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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Miguel Ángel Tamayo

La norma jurídica como causa de corrupción

Por Miguel Ángel Tamayo

Los índices de percepción de corrupción colocan a México como uno de los países más corruptos del mundo. Por ello, el combate a este problema es un tema relevante en la agenda pública. Según Reyes Heroles, “los estudios sobre corrupción son bastante recientes. Las ciencias sociales han dedicado mucha energía y recursos a desentrañar otros fenómenos, los ciclos económicos, la vinculación entre recursos naturales y riqueza, las vías más cortas al desarrollo, antes que el del origen y terapéutica de la corrupción”[1].

Lo que sabemos acerca de la corrupción es que se trata de un fenómeno global que está presente en países en vías de desarrollo y también en países desarrollados. Así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 realizado por Transparencia Internacional, organización no gubernamental de carácter internacional. Este índice incluye una muestra de 180 países, de los cuales los países con menos corrupción son Dinamarca en el primer lugar, Nueva Zelanda en el segundo, y Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza se encuentran empatados en el tercer lugar. México se ubica entre los países más corruptos del mundo ya que ocupa el lugar número 138, muy cerca de los países peor ranqueados que son Corea del Norte, Yemen, Sudán del Sur, Siria y Somalia, que aparece como el país más corrupto con apenas 10 puntos de 100 posibles[2].

Elaboración propia con información del Índice de Percepción de la Corrupción 2018.

La corrupción  “es un fenómeno universal con manifestaciones particulares en cada época y en cada nación”[3]. No existe consenso sobre la definición del concepto corrupción. Por ejemplo, para el catedrático de la Universidad de Harvard, Robert Klitgaard, “la corrupción es el abuso de un cargo con fines personales. Este cargo, dice el Profesor, puede ser público o privado, pero la corrupción es considerada, normalmente, como un fenómeno público”[4]. Otra propuesta es la ofrecida por el Dr. González Llaca: “acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa o abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así al interés público y/o en de la entidad privada en la que labora”.[5]

En la corrupción no intervienen únicamente servidores públicos, sino también particulares. Ambos sectores, público y privado, con su hacer o no hacer, degeneran las normas previamente establecidas para el curso de actividades específicas, y cuyo cumplimiento interesa a la sociedad en su conjunto. La corrupción tiene distintas manifestaciones y de igual manera sus causas son variadas. A decir de Lilia Aguilar, “existen muchos tipos de corrupción y contextos en los que se dan, y en cada uno es posible encontrar causas sociales, económicas, institucionales, o incluso políticas o hasta culturales”[6].  En suma, las causas de la corrupción “pueden dividirse principalmente en dos tipos: los sociales, es decir, aquellos relacionados con cuestiones culturales y sociológicas; y los institucionales, provenientes del diseño normativo de las instancias gubernamentales, así como de los distintos incentivos y sanciones”[7]. Según Amparo Casar, “el componente institucional está relacionado con la baja calidad de las instituciones, así como con los marcos normativos y regulatorios cuyos incentivos obligan o hacen racional que el individuo o la empresa incurran en actos de corrupción”.[8]

La corrupción tiene múltiples efectos en la economía, en la recaudación de impuestos, en la aplicación del derecho, en la desigualdad social, el uso de los recursos públicos, etcétera; sin embargo, suelen estar invisibilizados y puestos como algo que irremediablemente está presente en el colectivo social porque las personas aceptan tácitamente ciertos grados de corrupción. Sin embargo, es necesario advertir que “la corrupción tiene efectos materiales concretos en la vida cotidiana”[9], los cuales se experimentan en “el producto interno bruto, afecta los principios del fair play del mercado, desprestigia a las instituciones, promueve la inequidad social, y destruye nuestra dignidad y autonomía personal”[10].

Se han identificado instituciones jurídicas como causas de corrupción en las compras gubernamentales. Estas instituciones jurídicas generan espacios de opacidad en el resultados de la investigación de mercado que obligatoriamente se realiza previo al procedimiento de contratación; en el dictamen de selección del procedimiento de compra; en otorgar discrecionalidad para diseñar requerimientos que limitan la libre participación de proveedores en los procedimientos de contratación. La Comisión Federal de Competencia Económica “ha encontrado que, en ocasiones, los procesos de contratación tienen errores de planeación y diseño que limitan la concurrencia o reducen la rivalidad competitiva entre los licitantes, por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración (o ausencia) de investigaciones de mercado, la falta de transparencia en las reglas de participación, el establecimiento de requisitos injustificados o discriminatorios, y la elección del mecanismo de evaluación”[11].

Sin embargo, el mayor reto consiste en atajar normativamente la corrupción que ocurre entre entes del sector público. Una de las causas institucionales de corrupción consiste en el diseño normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta Ley regula los procedimientos de contratación por parte del Gobierno Federal, pero excluye de su aplicación a las contrataciones entre entes públicos cuando alguno funge como proveedor o prestador de servicios.

