Los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

Las personas que realizan labores en el hogar están consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido a que tradicionalmente han sido objeto de condiciones inadecuadas de trabajo, jornadas excesivas, salarios mínimos, trabajos forzosos y carecen de una cobertura y protección en materia de seguridad social. 

Por tales motivos, el Estado Mexicano implementó políticas públicas que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre ellas destacan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, ambas publicadas el 2 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales se visibilizan y reconocen actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar.

Las particularidades de dichas reformas, radican en la celebración de un contrato escrito entre el empleador y la persona trabajadora del hogar, el cual debe contener: el periodo de contratación, las actividades a realizar, remuneración, periodicidad de pagos, horas de trabajo, vacaciones anuales pagadas, periodos de descanso diario y por semana, herramientas de trabajo, uniforme, alimentos, alojamiento y, las condiciones con relación la terminación laboral.

En consecuencia, las prestaciones sociales a las que tienen derecho son las siguientes:

  • Vacaciones;
  • Prima vacacional;
  • Pago de días de descanso;
  • Acceso obligatorio a la seguridad social;
  • Aguinaldo; y
  • Cualquier otra prestación que se pudieran pactar las partes.

Se precisa que el acceso a la seguridad social estará a cargo del patrón, ya que deberá registrar e inscribir a la persona trabajadora del hogar al régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brindará servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Lo anterior, se realizará conforme al salario mínimo que perciba una persona trabajadora del hogar, el cual se fijará de manera oficial el próximo mes de diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; sin embargo, dicha Comisión Nacional actualmente cuenta con un estudio técnico en que destaca que el salario mínimo podría ascender a $248.72 pesos diarios.

Por otra parte, las reformas citadas en párrafos anteriores contemplan el reconocimiento del derecho al descanso, el cual debe ser de día y medio ininterrumpido a la semana y puede ser acumulativo en periodos de dos semanas, solo si lo convienen las partes. Además, se deben considerar los días de descanso obligatorio.

En los casos donde las personas trabajadoras del hogar residen en el domicilio en que realizan las actividades laborales, deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Igualmente, se establece una garantía de protección para los menores de 15 años, donde se prohíbe su contratación; por lo que tratándose de mayores de 15 años y hasta los 18 años es necesario que el patrón les solicite un certificado médico por lo menos dos veces al año, además de fijar jornadas de trabajo que no excedan las 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Igualmente, deberán evitar contratar a menores que no hayan concluido la educación secundaria, salvo que la persona empleadora se haga cargo de que concluyan sus estudios.

Ahora, se advierte que los patrones tienen prohibido ejercer actos de molestia y de violencia sea física, psicológica o por razones de género en contra de las personas trabajadoras del hogar, así como ejercer actos discriminatorios que vulneren su dignidad. Por ejemplo, cuando una trabajadora del hogar esté embarazada, el empleador tiene prohibido despedirla, caso contrario, se presumirá como un acto discriminatorio, el cual es considerado como un delito y se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa.[1]

En estos casos se considerará como una causal para rescindir la relación de trabajo.

Por tales motivos, las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona empleadora con 8 días de anticipación.

En cambio las personas empleadoras podrán dar por terminada la relación de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo o en cualquier tiempo, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con 8 días de anticipación y pagando la indemnización correspondiente.

Lo anterior formó parte de las adecuaciones normativas que realizó el Congreso de la Unión, para incorporar un nuevo sistema especial de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar, derivadas de las acciones de cumplimiento del amparo directo 9/2018, resuelto el 5 de diciembre de 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


[1] Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 Ter, fracción II del Código Penal Federal.

Problemas negativos de los derechos humanos que repercuten en el bienestar e integridad de las fuerzas armadas de México

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Sergio Cruz Trejo

En la actualidad, la implementación de varias mecanismos que tienen que ver con el actuar de nuestras autoridades con estricto apego a los derechos humanos, han traído consecuencias negativas, que están lastimando la buena percepción que se podría tener de ellos, existen cuestionamientos sobre si son verdaderamente necesarios para proteger a las personas de actos de criminalidad despótica y sin escrúpulos,  ya que últimamente se ha vivido una cara distinta a la que estamos acostumbrados en cuanto a la acción de los derechos humanos en la sociedad.

Los miembros de las fuerzas armadas son parte de nuestra sociedad y no porque formen parte o estén en otros grupos, pueden ser tratados de diferente manera. Con esto hago referencia a la agresión que se ha desarrollado en los últimos meses, con respecto al sufrimiento que padece el personal de las fuerzas armadas.

Desde mi perspectiva es una falta de congruencia que la misma población no se dé cuenta o no lo quiera reconocer las agresiones que sufren las personas que son parte de los cuerpos militares, este problema se tiene que solucionar y terminar, porque todas las personas deben ser respetadas en todos los sentidos, sin importar la profesión que desempeñen.

Los derechos humanos tienen un objetivo definido el cual radica en brindar protección a todos, sin embargo brindan mayor protección a los grupos vulnerables, los que en realidad están en desventaja comparados con otros grupos o incluso personas que se aprovechan de sus beneficios para poder obtener ventajas sin importar las repercusiones que dichas acciones puedan tener.

