Archivo de la etiqueta: derecho

El papel del legislador local en el Estado Constitucional

Por Roberto de Jesús Salas Cruz

Resumen: Esta investigación parte de los postulados del garantismo de Luigi Ferrajoli, se pretende identificar si el legislador ordinario tiene obligaciones positivas respecto a las normas constitucionales y cuáles serían éstas, sobre todo las que confieren derechos fundamentales. Se analizarán las causas para afirmar que, efectivamente dichas obligaciones existen, así como para definir cuál es el rol que juegan en el modelo constitucional de Derecho y por qué es que dicho poder -el legislativo- es el principal obligado y por ende, principal responsable del respeto/violación a los Derechos Humanos.

Palabras clave: Estado constitucional, poder legislativo, derechos fundamentales, garantías.

El estado constitucional de Derecho es ese paradigma normativo donde toda la producción y actividad jurídica se encuentra circunscripta y vinculada a las formas y contenidos estatuidos en las constituciones nacionales, generalmente escritas, rígidas y que ocupan la cúspide de las fuentes formales.

Dichas constituciones gozan de fuerza normativa, entendida esta última como “la aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores”[1].

Víctor García afirma que dicho modelo de Estado: “se erige sobre la base del reconocimiento y promoción de la dignidad de la persona humana y de la democracia como expresión ideológica, institucional, programática y cultural”[2].

Así, siendo la constitución un verdadero instrumento normativo, participa de la naturaleza de toda norma jurídica y vincula al Estado y los particulares al respeto de sus contenidos, los cuales se dividen en una enunciación de derechos fundamentales y en la división y demarcación de las competencias de los órganos del poder público.

Por ello, el Estado constitucional toma la legitimación y justificación de su existencia y actos del respeto que tenga por las cláusulas constitucionales. El derecho constitucional -nos dice Raúl Ferreyra- “no es ni más ni menos que el estudio de las formas en que el Estado debe quedar sometido al derecho”[3].

A partir de estas notas, hasta cierto grado intuitivas para quienes se dedican al estudio y práctica del derecho, podemos tomar el aparato conceptual de Luigi Ferrajoli para analizar qué rol tiene, por imposición lógica y sobre todo normativa, el legislador ordinario en este modelo de Estado.

Debemos primeramente comprender que para este prolijo autor que es Ferrajoli, en el derecho positivo las normas y situaciones jurídicas son causadas, es decir producidas por actos jurídicos, provenientes de la voluntad de las autoridades normativas facultadas para hacerlo[4], y además, organizadas estructuralmente en grados[5], es decir, dada la sujeción de la legislación y demás poderes ordinarios a las formas y a los significados sustanciales de la Constitución, aquellos quedan infraordenados a estos últimos, dependiendo su existencia y validez de la conformidad que tengan a dichas formalidades y dichos significados. En otras palabras, existe una suprasubordinación de los poderes ordinarios a la Constitución.

En esta misma línea, agrega Ferrajoli que dicha estructura en grados “impone la coherencia y la plenitud de la legislación respecto de la constitución”[6] lo que se refleja en la no contradicción entre normas producidas y normas constitucionales y en la implicación [lógica] de los actos normativos de nivel inferior según los requerimientos de las normas de nivel superior. Esto es, los principios de coherencia y plenitud en el derecho positivo imponen que la producción legislativa no vaya en contra de las disposiciones constitucionales y que los actos que las normas constitucionales implican o tienen implícitos sean positivamente producidos por la misma legislación a efecto de dotar de desarrollo a las cláusulas constitucionales y darles operatividad.

Así, por el hecho de que las normas jurídicas se añaden al sistema jurídico por actos de la autoridad es que el sistema jurídico es dinámico. Es decir, el derecho como sistema deóntico y a la vez normativo es un sistema nomodinámico, donde las normas, como ya se mencionó, “no son deducidas de otras normas, sino producidas por las autoridades competentes”[7].

La principal consecuencia de esto es que, en el Derecho, contrario a los sistemas puramente deductivos, como la geometría, y los cerrados, como la moral, los principios lógicos no siempre son satisfechos, de forma que “antinomias y lagunas estructurales no sólo existen de hecho, sino que no pueden no existir entre normas de distinto nivel a causa de la diferencia que necesariamente siempre subsiste entre deber ser normativo y ser efectivo del derecho”[8].

Es decir, los principios lógicos mencionados deberían ser satisfechos en la construcción y aplicación del Derecho, sin embargo, siempre es posible que dicha satisfacción sea ignorada puesto que el desarrollo normativo ordinario no se deduce necesariamente de las normas supraordenadas, sino que deben ser introducidas por la autoridad, es decir, no consisten en un mero acto de la razón, sino, sobre todo en un acto de la voluntad.

Así las cosas, estos principios lógicos “no consisten (…) en principios internos del derecho positivo (…) al no estar expresados ni explícita ni implícitamente por normas jurídicas. [Son más bien principios] que imponen al derecho positivo, como principios externos al mismo, la lógica que éste no tiene de hecho pero que, de derecho, debe tener”[9].

Lo anterior es de vital comprensión ya que precisamente en la prevención de antinomias y la colmación de lagunas es que consiste el papel del legislador ordinario.

Ahora bien, el modelo constitucional de corte garantista, se compone de una serie de “límites impuestos en garantía del principio de igualdad y de los derechos de libertad, cuya violación por acción da lugar a antinomias, es decir a leyes inválidas que requieren ser anuladas mediante la intervención jurisdiccional; y de vínculos impuestos esencialmente en garantía de los derechos sociales, cuyo incumplimiento por omisión da lugar a lagunas que deben ser colmadas por la intervención legislativa”[10].

En breves palabras, el legislador al momento de crear una norma e incorporarla al sistema jurídico, no debe producirla de tal forma que contraríe las formas y contenidos sustanciales de la constitución, so pena de invalidez; asimismo debe crear las normas, esto es, establecer con precisión las obligaciones, prohibiciones, sujetos y plazos (las garantías primarias y secundarias) con los cuales ha de satisfacerse algún derecho constitucionalmente reconocido, con el riesgo de caer en una laguna de no hacerlo así.

De esta forma, gracias a la imposición normativa de los principios lógicos de coherencia y plenitud al Derecho, es que el legislador tiene positivamente “la obligación de introducir las garantías primarias y secundarias correlativas a los derechos fundamentales [constitucionalmente] estipulados”[11], garantías que consisten en las obligaciones y prohibiciones respecto a los derechos fundamentales, y en la obligación de reparar y sancionar judicialmente las violaciones a tales derechos[12].

Es decir, la tarea del legislador ordinario es desarrollar normativamente los Derechos y Principios Fundamentales heredados por el Constituyente de forma tal que permitan la operativización de los mismos, mediante la identificación de los sujetos vinculados y las prohibiciones y obligaciones idóneas para su satisfacción, así como estar dentro del margen permitido por los contenidos formales y sustanciales de la Constitución.