Algunas de las reglas de las cuales están exceptuadas las contrataciones celebradas entre entes públicos se encuentran tanto en la selección del proveedor, en las condiciones contractuales, y en la ejecución y seguimiento del contrato. Al respecto, destaca que en estas contrataciones no son requisito la descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato; previsión de penas convencionales; causales de rescisión;  garantía de cumplimiento;  mecanismos de verificación y seguimiento de los contratos, así como el servidor público responsable de verificar el cumplimiento del mismo.

El 6 de noviembre de 2017 se publicó un oficio circular en el Diario Oficial de la Federación con algunas directrices aplicables a las contrataciones entre entes públicos. Una directriz a destacar es que en todos los casos se debía realizar una investigación de mercado, es decir, que se debía verificar que el bien o servicio que se pretende contratar existe en el mercado, que hay posibles proveedores a nivel nacional o internacional, así como el precio estimado, a efecto se asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, precio y financiamiento. Otra directriz contenida en dicho oficio es la referente a acreditar que el ente público que fungirá como proveedor tiene la capacidad técnica, material y humana para cumplir el contrato en al menos 51%.

Hasta antes de noviembre de 2017 no se contaba siquiera con estas directrices, es decir, tampoco se aplicaban estas reglas a las contrataciones entre entes públicos. Hay razones fundadas para inferir que la emisión de este oficio obedece al informe sobre la cuenta pública 2013-2014 de la Auditoría Superior de la Federación, máximo órgano fiscalizador de México, y que sirvió como punto de partida de la investigación periodística denominada La Estafa Maestra[12] publicada el 5 de septiembre de 2017. Esta investigación dio cuenta de un complejo sistema de corrupción que involucró empresas fantasma, servidores públicos de alto nivel del Gobierno Federal, y en lo que aquí interesa, a ocho universidades públicas con las cuales se celebraron contratos sin las reglas previstas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, entes públicos contrataron a universidades sin realizar una investigación de mercado, sin establecer condiciones para garantizar la ejecución de los contratos, ni mecanismos de seguimiento y verificación de cumplimiento.

De modo que la institución jurídica prevista en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que exceptúa a los contratos celebrados entre entes públicos de la aplicación de las reglas establecidas para las compras gubernamentales se configura como una causa institucional de corrupción.

[1] Reyes Heroles, Federico, Corrupción: de los ángeles a los índices, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, Sexta edición, 2008, p. 9.

[2] Véase Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Alemania, 2019, v. digital en: https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018

[3] González Llaca, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005, p. 51.

[4] Wielandt, Gonzalo y Artigas, Carmen, La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL, Chile, 2007, p. 33.

[5] González Llaca, Edmundo, La corrupción… p. 53.

[6] Aguilar Gutiérrez, Lilia. Causas y soluciones para la corrupción en Salazar Ugarte, Pedro (Coord) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2018, p. 34.

[7] Ethos laboratorio de política públicas, Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, 2017, p. 10.

[8] Casar, María Amparo, La Corrupción: Enemigo público #1 en La corrupción en México: Si transamos no avanzamos, Instituto Mexicano para la Competitividad,México, 2015, p. 17.

[9] Moreno Moreno, Eleazar Pablo, Entendiendo la corrupción y el derecho disciplinario en Salazar Ugarte, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018, p. 168.

[10] Cárdenas Gracia, Jaime. Causas de la corrupción y soluciones para enfrentarla en Salazar Ugarte, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018, p. 223.

[11]Mena Labarthe, Carlos, Marván Saltiel, Andrea, Zegarra Martínez, Mónica Elena. Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. COFECE, México, 2016, p. 12.

[12] Véase https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

Fuentes de consulta

GONZÁLEZ LLACA, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005.

REYES HEROLES, Federico. Corrupción: de los ángeles a los índices. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, Sexta edición, 2008

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2019, Índice de Percepción de la Corrupción, 2018, Alemania.

WIELANDT, Gonzalo y ARTIGAS, Carmen. La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL, Chile, 2007.

AGUILAR GUTIÉRREZ, Lilia. Causas y soluciones para la corrupción en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

ETHOS LABORATORIO DE POLÍTICA PÚBLICAS. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, 2017.

CASAR, María Amparo. La Corrupción: Enemigo público #1 en La corrupción en México: Si transamos no avanzamos, Instituto Mexicano para la Competitividad,México, 2015.

MORENO MORENO, Eleazar Pablo. Entendiendo la corrupción y el derecho disciplinario en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Causas de la corrupción y soluciones para enfrentarla en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

MENA LABARTHE, Carlos, et al, Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. COFECE, México, 2016.

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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

“México vs la corrupción: extinción de dominio”

Por: Mauricio Suárez Montaño[1]

La extinción de dominio es un tema que se ha venido tratando en la agenda nacional durante los últimos meses, un tópico de enorme importancia y trascendencia que trata una figura medular en el combate a la corrupción, bandera de este nuevo gobierno.