Analizando el objetivo y finalidad de los derechos humanos debo decir que es un poco contradictorio con la realidad, ya que estos no accionan el actuar de los organismos en beneficio de los más necesitados. Estos derechos, en muchas ocasiones son aliados de los ventajosos, de los abusivos; si en realidad los tan mencionados derechos humanos, no fueran una máscara de intereses, donde el que pone la mejor cara es el que podrá obtener los beneficios absolutos; en cualquier parte del mundo pesan y hacen diferencia según la postura que llegasen a tomar.

¿Será que dichos derechos son una cortina de humo? Es decir, la primera cara es la de protección a los más necesitados haciéndoles creer que se vela siempre y en todo momento por su bienestar, pero por el otro lado los encargados de tutelarlos son los que cometen las injusticias que condenan, otorgándoles perdones y beneficios a los déspotas a causa de intereses particulares los cuales están en una misma sintonía.

Los derechos humanos llevan consigo un doble discurso donde por una parte se brinda ayuda y protección sin importar quién sea el autor intelectual y por el otro lado solo se suelen dar llamadas de atención pero jamás se procede como se debería, no importando quien sea, se supone que si es por el bienestar de todos en general se debería de eliminar la semilla que está causando el mal.

Por lo tanto, la aparición y propagación de los derechos humanos se ve sólo en ciertos escenarios, piénsese en una sociedad con la cual la gente es confiada y otorga todo su espíritu por una satisfacción de tranquilidad que jamás va a suceder, ya que la misma creencia perfecta de que dichos derechos podrían ser la solución a todos los problemas, sólo sería si existiese una verdadera responsabilidad de las autoridades, pues la realidad es que los derechos son la génesis encaminada al bien común, que es lo que toda sociedad desea.

El acceso a bienes y servicios culturales como un derecho fundamental

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 566/2015, en el que determinó que el acceso a bienes y servicios culturales, es una vertiente del derecho a la cultura.

Antecedentes del caso. El 24 de junio de 2011, el Gobierno del Estado de Nayarit y una empresa constructora, celebraron un contrato de obra pública, con la finalidad de que se construyera la Ciudad de las Artes, en Tepic.

El 30 de agosto de 2011, se inauguró la primera fase de construcción, misma que se realizó en el inmueble conocido como Parque de Béisbol de Tepic. Sin embargo, el Gobierno de Nayarit tuvo que solicitar un crédito financiero al Congreso del Estado para que se concluyeran las obras de construcción.

El 29 de junio de 2013, se autorizó la desincorporación y enajenación del bien inmueble, por lo que se publicó la Primera Convocatoria de Venta Pública 01/2013, en la que se ofertó públicamente dicha propiedad.

Tesis central. El derecho al acceso a la cultura está protegido por los artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y 14.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

De ahí que, sea considerado como un derecho polivalente, ya que contiene tres particularidades:

  1. Tutela el acceso a los bienes y servicios culturales.
  2. Protege el uso y disfrute de los mismos.
  3. Protege la producción intelectual por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente.[1]

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció a través de la Observación General No. 21, que la cultura tiene un contenido polifacético,[2] con tres componentes:

  1. Participación en la vida cultural.
  2. Acceso a la vida cultural.
  3. Contribución a la vida cultural.

Igualmente, dicho Comité sostuvo que la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, “la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones”.[3]

Por último, la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, estableció que los derechos culturales protegen:

  1. La creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella.
  2. La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, lo cual incluye el derecho a:
  3. Elegir no pertenecer a un colectivo determinado.
  4. Cambiar de opinión o a abandonar un colectivo.
  5. Participar en el proceso de definición de éste en condiciones de igualdad.
  6. Participar o no hacerlo en la vida cultural de su elección, y ejercer sus propias prácticas culturales.
  7. Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan y de las fronteras.
  8. El derecho a disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su propio patrimonio cultural y al de otros.
  9. El derecho a participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la reformulación de sus identidades culturales.[4]

Por tanto, todas esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional de tener acceso a bienes y servicios culturales.

Razón por la cual, la parte quejosa tiene derecho a que el Gobierno de Nayarit genere bienes y servicios culturales para que acceda a ellos, derecho que no se vulneró con la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes. 

El deber de proteger el núcleo esencial de los derechos. La observación general No. 3, sostiene que “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”. En la misma línea, en la Observación General No. 21 sobre el derecho a la cultura, se argumentó que existe un núcleo esencial del derecho a la cultura.[5]

En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado, a fin de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [6]

Así, en ese asunto se observó que la omisión reclamada no violó el núcleo del derecho de los quejosos al acceso a la cultura, toda vez que la omisión de construir una extensión de la cineteca nacional, una ludoteca, una biblioteca, el área de la escuela de música y la escuela de Bellas Artes del Estado de Nayarit, no generó una afectación tan grave en la esfera de los quejosos que pueda calificarse como una vulneración a su dignidad.

El deber de alcanzar progresivamente la protección del derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen a un Estado una obligación de fin, es decir, establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva.

De esta manera, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que no le es exigible al Estado la satisfacción plena del derecho de manera inmediata, ya que, como se mencionó anteriormente, ese alcance debe realizarse progresivamente, lo cual desde luego no significa que el Estado no tenga ninguna obligación.

En ese contexto, la Corte consideró que la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes no vulneró la obligación de progresividad en la satisfacción del derecho porque existe una política pública razonable sobre el acceso de las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales.

