Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Organismos Autónomos en México: El Cuarto Poder Incómodo

Por Miguel Ángel Tamayo Rodríguez[1]

Introducción

El panorama político y jurídico en México vive tiempos convulsos. Los resultados electorales de los comicios celebrados el primero de julio del año 2018, donde resultó triunfador el candidato del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, han traído consigo un viraje en la agenda de la administración pública. Los efectos de este viraje no son pocos, pero el más visible deriva precisamente del ejercicio del poder a cargo del titular del Ejecutivo Federal, y la pretensión de ampliar su campo de acción a través de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal para llevar a cabo su programa de gobierno. La manera de ejercer el poder del Presidente López Obrador está impactando en la organización y funcionamiento de las instituciones denominadas autónomas, es decir, aquellos entes públicos que no están orgánicamente adscritos a alguno de los tres poderes del Estado tradicionales, pero que están regulados directamente por la Constitución y por su respectiva ley secundaria, a saber: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estas instituciones han sido consideradas con una relevancia tal para la democracia y el modelo de Estado en México, que están incluidas directamente en el texto en la Carta Magna.

Bajo la justificación de emprender una política de austeridad en el uso de los recursos públicos, el Ejecutivo Federal ha impuesto en la agenda pública el funcionamiento de los Organismos Constitucionales Autónomos, lo cual ocasionó que éstos sean fuertemente cuestionados en varias arenas. Su utilidad ha sido puesta en entredicho; el alto costo que representan, tanto para el pago de salarios de los servidores públicos que las conforman como la presión presupuestaria para cumplir sus tareas; su escasa rendición de cuentas y su autorregulación también significan una constante crítica; mientras que la necesidad de contar con contrapesos políticos que otorguen certeza en determinados temas, y su contribución al fortalecimiento democrático están colocados en el otro lado de la balanza para intentar mantenerlos en el diseño del Estado Mexicano.

Actualmente, la Constitución Política contempla diez organismos autónomos, siendo el más antiguo el Banco de México, que data del año 1993, y los más recientes del año 2014 derivados de las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México, principal eje del programa de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Los diez entes constitucionales autónomos son el Banco de México; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta reciente configuración del Estado ha significado, en los hechos, el surgimiento de una especie de cuarto poder fragmentado en varias organizaciones, y naturalmente incómodo para el Poder Ejecutivo por el desplazamiento en funciones que implica su irrupción en el panorama político nacional. Por ello, no extraña que reciban permanentes cuestionamientos y que el tema origine una nueva reflexión acerca de su justificación en el diseño de Estado.

La División de Poderes

La referencia obligada cuando de división de poderes se trata, se remonta al siglo IV antes de nuestra era. Hace dos mil cuatrocientos años, aproximadamente, Aristóteles advirtió que “en todas las constituciones existen tres elementos que deben estar bien armonizados para el buen funcionamiento del gobierno”.[1] Aristóteles se refería a la asamblea deliberante, la cual resuelve sobre los asuntos comunes; a un  grupo de magistrados que tenían la encomienda de resolver sobre ciertos asuntos, y al mando que es por excelencia la característica principal del poder. Esta misma línea de pensamiento fue retomada y desarrollada en el siglo XVIII después de nuestra era, por el británico John Locke, y terminada por el francés Montesquieu a finales de ese siglo. Ambos políticos sentaron las bases de la democracia liberal mediante la división de poderes, la cual consistió en limitar el ejercicio del poder a través de su separación en poder legislativo, ejecutivo y judicial.

En un primer momento, Locke expuso en su Ensayo sobre el gobierno civil que cuando la sociedad civil se organiza políticamente, deposita en el poder legislativo y en el poder ejecutivo una porción de su libertad, así como el uso de la fuerza como medio de autodefensa[2]. Además, refiere la existencia de un tercer poder, al cual denomina federativo que se encarga de las relaciones exteriores como la celebración de tratados, acuerdos de paz, entre otros. Montesquieu expuso de manera más acabada esta teoría, la cual tuvo gran influencia en occidente, a través de su obra El espíritu de las leyes. En ella desarrolló la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, hasta la irrupción del cuarto poder en el siglo XX. El poder legislativo se caracteriza por sus facultades para expedir normas generales dirigidas a determinados grupos de personas, y se ha conformado históricamente en asamblea o en dos cuerpos colegiados denominados cámaras; mientras que el poder ejecutivo se confiere a una sola persona, la cual dispone de todo un aparato estatal que le está subordinado para la administración de los asuntos públicos. Finalmente, el poder judicial es el que ejercen los jueces para resolver conflictos entre particulares, entre particulares y Estado, y entre entes del Estado. Este poder también tiene la función de interpretar el sistema jurídico.