Antes de entrar en el análisis de la reforma, resulta conveniente tener la definición del concepto de extinción de dominio, mismo que se traduce como la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.

En el contexto nacional, la extinción ha sido señalada como un arma de doble filo por parte de diversas voces de la sociedad. Por una parte, esta figura es objeto de una carga social a raíz del abuso de poder del que se tiene registro en otros países, que confluye con el abuso de autoridad, en donde desafortunadamente México no desentona. Sin embargo, también debemos ser muy puntuales en señalar que el combate a la delincuencia organizada en todas sus expresiones, de la mano de esta nueva reforma, se fortalece de manera exponencial ya que se eficienta y unifica los procesos para que el Estado pueda decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito, en otras palabras, esta reforma en materia de extinción de dominio faculta a la Fiscalía a tomar medidas cautelares para inmovilizar acciones, cuentas bancarias, títulos valor o inversiones, así como bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los grupos de delincuencia organizada.

Entrando en el andamiaje legal, el pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da vida y por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de extinción de dominio. Vale la pena subrayar que esta nueva Ley prácticamente se ensalza como un Código en la materia, ya que contiene y prevé toda una parte orgánica que contempla un sistema de pruebas, notificaciones, competencias, recursos, sentencia, entre otros.

Asimismo, resulta de primer orden separar el proceso de apropiación civil del juicio penal. Al respecto, se debe tener siempre en consideración que se tratan de dos procesos muy distintos, el primero, de naturaleza inminentemente civil, es un proceso oral y rápido en donde los bienes objeto del juicio se subastan, arriendan o se monetizan y por ende, salen de la esfera jurídica de los imputados y, el segundo, se trata de un juicio de naturaleza penal, el cual busca imponer las penas correspondientes a la o las personas imputadas por la presunta comisión de un delito. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, si el ciudadano que sufrió un detrimento en su patrimonio a causa de la aplicación de esta figura y resultase inocente, la Ley prevé el mecanismo para el el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados.

Aunado a lo anterior, es de destacarse que con esta reforma se amplía el catálogo de delitos para la aplicación de la figura de la extinción de dominio, por lo que los hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolífero y petroquímicos (huachicoleo), entre otros también serán objeto de aplicación de esta figura. Además, se termina con el secreto fiscal bancario y tributario que impedían obtener información, se crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) y se crean los jueces especializados en la materia.

Cierro este análisis comentando que estamos ante la creación y aplicación de una nueva herramienta con la que contará el Estado para el combate a la corrupción, que cuenta con un fundamento constitucional y materia en específico, que retoma tratados internacionales que México ha celebrado en esta materia y plantea una cuestión central, como lo es quitar y dejar sin recursos a los grupos de delincuencia organizada.

[1] Director de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, egresado de la Facultad de Derecho por la U.N.A.M., con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París; Senador juvenil; fundador de alianza 2030, actualmente asesor parlamentario en el Senado de la República.

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¿Qué es Anagénesis Jurídico? Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Jacqueline Miranda De los Santos

El Otro México

Por Jacqueline Miranda de los Santos

Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno
Emiliano Zapata

miguel

Foto: Abarca, M.

En lo profundo de mi cabeza una voz con tintes claros y fuertes dicta una historia: Ana María es una niña chiapaneca de apenas 9 años; desde los 6 ella se levanta a las 3 de la mañana para recorrer 12 km hasta el ejido en donde trabaja junto a su madre hasta las 7 de la mañana para después irse a la escuela. Saliendo de clases alcanza a sus hermanos en el mercado público 20 de noviembre, ahí venden papause, nanches, mango y rambutan; todo dependía de los frutos de temporada que había en su casa. Se acercaban a los turistas locales pero ellos sabían que quienes valoraban más sus productos eran los visitantes extranjeros y por eso procuraban estar atentos a ellos.

Cada mañana, incluso los domingos, era lo mismo. Pero los fines de semana después de vender podía irse a comprar un boli y sentarse en el árbol más grande y frondoso; ella sueña ahí con ser una médico reconocida y salvar miles de vidas, ella sueña con que ningún niño de su comunidad muera, pero le preocupan los quebrados, no entiende bien cómo se dividen y su maestra no es muy buena. A Ana le da la impresión de que la profesora tampoco los entiende bien.

Por la carretera que está cerca de su lugar favorito se dirigen camiones de pasajeros hacia el ejido donde trabaja, que está solo a unos metros, así de que decide ir a ver qué ocurre.