En efecto, el Gobierno de Nayarit concluyó la primera etapa de dicho proyecto, en la que se construyó un espacio propicio para exponer pinturas y esculturas, además, se imparten talleres de pintura, oratoria y escultura; es un espacio adecuado para practicar algunas disciplinas deportivas; así como un auditorio y un cine al aire libre para que los vecinos del municipio de Tepic tuvieran acceso a bienes y servicios culturales. En consecuencia, resultó evidente que el Estado sí tenía una política pública mediante la cual razonablemente se buscaba alcanzar progresivamente la plena realización del derecho a la cultura.

El deber de no regresividad. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen un deber de no regresividad, que se puede desprender del mandato de progresividad protegido en los artículos 1o Constitucional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El mandato de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

En este sentido, la Corte al resolver la contradicción de tesis 366/2013,[7] determinó que el principio de no regresividad impone como regla general que el grado de tutela conferido por el legislador para el ejercicio de un derecho fundamental no debe disminuirse.

De lo anterior, se afirmó que las medidas que resulten regresivas, corresponde al Estado justificar con información suficiente  y argumentos pertinentes la necesidad de dar un paso regresivo en el desarrollo de un derecho social. En tal sentido, la constitucionalidad de una medida regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales depende de que supere un test de proporcionalidad, lo que significa que la medida debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

Por lo tanto, en el caso no existió regresividad normativa porque no se reformó alguna norma que les hubiera eliminado o restringido derechos. Luego entonces, las omisiones reclamadas no constituyeron medidas regresivas.

En conclusión: Contrario a lo manifestado por los quejosos, la omisión de terminar el proyecto de la “Ciudad de las Artes”, no violó ninguna de las obligaciones derivadas del derecho fundamental a la cultura, ya que existía una política pública que razonablemente buscaba el pleno goce de dicho derecho la cual se consideró como una medida no regresiva.


[1] Estos postulados, fueron reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011,el 2 de mayo de 2012.

[2]           Párrafo 10. Se han formulado en el pasado diversas definiciones de “cultura” y en el futuro habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en el concepto de cultura.

[3]           Párrafo 16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, como lo es la disponibilidad.

[4]           Párrafo 9. La primera Relatora Especial destacó en reiteradas ocasiones que la finalidad del mandato no residía en la protección de la cultura o del patrimonio cultural per se, sino en la salvaguardia de las condiciones que permiten el acceso, la participación y la contribución de toda persona a la vida cultural, sin discriminación y en una forma sujeta a constante evolución.

[5]           Párrafo 55. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité destacó que correspondía a los Estados partes la obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto.

[6]           Amparos en revisión: 323/2014 y 378/2014, el primero resuelto el 11 de marzo de 2015 y el segundo el 15 de octubre de 2014.

[7]           Resuelta el 29 de abril de 2014, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La ley de amnistía, un paso hacia la reconstrucción del tejido social

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Mauricio Suárez Montaño

La nueva propuesta de Ley de Amnistía, presentada por el Presidente de México el pasado domingo 15 de septiembre, ha sido centro de una acalorada discusión en los últimos días en nuestro país, y es por eso que hoy me propongo abordar este tema en las siguientes líneas.

La iniciativa en cuestión surge como un esfuerzo por parte del Gobierno Federal para aliviar la falta de acceso a la justicia por pobreza y corrupción en México. Su objeto se encuentra comprendido en ayudar a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, que fueron obligadas a delinquir en condición vulnerable, sin medios para pagar su defensa en acusaciones de poca estimación o que han sido enjuiciadas en español, un idioma que no entienden y sin un traductor como demanda el debido proceso.

Resulta a todas luces conveniente señalar que, en el sistema jurídico mexicano, la amnistía es un instrumento del que dispone el Estado a través del Poder Legislativo de la Unión, para otorgar a ciertas personas indiciadas o privadas de su libertad el perdón por actos delictivos que hayan sido conocido por los tribunales federales, de tal forma que puedan reintegrarse a la vida en sociedad. Esta figura encuentra su fundamento legal en el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal y como lo contempla el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal en días recientes, en nuestra historia tenemos un par de antecedentes en materia de amnistía. En el último tramo del Siglo XX el Honorable Congreso de la Unión aprobó dos leyes de Amnistía: la primera en el año de 1978, con el objetivo de excarcelar a las y los presos políticos, detenidos a lo largo del periodo conocido como “guerra sucia”. Asimismo, se aprobó una segunda Ley de Amnistía en enero de 1994, a favor de las personas integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Respecto de los sujetos beneficiados en el actual proyecto, se contemplan grupos especialmente afectados por su elevada vulnerabilidad social: las mujeres, las personas jóvenes, las personas indígenas y los presos políticos. Asimismo, se debe hacer hincapié en que esta Ley no concede el beneficio de amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, o hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por las conductas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal. Por lo que respecta al delito de aborto, tanto las mujeres como los médicos y parteras podrán verse beneficiados de esta Ley ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales clasifica como no grave al aborto.

En lo concerniente a la aplicación de la Ley, se establece que la Fiscalía General de la República será la institución facultada para la aplicación de ésta, con la intervención correspondiente de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, en particular la Secretaría de Gobernación, a la que se faculta para conocer, estudiar y resolver de manera específica, no limitante a otras hipótesis, los casos de las personas privadas de su libertad por motivos políticos.

