que impidió que respirara lo que la llevo a un estado de coma, el tratamiento siguiente para mantenerla con vida consistió en una traqueotomía y el implante de un botón gástrico para poder alimentarla esto con apenas cuatro meses. Fue en 2011 cuando la madre solicitó por medio de una carta a la entonces presidenta de Argentina un cambio en la legislación para la muerte digna. Logrando que fuera aceptada un año después y desconectada del respirador que la mantenía con vida un mes después.

Las posibilidades de que Camila se recuperara y tuviera una vida “normal” eran improbables, el tratamiento al que era sometida era doloroso. Aunque posiblemente la traqueotomía y el botón gástrico solo causaran malestar físico para la menor, la madre también sufría emocionalmente al ver a su hija en dichas condiciones, es evidente que Camila nunca iba a poder decidir por sí misma, pero en este caso toma las decisiones la madre.

Otro caso muy importante es del colombiano José Ovido González Correa, quien a sus 79 años pidió formalmente la eutanasia tras padecer un tipo de cáncer que le provocaba dolores insoportables su petición fue discutida por las autoridades colombianas y aprobada en 2015 falleciendo el 26 de junio por este método.

“México es el país que más aprobación muestra a la eutanasia al obtener un índice de 7.14 en el estudio, seguido de Uruguay con el 6.32 y Costa Rica con el 5.88. Los más conservadores en el tema son El Salvador (3.33) y Bolivia (3.58).

Sin embargo, entre los jóvenes de México, considerados por el estudio como la población entre 18 y 35 años, se muestra una disminución de 0.5 puntos en la aprobación de la eutanasia de 2012 y 2014.

La mayor disminución se registró en Argentina, de 1.6 puntos. También hubo bajas en la aprobación entre los jóvenes en Chile, donde este año murió la joven Valentina, que pedía la muerte asistida.

En México, una reforma a la Ley General de Salud y al Código Federal permite desde el 2008 la eutanasia pasiva, la cual otorga el derecho a los enfermos terminales a suspender el tratamiento curativo y a recibir solamente cuidados paliativos.”[1]

Aunque somos una cultura que propiamente convive con la idea de la muerte, que incluso tenemos días para celebrar, es un tema al que cualquier humano incomoda y no siempre está consciente que la vida siempre ha de culminar, y no sabemos si para retornar, para ser otra cosa o para alcanzar el paraíso prometido. La forma de morir finalmente no tiene mucha importancia, desde una perspectiva en la que uno ya no existe más y es desde muchas ópticas irreversible. No hay profesión que tema más a la muerte que la de los médicos. Siempre están luchando por mantener la vida, parece este tema una contradicción entre lo que aprenden y lo que en determinado momento requieren los pacientes.

“El hecho es que para el médico, para muchos médicos, la muerte sigue siendo una especie de enemigo, por lo menos uno capaz de sacudir una y otra vez sus propios sentimientos de omnipotencia y herir su vanidad. Por eso no es raro que algunos se muestren evasivos o que terminen excluyendo la idea de la muerte del campo de su interés y de su conciencia.”[2]

Qué tan prematuro es para un médico predecir desde el inicio que su paciente, enfermo de cáncer está en una condición en la que irremediablemente morirá y sufrirá. Actualmente es realmente difícil manejar todas las aristas de un problema en el que el paciente tiene una enfermedad en la que la cura aún no está en las manos. En estos casos el médico debe informar al paciente de cuál es la realidad del problema y no aislarlo de todas las posibilidades.

Por ultimo hay dos puntos que no hemos mencionado en este tema crucial, economía y dignidad. Para algunos no significaría nada los gastos que genera mantener un paciente conectado a una vida artificial, de cierta forma el estatus económico podría hablar de poseer mayores posibilidades de existir con dignidad, parece que para muchos otros pacientes esto no es una realidad, realmente cuál es panorama actual del sistema público de salud en nuestro país. Tan solo los pacientes con cáncer que no poseen la posibilidad de ser atendidos en el sector privado, recibir tratamiento en muchas ocasiones resultan desde el sector público incosteables. ¿Cuáles son las posibilidades de mantener a personas con muerte cerebral o en coma, si solo se tiene lo esencial para sobrevivir? Y hablo aún más allá de otro tema controversial la eutanasia social por no tener las condiciones económicas miles de recién nacidos mueren abandonados en las calles o las personas mayores abandonados bajo mismas condiciones, el Estado puede por medio de políticas públicas mantener a todas estas personas, mantener a alguien que depende de instrumentos médicos para vivir. Posiblemente esto nos muestre la falsedad del artículo primero de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra establece: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Sin embargo, como lo establece Arnoldo Kraus, la dignidad y los derechos están determinados por la condición económica. Pensar en eutanasia, posiblemente es pensar en derechos humanos y dignidad. Recurrimos al Kraus para expresar con sus palabras que he expuesto al respecto.

“La segunda fórmula del imperativo categórico se refiere a la dignidad humana: “Obra de manera de tratar a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de otro, siempre como un fin y nunca sólo como un medio”. Kant agrega: “Lo que tiene un precio puede ser sustituido por cualquier cosa equivalente; lo que es superior a todo precio, y que por tanto no permite equivalencia alguna tiene dignidad”.

Los seres humanos son en sí mismos un fin, carecen de valor relativo —no tienen precio—, y tienen, en cambio, un valor intrínseco, esto es, dignidad.”[3]

La dignidad humana, desde el pensamiento de Kant, siempre radicará en la autonomía, en la capacidad de decidir lo que es más conveniente lo que no nos aleja de seguir siendo hombres con dignidad. De esta manera, en este tema, estemos más cerca de un verdadero respeto a los derechos humanos.

[1] http://mexico.cnn.com/nacional/2015/06/24/uruguay-y-mexico-los-dos-paises-latinos-que-destacan-por-ser-liberales

[2] http://www.nexos.com.mx/?p=25094

[3] http://www.nexos.com.mx/?p=25087