Así, evitar antinomias y colmar lagunas son la obligación constitucional más importante del legislador pues mediante ello se asegura la eficacia constitucional y la satisfacción de los derechos fundamentales.

De otra forma la estipulación constitucional de los derechos quedaría desprovista de operatividad y dichos derechos serían meras ilusiones, promesas a lo sumo, que no lograrían pasar del papel a la realidad. Por ello, siempre a todo derecho fundamental (que genera una expectativa positiva cuando se trate de derechos sociales, o negativa cuando se trate de derechos político-civiles) deben recaerle las obligaciones positivas o prohibiciones negativas respectivas que permitan que tales derechos sean ejercidos por sus titulares, así como desarrollar los mecanismos jurisdiccionales idóneos para sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos.

De ello se deriva que “aunque las constituciones son pródigas en la promesa de ´derechos´, estas promesas solo son serias (esto es, susceptibles de quedar satisfechas en concreto) si van acompañadas de la identificación de los deberes correspondientes y de los sujetos, públicos o privados a quienes se imputan”[13].

Por ello, antinomias y lagunas (la indebida producción de normas inválidas que se hallan en contraste con la Constitución y la omisión de producción de las leyes de actuación de las normas constitucionales y, en particular, (de las garantías) de los derechos sociales)[14] que en su conjunto conforman lo denominado por Ferrajoli como “derecho ilegítimo”[15], imponen a la ciencia jurídica dos tareas fundamentales: la crítica y la proyección.

Crítica en cuanto al derecho inválido, esto es, frente a las normas producidas en violación de lo constitucionalmente dispuesto por la contradicción de sus contenidos de forma y sustancia, debiendo establecer las técnicas de anulación o invalidación de los actos prohibidos que la violan. Proyectiva frente al derecho inexistente pero que debiera existir, esto es, frente a las omisiones del legislador en violación de lo constitucionalmente dispuesto para ser desarrollado, por la falta de imposiciones de las prohibiciones y obligaciones que deben recaer como garantía a los Derechos Fundamentales, debiendo establecer las técnicas de coerción y sanción contra la omisión de las medidas que satisfacen los derechos fundamentales, obligando a su creación e introducción[16].

“Se trata de una obligación, por así decirlo, de segundo grado, dado que pesa sobre el intérprete o sobre el legislador como ´obligación de obligar´ (o de ´prohibir´), esto es, de encontrar e introducir la modalidad [obligación o prohibición] que constituye la garantía [de algún derecho fundamental] que falta”[17].

En breves palabras la ciencia jurídica es una ciencia crítica y proyectiva en cuanto a su objeto: el Derecho mismo, puesto que debe criticar sus antinomias y lagunas como un vicio, y proyectar las técnicas adecuadas para expulsarlas[18].

Los derechos fundamentales, sus garantías primarias (las obligaciones positivas y prohibiciones negativas que los satisfacen) y garantías secundarias (los órganos y procedimientos encargados de anular, invalidar o sancionar las violaciones a las garantías primarias) son, pues, el aparato crítico y proyectivo fundamental del orden jurídico[19], pues a través de ellas puede darse cuenta tanto de la existencia, como de la vigencia, validez y efectividad de las normas, y por ende, de la legitimidad y constitucionalidad de los actos y omisiones estatales y de particulares, pues todo ello se resume, a final de cuentas, al grado de apego y respeto a dichas disposiciones constitucionales.

El responsable, pues, la mayoría de las veces, de los vicios e inefectividades del Derecho es el poder legislativo, pues su defectuosa o inexistente actividad impide el disfrute de los derechos fundamentales, al no desarrollarse las cláusulas constitucionales y por tanto no ejecutarse los derechos, ni tener vías idóneas para reclamar tal imposibilidad.

La tarea del legislador es por ende el estudio crítico y proyectivo de su desarrollo legal para introducir las garantías necesarias a fin de que los derechos fundamentales no sean solo derechos ilusorios. Una tarea y, por tanto, una responsabilidad muy grande llevan en sus hombros quienes ocupan un lugar en los Congresos y Cámaras, pues de ellos depende, en primer lugar, la operatividad de la Constitución y la legitimación del Estado así como la efectividad del Derecho.

El garantismo, en tanto referente teórico del Estado constitucional, se define como “el conjunto de técnicas idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos”[20]. Técnicas que como hemos visto, quedan grandemente confiadas al legislador ordinario. He ahí su importante rol, y su tremenda responsabilidad.

Sin embargo, es necesario para tal fin profundizar en los estudios tanto de teoría como de técnica legislativa, esto para sortear los problemas a que se enfrenta el legislador al momento de configurar una norma[21] tales como, en el ámbito político, la determinación de en qué casos conviene resolver problemáticas sociales mediante normas generales y en cuáles es conveniente dejar su solución a jueces u órganos administrativos y ponderar los intereses en juego dentro de cualquiera de estas alternativas; y en el ámbito técnico, es decir en la configuración racional de la norma, problemas referentes a la adecuada determinación lingüística para no caer en ambigüedad o vaguedad; una correcta aplicación de la lógica, para no caer en vicios como los anteriormente mencionados (contradicciones, lagunas y redundancias); y problemas referentes a la dinámica del sistema, es decir a los procedimientos de promulgación, derogación y abrogación. Sin olvidar el apego que deben tener a los contenidos sustanciales (que conforman la parte estática) y formales de la constitución, que en conjunto crean la supralegalidad del sistema jurídico. En general el estudio de la teoría de la legislación “tiene como objeto el ámbito que abarca desde el momento de asumir la decisión política hasta el instante en que esta se concretiza mediante su incorporación e impacto al ordenamiento jurídico en forma de ley”[22], y cuyos beneficios al funcionamiento del Derecho consisten en el reforzamiento del principio democrático, la facilitación de la interpretación (al dar mayor peso a los antecedentes del acto legislativo y la prevención en los fallos del procedimiento legislativo) así como la formación de mejores juristas[23].

Por otro lado, hace falta también diseñar los mecanismos para constreñir al legislador a legislar -valga la redundancia- cuando su falta de actividad torne imposible o muy difícil el acceso a los derechos, sobre todo los derechos sociales, que requieren para el goce de sus contenidos un desarrollo legal posterior.

Para ello, para el control constitucional de las omisiones legislativas, sostengo, será necesario eliminar el requisito de un mandato constitucional expreso para legislar en un sentido determinado, y más bien permitir el estudio con libertad de apreciación, de si las situaciones de hecho o estados de cosas derivados o producidos por dicha inactividad son lesivas a los derechos fundamentales reconocidos, y en un ejercicio, no de usurpación de funciones, sino de vigilancia al respeto constitucional, y de coordinación de poderes, el poder judicial -como garante máximo de la constitución-, debería poder intimar al legislativo a actuar de forma tal que vuelva operativos tales derechos, a través de las diversas vías que la doctrina y la práctica han diseñado[24], o bien mediante mecanismos no jurisdiccionales que permitan a la sociedad civil presentarse frente a las Cámaras o Congresos a exponer la necesidad de dicha legislación.