Se debe tener en mente que esta propuesta de Ley, únicamente contempla beneficiar a personas imputadas por un delito del orden federal, de tal suerte que, el número de casos en los que pueda ser exitosamente aplicada serán realmente pocos. Sin embargo, el proyecto  contempla el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien promueva ante los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas, la expedición de leyes de amnistía por delitos del orden local semejantes a los contemplados en la Ley de Amnistía de ámbito federal.

No me queda duda que esta Ley es un primer gran paso hacia la reconstrucción del tejido social, que invita a un replanteamiento de un nuevo contrato social, que anteponga un contexto de paz y ciudadanía. Empero, resulta prioritario acentuar la importancia de trabajar en concretar y eficientar muchos aspectos de nuestro actual sistema de justicia en aras de atacar el fondo del asunto para resolver las causas originarias que han llevado a la necesidad de expedir esta nueva Ley.

Análisis del desconocimiento de la criminología en relación con los derechos humanos

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Por Sergio Cruz Tejo[1]

La aparición de los Derechos Humanos en la sociedad es de gran relevancia, ya que con ellos se reestructuran las sociedades dando paso a generaciones más conscientes y sobre todo más informadas, conocedoras de la trascendencia que tiene respetarlos; no solo para mantener un orden social, sino para que las personas sean respetadas por lo que son, no como objetos que hoy existen y mañana no, o ser tratados por tiranías que producen beneficios para unos cuantos a costa de muchos, sin tener una mínima de conciencia, respeto y dignidad por sus semejantes.

En nuestro país, desde hace varios años cuando un grupo de familiares de personas recluidas iniciaron un movimiento de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas presas y las víctimas, equivalía a sufrir consecuencias, tales como desapariciones forzadas, torturas, genocidios, entre otros actos violatorios de derechos humanos cometidos por ciertos grupos de élite, como lo eran en aquellos tiempos la clase política; como sabemos en nuestro país, estos grupos deciden el rumbo social y personal de la ciudadanía de manera indirecta, sin que algunas personas se den cuenta de los actos arbitrarios que cometen.

Pero no todo pinta tan mal, ya que debemos reconocer que desde aquellos años los derechos humanos han evolucionado de una manera exponencial con un énfasis para los que en realidad necesitan ser protegidos, derivado por la gran desigualdad que existe entre unos y otros, ya sea por cuestiones económicas, legales, tráfico de influencias, desapariciones forzadas; se ha usado el poder -mismo que los ciudadanos le confieren de forma honesta y honrada a las personas que representan esa soberanía- para que puedan ayudar a combatir la  desigualdad y puedan ayudar a crear una nueva sociedad más unida, sin embargo, sus acciones negativas  provocan descontento y violencia.

Por otra parte, predomina en el país una falta de interés por el bienestar de otras personas, lo cual deriva en todos los malos comportamientos que ciertas personas han llevado a cabo para obtener beneficios propios y de cómplices a quienes no les interesa en lo más mínimo la estabilidad y buen desarrollo del país.

Por lo anterior, podrá sonar un tanto irónico o contradictorio, pero los derechos humanos en sus diversas etapas de transición han modificado y aportado cosas positivas para que las personas estén más protegidas y tengan un poco más de apoyo para poder hacerle frente a un enemigo que suele ser arbitrario y que ocasiona descontrol y victimización en la población, por ello, a continuación se muestran los diferentes tipos de discursos en materia de derechos humanos relacionados con la criminología:

Diplomático. Sus orígenes históricos se encuentran en los movimientos de derechos humanos supranacionales como los de la Organización de la Naciones Unidas, Organización de Estados Iberoamericanos, Unión Europea, etcétera.

Legalista. Con frecuencia similar al anterior, se diferencia porque su enfoque es estrictamente legal e intenta dar forma jurídica a la defensa de los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.

Político-filosófico. Similar en algunos aspectos teóricos generales al discurso legal, su característica principal es que recoge todos aquellos aspectos relacionados con los derechos en general.

Intervencionista. Se genera y se opera fuera de las estructuras oficiales del Estado, y generalmente se basa en el trabajo de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo alcance puede ser internacional, nacional, regional o local.

De monitoreo o vigilancia. Se distingue de los otros en tanto que existen organizaciones o individuos dedicados exclusivamente a informar sobre violaciones a los derechos humanos, no ejercen presión sobre los gobiernos ni participan directamente en casos específicos, y su función es informar y contabilizar las violaciones.

Científico social. Aun cuando no existe una disciplina científica que se dedique exclusivamente al estudio de los derechos humanos, existen diversos conjuntos de literatura que tratan de aprehender cognitivamente estos temas, ya sea de manera descriptiva/empírica o causal/teórica.

Educacional. Busca reforzar los valores de los derechos humanos a través de la educación dirigida al público en general o a grupos específicos, ya sea en escuelas, instituciones o en cualquier otro espacio. Este discurso se autodefine como preventivo y proactivo; más que ser una respuesta reactiva, busca anticiparse para que las violaciones a los derechos humanos no ocurran.

En ese sentido, el aspecto fundamental de los derechos humanos es que un país cuente con un sistema garantista y proteccionista, para que tengan un efecto adecuado para sus habitantes, lo cual es de trascendencia mundial en los diversos discursos, ya que  si llegaran a implementarse cambiarían el estado de derecho, sin embargo, la realidad es que no se llevan a cabo de forma correcta, ya que a los gobiernos les afecta la debida implementación de dichos sistemas por los intereses económicos y políticos, por eso la mayoría de países, entre ellos, México, apuesta por una justicia constitucional.