Esta corriente de pensamiento tuvo gran influencia en la configuración del Estado contemporáneo y México no fue la excepción. La Constitución Política de 1917, emanada de un conflicto armado interno, contempló la división de poderes en los términos expuestos por Montesquieu, ya que en su artículo 49 se incluyó como norma constitucional que el poder supremo se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, se recogieron para su configuración las reglas relativas a que no podrían reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder legislativo salvo en casos excepcionales, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 29 de la propia carta magna. Cada uno de los poderes tiene regulaciones expresas en el texto constitucional tanto en su conformación como en sus atribuciones y relaciones.

Destaca en lo que aquí importa, la conformación del aparato gubernamental a cargo del Poder Ejecutivo. En el texto original del artículo 90 constitucional se estableció que, para el despacho de los asuntos de orden administrativo de la Federación, habría el número de Secretarías que estableciera la ley, ésta distribuye los negocios a cargo de cada Secretaría. Este precepto ha sufrido varias reformas que fueron delineando, al calor de los tiempos políticos, la conformación de la Administración Pública Federal. Un cambio relevante que perdura en la actualidad, es la división de la administración pública en centralizada y paraestatal. Las diecinueve Secretarías de Estado conforman la administración centralizada,  mientras que los organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos y entidades públicas con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforman la administración paraestatal.

Las Secretarias que auxilian a la administración del Presidente López Obrador son la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y una Consejería Jurídica[3]. Mientras que la administración paraestatal se conforma por 200 organismos públicos descentralizados[4], entre los que se encuentran 13 Institutos Nacionales de Salud; 13 Centros Públicos de Investigación; 37 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria; 6 Instituciones de Banca de Desarrollo; 2 Instituciones Nacionales de Seguros, y 18 Empresas consideradas Centros Públicos de Investigación.

Surgimiento de los Organismos Constitucionales Autónomos en México

El primer Organismo Constitucional Autónomo en México fue creado en 1993, siendo el Banco de México el primer caso en el cual una serie de actividades que hasta ese momento estaban al mando jerárquico del presidente de la república, fueron extraídas de la competencia del Poder Ejecutivo y reguladas directamente en el texto constitucional para operar de manera autónoma[5].

El Banco de México desarrolla igualmente una alta labor técnica en materia monetaria y también funge como asesor económico del Gobierno Federal. Ese mismo año se expidió ley que establece su naturaleza jurídica, sus funciones y finalidades. En 1999 se otorgó autonomía constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano garante de los derechos humanos y claro contrapeso del Gobierno Federal respecto a casos donde se acusa violencia institucional para ser investigados de manera imparcial por un grupo de expertos ajenos a la administración pública y al poder judicial, emitir recomendaciones resarcitorias y en su caso, establecer medidas de reparación en favor de las víctimas.

En el año 2006 se otorgó autonomía constitucional al INEGI para la generación de información estadística para la toma de decisiones del gobierno en materia económica, social, seguridad entre otros. Al igual que en los casos antes referidos, el INEGI también cuenta con una ley que regula su integración, funcionamiento y atribuciones. Pero el auge de los organismos constitucionales autónomos ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto la cual encontró un apoyo político de los opositores para consolidar la extracción de tareas que tradicionalmente estaban encomendadas a al Ejecutivo Federal.

Durante la primera parte de su administración, se elaboró un paquete de reformas que fueron conocidas como Reformas Estructurales en distintas áreas de la Administración Pública Federal. Así, tenemos que en lo concerniente a la reforma energética tuvo lugar la creación de la Comisión Reguladora de Energía; en la reforma económica se incluyó a la Comisión Federal de Competencia Económica; la reforma educativa trajo consigo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la denominada reforma política-electoral incluyó la creación de tres organismos constitucionales autónomos, a saber, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social quien se encarga de evaluar la política y el gasto mediante políticas sociales, así como de medir la pobreza utilizando como insumos la información generada por el INEGI; la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República como ente de investigación de delitos y procuración de justicia, y el Instituto Nacional Electoral, cuya atribución principal es organizar las elecciones a nivel federal y estatal con ayuda de los organismos públicos locales como se establece en la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, como ha ocurrido en el caso del Estado de Puebla recientemente; la reforma en materia de transparencia dotó de autonomía constitucional al Instituto Federal de  Acceso a la Información Pública y lo convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siento sus tareas principales promover la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de recursos públicos a cargo de los entes del Estado, contribuir al ejercicio del derecho a saber, entre otros. En todos los casos se expidió la ley que regularía su integración, funcionamiento y atribuciones, excepto en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual, según las disposiciones transitorias de la reforma política-electoral, continuaría operando conforme a su decreto de creación, esto es, como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, situación que impera hasta el momento en que se escriben estas líneas.