–De nuevos los pagos están retenidos, hemos enviado varias toneladas de café y siguen sin pagarnos– explica la madre de Ana a la niña –iremos a la Ciudad de México y exigiremos que nos paguen. Dicen que pueden ser horas o varios días pero, ¡Debemos luchar por nuestra tierra! Un día entenderás que es parte de nuestras raíces, esta tierra somos nosotros, es el pasado, el presente y el futuro.–

viajero

Foto: Plan B viajero

SAGARPA[1] son las siglas de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. Dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las siguientes funciones de las cuales destacan las siguientes:

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;

II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;

III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de productos relacionados con actividades del sector rural;

VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de educación agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;

VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaría de Economía;

XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural;

XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades;

XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;

XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior agropecuarios;

XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla;

XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;

XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción rural, así como evaluar sus resultados;

XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos; (…)[2]

Dicha secretaría cuenta para el desarrollo de sus funciones con los siguientes órganos administrativos desconcentrados: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuario (ASERCA); el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SIS-MX), y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

ASERCA implementa una serie de programas nacionales e internacionales que buscan impulsar y desarrollar los campos mexicanos y hacer crecer a los productores mexicanos. Dentro del programa de eventos que promueven el desarrollo, destacan los siguientes: Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía[3]; Expo Antad & Alimentaria[4]; Expo México Alimentaria[5]; Sabor es Polanco[6]; Misión Comercial/ Rueda de Negocios Agroalimentaria Querétaro[7]; entre otras. Además de ello se busca incentivar la estructura comercial apoyando a los productores con la creación de centros de acopio de granos, estos centros tienen como uno de los objetivos principales ayudar a los productores a colocar sus productos dentro de los mercados nacionales, lo que a mediano y largo plazo incentiva en muchas más sectores la economía nacional. Estos centros de recolección colocados en puntos estratégicos permiten que la distribución sea más fácil[8].

La madre de Ana junto con varios contingentes se instalaron a las afueras de la SAGARPA, un tanto ajenos a la realidad a la que casi todos los capitalinos están acostumbrados. Sillas, cobijas y anafres, lonas para la lluvia y tiendas de campaña para dormir, bocinas y algunos traen hasta sus productos para vender. Hay algo ahí que la mayoría de los que viven en la ciudad no comprende: no están ahí por gusto sino por amor a la tierra. Ellos aman de tal forma el campo y sus cultivos, que saben que sus raíces están ahí y que el no dar su vida por ello de cualquier forma los condenaría más allá de la miseria, más allá de todo lo banal; la tierra es su alma y quizá por ello no la abandonan tan fácilmente, es su hogar y por ello uno los ve luchando hasta encontrar una solución. En 2 o 3 días se llegará a una negociación más adecuada, con los precios un poco más justos, la promesa de más incentivos, aunque siguen siendo insuficientes. La negociación les deja un sabor de boca agridulce, pero aquellos hombres y mujeres saben que al menos tendrán un poco de esperanza para sobrevivir las próximas semanas.

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Manifestantes afuera del edificio de SAGARPA

Dentro de la institución se oyen las cantaletas de siempre: “solo vienen a quitar el tiempo, no nos dejan trabajar, son un foco de infección, deben tener piojos, son unos flojos, no entienden de política, no entienden la institución…”. La mayoría de los que se autodenominan servidores públicos no comprenden el alcance simple de la implicación de las palabras. Es probable que una persona que ha dedicado toda su vida al campo no entienda los procesos jurídicos, económicos y políticos con lujo de detalle, pero alcanza a comprender que su trabajo se valora, comprende que no puede arriesgarse porque necesita alimentar a sus hijos y que si el campo no se lo da, siempre está la mano podrida del narcotráfico que paga mejor, está el sueño americano que los seduce con esperanzas de una vida mejor para poder mandar unos dólares, es por eso que el servidor público promedio de hoy es incapaz de ver al otro y tener empatía, ellos no son capaces de verse reflejados en la mirada del agricultor, en los ojos de aquel que no está en las mismas condiciones que ellos, es decir, son incapaces de experimentar la otredad.

Días más tarde la noticia explotó en los medios de comunicación: la Auditoría Superior de la Federación revisó conforme a criterios cualitativos y cuantitativos diversos programas que se desarrollan en la SAGARPA. Los resultados se miden en el desvío de fondos millonarios asignados a la Secretaría y que tienen la función de devolver parte de la dignidad de los trabajadores del campo, un sector casi olvidado y del que muchos funcionarios han obtenido ventajas.[9]

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Foto: Alvarado, Tlaneztli

Hommo homini lupus

El funcionario o servidor público común tropieza constantemente intentando dominar o tener siempre una ventaja, económica y de poder. Para ellos la condición sofocante de muchos trabajadores del campo pasa a segundo plano y no es un secreto que para muchos directivos ellos sean invisibles porque la máxima retribución de ellos como servidores es el obtener beneficios a costa de contratos que tal y como es posible ver en los resultados de la auditoría son latentes y reales. Usamos la norma jurídica para justificar el hondo pozo llamado corrupción.

Numerosos cargos desde los que se podría hacer la diferencia son ocupados por personas cuyo mayor interés no es cambiar la realidad de Ana o los miles de hombres y mujeres que se dedican al campo, pues su necesidades inmediatas son el poder y el dinero.