Ante tales consideraciones, existe la libertad en cada gobierno de elegir entre un estado de derecho o que prevalezca la tiranía y corrupción, persiguiendo intereses propios para dominar un territorio, creando ideas ficticias a través de los discursos de derechos humanos que los benefician.

La relación que existe entre la criminología y los derechos humanos radica en el acercamiento e intercambio de ideas y propuestas para beneficiar a la ciudadanía en el esclarecimiento de actos delictivos e investigaciones, a fin de crear soluciones y acciones sociales.

Sin embargo, la criminología desde hace años ha sido cómplice del sistema punitivo al criminalizar o poner etiquetas a una sociedad lastimada por su mismo Estado inconsciente e inhumano, y por dejar por mucho tiempo de lado a las víctimas, quienes siempre serán y seguirán siendo parte fundamental para resolver problemas de impunidad y violaciones de diferentes índoles.

Por lo tanto, es importante destacar que los derechos humanos y la criminología se complementan, al igual que otras ciencias, buscan obtener un mayor conocimiento y tener perspectivas diversas que aporten en la solución de los problemas sociales que aumentan cada día, pues afectan y desintegran a la población, por estas razones es trascendente crear políticas públicas eficaces que puedan solucionar y garantizar los derechos humanos dentro del campo de la  criminología.


[1] Estudiante de la Facultad de Estudios Profesionales de Posgrado. Licenciatura en criminología, ha participado en ponencias como: Paradigma de la criminología en el sistema globalista y Criminología y sus ataduras con el sistema punitivo. Facebook: Serch.

Jóvenes con voz

Promoción y Difusión Cultural

Anagénesis y la Red Mundial de Jóvenes Políticos estuvimos en el programa de radio del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho en la UNAM, el cual es conducido por la Dra. María Guadalupe Fernández Ruiz, directora del seminario.

Este fue un ejercicio enriquecedor ya que nos permite a las y los jóvenes opinar en medios, dar a conocer nuestros proyectos y poder estar más cerca de jóvenes que deseen participar.

Tanto la Red Mundial de Jóvenes Políticos como Anagénesis tenemos interés en que más jóvenes se sumen a nuestros proyectos, las puertas están abiertas para todos.

Las redes sociales de la Red Mundial de Jóvenes Políticos CDMX son:

Twitter: @rm_cdmx / Facebook: Red Mundial de Jóvenes Políticos -CDMX / Instagram: rmjpcdmx

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Aquí te dejamos también el enlace del programa, el cual se llamó Jóvenes haciendo política:

La música como un derecho humano

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza


“La música es una disciplina formativa que ayuda a las personas a crear nuevos hábitos para ser personas sanas, dar dirección a sus vidas y transformarlas.”
Thalía Carrillo Bravo[1]


1 Violinista y Coordinadora de Proyectos Orquestales Infantiles.

Por Daniel Landa Zaragoza

La música es un lenguaje universal que transforma la vida de las personas, es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que se tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que se desee participar y gozar de las artes.

La actividad artística musical no implica sólo un reconocimiento de participación en la vida cultural, sino una obligación estatal que adopte medidas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos que se dispongan para alcanzar progresivamente los objetivos de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Además, comprende una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

El primer acercamiento musical radica en reconocer que las personas tienen los siguientes derechos:

  1. Expresarse musicalmente en libertad.
  2. Aprender lenguajes y habilidades musicales.
  3. Acceder al conocimiento musical a través de la participación, escucha, creación e información.
  4. Desarrollar arte musical y difundirlo a través de los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición.
  5. Reconocer y remunerar el trabajo musical.

Lo anterior, implica que los estados desarrollen nuevas políticas públicas para alcanzar el ejercicio pleno de tales derechos, por ello el 25 de septiembre de 2015 diversos países crearon acciones para erradicar la pobreza, analfabetismo, cuidar el planeta y asegurar el bienestar común, plasmando sus visiones en una nueva agenda internacional llevada a cabo ante la Organización de las Naciones Unidas, la cual denominaron: “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (en adelante ODS). Los ODS se integran por 17 objetivos, entre los que destaca el numeral 4 “Educación de Calidad”, el cual se integra por 7 acciones que deben realizar los gobiernos a más tardar en el año 2030.

Una educación de calidad implica que las personas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera fase de su infancia, asegurando que concluyan la enseñanza primaria y secundaria a fin de crear resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Diversos países, por mencionar algunos: China, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y Venezuela, han utilizado a la música como una materia formativa que beneficia el proceso educativo de las personas al crear nuevos hábitos e  implementar sistemas musicales efectivos que garantizan que las niñas, niños y adolescentes adquieran una mejor concentración, aprendizaje, autocontrol, estimulación y sensibilidad por el entorno que les rodea, su principal objetivo es identificarse como personas, es decir, son elementos que ayudan a desarrollar hábitos y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y características musicales, asimismo, fomenta una cultura de respeto al patrimonio artístico.

En México, el derecho de acceso a una educación musical se encuentra establecido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 3° que contempla la garantía de una educación de calidad y obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad del docente y directivo garanticen el máximo logro de aprendizaje del alumnado.