Poder Incómodo

La inclusión de los Organismos Constitucionales Autónomos en el texto de la ley fundamental implica un desplazamiento en las atribuciones del Poder Ejecutivo y una reconfiguración orgánica del Estado mexicano. Al incorporarse estos entes en el marco constitucional, con el mandato de que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales, modifica formal y materialmente la idea clásica de división de poderes y la idea de cómo debe funcionar el Estado. La implicación directa de este nuevo diseño constitucional del Estado mexicano consiste en que las tareas encomendadas a estos entes, que por su nivel técnico y especialización, no están sujetos a debate político sino que sujetan y contienen la discusión política y en gran medida el quehacer del Ejecutivo Federal. Han significado también, como lo es el coto vedado de los derechos humanos, que no está a discusión política siguiendo el pensamiento de Garzón Valdés; un campo técnico en materia monetaria, en el diseño y evaluación de los programas sociales, en la competencia económica, la transparencia y acceso a la información pública, en la generación de información y estadísticas nacionales, etcetera.

De modo que esta reconfiguración constituye la incorporación de un cuarto poder, el cual está fragmentado en los diez entes que se encuentran previstos actualmente en el pacto federal conforme a su ámbito de competencia y atribuciones establecidas en sus leyes específicas. Según Ugalde, estos organismos encuentran su justificación en la necesidad de despolitizar el funcionamiento de ciertas instituciones que realizan tareas que requieren imparcialidad e independencia para alcanzar mejor sus fines”.[6]

Estos organismos se caracterizan por estar regulados directamente en el texto constitucional al igual que los demás poderes, es decir, con reglas para su conformación y atribuciones específicas, pero con la diferencia de que se trata no de un poder que descansa en una persona como ocurre con el Ejecutivo, o en dos cuerpos Colegiados llamados cámaras o en una asamblea como sucede con el poder legislativo. El cuarto poder tampoco está estructurado jerárquicamente como ocurre con el poder judicial, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolla criterios jurisprudenciales que son obligatorios para resto de tribunales y jueces del poder judicial.  Se trata de estructuras orgánicas con diseños institucionales cuyos puestos principales son designados ya no por el titular del Ejecutivo Federal, sino por la Cámara de Senadores o Diputados, mediante lista de candidatos remitida por éstos.

Las actividades y tareas encomendadas a los organismos constitucionales autónomos en un primer momento formaron parte del quehacer gubernamental, como lo es la política monetaria que inicialmente era una tarea encomendada a una sociedad anónima operada por el Gobierno Federal; el INEGI surgió como la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio a finales del siglo XIX; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emanó de una Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social; los orígenes del Instituto Nacional Electoral se remontan al diseño estatal previsto en la constitución de 1917, donde se estableció una estructura institucional encargada de organizar y calificar los comicios y que posteriormente estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación a partir del 1946 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y así cada uno de los demás organismos autónomos. No extraña entonces que a partir del primero de diciembre de 2018 exista un permanente cuestionamiento a este modelo de Estado que en muchos casos regula y limita el ejercicio del poder mediante la generación de información y modelos técnicos para la elaboración de políticas públicas para el desarrollo social, la educación, la transparencia y rendición de cuentas, la investigación y sanción de la violencia institucional y vigilancia de los derechos humanos, etcétera.

Por otra parte, existen críticas a este modelo de división de poderes y diseño de Estado, de las cuales destacan la ausencia de medios de control; escasa regulación de las relaciones de coordinación entre estos entes y los demás poderes; ausencia de rendición de cuentas y predominio de la autorregulación[7]; carencia de legitimidad democrática al no ser producto de la voluntad de los ciudadanos mediante las urnas; y el crecimiento del aparato gubernamental. Por ejemplo, en materia de desarrollo social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social regula la manera en la cual deben realizarse las evaluaciones a los programas sociales mediante modelos de términos de referencia y ciertas pautas metodológicas; y además, las distintas dependencias del gobierno federal que cuentan con programas de desarrollo social mantienen unidades de evaluación en su estructura orgánica; algo similar pasa con todo el aparato burocrático existente en materia de derechos humanos y en lo referente al acceso a la información, especialmente en las instituciones de seguridad y en cada dependencia federal respectivamente.