La profundización de la crisis agrícola está retenida en los escritorios de algunos pocos servidores que buscan cambiar el país y la situación desde antes del 2000 es crítica, pues en el aspecto social la solución por parte de la sociedad agrícola es la migración a Estados Unidos y en pleno 2018 Donald Trump actual presidente, pretende expulsar a muchas de estas personas.

La inmensa ola que está por golpear la realidad del país lleva el nombre de varios servidores públicos que juntos sostienen el estandarte de la corrupción. Esta ola dejará sobre la arena los restos de un país que está sumido en la pobreza, la pobreza de los otros, aquellos que no vemos, que no escuchamos porque el yoísmo los ha hecho invisibles. Porque hay otro México, ese que es invisible a sus ojos, el que se está muriendo, el que está a la deriva.

Jalisco

Miranda, A., Jalisco

Es cierto que se cumplen con varias de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en los reglamentos internos, pero los eventos y exposiciones sobre las que la actual administración cree que mueve a México y el campo es lo mínimo que se puede hacer por generar un cambio real, pues el campo muere en manos de quienes gustosos guardan dinero en sus bolsas.

En México olvidamos que la agricultura es el arte de cultivar la tierra y los servidores públicos que laboran en instituciones de asistencia social se olvidaron de ello pues el esquema sigue siendo el mismo que hace 50 años. En nuestro país la mayoría de los agricultores no cuenta con tractores John Deere con GPS y sistemas de alta precisión, porque muchos aún tienen a sus bueyes, su yunta y su instinto para discernir si habrá mal tiempo para poder proteger sus cosechas. Nuestros agricultores no cuentan con softwares que les permita conocer las variaciones en el clima y por tanto en la tierra de siembra, pero solo con tocar el suelo y ver lo que han sembrado saben lo que hace falta.

En México tenemos gente corrupta en las instituciones que prefiere usar el poder y recursos disponibles para beneficio propio, tenemos eventos y exposiciones donde los más beneficiados son los organizadores y unos cuantos productores, en resumen, en México dominamos el arte de invisibilizar al otro, al necesitado, porque la mayoría tiene una moral simulada que se pierde en el tintero de la corrupción.

La madre de Ana volvió con sus hijos, un tanto desanimada, sintiéndose invisible pero con un libro de matemáticas donde explican bien las fracciones, libro que compró a las afueras del metro Zapata.

Aún tiene las esperanzas puestas en su tierra y en que sus hijos cambiarán la realidad del país; abandonar su Chiapas es lo último que hará y lo unico que tiene claro es que mientras no haya justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.

Mientras tanto Ana, que por fin logró entender los quebrados, ahora puede jugar y soñar que su hogar, su país, es un lugar diferente.

chiapas

Arau, Santiago / Reserva de la biosfera Montes Azules

[1] Es importante mencionar que SAGARPA cuenta con un presupuesto de $72,125.3 millones de pesos, el programa que ejercerá mayor presupuesto es Fomento a la Inversión y productividad con un porcentaje del 58.1, mientras que el que ocupa el segundo puesto es el Programa de Apoyo a la comercialización con un 13%. puede verse más en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aprueban-12.1-mas-recursos-para-Sagarpa-en-el-2018-20171112-0106.html
[2] Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consultada en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13235.pdf (23-04-2018)
[3] Morelia en Boca, es un festival gastronómico que pretende vincular a consumidores y productores, se realiza también con la finalidad de que quienes visitan el evento conozcan la importancia de los mercados en México, sin embargo, aunque considero a dicho festival como algo importante, también creo que no es un esquema donde verdaderamente se represente a los pequeños productores y mucho menos veamos el rostro de los productores mexicanos. La parte más representativa, o que pudiera, desde mi perspectiva, ser la esencia de nuestros productores está en el sector denominado Mercados y Plazas, en el que se intenta resaltar la grandeza de muchas de nuestras tradiciones. Puede verse más en el siguiente link: http://festivalmoreliaenboca.com/wordpress/
[4] Por otra parte Expo ANTAD & Alimentaria, apoya a otros sectores que si bien es importante impulsar para el desarrollo económico del país y colocarlo como un potencial exportador de materia prima no solo para Estados Unidos, sino también para otros países, este no es un evento que este dirigido para pequeños productores o empresarios, ya que este programa busca otro tipo de enlaces con mayor capacidad, reitero que este tipo de exposiciones nos ayudan a comprender las necesidades de otros países y de esta manera poder desarrollar mejores esquemas de exportación. Véase más información en el enlace siguiente:

