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Derecho a una relación materna digna y adecuada en contexto de reclusión

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 644/2016, respecto del derecho de niñas y niños a una relación materna digna y adecuada en un contexto de reclusión.

Antecedentes del caso. El 16 de octubre de 2006, dos personas contrajeron matrimonio dentro del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla (en adelante el Centro de Reinserción Social), donde se encuentran compurgando una pena de 50 años de prisión desde el año 2001, por la comisión de los delitos secuestro, homicidio y robo.

El 18 de junio de 2011, tuvieron una niña, quien vive con su madre dentro del Centro de Reinserción Social; desde agosto de 2014, después de cumplir los 3 años de edad fue inscrita por su abuelo en un kínder cercano a su casa, con la finalidad de que pudiera iniciar sus estudios. Por tanto, la niña comenzó a salir del centro de reclusión los domingos de cada semana, regresando los días jueves para reunirse nuevamente con su madre.

El 27 de agosto del año 2014, el Director del Centro de Reinserción Social le informó a la madre de manera verbal que su hija había cumplido 3 años de edad y de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, existía un impedimento para que la niña permaneciera a su lado dentro del lugar, en consecuencia, negó su acceso al Centro.

En atención a lo anterior, la madre por propio derecho y en representación de su hija solicitó el amparo el 28 de agosto de 2014.

Tesis central. La Corte determinó que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier contienda judicial, supliendo la deficiencia de la queja en todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de las niñas y niños.

Asimismo, tratándose de casos de niñas y niños que habitan con sus madres en reclusión los expertos exponen que hacen falta políticas sociales y penitenciarias que incidan en las experiencias cotidianas de las y los menores que habitan en centros de reclusión, y que les permitan llevar una relación maternal digna y apropiada.[1]

En este sentido, existe un interés fundamental en que madre e hijas e hijos permanezcan juntos, y no sean separados salvo que medie alguna afectación a sus derechos y libertades fundamentales. Por tanto, el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el disfrute de la relación maternal mediante medidas de protección que permitan contrarrestar las dificultades que conlleva el contexto de reclusión.

Al respecto, la permanencia de niñas y niños en un centro de reinserción social debe evaluarse estrictamente a luz de su interés superior, así, puede ocurrir que deban abandonar el lugar porque necesitan satisfacer diversas necesidades que no dependen de la unión familiar -como recibir educación escolarizada-. Sin embargo, se destacó la importancia de mantener la relación maternal y lo devastador que resulta su separación, por lo cual el Estado está obligado a implementar una separación sensible y gradual, garantizando un contacto cercano y frecuente entre la madre e hijas e hijos, siempre que lo anterior sea lo más benéfico para aquéllos a la luz del caso concreto. 

En ese sentido, para alcanzar el pleno desarrollo del principio de mantenimiento del menor en su familia biológicacontenido en la Declaración de los Derechos del Niño-, es necesario del amor y comprensión de una familia, por lo que debe crecer bajo los cuidados y afecto de sus padres en un ambiente de seguridad moral y material.  Lo anterior responde a la necesidad de que el menor cuente con su familia como el ámbito natural en el que se desarrolla, y en donde se le proporciona la protección necesaria para su desarrollo integral.[2]

Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que:

“el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”, de tal suerte que “[el] derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño.”[3]

De lo anterior se desprende que el Estado debe no sólo resguardar la estabilidad de las y los niños en su núcleo familiar, sino garantizar que aquellos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares. En este sentido, aun si la separación se estima necesaria por encontrarse una afectación a sus bienes o derechos, el Estado debe velar porque las niñas y niños mantengan contacto constante con sus padres y madres, a menos que ello resulte contrario a sus bienes o derechos.

En conclusión: La relación afectiva entre una niña o niño con su progenitora tiene una incidencia crucial en su libre desarrollo, esto fortalece el interés fundamental de que a temprana edad mantengan cercanía con su madre. En consecuencia, aun cuando la separación resulte necesaria, es especialmente importante que madre e hija e hijo mantengan un contacto próximo, personal y frecuente en la medida de lo posible, a menos que tal circunstancia resulte contraria a sus intereses.