Reflexiones finales

La actual configuración constitucional del Estado mexicano descansa sobre la idea de que, ciertas tareas deben ser extraídas del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo Federal y trasladadas a instituciones que otorguen certeza técnica e imparcialidad. La respuesta a estas necesidades ha sido construida, desde 1993, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos y la sujeción de la actividad gubernamental ya no solo a los principios constitucionales, sino también a las opiniones, actividades y resultados de las instituciones que hoy configuran un cada vez más robusto cuarto poder.

Es necesario analizar si la certeza e imparcialidad buscadas se pueden obtener únicamente mediante este diseño de Estado, es decir, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos que componen el cuarto poder; o si se requiere rediseñar la estructura del poder Ejecutivo Federal para que sea capaz de otorgar certeza técnica e imparcialidad e inclusive si algunas de las actividades que hoy realizan estos entes pueden ser encomendadas al Poder Legislativo.

Finalmente, el cuarto poder resulta incómodo para el ejercicio y desarrollo del programa político del Ejecutivo Federal debido al desplazamiento en sus atribuciones en algunos casos, y al sometimiento del quehacer gubernamental en otros, como ocurre en tratándose de rendición de cuentas y transparencia, gasto público eficiente, vigilancia acerca del respeto a los derechos humanos, etc. a cargo de los Organismos Constitucionales Autónomos.


[1] Aristóteles, La política, Editorial Época. México, 2000, libro IV.

[2] Cfr. Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

[3] Relación de dependencias establecida en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública reformada el 30 de noviembre de 2018.

[4] Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2018.

[5] En el panorama internacional destaca el caso de las Agencias Administrativas Independientes de los Estados Unidos de Norteamérica surgidas en 1887 principalmente como entes reguladores en temas comerciales y económicos, los cuales aunque están adscritos al Poder Ejecutivo cuentan con autonomía jurídica y deben su legitimidad precisamente a su labor técnica. Véase Pomed Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993. p. 123.  Mientras que en 1994, Argentina incluyó en su Constitución a los Organismos Constitucionales Independientes como “instrumentos de control constitucional sobre el Gobierno Federal” los cuales al igual que en México no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales. Véase Pérez Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013. p. 209.

[6] Ugalde, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

[7] Este nuevo modelo político se aparta de los principios que han regido teóricamente el actuar de la administración pública: seguridad jurídica. Véase Zeind, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017. P. 426.

Referencias

ARISTÓTELES, La política, Editorial Época. México, 2000,

LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

PÉREZ Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013.

POMED Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993.

UGALDE, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

ZEIND, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017.

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Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Karina Elizabeth García Tufiño

La transición del Distrito Federal a la Ciudad de México

Por Karina Elizabeth García Tufiño

En este artículo abordaremos la llamada Reforma Político Electoral para el Distrito Federal haciendo énfasis en la creación de la nueva constitución para la Ciudad de México y la Asamblea Constituyente que elaborará la misma.

La propuesta para que el extinto Distrito Federal cambiara su régimen constitucional especial y se convirtiera en una entidad federativa como las otras, nace de su Asamblea Legislativa. Dentro de los objetivos planteados por dicha Asamblea destacan los siguientes:

  • Redefinir su naturaleza jurídica a través de un ordenamiento jurídico logrando así una nueva división político-administrativa, pero no por esto dejar de ser la capital de los Estados Unidos Mexicanos y por ende la sede de los Poderes Federales.
  • Hacer un cambio en el esquema de competencias de sus órganos de gobierno enfocándose en la Asamblea Legislativa, optimizando la relación de éstos.
  • Se busca modificar el esquema de distribución de competencias con respecto a los Poderes Federales. Cabe mencionar que esta fue una de las razones más fuertes y expuestas con más vehemencia por quienes apoyan ésta reforma.
  • Se busca un mejor funcionamiento de la Administración Pública local, haciendo un particular énfasis en las Delegaciones
  • Dar fortaleza a los órganos autónomos del Distrito Federal.