Para lograr lo anterior y dar cumplimiento a los ODS los planes y programas de estudio en educación preescolar, primaria, secundaria y normal deben contener materias musicales obligatorias, donde se imparta a temprana edad la lectoescritura, rítmica, métrica, armonía, entre otras que contribuyan a fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y artística además de fomentar el respeto por la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos; esto se logrará promoviendo una educación inclusiva en la que participen diversos sistemas de aprendizaje y competencias.

El reconocer que la música es un derecho fundamental implica que su acceso debe ser garantizado por el Estado, un reto educativo con exigencia social que debe adoptar nuevas políticas públicas inclusivas, sin perder de vista a las personas que habitan en pueblos y comunidades indígenas o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que requieren de una atención primordial y de participación equitativa de forma tripartita: Estatal -Federación, Estados y Municipios-, sector privado y la organización civil.

El derecho humano indicado no demanda sólo igualdad entre las alumnas y alumnos, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes,[1] en efecto, requiere una obligación estatal que asegure que las circunstancias personales o sociales como el género, el origen étnico, la situación económica o la cultura no sean obstáculos que impidan acceder a la educación y que todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades.

En ese entendido, garantizar la música como un derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades, por ello, el sistema educativo debe ofrecer una respuesta personalizada y no esperar a que el alumnado se adecue al sistema por lo que es necesario que la educación musical se encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas.

Lo anterior requerirá personal docente especializado que tenga la pasión y vocación por trascender en la vida de las personas, ya que fomentará y generará una sensibilidad y apreciación por las artes y su entorno, además, de someterse a una constante capacitación para estar preparados para las nuevas exigencias sociales.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Educación inclusiva. Este derecho humano no sólo demanda igualdad, sino también equidad en el entorno educativo”, tesis aislada, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Décima época, número de registro: 2019246.

La pobreza y el nivel básico escolar no son condiciones para negar la guarda y custodia

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 1773/2016, respecto del derecho que tienen las madres de guarda y custodia sobre sus hijas e hijos, la cual no solo debe concederse con base en su condición económica o nivel educativo, sino sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niñez y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre pueda cuidarlas y cuidarlos de manera apropiada.

Antecedentes del caso. El 22 de octubre de 2014, un señor demandó a su esposa la pérdida de la patria potestad y guarda y custodia que ejerce sobre su hija.

El asunto lo conoció el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Seguidos los trámites legales el 25 de septiembre de 2015, se dictó sentencia que absolvió a la señora de la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su hija, se estableció la guarda y custodia a favor del señor, y se condenó a la madre al pago de alimentos.

Inconforme con esa resolución, la madre de la niña interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El 11 de noviembre de 2015, se emitió resolución que modificó parcialmente los resolutivos de la sentencia reclamada para absolver a la madre del pago de alimentos a favor de la niña, así como del pago de gastos y costas.

El 1 de diciembre de 2015, la madre por su propio derecho y en representación de su hija, promovió demanda de amparo contra la resolución del once de noviembre de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Señaló como violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Correspondió conocer del juicio de amparo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual admitió la demanda por acuerdo del 6 de enero de 2016. Seguidos los procedimientos legales correspondientes, el 25 de febrero de 2016, se dictó sentencia en la que se negó el amparo solicitado.

Inconforme con la resolución anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión el 28 de marzo de 2016, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el 8 de abril de 2016, el Presidente de la Corte admitió el recurso de revisión.

Tesis central. La madre manifestó quedebido a su condición económica y educativa le fue quitada la custodia de su hija, lo cual atentaría contra el interés superior de la niña e implicaría un trato discriminatorio en su contra.

Al respecto, la Corte determinó que atendiendo a la interpretación evolutiva y sistemática de los derechos humanos,[1] se considera que las distinciones de trato basadas en las carencias económicas repercuten en un grupo en situación de vulnerabilidad y desventaja.[2] Por lo tanto, su uso amerita una protección especial y, consecuentemente, ser entendida como categoría sospechosa dentro de “condición social”, que además, atenta contra la dignidad humana y menoscaba los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el enfoque intersectorial permite reconocer la diversidad y las diferencias que existen dentro de las personas que enfrentan una situación de pobreza, donde es posible detectar las múltiples formas en las que se resiente la discriminación, particularmente en el caso de las mujeres. Además, el enfoque diferencial de género es de especial relevancia pues, en última instancia, busca materializar en la realidad –a través de múltiples medidas– la igualdad entre mujeres y hombres de todos los espacios sociales.

En ese sentido, aun cuando el Tribunal Colegiado ponderó otros factores, los cuales evaluados en su conjunto pueden justificar que dicho órgano otorgara la guarda y custodia al padre, es imposible determinar el peso específico que jugaron cada uno de ellos. En la determinación de la guarda y custodia todos los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada influyen la decisión judicial y, en ocasiones, es imposible disociarlos y establecer cuál de ellos inclina el otorgamiento de la guarda y custodia a uno de los padres. Dichos factores deben ser evaluados integralmente, buscando siempre proteger el interés superior de los menores, bajo los estándares de análisis que se exponen a continuación.