Ahora, se reconoció que los centros de reclusión pueden dificultar el ejercicio del derecho de niñas y niños a disfrutar del afecto y los cuidados de su madre en condiciones apropiadas, en efecto, dichos centros no son aptos para que estén con su madre, ya que observan prácticas inapropiadas como relaciones sexuales, consumo de drogas, riñas y pleitos con frecuencia. Asimismo, el medio penitenciario es inconveniente para la constitución de las y los niños, porque los exponen a cierta violencia visual y auditiva. También, se encuentran en condiciones inseguras ante la eventualidad de levantamientos o motines.

Por otra parte, existe una ausencia de servicios como salud, educación, alimentación, cuidados especializados y alternativos, atención profesional, entre otros.[4] Asimismo, existen limitaciones con la infraestructura, tal es el caso de áreas verdes, enfermerías, guarderías, zonas de juego y de convivencia, juguetes, inter alia; todo lo cual sería positivo para el desenvolvimiento del menor.

En este sentido, el Comité de los Derechos de los Niños, manifiesta que las hijas o hijos de madres reclusas gozan de los mismos derechos que cualquier otro niño, por lo que debe impedirse que sus derechos y libertades se vean afectados como resultado de las acciones de sus padres y madres.[5]

En efecto, la presencia de la madre es esencial en las primeras etapas del desarrollo de las niñas y niños, ya sea porque son físicamente débiles y no pueden valerse por sí mismos o porque requieren sustancialmente de una interacción afectiva continúa con su progenitora.

La separación de niñas y niños respecto de sus progenitores resulta dolorosa de otras formas de separación parental debido al estigma, la ambigüedad y la falta de apoyo social y compasión. En este sentido, la interrupción puede provocar al niño la pérdida de su principal fuente de recursos emocionales y psicológicos, comprometiendo su desarrollo social, emocional y cognitivo. Así, las reacciones más frecuentes de niñas y niños incluyen tristeza, confusión, depresión, preocupación, ira, agresividad, miedo, regresiones del desarrollo, problemas de sueño, desórdenes alimenticios e hiperactividad.

Razones por las cuales la Corte determinó que el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social de Puebla no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete de conformidad con el interés superior de la niñez, a efecto de que una vez alcanzados los 3 años de edad, la separación se conduzca de manera paulatina y sensible con la niña o niño, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, se mantenga un contacto cercano y frecuente, a la luz de lo que resulte mejor para su interés.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó que el Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, debe ordenar la salida de la niña del centro de forma gradual y progresiva, de acuerdo con una evaluación de las necesidades de la menor, en virtud de lo que resulte más favorable para sus intereses.

Asimismo, la remoción debe conducirse con sensibilidad, proporcionando en la medida de lo posible acompañamiento psicológico a la niña, con la finalidad de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar; siempre que ello sea acorde con su interés superior, por tanto, las autoridades deben facilitar que madre e hija mantengan un contacto cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno sustento en las necesidades de la niña.

Lo anterior, tomando en cuenta la necesidad de la menor de recibir cuidados y afectos de su madre, sobretodo en virtud de su corta edad y en razón de la cercanía que ha tenido ella, en consecuencia, las autoridades deberán facilitar un espacio adecuado en el que puedan convivir de conformidad con las necesidades de la niña.


[1] Para un estudio nacional, véase, por ejemplo, Niñas y niños invisibles. INMUJERES y UNICEF; Comité de los Derechos del Niño, Nepal CRC/C/15/ Add.261, párr. 51 y 52.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 242, párr. 119; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A no. 17, párrs. 66,71, 72, 73 y 76.

[3] Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 27, párr. 71.

[4] El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos. Oliver Robertson. Serie: Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas. Quaker United Nations Office, abril de 2008, pág. 33; Niños y Niñas: Presos de las Circunstancias, Oliver Robertson, Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Office, Junio de 2008, Pág. 21.

[5]El Comité enfatiza que los hijos de padres en situación de reclusión tienen los mismos derechos que otros niños. El Comité recomienda que se tomen medidas para asegurar que los niños en esta situación sean protegidos de la estigmatización. Estos niños no han entrado en conflicto con la ley. Cada niño tiene el derecho de estar con sus padres así como el derecho a la vida familiar y a un ambiente social apropiado para su desarrollo.” Comité de los Derechos de los Niños, Reporte y Recomendaciones sobre “Hijos de padres en reclusión”, 30 de septiembre de 2011, página 3.