Sin embargo, eso corresponde a otro estudio. Baste por ahora el hecho de haber identificado las obligaciones lógico-jurídicas del legislador ordinario: la introducción positiva de las garantías adecuadas para la satisfacción de los derechos fundamentales.

Bibliografía

Ferrajoli, Luigi, “Lógica, método axiomático y garantismo”, España: Doxa, núm. 42, 2019.  Disponible en:

Haz clic para acceder a DOXA_42_01.pdf

Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principalista y constitucionalismo garantista”, España: Doxa, núm. 34, 2011. Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32761/1/Doxa_34_02.pdf

Ferrajoli, Luigi, “Las garantías constitucionales de los Derechos Fundamentales”, España: Doxa, núm. 29, 2006. Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9954/1/Doxa_29_01.pdf

Ferrajoli, Luigi, “Para una refundación epistemológica de la teoría del derecho”, España: Anales de la cátedra Francisco Suárez, núm. 44, 2010. Disponible en https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/514/604

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, España: Trotta, 2010.

Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, España: Trotta, 2010.

Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris, t. I., España: Trotta, 2011

Ferreyra, Raúl, Notas sobre derecho constitucional y garantías, México: Porrúa-UNAM, 2004.

García, Víctor, Teoría del estado y derecho constitucional, Perú: Adrus, 2010.

Luna, Pablo, “Hacia la senda de una transformación constitucional: Suprema Corte de Justicia de la Nación”, México: Blog del Centro de Estudios Constitucionales, 2020. Disponible en https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/hacia-la-senda-de-una-transformacion-constitucional-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion

Sagüés, Néstor, La interpretación judicial de la constitución, México: Porrúa, 2016.

Santiago, Gonzalo, “Racionalidad y argumentación jurídica legislativa”, en Báez, Carlos et. al., Estudios sobre interpretación y argumentación jurídica, México: UNAM, 2010.

Zapatero, Virgilio, “De la jurisprudencia a la legislación”, España: Doxa, núm. 15-16, 1994. Disponible en https://doxa.ua.es/article/view/1994-n15-16-de-la-jurisprudencia-a-la-legislacion


[1] Sagüés, Néstor, La interpretación judicial de la constitución, México: Porrúa, 2016, p. 19.

[2] García, Víctor, Teoría del estado y derecho constitucional, Perú: Adrus, 2010, p. 162

[3] Ferreyra, Raúl, Notas sobre derecho constitucional y garantías, México: Porrúa-UNAM, p. 92.

[4] Ferrajoli, Luigi “Lógica, método axiomático y garantismo”, España: Doxa, núm. 42, 2019, p. 17.

[5] Íbidem, pp. 17-18.

[6] Íbidem, p. 18.

[7] Ferrajoli, Luigi, “Para una refundación epistemológica de la teoría del derecho”, España: Anales de la cátedra Francisco Suárez, núm. 44, 2010, p. 427

[8] Íbid.

[9] Ídem, p.  428

[10] Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principalista y constitucionalismo garantista”, España: Doxa, núm. 34, 2011 p.  25

[11] Ferrajoli, Luigi, “Las garantías constitucionales de los Derechos Fundamentales”, España: Doxa, núm. 29, 2006, p. 28

[12] Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, España: Trotta, p. 43

[13] Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris t. I. España: Trotta, 2011, p. 186.

[14] Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 10, p. 26

[15] Íbidem, p. 25

[16] Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 12, p. 25

[17] Ferrajoli, Op. Cit. 13, p.  190.

[18] Ferrajoli, Luigi, Op. CIt. 12, p. 28.

[19] Es decir, son el foco central de la semiótica del derecho. En la obra de Ferrajoli se definen las dimensiones sintáctica (referente a los elementos de cálculo lógico dentro de la teoría general del garantismo), semántica (referente a la dogmática jurídica, es decir los contenidos formales y sustanciales concretos de las normas jurídicas y sus componentes) y la pragmática (referente a la justificación de los elementos de la teoría garantista y a la crítica y proyección del derecho). Para una comprensión más plena de la teoría general del Derecho en el garantismo de este autor véase Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 13, sobre todo su introducción y los dos primeros capítulos (referentes a la teoría axiomatizada, la deóntica y al Derecho positivo).

[20] Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, España: Trotta, 2010, p. 374.

[21] Cfr. Santiago, Gonzalo, “Racionalidad y argumentación jurídica legislativa”, en Báez, Carlos et. al., Estudios sobre interpretación y argumentación jurídica, México: UNAM, 2010, pp. 308-309.

[22] Mora, Cecilia, “Teoría de la legislación”, en Cecilia, Mora y Elia Sánchez, Teoría de la legislación y técnica legislativa”, México: UNAM, 2012, p. 11.

[23] Cfr. Zapatrero, Virgilio, “De la jurisprudencia a la legislación”, España, Doxa, núm. 15-16, 1994, pp. 779-785.

[24] Cfr. Sagüés, Néstor, Op. Cit., pp. 183-192; Luna, Pablo, “Hacia la senda de una transformación constitucional: Suprema Corte de Justicia de la Nación”, México: Blog del Centro de Estudios Constitucionales, 2020.

La falta de perspectiva jurídica en la investigación

Por Ana Sofía Reyes Chávez

La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de dichos límites, en lo imposible.                                                 

Arthur Clarke

Como parte del ciclo de 7 problemáticas sociales que sufren las ciencias exactas, hoy se pone sobre la mesa: La falta de perspectiva jurídica que hay en la investigación científica.

La frase hacer hasta lo imposible para cumplir nuestros sueños como mujeres y hombres de ciencia, a menudo se puede confundir con hacer hasta lo ilegal para poder lograrlo. Y lo peor es que sucede sin darnos cuenta.

Las leyes de la naturaleza son fuertes y no suele haber quién las cuestione, sería rarísimo que alguien entre en debates de si el protón puede o no decaer en niveles de energía más bajos. La gente no debate sobre ello porque no sabe, no tiene conocimiento suficiente para hacerlo, sin embargo, sí lo hace por ejemplo con la política a pesar de que forma parte de las ciencias sociales y esto es porque las personas viven inmersas en ella. Estamos de nuevo ante una perspectiva parcial que sigue perpetuando la idea de que las ciencias exactas son superiores y solamente pueden ser tocadas por una élite por lo que el derecho no debería ponerle un alto a la ciencia.

Para comenzar con este tema partimos de uno de los pilares de la ciencia: el método científico de René Descartes. En su famoso discurso los fundamentos del método son una respuesta al funcionamiento de un mundo absoluto creado por dios. También establece que la ciencia se hace usando la razón, la cual define como un don divino que debe ser utilizado. Así, hay interpretaciones muy comunes de las enseñanzas de Descartes que pueden caer hoy en día en afirmar que:

Todo el mundo tiene talento y si no lo usa es un desperdicio.