Por ello, se determinó que la afirmación del Tribunal Colegiado tiene una carga de prejuicio sobre la aparente falta de aporte económico por parte de la madre a la vida de la hija, pues centra su consideración en que ella, al no tener ingresos, no tendría las “condiciones personales” y de “organización de vida”, no obstante no analiza el riesgo que dicha situación genera para la menor.

Se afirmó lo anterior, porque se probó que la madre es ama de casa y ha sido su cuidadora primaria, lo cual, tiene en sí mismo, un valor económico[3]. En consecuencia, no se puede considerar que la dedicación exclusiva al hogar, como opción de vida, per se, ponga en una situación de riesgo a la niña.

Esto no implica que se estén validando estereotipos en que sean las mujeres quienes se dediquen a las labores de cuidado; simplemente, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[4] reconoce –como en el presente caso, el rol de cuidado infantil respecto de la madre– ciertas realidades y las visibiliza.

Tampoco implica que una persona que solicite la guarda y custodia, y sea la persona proveedora económicamente, es decir, que salga a trabajar fuera de casa y obtenga un pago por ello, se encuentre, por ese sólo hecho, creando una situación de riesgo.

En conclusión: La Corte resolvió conceder el amparo al no haberse motivado reforzadamente la situación económica de la madre a la luz de la teoría del riesgo frente al interés superior de la niña.

Resolución y efectos de la sentencia. Ante lo fundado del recurso de revisión, se revocó la resolución recurrida y se otorgó el amparo a la madre para que la autoridad responsable emita una nueva sentencia en la que no determine la decisión de custodia únicamente con base en la condición económica o nivel educativo de la madre, y si lo hace, lo realice sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niña y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre la cuide de manera apropiada.


[1] Contradicción de tesis 21/2011, resuelta en sesión de 9 de septiembre de 2013, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Párrafo 65. Nota al pie 26.

[2] Cfr. Amparo directo en revisión 466/2011.

[3] Cfr. Amparo directo en revisión 1754/2015.

[4] Cfr. mutatis mutandi Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257.

Las instituciones de seguridad social como instituciones recaudadoras

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Karina Elizabeth García Tufiño

Por Karina Elizabeth García Tufiño

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.”

Organización Internacional del Trabajo

En México existen dos grandes instituciones encargadas de la seguridad social las cuales son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE).

El ISSSTE tiene su origen en el apartado B del artículo 123 Constitucional y es el encargado como su nombre lo dice de la seguridad social de los trabajadores al servicio Estado. Junto con esta institución tenemos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) que surge de la fracción XII del citado artículo.

Por otro lado derivado del apartado A se crea el IMSS que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, según lo establece la Ley del Seguro Social en el artículo 5o, al decir que es de integración tripartita se refiere a que cuenta con representación de los obreros, los patrones y los trabajadores o como lo dice el mismo artículo de la citada ley concurren los sectores público, social y privado. En el caso del Seguro Social la institución encargada del fondo a la vivienda será el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT).

Es importante la explicación anterior ya que la institución que se constituirá como autoridad recaudadora será el IMSS, la razón es porque se encarga de la recaudación de las aportaciones a la seguridad social establecidas en el artículo 2o fracción II del Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que será un organismo fiscal autónomo y como resultado podrá recaudar, administrar, determinar y liquidar estas contribuciones.

La obligación tributaria está a cargo del patrón que es quien debe enterar a la autoridad recaudadora (en este caso el IMSS) el número de trabajadores que tiene y las aportaciones a la seguridad social que debe hacer.

La Ley del Seguro Social expresamente faculta al IMSS para determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, esto quiere decir que le otorga facultades similares a las que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero solamente con respecto a las aportaciones que he mencionado antes.

Lo anterior quiere decir que dentro de las atribuciones que tiene es ordenar y hacer visitas domiciliarias en las que puede requerir la exhibición de libros y documentos con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Puede también revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Seguro Social e incluso sancionar administrativamente a dichos contadores públicos

Otra atribución es aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. También puede hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. Entre otras facultades que posee.

Es por lo anterior que hago la analogía con el SAT, ya que comparten funciones como autoridades recaudadoras pero el IMSS en este papel se enfoca únicamente a lo relacionado con las aportaciones a la seguridad social, la razón para hacer esto es que el tema es muy amplio ya que abarca cada relación obrero-patronal a nivel nacional, por supuesto que me refiero a las relaciones que se encuentran en la formalidad, así pues el IMSS es el encargado de realizar las funciones recaudadoras desde grandes contribuyentes como son grandes compañías (Grupo Bal, Bimbo, Liverpool, etc.) hasta las MyPimes que cuentan con algún trabajador registrado.

Un punto a destacar es que las aportaciones a la seguridad social se calculan sobre el sueldo de los trabajadores, pero es sobre el que reportan los patrones, es decir, que éstos pueden inscribir a los trabajadores con un sueldo base más bajo del que realmente perciben con la finalidad de reducir el pago que deben hacer al IMSS y una consecuencia de esto es que al tramitar las pensiones por parte de los trabajadores los cálculos no coinciden con el salario que realmente percibieron durante su vida laboral. Una forma de prevenir esto es revisar el sueldo con el cual están cotizando, en el siguiente enlace se puede sacar el reporte de las semanas cotizadas el cual contiene el salario base de cotización:

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a

Para poder hacer la consulta es necesario contar con el número de seguridad social (NSS) si no se cuenta con él se puede solicitar en las oficinas del IMSS, en caso de no ser el salario real se puede hacer del conocimiento del Instituto para que haga las investigaciones correspondientes.