http://expoantad.net/expo2018/expo-antad-alimentaria-mexico-2018/
[5] México Alimentaria, Food Show, es desde mi perspectiva, uno de los eventos que puede servir como un colchón de apoyo directo para los productores mexicanos y en el que se pueden generar negocios y apoyos para el campo, ya que este evento permite que estos productores encuentren un mercado más amplio en un panorama nacional e internacional. La única crítica radica en que ASERCA necesita dar mayores oportunidades al verdadero rostro de los productores en las exposiciones y desarrollar de mejor manera las campañas de proximidad de los eventos con los trabajadores del campo. Puede conocer más de los resultados y del evento en el siguiente link:

https://mexicoalimentaria.mx/
[6] Sabor es Polanco, es un evento gastronómico en el que diversos restaurantes exponen diversos alimentos y bebidas. Es una exposición importante dado que nuevamente cierto perfil de productores puede vincularse a los restaurantes que están en el evento, sin embargo el requerimiento del perfil de productores del evento lleva a la conclusión de que tampoco es un evento de apoyo directo al perfil que más requiere ser incentivado. Puede analizarse más del tema en la siguiente liga: http://saborespolanco.mx/sabores2017/
[7] Es un evento que expone los productos agroalimentarios a través de encuentros de negocios en los que de acuerdos a datos de la ASERCA participan 40 compradores y 120 empresas de diversos estados de la republica Puede verse la información en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/aserca/articulos/la-rueda-de-negocios-queretaro-2017?idiom=es Es necesario analizar también el siguiente documento para comprender el perfil que se busca para ser participante en este evento: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246388/PROYECTO_DESCRIPTIVO_MISI_N_QRO..pdf
[8] Los eventos antes señalados son un margen adecuado para incentivar la economía a través de la búsqueda del posicionamiento de productos mexicanos, sin embargo, el perfil del productor que se busca atraer dista de lo común y tiende solo a favorecer a los perfiles con una mayor consolidación y fuerza, con lo que los productores que no poseen una solvencia económica, no se encuentran bajo los beneficios propios que ofrecen las exposiciones y aunque algunos eventos responden a una calendarización internacional, es necesario replantear los aspectos prioritarios.
[9] http://www.carlosloret.com/2018/04/137840/

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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política) Jacqueline Miranda De los Santos

Gobierno Abierto y Transparencia en torno a la Seguridad Pública

Por Edith Sanchez Ruiz

Este es una tema de gran interés e impacto dentro de las políticas públicas, y un tema que bien analizado puede ser la clave para generar líneas de acción con la suficiente fuerza para ser eficientes y eficaces, sin embargo, al ser un tema que en nuestro país es “reciente”, se corre el riesgo de ser sobre entendido y ser transformado en algo completamente diferente.

“Las políticas de gobierno abierto hacen más difícil el abuso de poder y la corrupción, aun cuando también, en ocasiones, dificultan que los actores políticos íntegros asuman riesgos y tomen las mejores decisiones. La opción por la transparencia puede dificultar que los gestores serios y responsables tomen decisiones impopulares o que asuman riesgos en beneficio colectivo; en todo caso, tras ella existe la convicción de que es preferible evitar el mal que conseguir un bien optimo, en suma es una opción que responde a una estrategia maximin, de minimización de riesgos, muy propia de sociedades críticas y desconfiadas frente al poder, y de los políticos que se mueven en dichas aguas.”[1]

Resulta interesante el análisis del Dr. Manuel Villoría Mendieta, puesto que, el papel que juega el gobierno abierto en este enfoque es dar  transparencia y claridad a lo que posiblemente ha estado sin conocimiento, y así brindar la información que no está al alcance de personas comunes, implica dar una visión de los malos rendimientos, esto significa que  disminuirían los índices de las malas actuaciones de los gestores burocráticos. Brinda como principal postulado la transparencia, y dicha idea la podemos ligar con los postulados hechos por el profesor Mauricio Merino, quien en su idea de la Nueva Gerencia Pública sostiene como pilar, la transparencia. Es por eso que sostenemos que México se encuentra inmerso entre estos dos sistemas.

“La transparencia medida a través de las TIC –otra forma de hablar de open government- tiene múltiples proponentes, los cuales consideran que aporta al ciudadano mayor información, ayuda a la sociedad a tomar decisiones mejores y más racionales y promueve sociedades más ricas y democráticas, ni más ni menos.”[2]

Existen cuatro ideas básicas que fungen como pilar del gobierno abierto, que provocan la funcionalidad, entre las que destacan las siguientes:

  1. Las del gobierno promotor de bienestar a través de la capacidad regulatoria.
  2. Las del gobierno transparente que rinde cuentas.
  3. Las del gobierno participativo y promotor de civismo
  4. Las del gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento.