El sentido de la vida aumenta mientras vayan aumentando las citas de las investigaciones.

La dignidad humana no existe, lo que existe es la producción humana y entre más, mejor.

Al hacer ciencia, Descartes recomienda reducir los fenómenos complejos a sus naturalezas simples. Si intentamos reducir la complejidad del ser humano, nos encontramos con que solamente son cuerpos vivos que requieren de alimento y que secretan desechos. Hemos visto ya las consecuencias que trae no considerar que los cuerpos son más que eso, lo vemos a diario en las noticias.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Reino Unido en el año 2003, cuando se descubrió que durante casi 30 años los cerebros de 48.000 ex pacientes de depresión y discapacidad mental fueron extraídos de sus cuerpos sin el consentimiento de sus familiares para hacer una investigación local. Se dice que esto se hizo en nombre de la ciencia y ha sido de gran ayuda para entender el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, si son tan racionales ¿por qué tomar la decisión de hacerlo a escondidas? ¿Por qué no solicitar a las autoridades y familiares los permisos necesarios? Pareciera que el hecho de saber que habrá un beneficio para quien investiga lo vuelve irracional.

Dejando de lado la discriminación a las mujeres (que es un problema enorme) implícito el discurso de Descartes, tenemos también que tomar en cuenta al acatar el método científico que no considera jamás cuales serían las repercusiones legales de hacer hipótesis y confirmarlas o desmentirlas. Sería prudente considerar la posibilidad dentro del mundo de las ciencias exactas de ver al derecho como una ciencia jurídica que tenga que ser conocida y su uso se arraigue en quienes quieren hacer de la ciencia su lugar en el mundo.

El último paso de la investigación es la verificación; este es el paso más riesgoso si se le aplica el método científico a las relaciones sociales. Como hombres y mujeres de ciencia, necesitamos verificación de si existimos, si nos quieren, si podemos amar. Afecta tanto las relaciones que se llega a exigir a como dé lugar una confirmación del sentimiento porque la ciencia no acepta por sí sola a una emoción, necesita de confirmación de la razón. Así, hay muchas formas científicas y lógicas de establecer comunicación y recibir verificación, pero se olvida que algunas de ellas son ilegales. Ni siquiera se olvida, simplemente no se considera, porque las ciencias exactas no ven a la norma como una parte de la ciencia del derecho sino como un impedimento para el progreso, una burocracia innecesaria que aplica solamente a ciertos grupos o sectores, lo que no intuye es que dentro de la realidad del mundo es más que eso. Esta visión increíblemente parcial y discriminante que existe en la investigación científica puede cambiar con ayuda de las instituciones de hoy en día que formarán la ciencia del futuro. 

Últimamente se ha visto con la contingencia sanitaria del Covid 19 la desesperación de quienes tienen estudios en inmunología, biología molecular y epidemiología; desesperación que es originada por la desinformación que la gente está propagando con el tema, porque ponen en riesgo la vida de todo el país al decir que no existe o que es un invento. Esto nos puede ayudar a ver con claridad que las ciencias sociales han tenido que pasar por eso toda la vida;  se cuestiona la cultura, la forma de convivir, las leyes, las formas de hacer política, las consecuencias sociales de cometer actos ilegales y una gran cantidad de etcéteras.

La realidad esquizofrénica

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El lunes pasado mientras salía a prisa porque como cada mañana era tarde, di unos pasos a modo de trote cuando olvide brincar la reja que llevaba semanas ahí, la gravedad hizo lo propio, y las rodillas terminaron raspadas. El hecho sin duda me disgustó y culpe a la reja, a la persona que la puso ahí. Así varios días después llegué a la reflexión que la torpeza es mía.

Comiendo algunos días después una hamburguesa en un restaurante conocido, unos niños entraron vendiendo mazapán, su rostro estaba cansado y su ropa algo vieja, toda la gente decía que no y otros fingían no verlos. Unos minutos después un niño de 3 años se acercó, su mamá le dijo que en el auto le daría sus papas, mire de reojo, su ropa y su contexto es tan diferente y sí, privilegiado, aunque nos retumbe y canse la palabra.

Hace unas semanas la noticia de que un niño en México[1] que había disparado un arma matando a su maestra, e hiriendo a compañeros, y después se suicidara conmocionó a nuestro país, la primera reacción de medios y autoridades fue culpar a los videojuegos. Las opiniones corrieron como ríos feroces, la razón es que si bien hay juegos violentos y que no son aptos para ciertas edades, México también es un país sumamente violento cuya seguridad pública aún es una asignatura pendiente.

Sí, la educación empieza en casa, de eso no hay duda, pero, ¿qué hay afuera? La respuesta es  violencia, México es el país que sin estar en guerra tiene tantos homicidios parece estarlo. En la primer quincena de 2020[2] ya se habían cometido al menos 200 asesinatos en todo el país. Rebobinemos el tiempo y vayamos a otro caso, Edgar Jiménez Lugo[3] fue un niño de 11 años que se volvió sicario, aprendió a matar por dinero porque no había otro panorama, esto sucedió en 2010, ¿en qué realidad vivimos? En una donde el mejor escenario inclusivo es pertenecer al narco, una donde en el mismo espacio de comida se comparten dos realidades un niño feliz de comer papas fritas y niños que deben vender para subsistir y que en realidad son invisibilizados por las mismas personas que se sienten incómodos con su presencia.

En unos meses una norma (inútil) será emitida y los que resultan ser fanáticos del derecho pensarán que la gran labor está realizada. “Tenemos un artículo, una ley, que disminuye las condiciones de marginación de los niños de la calle”. Orgullosos creerán que el derecho ha mejorado la vida de ellos porque ya los toma en cuenta, es probable que la mayoría de ellos no conozca durante toda su infancia esas normas que los benefician y mucho menos puedan acercarse a una persona que les ayude a luchar por esos derechos plasmados para ellos; por otra parte habrán políticas públicas que hablen de modificar la realidad, de programas sociales que los ayuden, el problema es la percepción de la realidad social y el entendimiento de que en 10 años nada se ha logrado.

¿Cómo construir desde la realidad que no se quiere ver?

No creo que la sociedad necesite engrosar el derecho, no necesitamos más mochila segura, y programas que no van a la raíz, es necesario comprender que la realidad que algunos percibimos es limitada por nuestro contexto y sobre todo por nuestras creencias, que no podemos entender tan fácil el sufrimiento del niño de 10 años que debe hacer frente a su condición de desigualdad, porque sencillamente somos observadores y necesitamos ver el problema desde su posición, únicamente trabajando con ellos es como podremos construir y atar puentes hacia una realidad más certera. Las verdades absolutas no son poseídas por los senadores ni los diputados, ni los gobernadores; si ellos no están en contacto y cara a cara con el problema, alejados sólo perciben una realidad esquizofrénica.