Sobre el derecho a decidir el orden de los apellidos de los hijos e hijas

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 208/2016, respecto del derecho que tienen las madres y padres de elegir el orden de inscripción de los apellidos de sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

Antecedentes del caso. Una madre tuvo dos hijas quienes al nacer las consideraron prematuras, por lo que permanecieron tres meses en el área de cuidados intensivos de la institución médica correspondiente. Meses después, la madre y el padre acudieron a un Juzgado del Registro Civil para registrar a sus hijas, sin embargo, solicitaron a la autoridad registral que sus hijas fueran inscritas de acuerdo con el siguiente orden: primero el apellido de la madre y en segundo el del padre, sin embargo, la petición fue rechazada.

Ante tales consideraciones solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal por propio derecho y en representación de sus hijas, reclamando como actos el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (en adelante el Código Civil), ya que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales. Lo anterior, en atención a que éstas últimas sí pueden escoger el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero).

Asimismo, manifestaron que el orden de los apellidos previsto por el artículo antes citado transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Lo anterior, debido a que el orden previsto por la norma impugnada obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Finalmente, estimaron que la norma impugnada transgrede el derecho al nombre, pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna.

Tesis central. La Corte realizó el estudio de constitucionalidad en dos etapas, la primera consistió en determinar si la norma impugnada –artículo 58 del Código Civil-, incide en el alcance o contenido prima facie de los derechos invocados.

Al respecto, se consideró que la protección de la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), igualmente, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, se destacó que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares de la niñez.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.[1] Por tanto, una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijas e hijos, ya que se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia, lo cual es considerado como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.[2]

Así, las madres y padres tienen derecho de nombrar a sus hijas e hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, esto no sólo implica elegir libremente su nombre, sino establecer el orden de sus apellidos.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de la madre y padre a elegir el nombre de sus hijas o hijos, así, cuando resolvió el caso Cusan et Fazzo v. Italie, estableció que su potestad de escoger el nombre (de pila y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar.[3]

La segunda etapa de análisis consistió en analizar la proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada, en efecto, históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder. Dada la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales.[4]

Actualmente, en nuestro país las mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido. No obstante, ha perdurado la tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. Así se puede observar de un análisis a las legislaciones civiles de las entidades federativas.

Como se explicó, tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Lo anterior, es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

En ese sentido, la prohibición que establecía el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetuaba un propósito inconstitucional, pues buscaba reiterar un prejuicio discriminatorio y disminuía el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Por lo anterior, no se encontró justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretendían perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. En consecuencia, la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal se consideró inconstitucional.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó amparar y proteger a las personas quejosas en contra de las autoridades y acto reclamados.

Por lo tanto, las autoridades del Registro Civil deberán expedir nuevas actas de nacimiento en las que se asienten los apellidos de acuerdo al orden deseado por la madre o padre.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 170.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillot v. France, Sentencia de 24 de octubre 1993, párrafos 21 y 22.

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusan et Fazzo c. Italie. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55.

[4] Wilson, Stephen, The means of naming: A social and cultural history of personal naming in Western Europe, USA 1998, UCL Press, página 175.

El acceso a la información pública en Redes Sociales

Por Daniel Landa Zaragoza[1]

A partir del siglo XXI las tecnologías de la información han impactado la vida de las personas, pues se han generado nuevos canales de comunicación a nivel mundial, por ejemplo: las redes sociales, tales como Twitter que es una plataforma virtual que brinda un servicio de comunicación bidireccional que permite crear y compartir información de forma rápida y gratuita entre quienes la utilizan, dando acceso a su contenido únicamente a las personas que se les autorice para tal efecto, o bien, de forma pública.

En ese sentido, las interacciones que se realizan todos los días en la comunidad virtual, no se encuentran ajenas a una regulación jurídica, pues resulta necesaria la intervención del Estado en los casos que se violenten derechos y libertades fundamentales de las y los usuarios de las redes sociales.

Al respecto, el pasado 20 de marzo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el recurso de revisión 1005/2018, interpuesto por el Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Fiscal General), en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz (en adelante Juzgado de Distrito); la ratio decidendi del caso consistió en ponderar el derecho a la privacidad de las y los servidores públicos y el derecho de acceso a la información en la red social Twitter.

Antecedentes del caso

Un periodista se percató que el Fiscal General bloqueó el acceso a su cuenta de Twitter, impidiéndole el acceso a la información que compartía en su cuenta personal, cuyo contenido es de carácter público y de interés general.