“Las dos primeras están basadas en la regulación y en el papel del Estado, generando instituciones para mejorar la sociedad; las dos segundas se basan en la capacidad de la sociedad para crear, por sí misma y con el Estado, mejoras sociales. En cada uno de estos marcos existe todo un conjunto de creencias sobre el rol del Estado, el papel de la sociedad y la naturaleza humana que, por desgracia, mismas que no son fácilmente integrables y que no pueden existir sin tensiones.”[3]

Encontramos que cada uno de estos elementos que integran los pilares del gobierno abierto, son también elementos destacables del gobierno que se rige por medio de las políticas públicas. La idea de la capacidad regulatoria del Estado surge desde el momento que es capaz de analizar y comprender las conductas “dañinas” de una sociedad, y aunque no se genere una situación de gran impacto debe actuar para desincentivar dichas actuaciones, esto es lo que conocemos de mejor manera como “prevención”, en el caso de la problemática de la inseguridad es muy posible que gran parte de las situaciones comiencen siendo problemáticas de bajo impacto y  que cuyas características sean combatibles antes de ser conductas reiteradas. Posiblemente el Estado podría trabajar desde esta óptica y desde este punto con la prevención como una promoción del bienestar social, sería incluso la forma más eficiente de lograr dicho objetivo.

Surge la idea del gobierno paternalista, el gobierno implementador de  acciones para proteger a su población, “Un gobierno que desde un cierto paternalismo benevolente aporta información para la toma de decisiones inteligentes por parte de los ciudadanos es un gobierno que, en un principio, actúa bien.”[4], sin embargo, emerge la duda de ¿qué es actuar bien?, un respuesta próxima sería la implementación de acciones que aun cuando no sean del agrado de la mayoría, generaran un bienestar para casi todos, situación que en muchos casos no sucede así, puesto que siempre se ve involucrado en este tipo de decisiones el interés del gobernante, un interés que sólo beneficia a la minoría, y que comúnmente son una minoría cercana a ellos. Un gobierno paternalista funciona bajo situaciones en las que se tiene clara la visión del problema, donde existe transparencia y donde la mayor parte del problema de corrupción esta erradicada, de lo contrario será sólo un Estado que busque su propio bienestar.

En cuanto al gobierno transparente capaz de rendir cuentas “claras”, es otro uno de los pilares fundamentales,  comprender que un “gobierno regulador”  que está en constante movimiento y generando líneas de acción, debe ser capaz de informar a su población de cada aspecto, es decir, desde la eficiencia de sus programas, hasta de la situación económica. Debemos recordar que el trabajo que se realiza con las políticas públicas lleva el éxito inmerso en la colaboración con los ciudadanos, el gobierno que trabaja solo, que no rinde cuentas, está condenando sus políticas públicas al fracaso, no es viable pretender que sea funcional lo que no se conoce. En materia de seguridad pública es de relevancia que se trate de un gobierno transparente, no sólo de un Estado de discursos que “hagan creer que se han disminuido los índices de inseguridad”, se pueden omitir muchos aspectos en el mapa de la “realidad” de la seguridad, incluso es posible hacer creer que no están esos problemas ahí, pero la percepción es una situación diferente de quien vive en esa situación. Se pierde credibilidad y confianza.

“Por ello, un buen gobierno, como sujeto responsable de la construcción de una buena gobernanza y calidad democrática, debe generar todo un conjunto de reglas formales e informales que constriñan conductas ineficientes, arbitrarias, corruptas e ilegales entre sus empleados y dirigentes, y que incentiven lo contrario, transparencia, eficiencia, imparcialidad e integridad. Este conjunto de reglas precisan de procesos coherentes para su aplicación o “lógicas de lo apropiado”. Y, además, necesitan organizaciones que no solo sean actores racionales del juego institucional, sino también actores morales que asuman los valores y fines que las justifican y procedan a asegurar el respeto y aplicación imparcial de las reglas y procesos encomendados.”[5]

Analizaré el tema del gobierno participativo y promotor del civismo, en términos del gobierno abierto deberíamos comprender este tema de la siguiente manera:

“Ciertamente, la ciudadanía actual está dispuesta a participar e involucrarse en la defensa de políticas que afectan a lo que entienden como la vida que quieren vivir, pero, al tiempo suelen centrarse en temas que están cerca de casa (closet to home) y rechazan decisiones que, aunque beneficien a la comunidad, les perjudique directamente (not in my back yard) y todo ello lo hacen de forma intermitente, en función, muchas veces, de la construcción mediática de problemas y opciones. Obviamente, ese no es el modelo de implicación cívica que está detrás del civismo antes enunciado. De ahí la necesidad de que el gobierno abierto fomente también virtud cívica y construya capital social si quiere cumplir con sus promesas participativas.”[6]