El segundo punto deberá llevar a la comprensión de que el derecho no es un modelo justo, contiene elementos dentro de su núcleo que lo llevan a no evolucionar a la par de la actual condición social convirtiéndolo en ocasiones en sólo un modelo operacional o un juego donde sólo las  personas con privilegios pueden jugar con él.

Por ejemplo, si bien es importante saber el contexto de Luis Ángel, también es cierto que hurgar en lo más oscuro de su familia para que el Estado se deslinde de la realidad que vivimos es una falla. Sí, la familia es el núcleo, pero las acciones del Estado (de sexenios anteriores) han abierto y mostrado a la sociedad que la violencia es un mecanismo vigente, no se puede culpar a la cerca por el descuido de andar distraído. La siguiente caída podría ser peor y quizás no haya videojuegos o familiares con antecedentes que culpar, porque en esa misma línea también está el caso de Edgar o los miles de niños de la calle y en la calle, aquellos que la gente prefiere no mirar y que a veces el Estado parece olvidar.

Sin embargo, esto no es más que una reflexión que puede ayudar (si así lo queremos) a ver cosas que a veces son difíciles de asumir, parte de la realidad es que tenemos una sociedad con un tejido descompuesto y la segunda verdad es que el derecho no podrá como herramienta única arreglar todo lo que hoy estamos viviendo.


[1] Yañez Brenda, El menor que disparó en Torreón “es un hijo de la guerra”, Expansión Política. 15/01/2020, consultado en:

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/15/el-menor-que-disparo-en-torreon-es-un-hijo-de-la-guerra-redim

[2] Guanajuato bajo el látigo de la violencia, 213 homicidios en 15 días. Infobae, 16/01/2020. Consultado en:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/16/guanajuato-bajo-el-latigo-de-la-violencia-213-homicidios-en-solo-15-dias/

[3] Guerrero, D., Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años, Excélsior, 3/09/2019, consultado en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-ponchis-el-nino-sicario-que-aprendio-a-matar-a-los-11-anos/1334134

A propósito del día internacional de los derechos humanos

Por Daniel Lanza Zaragoza

Hace unos días se conmemoraron 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que se proclamó el 10 de diciembre de 1948, fecha que coincide con el reconocimiento “universal” de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

El reconocimiento “universal” de los derechos humanos ha evolucionado gracias a las exigencias sociales, esto debido a la apropiación de discursos performativos y proactivos.   

Lo anterior lo podemos visibilizar, por ejemplo, a través de los movimientos sociales en países latinoamericanos, donde las personas han salido a las calles para exigir el respeto, protección y garantía de los derechos y libertades debido a la falta de consolidación de las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.

La paradoja de los derechos humanos surge por los múltiples discursos adoptados tanto por las autoridades como los particulares, podemos advertir la prevalencia de un estado de necesidad no solo de reconocer un pragmatismo jurídico, sino de la materialización integral de la tutela y garantismo estatal.

Sin embargo, no todo es negativo, el rol proactivo de las personas y autoridades ha permitido una transición paulatina al fortalecimiento de los derechos y libertades; durante estos 71 años, podemos identificar la coexistencia de aportes que fortalecen la justiciabilidad de los derechos y la democracia en cada estado.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó este día como: ¡Jóvenes por los Derechos Humanos! con el objeto de visibilizar la participación activa de la juventud en los movimientos sociales. 

La participación proactiva forma parte de un principio fundamental de los derechos humanos, ya que reúne opiniones, ideas, propuestas y soluciones que se traducen en el bienestar social.  

Una juventud empoderada tiene la posibilidad de impulsar transformaciones positivas en cada país, ya que fortalece las democracias y genera un desarrollo sostenible.  

Los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar

Por Daniel Landa Zaragoza

Las personas que realizan labores en el hogar están consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido a que tradicionalmente han sido objeto de condiciones inadecuadas de trabajo, jornadas excesivas, salarios mínimos, trabajos forzosos y carecen de una cobertura y protección en materia de seguridad social. 

Por tales motivos, el Estado Mexicano implementó políticas públicas que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre ellas destacan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, ambas publicadas el 2 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales se visibilizan y reconocen actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar.

Las particularidades de dichas reformas, radican en la celebración de un contrato escrito entre el empleador y la persona trabajadora del hogar, el cual debe contener: el periodo de contratación, las actividades a realizar, remuneración, periodicidad de pagos, horas de trabajo, vacaciones anuales pagadas, periodos de descanso diario y por semana, herramientas de trabajo, uniforme, alimentos, alojamiento y, las condiciones con relación la terminación laboral.

En consecuencia, las prestaciones sociales a las que tienen derecho son las siguientes:

  • Vacaciones;
  • Prima vacacional;
  • Pago de días de descanso;
  • Acceso obligatorio a la seguridad social;
  • Aguinaldo; y
  • Cualquier otra prestación que se pudieran pactar las partes.

Se precisa que el acceso a la seguridad social estará a cargo del patrón, ya que deberá registrar e inscribir a la persona trabajadora del hogar al régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brindará servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Lo anterior, se realizará conforme al salario mínimo que perciba una persona trabajadora del hogar, el cual se fijará de manera oficial el próximo mes de diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; sin embargo, dicha Comisión Nacional actualmente cuenta con un estudio técnico en que destaca que el salario mínimo podría ascender a $248.72 pesos diarios.

Por otra parte, las reformas citadas en párrafos anteriores contemplan el reconocimiento del derecho al descanso, el cual debe ser de día y medio ininterrumpido a la semana y puede ser acumulativo en periodos de dos semanas, solo si lo convienen las partes. Además, se deben considerar los días de descanso obligatorio.

En los casos donde las personas trabajadoras del hogar residen en el domicilio en que realizan las actividades laborales, deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Igualmente, se establece una garantía de protección para los menores de 15 años, donde se prohíbe su contratación; por lo que tratándose de mayores de 15 años y hasta los 18 años es necesario que el patrón les solicite un certificado médico por lo menos dos veces al año, además de fijar jornadas de trabajo que no excedan las 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Igualmente, deberán evitar contratar a menores que no hayan concluido la educación secundaria, salvo que la persona empleadora se haga cargo de que concluyan sus estudios.

Ahora, se advierte que los patrones tienen prohibido ejercer actos de molestia y de violencia sea física, psicológica o por razones de género en contra de las personas trabajadoras del hogar, así como ejercer actos discriminatorios que vulneren su dignidad. Por ejemplo, cuando una trabajadora del hogar esté embarazada, el empleador tiene prohibido despedirla, caso contrario, se presumirá como un acto discriminatorio, el cual es considerado como un delito y se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa.[1]

En estos casos se considerará como una causal para rescindir la relación de trabajo.

Por tales motivos, las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona empleadora con 8 días de anticipación.

En cambio las personas empleadoras podrán dar por terminada la relación de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo o en cualquier tiempo, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con 8 días de anticipación y pagando la indemnización correspondiente.