Otra razón para hablar de este tema es por una reforma reciente la cual incluso ha comenzado con su campaña de proximidad y es la relativa al tema de las trabajadoras del hogar, al darles el bien merecido acceso a la seguridad social las personas que las contraten adquieren obligaciones de carácter fiscal, lo cual no es malo pero sí será interesante ver que tan exitosa es esta reforma. A continuación analizaré la mencionada reforma.

Haciendo un análisis a las normas modificadas no se ve un futuro tan prometedor como afirma su campaña de proximidad, al leer el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 01 de mayo de 2019 se observa que el primer cambio es la forma en que se les denominará antes de la reforma se les nombraba trabajadores domésticos ahora serán trabajadores del hogar.

Al leer los cambios publicados en el DOF nos damos cuenta que en muchos artículos no hay un gran cambio simplemente se hace la modificación que se comentó en el párrafo anterior o alguna corrección de estilo un ejemplo de esto es el artículo 336 que antes de la reforma establecía:

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Actualmente establece a la letra:

Artículo 336.- Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Un punto importante es que en el artículo 146 el cambio es sólo de nombre pero aún dice que el patrón no está obligado a pagar las aportaciones el Fondo Nacional de la Vivienda, con lo cual se les está dejando en estado de indefensión en un tema tan importante como es tener un lugar digno en el cual vivir, derecho que está consagrado en la Constitución Federal.

Un cambio importante que encontramos es la adición de la fracción IV al artículo 337 en la cual se plasma la obligación de inscribir a los trabajadores del hogar en el IMSS y pagar las cuotas correspondientes, es decir las aportaciones a la seguridad social.

Será el IMSS quien se encargue de vigilar el cumplimiento de esta obligación que se impone a los patrones, quien recaude las aportaciones y quien establezca créditos, multas y recargos de ser el caso. Y es por esta razón la importancia de conocer la dualidad que tiene esta dependencia como la encargada de la seguridad social pero también como autoridad recaudadora ya que como se analizó en este artículo no solo es letra muerta, es el derecho que trasciende día a día en la vida de los ciudadanos.

Sobre el derecho a decidir el orden de los apellidos de los hijos e hijas

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 208/2016, respecto del derecho que tienen las madres y padres de elegir el orden de inscripción de los apellidos de sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

Antecedentes del caso. Una madre tuvo dos hijas quienes al nacer las consideraron prematuras, por lo que permanecieron tres meses en el área de cuidados intensivos de la institución médica correspondiente. Meses después, la madre y el padre acudieron a un Juzgado del Registro Civil para registrar a sus hijas, sin embargo, solicitaron a la autoridad registral que sus hijas fueran inscritas de acuerdo con el siguiente orden: primero el apellido de la madre y en segundo el del padre, sin embargo, la petición fue rechazada.

Ante tales consideraciones solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal por propio derecho y en representación de sus hijas, reclamando como actos el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (en adelante el Código Civil), ya que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales. Lo anterior, en atención a que éstas últimas sí pueden escoger el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero).

Asimismo, manifestaron que el orden de los apellidos previsto por el artículo antes citado transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Lo anterior, debido a que el orden previsto por la norma impugnada obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Finalmente, estimaron que la norma impugnada transgrede el derecho al nombre, pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna.

Tesis central. La Corte realizó el estudio de constitucionalidad en dos etapas, la primera consistió en determinar si la norma impugnada –artículo 58 del Código Civil-, incide en el alcance o contenido prima facie de los derechos invocados.

Al respecto, se consideró que la protección de la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), igualmente, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, se destacó que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares de la niñez.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.[1] Por tanto, una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijas e hijos, ya que se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia, lo cual es considerado como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.[2]

Así, las madres y padres tienen derecho de nombrar a sus hijas e hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, esto no sólo implica elegir libremente su nombre, sino establecer el orden de sus apellidos.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de la madre y padre a elegir el nombre de sus hijas o hijos, así, cuando resolvió el caso Cusan et Fazzo v. Italie, estableció que su potestad de escoger el nombre (de pila y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar.[3]

La segunda etapa de análisis consistió en analizar la proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada, en efecto, históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder. Dada la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales.[4]

Actualmente, en nuestro país las mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido. No obstante, ha perdurado la tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. Así se puede observar de un análisis a las legislaciones civiles de las entidades federativas.

Como se explicó, tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Lo anterior, es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

En ese sentido, la prohibición que establecía el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetuaba un propósito inconstitucional, pues buscaba reiterar un prejuicio discriminatorio y disminuía el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Por lo anterior, no se encontró justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretendían perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. En consecuencia, la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal se consideró inconstitucional.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó amparar y proteger a las personas quejosas en contra de las autoridades y acto reclamados.

Por lo tanto, las autoridades del Registro Civil deberán expedir nuevas actas de nacimiento en las que se asienten los apellidos de acuerdo al orden deseado por la madre o padre.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 170.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillot v. France, Sentencia de 24 de octubre 1993, párrafos 21 y 22.

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusan et Fazzo c. Italie. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55.

[4] Wilson, Stephen, The means of naming: A social and cultural history of personal naming in Western Europe, USA 1998, UCL Press, página 175.