En consecuencia se reforman diversos preceptos constitucionales destacando el 44 y 122 con los cuales se da sustento a la redefinición de la naturaleza jurídica de la ahora Ciudad de México. Con esta modificación se pretende y logra:

  • Mantener a la Ciudad de México como sede de los Poderes de la Unión y capital del país.
  • Se erige como una nueva entidad federativa.
  • Su naturaleza jurídica sigue siendo sui generis por su ambivalencia como entidad federativa y sede de los Poderes.

Otro cambio significativo es el paso de Delegaciones a Alcaldías, las cuales cobrarán vida después de las elecciones de 2018. Estarán integradas por consejos que a su vez se conformarán por el Alcalde y diez Concejales elegidos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en una proporción de sesenta y cuarenta por ciento respectivamente. Será la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la encargada de expedir las leyes relativas a la organización, funcionamiento y facultades de las Alcaldías.

Ahora pasaremos al tema principal la Asamblea Constituyente, la cual es un órgano creado para redactar la Constitución y expedirla, tras la realización de ésta importante tarea cesarán sus funciones. Otro punto importante es que no puede interferir en las funciones de los Poderes de la Unión o de los órganos del Distrito Federal.

 En el caso de la Ciudad de México, dicho órgano se compondrá de cien diputados constituyentes que serán elegidos de las siguientes formas:

  1. Según el principio de representación proporcional. En este caso podrán presentarse candidatos integrantes de alguno de los partidos políticos nacionales o bien ciudadanos con candidaturas independientes.

En este caso las diputaciones constituyentes se asignarán:

  1. A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al “cociente natural” el cual es resultado de dividir la votación valida emitida entre sesenta.
  2. A los partidos políticos las diputaciones restantes.

En este caso los requisitos a cumplir serán los siguientes.

  1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento y en ejercicio de sus derechos.
  2. Tener 21 años cumplidos el día de la elección.
  3. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con una residencia de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección.
  4. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.
  5. No estar en servicio activo en el Ejército no tener algún mando de policía en el Distrito Federal cuando menos sesenta días antes de la elección.
  6. No ser titular de algún organismo constitucionalmente autónomo, Secretario o Subsecretario de Estado, titular de algún organismo descentralizado o desconcentrado de la administración Federal, ministro de la SCJN, miembro del Consejo de la judicatura Federal, legislador federal, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe Delegacional, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrado o Juez Federal en el Distrito Federal, Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública local; en caso de ser así deberá separarse del cargo sesenta días antes de que se celebre la elección.
  7. No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero Presidente o consejero electoral de los Consejos General, locales, distritales o de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo de dichos Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos tres años antes del día de la elección.
  8. No ser ministro de algún culto religioso.
  9. Si la candidatura fuera independiente, no estar registrado en los padrones de afiliados de los partidos políticos.

  1. Catorce senadores, designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política.
  • Catorce diputados federales designados de la misma forma que los senadores.
  1. Seis designados por el Presidente de la República.
  2. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Este encargo será de manera honorífica, por lo que los diputados constituyentes no percibirán remuneración alguna.

La elección para su la conformación de éste órgano se realizara el primer domingo de junio del presente, instalándose el 15 de septiembre del mismo. Como resultado de éstos la Constitución Política de la Ciudad de México deberá ser aprobada a más tardar el día 31 de enero de 2017, dicha aprobación deberá ser por las dos terceras partes de los integrantes presentes de la Asamblea Constituyente.

Por último un dato importante, el encargado de la elaboración del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México será el Jefe de Gobierno del Distrito Federal siendo él quien debe remitirla a la Asamblea, a más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación, para su discusión, modificación, adición y voto.

Conclusión

Los resultados reales de ésta reforma deberán esperar por un lado a la formación de la Asamblea Constituyente cuyo proceso de formación no es tan sencillo, y por otro lado  2018 con las elecciones y los cambios en la administración pública de la capital del país.

Por otro lado me parece una decisión acertada el buscar que la situación jurídica de la Ciudad de México no se perdiera la  particularidad de ser sede de los Poderes de la Unión.

Es destacable también que un aspecto que me parece cuestionable es que sea el Jefe de Gobierno quien se encargué de elaborar la nueva Constitución y la Asamblea únicamente la revise, modifica, etc., creo que con esta decisión se pierde parte de la esencia que debería tener la Asamblea Constituyente.

Por último espero ver que en vedad existan y se presten las condiciones para las candidaturas independientes, y así ver como se manejan los partidos políticos con respecto a éstas.

Fuentes:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 29-01-2016.
  • Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal.

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