Lo anterior formó parte de las adecuaciones normativas que realizó el Congreso de la Unión, para incorporar un nuevo sistema especial de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar, derivadas de las acciones de cumplimiento del amparo directo 9/2018, resuelto el 5 de diciembre de 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


[1] Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 Ter, fracción II del Código Penal Federal.

Problemas negativos de los derechos humanos que repercuten en el bienestar e integridad de las fuerzas armadas de México

Por Sergio Cruz Trejo

En la actualidad, la implementación de varias mecanismos que tienen que ver con el actuar de nuestras autoridades con estricto apego a los derechos humanos, han traído consecuencias negativas, que están lastimando la buena percepción que se podría tener de ellos, existen cuestionamientos sobre si son verdaderamente necesarios para proteger a las personas de actos de criminalidad despótica y sin escrúpulos,  ya que últimamente se ha vivido una cara distinta a la que estamos acostumbrados en cuanto a la acción de los derechos humanos en la sociedad.

Los miembros de las fuerzas armadas son parte de nuestra sociedad y no porque formen parte o estén en otros grupos, pueden ser tratados de diferente manera. Con esto hago referencia a la agresión que se ha desarrollado en los últimos meses, con respecto al sufrimiento que padece el personal de las fuerzas armadas.

Desde mi perspectiva es una falta de congruencia que la misma población no se dé cuenta o no lo quiera reconocer las agresiones que sufren las personas que son parte de los cuerpos militares, este problema se tiene que solucionar y terminar, porque todas las personas deben ser respetadas en todos los sentidos, sin importar la profesión que desempeñen.

Los derechos humanos tienen un objetivo definido el cual radica en brindar protección a todos, sin embargo brindan mayor protección a los grupos vulnerables, los que en realidad están en desventaja comparados con otros grupos o incluso personas que se aprovechan de sus beneficios para poder obtener ventajas sin importar las repercusiones que dichas acciones puedan tener.

Analizando el objetivo y finalidad de los derechos humanos debo decir que es un poco contradictorio con la realidad, ya que estos no accionan el actuar de los organismos en beneficio de los más necesitados. Estos derechos, en muchas ocasiones son aliados de los ventajosos, de los abusivos; si en realidad los tan mencionados derechos humanos, no fueran una máscara de intereses, donde el que pone la mejor cara es el que podrá obtener los beneficios absolutos; en cualquier parte del mundo pesan y hacen diferencia según la postura que llegasen a tomar.

¿Será que dichos derechos son una cortina de humo? Es decir, la primera cara es la de protección a los más necesitados haciéndoles creer que se vela siempre y en todo momento por su bienestar, pero por el otro lado los encargados de tutelarlos son los que cometen las injusticias que condenan, otorgándoles perdones y beneficios a los déspotas a causa de intereses particulares los cuales están en una misma sintonía.

Los derechos humanos llevan consigo un doble discurso donde por una parte se brinda ayuda y protección sin importar quién sea el autor intelectual y por el otro lado solo se suelen dar llamadas de atención pero jamás se procede como se debería, no importando quien sea, se supone que si es por el bienestar de todos en general se debería de eliminar la semilla que está causando el mal.

Por lo tanto, la aparición y propagación de los derechos humanos se ve sólo en ciertos escenarios, piénsese en una sociedad con la cual la gente es confiada y otorga todo su espíritu por una satisfacción de tranquilidad que jamás va a suceder, ya que la misma creencia perfecta de que dichos derechos podrían ser la solución a todos los problemas, sólo sería si existiese una verdadera responsabilidad de las autoridades, pues la realidad es que los derechos son la génesis encaminada al bien común, que es lo que toda sociedad desea.

El acceso a bienes y servicios culturales como un derecho fundamental

Por Daniel Landa Zaragoza

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 566/2015, en el que determinó que el acceso a bienes y servicios culturales, es una vertiente del derecho a la cultura.

Antecedentes del caso. El 24 de junio de 2011, el Gobierno del Estado de Nayarit y una empresa constructora, celebraron un contrato de obra pública, con la finalidad de que se construyera la Ciudad de las Artes, en Tepic.

El 30 de agosto de 2011, se inauguró la primera fase de construcción, misma que se realizó en el inmueble conocido como Parque de Béisbol de Tepic. Sin embargo, el Gobierno de Nayarit tuvo que solicitar un crédito financiero al Congreso del Estado para que se concluyeran las obras de construcción.

El 29 de junio de 2013, se autorizó la desincorporación y enajenación del bien inmueble, por lo que se publicó la Primera Convocatoria de Venta Pública 01/2013, en la que se ofertó públicamente dicha propiedad.

Tesis central. El derecho al acceso a la cultura está protegido por los artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y 14.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

De ahí que, sea considerado como un derecho polivalente, ya que contiene tres particularidades:

  1. Tutela el acceso a los bienes y servicios culturales.
  2. Protege el uso y disfrute de los mismos.
  3. Protege la producción intelectual por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente.[1]

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció a través de la Observación General No. 21, que la cultura tiene un contenido polifacético,[2] con tres componentes:

  1. Participación en la vida cultural.
  2. Acceso a la vida cultural.
  3. Contribución a la vida cultural.

Igualmente, dicho Comité sostuvo que la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, “la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones”.[3]

Por último, la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, estableció que los derechos culturales protegen:

  1. La creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella.
  2. La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, lo cual incluye el derecho a:
  3. Elegir no pertenecer a un colectivo determinado.
  4. Cambiar de opinión o a abandonar un colectivo.
  5. Participar en el proceso de definición de éste en condiciones de igualdad.
  6. Participar o no hacerlo en la vida cultural de su elección, y ejercer sus propias prácticas culturales.
  7. Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan y de las fronteras.
  8. El derecho a disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su propio patrimonio cultural y al de otros.
  9. El derecho a participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la reformulación de sus identidades culturales.[4]

Por tanto, todas esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional de tener acceso a bienes y servicios culturales.

Razón por la cual, la parte quejosa tiene derecho a que el Gobierno de Nayarit genere bienes y servicios culturales para que acceda a ellos, derecho que no se vulneró con la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes. 

El deber de proteger el núcleo esencial de los derechos. La observación general No. 3, sostiene que “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”. En la misma línea, en la Observación General No. 21 sobre el derecho a la cultura, se argumentó que existe un núcleo esencial del derecho a la cultura.[5]

En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado, a fin de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [6]

Así, en ese asunto se observó que la omisión reclamada no violó el núcleo del derecho de los quejosos al acceso a la cultura, toda vez que la omisión de construir una extensión de la cineteca nacional, una ludoteca, una biblioteca, el área de la escuela de música y la escuela de Bellas Artes del Estado de Nayarit, no generó una afectación tan grave en la esfera de los quejosos que pueda calificarse como una vulneración a su dignidad.

El deber de alcanzar progresivamente la protección del derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen a un Estado una obligación de fin, es decir, establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva.