Por lo anterior, el periodista promovió juicio de amparo indirecto en contra del bloqueo de su cuenta de Twitter, pues consideró que tal acción constituye un acto arbitrario, innecesario, desproporcional y discriminatorio, ya que impedir el acceso a la información cuyo carácter es de interés general, violó en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo, expresó que dicho bloqueo violó su derecho a la libertad de expresión, ya que se le impidió -en su calidad de periodista-, acceder a la información pública que compartió el Fiscal General (considerada autoridad responsable), con la ciudadanía respecto del desempeño de su cargo público.

El Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia correspondiente en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, al considerar que, si una servidora o servidor público decide utilizar su cuenta personal para informar a la ciudadanía, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a su cuenta a cualquier usuario, en consecuencia, determinó que el Fiscal General violó el derecho a la libertad de expresión del periodista, ya que las publicaciones compartidas son el reflejo de las actividades desempeñadas en ejercicio del cargo que ostenta.

Igualmente, el Juzgado de Distrito estimó que bloquear la cuenta de Twitter del periodista violó su derecho a estar informado, por tales motivos, los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta del periodista y permitirle el acceso a la información que comunica a la ciudadanía.

Al respecto, inconforme con dicha resolución el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz interpuso recurso de revisión, el cual admitió a trámite el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, sin embargo, el Juzgado de Distrito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver dicho recurso de revisión; en ese sentido, la Segunda Sala de la SCJN resolvió ejercer la facultad de atracción.

Consideraciones

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la cuenta de Twitter del Fiscal General es utilizada para difundir información personal, así como las actividades que desempeña como servidor público, por lo que bloquear la cuenta del periodista impidió conocer los datos de relevancia social, en consecuencia, dicha restricción violentó de forma personal y directa su acceso a la información.

Lo anterior, es así, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información se encuentran íntimamente relacionados, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda información en posesión de alguna autoridad solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público, además, toda persona tiene acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de éstos. Asimismo, los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha creado jurisprudencia vinculante para el Estado Mexicano, siendo los principales precedentes del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: Gomes Lund y otros vs. Brasil; Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina; Ricardo Canese vs. Paraguay; y, Claude Reyes y otros vs. Chile.

En dichos casos, se concluyó que no son derechos absolutos, toda vez que pueden estar sujetos a restricciones a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores para su ejercicio, pues la profesión de periodista implica buscar, recibir y difundir información, la cual debe ser garantizada por los Estados a través de los principios de máxima divulgación y publicidad.

Ahora, por lo que respecta al derecho a la privacidad, la Corte IDH estableció que se conforma por dos elementos, el primero, reconoce que las personas deben mantener su ámbito personal ajeno de toda injerencia o intromisión por parte de terceros extraños, el segundo, respeta el derecho de mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar su difusión.

Es por ello, que la SCJN en diversos precedentes ha establecido que existen datos que guardan relación con aspectos que la ciudadanía desea conocer, como son las actuaciones de las y los servidores públicos respecto de las acciones que realizan en función de sus actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, pues se encuentran expuestos a un control riguroso de particulares.

Resolución y efectos de la sentencia

La Segunda Sala de la SCJN resolvió amparar y proteger al periodista en contra de los actos de la autoridad responsable y determinó que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta de Twitter del periodista y permitirle el acceso permanente a su cuenta, incluso en el caso de que el servidor público no ostente un cargo público. Igualmente, por otro lado si la autoridad responsable se niega a desbloquear dicha cuenta, el Juez de Distrito se encuentra facultado para tomar las medidas necesarias para requerir directamente a la red social Twitter a través de su representación en México con la finalidad de eliminar el bloqueo de la cuenta del periodista, siempre y cuando no presente un comportamiento abusivo que justifique legitimante el bloqueo.

En conclusión, las autoridades que tengan una cuenta en Twitter deben considerar qué tipo de información comparten con la ciudadanía, ya que la opinión pública en las democracias actuales es indispensable para garantizar que las y los periodistas gocen de condiciones adecuadas para el desempeño de sus labores, por lo que bloquear una cuenta en dicha red social violenta el derecho de acceso a la información pública.

 

[1] Maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Es docente, investigador y especialista en derechos humanos; los temas de investigación son: Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el juicio de amparo; y, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares.

Contacto: daniel.landaz@hotmail.com