Suele ser muy fácil para los ciudadanos decir que algo no es funcional por el mal análisis del gobierno sobre el problema, «porque es el mismo gobierno de hace setenta años que no funciona porque son corruptos», pero olvidan el papel que juegan ellos, es casi imposible creer que el pensamiento colectivo de la población no tiene un impacto en la sociedad. ¿Qué ocurre cuando una política pública no beneficia a una minoría, que resulta tener influencia sobre el gobierno?, estamos hablando de que no existe un beneficio directo, pero tampoco existe un daño, entonces, por qué se oponen a la idea del beneficio del otro, no existe desde hace mucho tiempo la idea del reconocimiento de que los demás estén en problemas, y aun cuando existe este reconocimiento si la solución no me beneficia, entonces no la acepto. Comienza aquí el dilema que ya es de forma directa un freno de la misma población. Se trata entonces de que para que exista un gobierno abierto, primero debe existir la educación cívica, la consciencia de valores y sobre todo el reconocimiento de la otredad como principio fundamental. Aquí radicaría el conflicto de la división de clases, porque no podemos determinar concretamente que la clase privilegiada es la que no posee esa conciencia, sino también quien se encuentra bajo condiciones de pobreza es posiblemente inconsciente de lo que los otros necesitan, se busca forzosamente salir de esa situación, sin importar a quien se perjudica. No es posible ver con claridad esos principios mencionados en ninguna parte, entonces, hasta qué punto bajo una premisa así, es viable el gobierno abierto sino hay una previa adjudicación de valores necesarios para la eficiencia del sistema. De aquí la importancia de este pilar para que la idea de gobierno abierto como sistema funcional.

“Si tuviésemos que definir un problema típico de este tipo de proyectos no podríamos obviar el problema del populismo y las decisiones marcadas por estados emocionales. Por una parte, los líderes políticos pueden embarcarse en comunicaciones populistas con la ciudadanía, por otra, la ciudadanía puede proponer medidas marcadas por estados emocionales de indignación que atenten contra derechos individuales.”[7]

Hablare del último punto, el gobierno eficiente, colaborador y generador de conocimiento. “La apertura de información y transparencia genera eficiencia. Los estudios sobre la transparencia y sus efectos benéficos en el mundo de la economía son muy numerosos. Los datos sobre el funcionamiento de la economía proporcionados por los Estados ayudan a los mercados a funcionar mejor; gracias a ellos los inversores productores y consumidores pueden tomar decisiones más eficientes.”[8] Como se hizo mención, un gobierno confiable será  un Estado capaz de ser transparente en su rendición de cuentas, es obvio que no sólo en la economía esto resulta funcional, debemos ser conscientes que es también un mecanismo de defensa y de control de la corrupción, este mecanismo o sistema ayuda a ser más eficiente no sólo la puerta económica sino a cualquier clase de política que se implemente, incluso podríamos hablar de que un gobierno abierto y transparente generará mayor comodidad para la ciudadanía en el ámbito democrático.

Comprendemos que bajo estos cuatro aspectos, a la inconsistencia de alguno de estos pilares, el gobierno abierto puede ser poco funcional. Es preciso entender que en el mecanismo de dicho medio en conjunto con las políticas públicas, el gobierno abierto jugara un papel de subsistema que complementa y fortalezca al sistema principal.

Por último es necesario abordar un cuestionamiento que surge ante el tema de gobierno abierto, ¿Cuán abierto debe ser un gobierno?, “Hillary Clinton recalca que la cura para la corrupción es la transparencia. Aquellos gobiernos que se esconden de la vista pública y descartan la idea de apertura y las aspiraciones de sus pueblos para una mayor libertad se encontraran con que les resulta cada vez más difícil mantener la paz y la seguridad.”

“Quizá la idea de la transparencia hoy ha ganado cada vez más aceptación, sin embargo, ¿Dónde están los límites de la apertura a la información? Existe una tensión entre el  <<derecho a saber>> y el <<derecho al secreto>>, entre ambos no siempre es fácil distinguir la línea entre los procedimientos que pueden ser categorizados como abiertos o cerrados.”[9]

Resulta obvio que la apertura lleva dentro de sí las puertas de la confianza, es la credibilidad de las actuaciones realizadas, la rendición de cuentas del gobierno a alguna institución u órgano que funja como intermediario para el conocimiento de dichos actos emitidos por la administración. Brindar certeza a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno abierto y transparente implica en su propio término un trabajo con la sociedad en general. Aunque este no es un tema nuevo, si lo es para muchos países que apenas comienzan a redescubrir la transparencia como forma de erradicar la afectación generada por la corrupción, un gobierno basado en las políticas públicas deberá tomar sus bases en este subsistema, para que el sistema principal resulte funcional, de aquí la importancia del gobierno abierto en el mundo de las políticas públicas.

[1] Villoría Mendieta, Manuel, “Gobierno Abierto como subsistema de políticas: Una evaluación desde el institucionalismo discursivo”, en La promesa del Gobierno Abierto, México 2012, p. 74.

[2] Ibídem.

[3]Ibídem.

[4 Ibídem.

[5] Ibídem.

[6]   Idem p. 77

[7] idem, p. 85.

[8] Ídem.

[9] Wickham, D. Q., “Let the sun Shine In! Open- Meeting Legislation Can be Our Key to Closed Doors in State and Local Government.” Nw. UL Rev., 1973, p. 482. Documento disponible en pdf en: http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/352/chance_locke.pdf