De esta manera, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que no le es exigible al Estado la satisfacción plena del derecho de manera inmediata, ya que, como se mencionó anteriormente, ese alcance debe realizarse progresivamente, lo cual desde luego no significa que el Estado no tenga ninguna obligación.

En ese contexto, la Corte consideró que la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes no vulneró la obligación de progresividad en la satisfacción del derecho porque existe una política pública razonable sobre el acceso de las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales.

En efecto, el Gobierno de Nayarit concluyó la primera etapa de dicho proyecto, en la que se construyó un espacio propicio para exponer pinturas y esculturas, además, se imparten talleres de pintura, oratoria y escultura; es un espacio adecuado para practicar algunas disciplinas deportivas; así como un auditorio y un cine al aire libre para que los vecinos del municipio de Tepic tuvieran acceso a bienes y servicios culturales. En consecuencia, resultó evidente que el Estado sí tenía una política pública mediante la cual razonablemente se buscaba alcanzar progresivamente la plena realización del derecho a la cultura.

El deber de no regresividad. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen un deber de no regresividad, que se puede desprender del mandato de progresividad protegido en los artículos 1o Constitucional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El mandato de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

En este sentido, la Corte al resolver la contradicción de tesis 366/2013,[7] determinó que el principio de no regresividad impone como regla general que el grado de tutela conferido por el legislador para el ejercicio de un derecho fundamental no debe disminuirse.

De lo anterior, se afirmó que las medidas que resulten regresivas, corresponde al Estado justificar con información suficiente  y argumentos pertinentes la necesidad de dar un paso regresivo en el desarrollo de un derecho social. En tal sentido, la constitucionalidad de una medida regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales depende de que supere un test de proporcionalidad, lo que significa que la medida debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

Por lo tanto, en el caso no existió regresividad normativa porque no se reformó alguna norma que les hubiera eliminado o restringido derechos. Luego entonces, las omisiones reclamadas no constituyeron medidas regresivas.

En conclusión: Contrario a lo manifestado por los quejosos, la omisión de terminar el proyecto de la “Ciudad de las Artes”, no violó ninguna de las obligaciones derivadas del derecho fundamental a la cultura, ya que existía una política pública que razonablemente buscaba el pleno goce de dicho derecho la cual se consideró como una medida no regresiva.


[1] Estos postulados, fueron reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011,el 2 de mayo de 2012.

[2]           Párrafo 10. Se han formulado en el pasado diversas definiciones de “cultura” y en el futuro habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en el concepto de cultura.

[3]           Párrafo 16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, como lo es la disponibilidad.

[4]           Párrafo 9. La primera Relatora Especial destacó en reiteradas ocasiones que la finalidad del mandato no residía en la protección de la cultura o del patrimonio cultural per se, sino en la salvaguardia de las condiciones que permiten el acceso, la participación y la contribución de toda persona a la vida cultural, sin discriminación y en una forma sujeta a constante evolución.

[5]           Párrafo 55. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité destacó que correspondía a los Estados partes la obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto.

[6]           Amparos en revisión: 323/2014 y 378/2014, el primero resuelto el 11 de marzo de 2015 y el segundo el 15 de octubre de 2014.

[7]           Resuelta el 29 de abril de 2014, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La ley de amnistía, un paso hacia la reconstrucción del tejido social

Por Mauricio Suárez Montaño

La nueva propuesta de Ley de Amnistía, presentada por el Presidente de México el pasado domingo 15 de septiembre, ha sido centro de una acalorada discusión en los últimos días en nuestro país, y es por eso que hoy me propongo abordar este tema en las siguientes líneas.

La iniciativa en cuestión surge como un esfuerzo por parte del Gobierno Federal para aliviar la falta de acceso a la justicia por pobreza y corrupción en México. Su objeto se encuentra comprendido en ayudar a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, que fueron obligadas a delinquir en condición vulnerable, sin medios para pagar su defensa en acusaciones de poca estimación o que han sido enjuiciadas en español, un idioma que no entienden y sin un traductor como demanda el debido proceso.

Resulta a todas luces conveniente señalar que, en el sistema jurídico mexicano, la amnistía es un instrumento del que dispone el Estado a través del Poder Legislativo de la Unión, para otorgar a ciertas personas indiciadas o privadas de su libertad el perdón por actos delictivos que hayan sido conocido por los tribunales federales, de tal forma que puedan reintegrarse a la vida en sociedad. Esta figura encuentra su fundamento legal en el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal y como lo contempla el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal en días recientes, en nuestra historia tenemos un par de antecedentes en materia de amnistía. En el último tramo del Siglo XX el Honorable Congreso de la Unión aprobó dos leyes de Amnistía: la primera en el año de 1978, con el objetivo de excarcelar a las y los presos políticos, detenidos a lo largo del periodo conocido como “guerra sucia”. Asimismo, se aprobó una segunda Ley de Amnistía en enero de 1994, a favor de las personas integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Respecto de los sujetos beneficiados en el actual proyecto, se contemplan grupos especialmente afectados por su elevada vulnerabilidad social: las mujeres, las personas jóvenes, las personas indígenas y los presos políticos. Asimismo, se debe hacer hincapié en que esta Ley no concede el beneficio de amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, o hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por las conductas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal. Por lo que respecta al delito de aborto, tanto las mujeres como los médicos y parteras podrán verse beneficiados de esta Ley ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales clasifica como no grave al aborto.

En lo concerniente a la aplicación de la Ley, se establece que la Fiscalía General de la República será la institución facultada para la aplicación de ésta, con la intervención correspondiente de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en particular la Secretaría de Gobernación, a la que se faculta para conocer, estudiar y resolver de manera específica, no limitante a otras hipótesis, los casos de las personas privadas de su libertad por motivos políticos.

Se debe tener en mente que esta propuesta de Ley, únicamente contempla beneficiar a personas imputadas por un delito del orden federal, de tal suerte que, el número de casos en los que pueda ser exitosamente aplicada serán realmente pocos. Sin embargo, el proyecto  contempla el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien promueva ante los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas, la expedición de leyes de amnistía por delitos del orden local semejantes a los contemplados en la Ley de Amnistía de ámbito federal.

No me queda duda que esta Ley es un primer gran paso hacia la reconstrucción del tejido social, que invita a un replanteamiento de un nuevo contrato social, que anteponga un contexto de paz y ciudadanía. Empero, resulta prioritario acentuar la importancia de trabajar en concretar y eficientar muchos aspectos de nuestro actual sistema de justicia en aras de atacar el fondo del asunto para resolver las causas originarias que han llevado a la necesidad de expedir esta nueva Ley.

Análisis del desconocimiento de la criminología en relación con los derechos humanos

Por Sergio Cruz Tejo[1]

La aparición de los Derechos Humanos en la sociedad es de gran relevancia, ya que con ellos se reestructuran las sociedades dando paso a generaciones más conscientes y sobre todo más informadas, conocedoras de la trascendencia que tiene respetarlos; no solo para mantener un orden social, sino para que las personas sean respetadas por lo que son, no como objetos que hoy existen y mañana no, o ser tratados por tiranías que producen beneficios para unos cuantos a costa de muchos, sin tener una mínima de conciencia, respeto y dignidad por sus semejantes.

En nuestro país, desde hace varios años cuando un grupo de familiares de personas recluidas iniciaron un movimiento de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas presas y las víctimas, equivalía a sufrir consecuencias, tales como desapariciones forzadas, torturas, genocidios, entre otros actos violatorios de derechos humanos cometidos por ciertos grupos de élite, como lo eran en aquellos tiempos la clase política; como sabemos en nuestro país, estos grupos deciden el rumbo social y personal de la ciudadanía de manera indirecta, sin que algunas personas se den cuenta de los actos arbitrarios que cometen.

Pero no todo pinta tan mal, ya que debemos reconocer que desde aquellos años los derechos humanos han evolucionado de una manera exponencial con un énfasis para los que en realidad necesitan ser protegidos, derivado por la gran desigualdad que existe entre unos y otros, ya sea por cuestiones económicas, legales, tráfico de influencias, desapariciones forzadas; se ha usado el poder -mismo que los ciudadanos le confieren de forma honesta y honrada a las personas que representan esa soberanía- para que puedan ayudar a combatir la  desigualdad y puedan ayudar a crear una nueva sociedad más unida, sin embargo, sus acciones negativas  provocan descontento y violencia.

Por otra parte, predomina en el país una falta de interés por el bienestar de otras personas, lo cual deriva en todos los malos comportamientos que ciertas personas han llevado a cabo para obtener beneficios propios y de cómplices a quienes no les interesa en lo más mínimo la estabilidad y buen desarrollo del país.

Por lo anterior, podrá sonar un tanto irónico o contradictorio, pero los derechos humanos en sus diversas etapas de transición han modificado y aportado cosas positivas para que las personas estén más protegidas y tengan un poco más de apoyo para poder hacerle frente a un enemigo que suele ser arbitrario y que ocasiona descontrol y victimización en la población, por ello, a continuación se muestran los diferentes tipos de discursos en materia de derechos humanos relacionados con la criminología:

Diplomático. Sus orígenes históricos se encuentran en los movimientos de derechos humanos supranacionales como los de la Organización de la Naciones Unidas, Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea, etcétera.

Legalista. Con frecuencia similar al anterior, se diferencia porque su enfoque es estrictamente legal e intenta dar forma jurídica a la defensa de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.

Político-filosófico. Similar en algunos aspectos teóricos generales al discurso legal, su característica principal es que recoge todos aquellos aspectos relacionados con los derechos en general.

Intervencionista. Se genera y se opera fuera de las estructuras oficiales del Estado, y generalmente se basa en el trabajo de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo alcance puede ser internacional, nacional, regional o local.

De monitoreo o vigilancia. Se distingue de los otros en tanto que existen organizaciones o individuos dedicados exclusivamente a informar sobre violaciones a los derechos humanos, no ejercen presión sobre los gobiernos ni participan directamente en casos específicos, y su función es informar y contabilizar las violaciones.

Científico social. Aun cuando no existe una disciplina científica que se dedique exclusivamente al estudio de los derechos humanos, existen diversos conjuntos de literatura que tratan de aprehender cognitivamente estos temas, ya sea de manera descriptiva/empírica o causal/teórica.

Educacional. Busca reforzar los valores de los derechos humanos a través de la educación dirigida al público en general o a grupos específicos, ya sea en escuelas, instituciones o en cualquier otro espacio. Este discurso se autodefine como preventivo y proactivo; más que ser una respuesta reactiva, busca anticiparse para que las violaciones a los derechos humanos no ocurran.

En ese sentido, el aspecto fundamental de los derechos humanos es que un país cuente con un sistema garantista y proteccionista, para que tengan un efecto adecuado para sus habitantes, lo cual es de trascendencia mundial en los diversos discursos, ya que  si llegaran a implementarse cambiarían el estado de derecho, sin embargo, la realidad es que no se llevan a cabo de forma correcta, ya que a los gobiernos les afecta la debida implementación de dichos sistemas por los intereses económicos y políticos, por eso la mayoría de países, entre ellos, México, apuesta por una justicia constitucional.

Ante tales consideraciones, existe la libertad en cada gobierno de elegir entre un estado de derecho o que prevalezca la tiranía y corrupción, persiguiendo intereses propios para dominar un territorio, creando ideas ficticias a través de los discursos de derechos humanos que los benefician.

La relación que existe entre la criminología y los derechos humanos radica en el acercamiento e intercambio de ideas y propuestas para beneficiar a la ciudadanía en el esclarecimiento de actos delictivos e investigaciones, a fin de crear soluciones y acciones sociales.

Sin embargo, la criminología desde hace años ha sido cómplice del sistema punitivo al criminalizar o poner etiquetas a una sociedad lastimada por su mismo Estado inconsciente e inhumano, y por dejar por mucho tiempo de lado a las víctimas, quienes siempre serán y seguirán siendo parte fundamental para resolver problemas de impunidad y violaciones de diferentes índoles.

Por lo tanto, es importante destacar que los derechos humanos y la criminología se complementan, al igual que otras ciencias, buscan obtener un mayor conocimiento y tener perspectivas diversas que aporten en la solución de los problemas sociales que aumentan cada día, pues afectan y desintegran a la población, por estas razones es trascendente crear políticas públicas eficaces que puedan solucionar y garantizar los derechos humanos dentro del campo de la  criminología.


[1] Estudiante de la Facultad de Estudios Profesionales de Posgrado. Licenciatura en criminología, ha participado en ponencias como: Paradigma de la criminología en el sistema globalista y Criminología y sus ataduras con el sistema punitivo. Facebook: Serch.

Jóvenes con voz

Anagénesis y la Red Mundial de Jóvenes Políticos estuvimos en el programa de radio del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho en la UNAM, el cual es conducido por la Dra. María Guadalupe Fernández Ruiz, directora del seminario.

Este fue un ejercicio enriquecedor ya que nos permite a las y los jóvenes opinar en medios, dar a conocer nuestros proyectos y poder estar más cerca de jóvenes que deseen participar.

Tanto la Red Mundial de Jóvenes Políticos como Anagénesis tenemos interés en que más jóvenes se sumen a nuestros proyectos, las puertas están abiertas para todos.

Las redes sociales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos CDMX son:

Twitter: @rm_cdmx / Facebook: Red Mundial de Jóvenes Políticos -CDMX / Instagram: rmjpcdmx

Nuestras redes sociales son:

Twitter: @AnagenesisJco / Facebook: Anagénesis Jurídico Revista / Instagram: Proyecto Anagénesis

Aquí te dejamos también el enlace del programa, el cual se llamó Jóvenes haciendo política: