A propósito del día internacional de los derechos humanos

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Lanza Zaragoza

Hace unos días se conmemoraron 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que se proclamó el 10 de diciembre de 1948, fecha que coincide con el reconocimiento “universal” de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

El reconocimiento “universal” de los derechos humanos ha evolucionado gracias a las exigencias sociales, esto debido a la apropiación de discursos performativos y proactivos.   

Lo anterior lo podemos visibilizar, por ejemplo, a través de los movimientos sociales en países latinoamericanos, donde las personas han salido a las calles para exigir el respeto, protección y garantía de los derechos y libertades debido a la falta de consolidación de las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.

La paradoja de los derechos humanos surge por los múltiples discursos adoptados tanto por las autoridades como los particulares, podemos advertir la prevalencia de un estado de necesidad no solo de reconocer un pragmatismo jurídico, sino de la materialización integral de la tutela y garantismo estatal.

Sin embargo, no todo es negativo, el rol proactivo de las personas y autoridades ha permitido una transición paulatina al fortalecimiento de los derechos y libertades; durante estos 71 años, podemos identificar la coexistencia de aportes que fortalecen la justiciabilidad de los derechos y la democracia en cada estado.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó este día como: ¡Jóvenes por los Derechos Humanos! con el objeto de visibilizar la participación activa de la juventud en los movimientos sociales. 

La participación proactiva forma parte de un principio fundamental de los derechos humanos, ya que reúne opiniones, ideas, propuestas y soluciones que se traducen en el bienestar social.  

Una juventud empoderada tiene la posibilidad de impulsar transformaciones positivas en cada país, ya que fortalece las democracias y genera un desarrollo sostenible.  

Los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

Las personas que realizan labores en el hogar están consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido a que tradicionalmente han sido objeto de condiciones inadecuadas de trabajo, jornadas excesivas, salarios mínimos, trabajos forzosos y carecen de una cobertura y protección en materia de seguridad social. 

Por tales motivos, el Estado Mexicano implementó políticas públicas que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre ellas destacan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, ambas publicadas el 2 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales se visibilizan y reconocen actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar.

Las particularidades de dichas reformas, radican en la celebración de un contrato escrito entre el empleador y la persona trabajadora del hogar, el cual debe contener: el periodo de contratación, las actividades a realizar, remuneración, periodicidad de pagos, horas de trabajo, vacaciones anuales pagadas, periodos de descanso diario y por semana, herramientas de trabajo, uniforme, alimentos, alojamiento y, las condiciones con relación la terminación laboral.

En consecuencia, las prestaciones sociales a las que tienen derecho son las siguientes:

  • Vacaciones;
  • Prima vacacional;
  • Pago de días de descanso;
  • Acceso obligatorio a la seguridad social;
  • Aguinaldo; y
  • Cualquier otra prestación que se pudieran pactar las partes.

Se precisa que el acceso a la seguridad social estará a cargo del patrón, ya que deberá registrar e inscribir a la persona trabajadora del hogar al régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brindará servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Lo anterior, se realizará conforme al salario mínimo que perciba una persona trabajadora del hogar, el cual se fijará de manera oficial el próximo mes de diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; sin embargo, dicha Comisión Nacional actualmente cuenta con un estudio técnico en que destaca que el salario mínimo podría ascender a $248.72 pesos diarios.

Por otra parte, las reformas citadas en párrafos anteriores contemplan el reconocimiento del derecho al descanso, el cual debe ser de día y medio ininterrumpido a la semana y puede ser acumulativo en periodos de dos semanas, solo si lo convienen las partes. Además, se deben considerar los días de descanso obligatorio.

En los casos donde las personas trabajadoras del hogar residen en el domicilio en que realizan las actividades laborales, deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Igualmente, se establece una garantía de protección para los menores de 15 años, donde se prohíbe su contratación; por lo que tratándose de mayores de 15 años y hasta los 18 años es necesario que el patrón les solicite un certificado médico por lo menos dos veces al año, además de fijar jornadas de trabajo que no excedan las 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Igualmente, deberán evitar contratar a menores que no hayan concluido la educación secundaria, salvo que la persona empleadora se haga cargo de que concluyan sus estudios.

Ahora, se advierte que los patrones tienen prohibido ejercer actos de molestia y de violencia sea física, psicológica o por razones de género en contra de las personas trabajadoras del hogar, así como ejercer actos discriminatorios que vulneren su dignidad. Por ejemplo, cuando una trabajadora del hogar esté embarazada, el empleador tiene prohibido despedirla, caso contrario, se presumirá como un acto discriminatorio, el cual es considerado como un delito y se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa.[1]

En estos casos se considerará como una causal para rescindir la relación de trabajo.

Por tales motivos, las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona empleadora con 8 días de anticipación.

En cambio las personas empleadoras podrán dar por terminada la relación de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo o en cualquier tiempo, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con 8 días de anticipación y pagando la indemnización correspondiente.

Lo anterior formó parte de las adecuaciones normativas que realizó el Congreso de la Unión, para incorporar un nuevo sistema especial de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar, derivadas de las acciones de cumplimiento del amparo directo 9/2018, resuelto el 5 de diciembre de 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


[1] Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 Ter, fracción II del Código Penal Federal.

El acceso a bienes y servicios culturales como un derecho fundamental

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 566/2015, en el que determinó que el acceso a bienes y servicios culturales, es una vertiente del derecho a la cultura.

Antecedentes del caso. El 24 de junio de 2011, el Gobierno del Estado de Nayarit y una empresa constructora, celebraron un contrato de obra pública, con la finalidad de que se construyera la Ciudad de las Artes, en Tepic.

El 30 de agosto de 2011, se inauguró la primera fase de construcción, misma que se realizó en el inmueble conocido como Parque de Béisbol de Tepic. Sin embargo, el Gobierno de Nayarit tuvo que solicitar un crédito financiero al Congreso del Estado para que se concluyeran las obras de construcción.

El 29 de junio de 2013, se autorizó la desincorporación y enajenación del bien inmueble, por lo que se publicó la Primera Convocatoria de Venta Pública 01/2013, en la que se ofertó públicamente dicha propiedad.

Tesis central. El derecho al acceso a la cultura está protegido por los artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y 14.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

De ahí que, sea considerado como un derecho polivalente, ya que contiene tres particularidades:

  1. Tutela el acceso a los bienes y servicios culturales.
  2. Protege el uso y disfrute de los mismos.
  3. Protege la producción intelectual por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente.[1]

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció a través de la Observación General No. 21, que la cultura tiene un contenido polifacético,[2] con tres componentes:

  1. Participación en la vida cultural.
  2. Acceso a la vida cultural.
  3. Contribución a la vida cultural.

Igualmente, dicho Comité sostuvo que la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, “la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones”.[3]

Por último, la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, estableció que los derechos culturales protegen:

  1. La creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella.
  2. La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, lo cual incluye el derecho a:
  3. Elegir no pertenecer a un colectivo determinado.
  4. Cambiar de opinión o a abandonar un colectivo.
  5. Participar en el proceso de definición de éste en condiciones de igualdad.
  6. Participar o no hacerlo en la vida cultural de su elección, y ejercer sus propias prácticas culturales.
  7. Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan y de las fronteras.
  8. El derecho a disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su propio patrimonio cultural y al de otros.
  9. El derecho a participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la reformulación de sus identidades culturales.[4]

Por tanto, todas esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional de tener acceso a bienes y servicios culturales.

Razón por la cual, la parte quejosa tiene derecho a que el Gobierno de Nayarit genere bienes y servicios culturales para que acceda a ellos, derecho que no se vulneró con la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes. 

El deber de proteger el núcleo esencial de los derechos. La observación general No. 3, sostiene que “corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”. En la misma línea, en la Observación General No. 21 sobre el derecho a la cultura, se argumentó que existe un núcleo esencial del derecho a la cultura.[5]

En el mismo sentido, la Corte ha reconocido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado, a fin de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [6]

Así, en ese asunto se observó que la omisión reclamada no violó el núcleo del derecho de los quejosos al acceso a la cultura, toda vez que la omisión de construir una extensión de la cineteca nacional, una ludoteca, una biblioteca, el área de la escuela de música y la escuela de Bellas Artes del Estado de Nayarit, no generó una afectación tan grave en la esfera de los quejosos que pueda calificarse como una vulneración a su dignidad.

El deber de alcanzar progresivamente la protección del derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen a un Estado una obligación de fin, es decir, establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva.

De esta manera, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que no le es exigible al Estado la satisfacción plena del derecho de manera inmediata, ya que, como se mencionó anteriormente, ese alcance debe realizarse progresivamente, lo cual desde luego no significa que el Estado no tenga ninguna obligación.

En ese contexto, la Corte consideró que la omisión de concluir el proyecto de la Ciudad de las Artes no vulneró la obligación de progresividad en la satisfacción del derecho porque existe una política pública razonable sobre el acceso de las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales.

En efecto, el Gobierno de Nayarit concluyó la primera etapa de dicho proyecto, en la que se construyó un espacio propicio para exponer pinturas y esculturas, además, se imparten talleres de pintura, oratoria y escultura; es un espacio adecuado para practicar algunas disciplinas deportivas; así como un auditorio y un cine al aire libre para que los vecinos del municipio de Tepic tuvieran acceso a bienes y servicios culturales. En consecuencia, resultó evidente que el Estado sí tenía una política pública mediante la cual razonablemente se buscaba alcanzar progresivamente la plena realización del derecho a la cultura.

El deber de no regresividad. Los derechos económicos, sociales y culturales imponen un deber de no regresividad, que se puede desprender del mandato de progresividad protegido en los artículos 1o Constitucional, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El mandato de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

En este sentido, la Corte al resolver la contradicción de tesis 366/2013,[7] determinó que el principio de no regresividad impone como regla general que el grado de tutela conferido por el legislador para el ejercicio de un derecho fundamental no debe disminuirse.

De lo anterior, se afirmó que las medidas que resulten regresivas, corresponde al Estado justificar con información suficiente  y argumentos pertinentes la necesidad de dar un paso regresivo en el desarrollo de un derecho social. En tal sentido, la constitucionalidad de una medida regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales depende de que supere un test de proporcionalidad, lo que significa que la medida debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

Por lo tanto, en el caso no existió regresividad normativa porque no se reformó alguna norma que les hubiera eliminado o restringido derechos. Luego entonces, las omisiones reclamadas no constituyeron medidas regresivas.

En conclusión: Contrario a lo manifestado por los quejosos, la omisión de terminar el proyecto de la “Ciudad de las Artes”, no violó ninguna de las obligaciones derivadas del derecho fundamental a la cultura, ya que existía una política pública que razonablemente buscaba el pleno goce de dicho derecho la cual se consideró como una medida no regresiva.


[1] Estos postulados, fueron reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 11/2011,el 2 de mayo de 2012.

[2]           Párrafo 10. Se han formulado en el pasado diversas definiciones de “cultura” y en el futuro habrá otras. En todo caso, todas se refieren al contenido polifacético implícito en el concepto de cultura.

[3]           Párrafo 16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación, como lo es la disponibilidad.

[4]           Párrafo 9. La primera Relatora Especial destacó en reiteradas ocasiones que la finalidad del mandato no residía en la protección de la cultura o del patrimonio cultural per se, sino en la salvaguardia de las condiciones que permiten el acceso, la participación y la contribución de toda persona a la vida cultural, sin discriminación y en una forma sujeta a constante evolución.

[5]           Párrafo 55. En su Observación general Nº 3 (1990), el Comité destacó que correspondía a los Estados partes la obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo menos, los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto.

[6]           Amparos en revisión: 323/2014 y 378/2014, el primero resuelto el 11 de marzo de 2015 y el segundo el 15 de octubre de 2014.

[7]           Resuelta el 29 de abril de 2014, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El medio ambiente en peligro de extinción

Ciencia, tecnología y sustentabilidad, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

“Somos la primera generación que entiende el cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto.”

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

Por Daniel Landa Zaragoza

El pasado mes de mayo, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático publicó el informe especial 2018 sobre los impactos del calentamiento global de 1.5° C, en el que dio a conocer los nuevos niveles preindustriales y las vías mundiales de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe externa la preocupación internacional de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, la extinción de especies, la escasez de agua y muchos otros impactos climáticos que ponen en peligro vidas y economías.

De acuerdo con la investigación se alcanzaron niveles inesperados de emisiones, ocasionando que los días sean más calurosos, las temperaturas invernales más intensas, los niveles de mar incrementen diariamente y la contaminación del aire impacte en la salud de las personas de forma directa.

Es por ello que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento a los líderes mundiales, sector privado, sociedad civil y organizaciones internacionales, para que en la Cumbre de Acción Climática que se celebrará el 23 de septiembre de 2019 en Nueva York se comprometan a realizar acciones conjuntas con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 45 %, cuya meta será en diez años y se alcance un porcentaje del 0 % hasta el año 2050, asimismo, se desarrollen soluciones en las siguientes áreas:

1. Transición global hacia energías renovables;

2. Infraestructuras y ciudades sostenibles y resilientes;

3. Agricultura y ordenación sostenible de océanos y bosques;

4. Resiliencia y adaptación a los impactos climáticos; y,

5. Convergencia de financiación pública y privada con una economía de  emisiones netas cero.

Esto significa que los Estados deben realizar acciones que impacten en la economía, garanticen finanzas, realicen gestiones de mitigación y adopten un sistema de transparencia para la acción climática.

Se aduce lo anterior, porque las actividades humanas causaron aproximadamente un incremento de 1.0° C de calentamiento global, por encima de los niveles preindustriales, en consecuencia, es probable que el calentamiento global alcance 1.5 ° C entre los años 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual. 

Es por ello que se implementó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual actúa como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial. Su objetivo es evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, regional y nacional; elaborar instrumentos ambientales internacionales y nacionales; y fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente.

El PNUMA colabora en actividades de desarrollo y mejora del estado de derecho ambiental, el cual incluye el desarrollo progresivo del derecho a un medio ambiente adecuado, la protección de los derechos fundamentales, la lucha contra los delitos ambientales y un acceso eficaz a la justicia social.

Asimismo, el calentamiento global ha impactado significativamente los reinos plantae y animal, ya que aproximadamente un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo cual representa una amenaza histórica para la humanidad.

De acuerdo con las estadísticas de la ONU:

“(…)la tasa global de especies extintas ya es por lo menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están “gravemente alterados”. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido.”

Al respecto, México en cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el área de cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, está impulsando y efectuando diversas acciones, entre ellas, destaca la protección de áreas naturales, conservación de especies endémicas, desarrollo forestal, sistema integral de combate a incendios y seguridad ambiental.

El Estado Mexicano es reconocido a nivel internacional por el compromiso del cuidado del medio ambiente, ya que fue de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París, cuenta con programas de gestión de mejora de la calidad del aire, tiene una red nacional de monitoreo atmosférico, posee una estrategia nacional para la reducción de emisiones por deforestación y degradación -el cual contribuye la mitigación de gases del efecto invernadero-.

Sin embargo, el crecimiento constante de la población nacional y su concentración en las ciudades va en aumento, no obstante, el gobierno federal y los gobiernos estatales continuarán implementando acciones conjuntas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y presentarlas ante Cumbre de Acción Climática 2019, pues tal y como lo expresó el Secretario General de la ONU, somos la primera generación que comprende las consecuencias del cambio climático y la última en hacer algo para cambiar nuestro futuro.

La música como un derecho humano

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza


“La música es una disciplina formativa que ayuda a las personas a crear nuevos hábitos para ser personas sanas, dar dirección a sus vidas y transformarlas.”
Thalía Carrillo Bravo[1]


1 Violinista y Coordinadora de Proyectos Orquestales Infantiles.

Por Daniel Landa Zaragoza

La música es un lenguaje universal que transforma la vida de las personas, es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que se tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que se desee participar y gozar de las artes.

La actividad artística musical no implica sólo un reconocimiento de participación en la vida cultural, sino una obligación estatal que adopte medidas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos que se dispongan para alcanzar progresivamente los objetivos de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Además, comprende una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

El primer acercamiento musical radica en reconocer que las personas tienen los siguientes derechos:

  1. Expresarse musicalmente en libertad.
  2. Aprender lenguajes y habilidades musicales.
  3. Acceder al conocimiento musical a través de la participación, escucha, creación e información.
  4. Desarrollar arte musical y difundirlo a través de los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición.
  5. Reconocer y remunerar el trabajo musical.

Lo anterior, implica que los estados desarrollen nuevas políticas públicas para alcanzar el ejercicio pleno de tales derechos, por ello el 25 de septiembre de 2015 diversos países crearon acciones para erradicar la pobreza, analfabetismo, cuidar el planeta y asegurar el bienestar común, plasmando sus visiones en una nueva agenda internacional llevada a cabo ante la Organización de las Naciones Unidas, la cual denominaron: “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (en adelante ODS). Los ODS se integran por 17 objetivos, entre los que destaca el numeral 4 “Educación de Calidad”, el cual se integra por 7 acciones que deben realizar los gobiernos a más tardar en el año 2030.

Una educación de calidad implica que las personas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera fase de su infancia, asegurando que concluyan la enseñanza primaria y secundaria a fin de crear resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Diversos países, por mencionar algunos: China, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y Venezuela, han utilizado a la música como una materia formativa que beneficia el proceso educativo de las personas al crear nuevos hábitos e  implementar sistemas musicales efectivos que garantizan que las niñas, niños y adolescentes adquieran una mejor concentración, aprendizaje, autocontrol, estimulación y sensibilidad por el entorno que les rodea, su principal objetivo es identificarse como personas, es decir, son elementos que ayudan a desarrollar hábitos y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y características musicales, asimismo, fomenta una cultura de respeto al patrimonio artístico.

En México, el derecho de acceso a una educación musical se encuentra establecido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 3° que contempla la garantía de una educación de calidad y obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad del docente y directivo garanticen el máximo logro de aprendizaje del alumnado.

Para lograr lo anterior y dar cumplimiento a los ODS los planes y programas de estudio en educación preescolar, primaria, secundaria y normal deben contener materias musicales obligatorias, donde se imparta a temprana edad la lectoescritura, rítmica, métrica, armonía, entre otras que contribuyan a fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y artística además de fomentar el respeto por la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos; esto se logrará promoviendo una educación inclusiva en la que participen diversos sistemas de aprendizaje y competencias.

El reconocer que la música es un derecho fundamental implica que su acceso debe ser garantizado por el Estado, un reto educativo con exigencia social que debe adoptar nuevas políticas públicas inclusivas, sin perder de vista a las personas que habitan en pueblos y comunidades indígenas o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que requieren de una atención primordial y de participación equitativa de forma tripartita: Estatal -Federación, Estados y Municipios-, sector privado y la organización civil.

El derecho humano indicado no demanda sólo igualdad entre las alumnas y alumnos, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes,[1] en efecto, requiere una obligación estatal que asegure que las circunstancias personales o sociales como el género, el origen étnico, la situación económica o la cultura no sean obstáculos que impidan acceder a la educación y que todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades.

En ese entendido, garantizar la música como un derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades, por ello, el sistema educativo debe ofrecer una respuesta personalizada y no esperar a que el alumnado se adecue al sistema por lo que es necesario que la educación musical se encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas.

Lo anterior requerirá personal docente especializado que tenga la pasión y vocación por trascender en la vida de las personas, ya que fomentará y generará una sensibilidad y apreciación por las artes y su entorno, además, de someterse a una constante capacitación para estar preparados para las nuevas exigencias sociales.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Educación inclusiva. Este derecho humano no sólo demanda igualdad, sino también equidad en el entorno educativo”, tesis aislada, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Décima época, número de registro: 2019246.

La pobreza y el nivel básico escolar no son condiciones para negar la guarda y custodia

Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 1773/2016, respecto del derecho que tienen las madres de guarda y custodia sobre sus hijas e hijos, la cual no solo debe concederse con base en su condición económica o nivel educativo, sino sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niñez y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre pueda cuidarlas y cuidarlos de manera apropiada.

Antecedentes del caso. El 22 de octubre de 2014, un señor demandó a su esposa la pérdida de la patria potestad y guarda y custodia que ejerce sobre su hija.

El asunto lo conoció el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Seguidos los trámites legales el 25 de septiembre de 2015, se dictó sentencia que absolvió a la señora de la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su hija, se estableció la guarda y custodia a favor del señor, y se condenó a la madre al pago de alimentos.

Inconforme con esa resolución, la madre de la niña interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El 11 de noviembre de 2015, se emitió resolución que modificó parcialmente los resolutivos de la sentencia reclamada para absolver a la madre del pago de alimentos a favor de la niña, así como del pago de gastos y costas.

El 1 de diciembre de 2015, la madre por su propio derecho y en representación de su hija, promovió demanda de amparo contra la resolución del once de noviembre de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Señaló como violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Correspondió conocer del juicio de amparo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual admitió la demanda por acuerdo del 6 de enero de 2016. Seguidos los procedimientos legales correspondientes, el 25 de febrero de 2016, se dictó sentencia en la que se negó el amparo solicitado.

Inconforme con la resolución anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión el 28 de marzo de 2016, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el 8 de abril de 2016, el Presidente de la Corte admitió el recurso de revisión.

Tesis central. La madre manifestó quedebido a su condición económica y educativa le fue quitada la custodia de su hija, lo cual atentaría contra el interés superior de la niña e implicaría un trato discriminatorio en su contra.

Al respecto, la Corte determinó que atendiendo a la interpretación evolutiva y sistemática de los derechos humanos,[1] se considera que las distinciones de trato basadas en las carencias económicas repercuten en un grupo en situación de vulnerabilidad y desventaja.[2] Por lo tanto, su uso amerita una protección especial y, consecuentemente, ser entendida como categoría sospechosa dentro de “condición social”, que además, atenta contra la dignidad humana y menoscaba los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el enfoque intersectorial permite reconocer la diversidad y las diferencias que existen dentro de las personas que enfrentan una situación de pobreza, donde es posible detectar las múltiples formas en las que se resiente la discriminación, particularmente en el caso de las mujeres. Además, el enfoque diferencial de género es de especial relevancia pues, en última instancia, busca materializar en la realidad –a través de múltiples medidas– la igualdad entre mujeres y hombres de todos los espacios sociales.

En ese sentido, aun cuando el Tribunal Colegiado ponderó otros factores, los cuales evaluados en su conjunto pueden justificar que dicho órgano otorgara la guarda y custodia al padre, es imposible determinar el peso específico que jugaron cada uno de ellos. En la determinación de la guarda y custodia todos los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada influyen la decisión judicial y, en ocasiones, es imposible disociarlos y establecer cuál de ellos inclina el otorgamiento de la guarda y custodia a uno de los padres. Dichos factores deben ser evaluados integralmente, buscando siempre proteger el interés superior de los menores, bajo los estándares de análisis que se exponen a continuación.

Por ello, se determinó que la afirmación del Tribunal Colegiado tiene una carga de prejuicio sobre la aparente falta de aporte económico por parte de la madre a la vida de la hija, pues centra su consideración en que ella, al no tener ingresos, no tendría las “condiciones personales” y de “organización de vida”, no obstante no analiza el riesgo que dicha situación genera para la menor.

Se afirmó lo anterior, porque se probó que la madre es ama de casa y ha sido su cuidadora primaria, lo cual, tiene en sí mismo, un valor económico[3]. En consecuencia, no se puede considerar que la dedicación exclusiva al hogar, como opción de vida, per se, ponga en una situación de riesgo a la niña.

Esto no implica que se estén validando estereotipos en que sean las mujeres quienes se dediquen a las labores de cuidado; simplemente, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[4] reconoce –como en el presente caso, el rol de cuidado infantil respecto de la madre– ciertas realidades y las visibiliza.

Tampoco implica que una persona que solicite la guarda y custodia, y sea la persona proveedora económicamente, es decir, que salga a trabajar fuera de casa y obtenga un pago por ello, se encuentre, por ese sólo hecho, creando una situación de riesgo.

En conclusión: La Corte resolvió conceder el amparo al no haberse motivado reforzadamente la situación económica de la madre a la luz de la teoría del riesgo frente al interés superior de la niña.

Resolución y efectos de la sentencia. Ante lo fundado del recurso de revisión, se revocó la resolución recurrida y se otorgó el amparo a la madre para que la autoridad responsable emita una nueva sentencia en la que no determine la decisión de custodia únicamente con base en la condición económica o nivel educativo de la madre, y si lo hace, lo realice sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niña y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre la cuide de manera apropiada.


[1] Contradicción de tesis 21/2011, resuelta en sesión de 9 de septiembre de 2013, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Párrafo 65. Nota al pie 26.

[2] Cfr. Amparo directo en revisión 466/2011.

[3] Cfr. Amparo directo en revisión 1754/2015.

[4] Cfr. mutatis mutandi Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257.

Derecho a una relación materna digna y adecuada en contexto de reclusión

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 644/2016, respecto del derecho de niñas y niños a una relación materna digna y adecuada en un contexto de reclusión.

Antecedentes del caso. El 16 de octubre de 2006, dos personas contrajeron matrimonio dentro del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla (en adelante el Centro de Reinserción Social), donde se encuentran compurgando una pena de 50 años de prisión desde el año 2001, por la comisión de los delitos secuestro, homicidio y robo.

El 18 de junio de 2011, tuvieron una niña, quien vive con su madre dentro del Centro de Reinserción Social; desde agosto de 2014, después de cumplir los 3 años de edad fue inscrita por su abuelo en un kínder cercano a su casa, con la finalidad de que pudiera iniciar sus estudios. Por tanto, la niña comenzó a salir del centro de reclusión los domingos de cada semana, regresando los días jueves para reunirse nuevamente con su madre.

El 27 de agosto del año 2014, el Director del Centro de Reinserción Social le informó a la madre de manera verbal que su hija había cumplido 3 años de edad y de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, existía un impedimento para que la niña permaneciera a su lado dentro del lugar, en consecuencia, negó su acceso al Centro.

En atención a lo anterior, la madre por propio derecho y en representación de su hija solicitó el amparo el 28 de agosto de 2014.

Tesis central. La Corte determinó que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier contienda judicial, supliendo la deficiencia de la queja en todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de las niñas y niños.

Asimismo, tratándose de casos de niñas y niños que habitan con sus madres en reclusión los expertos exponen que hacen falta políticas sociales y penitenciarias que incidan en las experiencias cotidianas de las y los menores que habitan en centros de reclusión, y que les permitan llevar una relación maternal digna y apropiada.[1]

En este sentido, existe un interés fundamental en que madre e hijas e hijos permanezcan juntos, y no sean separados salvo que medie alguna afectación a sus derechos y libertades fundamentales. Por tanto, el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el disfrute de la relación maternal mediante medidas de protección que permitan contrarrestar las dificultades que conlleva el contexto de reclusión.

Al respecto, la permanencia de niñas y niños en un centro de reinserción social debe evaluarse estrictamente a luz de su interés superior, así, puede ocurrir que deban abandonar el lugar porque necesitan satisfacer diversas necesidades que no dependen de la unión familiar -como recibir educación escolarizada-. Sin embargo, se destacó la importancia de mantener la relación maternal y lo devastador que resulta su separación, por lo cual el Estado está obligado a implementar una separación sensible y gradual, garantizando un contacto cercano y frecuente entre la madre e hijas e hijos, siempre que lo anterior sea lo más benéfico para aquéllos a la luz del caso concreto. 

En ese sentido, para alcanzar el pleno desarrollo del principio de mantenimiento del menor en su familia biológicacontenido en la Declaración de los Derechos del Niño-, es necesario del amor y comprensión de una familia, por lo que debe crecer bajo los cuidados y afecto de sus padres en un ambiente de seguridad moral y material.  Lo anterior responde a la necesidad de que el menor cuente con su familia como el ámbito natural en el que se desarrolla, y en donde se le proporciona la protección necesaria para su desarrollo integral.[2]

Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que:

“el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”, de tal suerte que “[el] derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño.”[3]

De lo anterior se desprende que el Estado debe no sólo resguardar la estabilidad de las y los niños en su núcleo familiar, sino garantizar que aquellos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares. En este sentido, aun si la separación se estima necesaria por encontrarse una afectación a sus bienes o derechos, el Estado debe velar porque las niñas y niños mantengan contacto constante con sus padres y madres, a menos que ello resulte contrario a sus bienes o derechos.

En conclusión: La relación afectiva entre una niña o niño con su progenitora tiene una incidencia crucial en su libre desarrollo, esto fortalece el interés fundamental de que a temprana edad mantengan cercanía con su madre. En consecuencia, aun cuando la separación resulte necesaria, es especialmente importante que madre e hija e hijo mantengan un contacto próximo, personal y frecuente en la medida de lo posible, a menos que tal circunstancia resulte contraria a sus intereses.

Ahora, se reconoció que los centros de reclusión pueden dificultar el ejercicio del derecho de niñas y niños a disfrutar del afecto y los cuidados de su madre en condiciones apropiadas, en efecto, dichos centros no son aptos para que estén con su madre, ya que observan prácticas inapropiadas como relaciones sexuales, consumo de drogas, riñas y pleitos con frecuencia. Asimismo, el medio penitenciario es inconveniente para la constitución de las y los niños, porque los exponen a cierta violencia visual y auditiva. También, se encuentran en condiciones inseguras ante la eventualidad de levantamientos o motines.

Por otra parte, existe una ausencia de servicios como salud, educación, alimentación, cuidados especializados y alternativos, atención profesional, entre otros.[4] Asimismo, existen limitaciones con la infraestructura, tal es el caso de áreas verdes, enfermerías, guarderías, zonas de juego y de convivencia, juguetes, inter alia; todo lo cual sería positivo para el desenvolvimiento del menor.

En este sentido, el Comité de los Derechos de los Niños, manifiesta que las hijas o hijos de madres reclusas gozan de los mismos derechos que cualquier otro niño, por lo que debe impedirse que sus derechos y libertades se vean afectados como resultado de las acciones de sus padres y madres.[5]

En efecto, la presencia de la madre es esencial en las primeras etapas del desarrollo de las niñas y niños, ya sea porque son físicamente débiles y no pueden valerse por sí mismos o porque requieren sustancialmente de una interacción afectiva continúa con su progenitora.

La separación de niñas y niños respecto de sus progenitores resulta dolorosa de otras formas de separación parental debido al estigma, la ambigüedad y la falta de apoyo social y compasión. En este sentido, la interrupción puede provocar al niño la pérdida de su principal fuente de recursos emocionales y psicológicos, comprometiendo su desarrollo social, emocional y cognitivo. Así, las reacciones más frecuentes de niñas y niños incluyen tristeza, confusión, depresión, preocupación, ira, agresividad, miedo, regresiones del desarrollo, problemas de sueño, desórdenes alimenticios e hiperactividad.

Razones por las cuales la Corte determinó que el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social de Puebla no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete de conformidad con el interés superior de la niñez, a efecto de que una vez alcanzados los 3 años de edad, la separación se conduzca de manera paulatina y sensible con la niña o niño, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, se mantenga un contacto cercano y frecuente, a la luz de lo que resulte mejor para su interés.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó que el Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, debe ordenar la salida de la niña del centro de forma gradual y progresiva, de acuerdo con una evaluación de las necesidades de la menor, en virtud de lo que resulte más favorable para sus intereses.

Asimismo, la remoción debe conducirse con sensibilidad, proporcionando en la medida de lo posible acompañamiento psicológico a la niña, con la finalidad de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar; siempre que ello sea acorde con su interés superior, por tanto, las autoridades deben facilitar que madre e hija mantengan un contacto cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno sustento en las necesidades de la niña.

Lo anterior, tomando en cuenta la necesidad de la menor de recibir cuidados y afectos de su madre, sobretodo en virtud de su corta edad y en razón de la cercanía que ha tenido ella, en consecuencia, las autoridades deberán facilitar un espacio adecuado en el que puedan convivir de conformidad con las necesidades de la niña.


[1] Para un estudio nacional, véase, por ejemplo, Niñas y niños invisibles. INMUJERES y UNICEF; Comité de los Derechos del Niño, Nepal CRC/C/15/ Add.261, párr. 51 y 52.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 242, párr. 119; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A no. 17, párrs. 66,71, 72, 73 y 76.

[3] Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 27, párr. 71.

[4] El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos. Oliver Robertson. Serie: Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas. Quaker United Nations Office, abril de 2008, pág. 33; Niños y Niñas: Presos de las Circunstancias, Oliver Robertson, Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Office, Junio de 2008, Pág. 21.

[5]El Comité enfatiza que los hijos de padres en situación de reclusión tienen los mismos derechos que otros niños. El Comité recomienda que se tomen medidas para asegurar que los niños en esta situación sean protegidos de la estigmatización. Estos niños no han entrado en conflicto con la ley. Cada niño tiene el derecho de estar con sus padres así como el derecho a la vida familiar y a un ambiente social apropiado para su desarrollo.” Comité de los Derechos de los Niños, Reporte y Recomendaciones sobre “Hijos de padres en reclusión”, 30 de septiembre de 2011, página 3.

Sobre el derecho a decidir el orden de los apellidos de los hijos e hijas

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 208/2016, respecto del derecho que tienen las madres y padres de elegir el orden de inscripción de los apellidos de sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

Antecedentes del caso. Una madre tuvo dos hijas quienes al nacer las consideraron prematuras, por lo que permanecieron tres meses en el área de cuidados intensivos de la institución médica correspondiente. Meses después, la madre y el padre acudieron a un Juzgado del Registro Civil para registrar a sus hijas, sin embargo, solicitaron a la autoridad registral que sus hijas fueran inscritas de acuerdo con el siguiente orden: primero el apellido de la madre y en segundo el del padre, sin embargo, la petición fue rechazada.

Ante tales consideraciones solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal por propio derecho y en representación de sus hijas, reclamando como actos el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (en adelante el Código Civil), ya que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales. Lo anterior, en atención a que éstas últimas sí pueden escoger el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero).

Asimismo, manifestaron que el orden de los apellidos previsto por el artículo antes citado transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Lo anterior, debido a que el orden previsto por la norma impugnada obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Finalmente, estimaron que la norma impugnada transgrede el derecho al nombre, pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna.

Tesis central. La Corte realizó el estudio de constitucionalidad en dos etapas, la primera consistió en determinar si la norma impugnada –artículo 58 del Código Civil-, incide en el alcance o contenido prima facie de los derechos invocados.

Al respecto, se consideró que la protección de la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), igualmente, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, se destacó que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares de la niñez.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.[1] Por tanto, una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijas e hijos, ya que se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia, lo cual es considerado como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.[2]

Así, las madres y padres tienen derecho de nombrar a sus hijas e hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, esto no sólo implica elegir libremente su nombre, sino establecer el orden de sus apellidos.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de la madre y padre a elegir el nombre de sus hijas o hijos, así, cuando resolvió el caso Cusan et Fazzo v. Italie, estableció que su potestad de escoger el nombre (de pila y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar.[3]

La segunda etapa de análisis consistió en analizar la proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada, en efecto, históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder. Dada la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales.[4]

Actualmente, en nuestro país las mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido. No obstante, ha perdurado la tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. Así se puede observar de un análisis a las legislaciones civiles de las entidades federativas.

Como se explicó, tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Lo anterior, es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

En ese sentido, la prohibición que establecía el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetuaba un propósito inconstitucional, pues buscaba reiterar un prejuicio discriminatorio y disminuía el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Por lo anterior, no se encontró justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretendían perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. En consecuencia, la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal se consideró inconstitucional.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó amparar y proteger a las personas quejosas en contra de las autoridades y acto reclamados.

Por lo tanto, las autoridades del Registro Civil deberán expedir nuevas actas de nacimiento en las que se asienten los apellidos de acuerdo al orden deseado por la madre o padre.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 170.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillot v. France, Sentencia de 24 de octubre 1993, párrafos 21 y 22.

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusan et Fazzo c. Italie. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55.

[4] Wilson, Stephen, The means of naming: A social and cultural history of personal naming in Western Europe, USA 1998, UCL Press, página 175.

El acceso a la información pública en Redes Sociales

¿Qué es Anagénesis Jurídico?, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Por Daniel Landa Zaragoza[1]

A partir del siglo XXI las tecnologías de la información han impactado la vida de las personas, pues se han generado nuevos canales de comunicación a nivel mundial, por ejemplo: las redes sociales, tales como Twitter que es una plataforma virtual que brinda un servicio de comunicación bidireccional que permite crear y compartir información de forma rápida y gratuita entre quienes la utilizan, dando acceso a su contenido únicamente a las personas que se les autorice para tal efecto, o bien, de forma pública.

En ese sentido, las interacciones que se realizan todos los días en la comunidad virtual, no se encuentran ajenas a una regulación jurídica, pues resulta necesaria la intervención del Estado en los casos que se violenten derechos y libertades fundamentales de las y los usuarios de las redes sociales.

Al respecto, el pasado 20 de marzo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el recurso de revisión 1005/2018, interpuesto por el Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Fiscal General), en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz (en adelante Juzgado de Distrito); la ratio decidendi del caso consistió en ponderar el derecho a la privacidad de las y los servidores públicos y el derecho de acceso a la información en la red social Twitter.

Antecedentes del caso

Un periodista se percató que el Fiscal General bloqueó el acceso a su cuenta de Twitter, impidiéndole el acceso a la información que compartía en su cuenta personal, cuyo contenido es de carácter público y de interés general.

Por lo anterior, el periodista promovió juicio de amparo indirecto en contra del bloqueo de su cuenta de Twitter, pues consideró que tal acción constituye un acto arbitrario, innecesario, desproporcional y discriminatorio, ya que impedir el acceso a la información cuyo carácter es de interés general, violó en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo, expresó que dicho bloqueo violó su derecho a la libertad de expresión, ya que se le impidió -en su calidad de periodista-, acceder a la información pública que compartió el Fiscal General (considerada autoridad responsable), con la ciudadanía respecto del desempeño de su cargo público.

El Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia correspondiente en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, al considerar que, si una servidora o servidor público decide utilizar su cuenta personal para informar a la ciudadanía, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a su cuenta a cualquier usuario, en consecuencia, determinó que el Fiscal General violó el derecho a la libertad de expresión del periodista, ya que las publicaciones compartidas son el reflejo de las actividades desempeñadas en ejercicio del cargo que ostenta.

Igualmente, el Juzgado de Distrito estimó que bloquear la cuenta de Twitter del periodista violó su derecho a estar informado, por tales motivos, los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta del periodista y permitirle el acceso a la información que comunica a la ciudadanía.

Al respecto, inconforme con dicha resolución el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz interpuso recurso de revisión, el cual admitió a trámite el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, sin embargo, el Juzgado de Distrito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver dicho recurso de revisión; en ese sentido, la Segunda Sala de la SCJN resolvió ejercer la facultad de atracción.

Consideraciones

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la cuenta de Twitter del Fiscal General es utilizada para difundir información personal, así como las actividades que desempeña como servidor público, por lo que bloquear la cuenta del periodista impidió conocer los datos de relevancia social, en consecuencia, dicha restricción violentó de forma personal y directa su acceso a la información.

Lo anterior, es así, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información se encuentran íntimamente relacionados, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda información en posesión de alguna autoridad solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público, además, toda persona tiene acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de éstos. Asimismo, los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha creado jurisprudencia vinculante para el Estado Mexicano, siendo los principales precedentes del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: Gomes Lund y otros vs. Brasil; Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina; Ricardo Canese vs. Paraguay; y, Claude Reyes y otros vs. Chile.

En dichos casos, se concluyó que no son derechos absolutos, toda vez que pueden estar sujetos a restricciones a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores para su ejercicio, pues la profesión de periodista implica buscar, recibir y difundir información, la cual debe ser garantizada por los Estados a través de los principios de máxima divulgación y publicidad.

Ahora, por lo que respecta al derecho a la privacidad, la Corte IDH estableció que se conforma por dos elementos, el primero, reconoce que las personas deben mantener su ámbito personal ajeno de toda injerencia o intromisión por parte de terceros extraños, el segundo, respeta el derecho de mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar su difusión.

Es por ello, que la SCJN en diversos precedentes ha establecido que existen datos que guardan relación con aspectos que la ciudadanía desea conocer, como son las actuaciones de las y los servidores públicos respecto de las acciones que realizan en función de sus actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, pues se encuentran expuestos a un control riguroso de particulares.

Resolución y efectos de la sentencia

La Segunda Sala de la SCJN resolvió amparar y proteger al periodista en contra de los actos de la autoridad responsable y determinó que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta de Twitter del periodista y permitirle el acceso permanente a su cuenta, incluso en el caso de que el servidor público no ostente un cargo público. Igualmente, por otro lado si la autoridad responsable se niega a desbloquear dicha cuenta, el Juez de Distrito se encuentra facultado para tomar las medidas necesarias para requerir directamente a la red social Twitter a través de su representación en México con la finalidad de eliminar el bloqueo de la cuenta del periodista, siempre y cuando no presente un comportamiento abusivo que justifique legitimante el bloqueo.

En conclusión, las autoridades que tengan una cuenta en Twitter deben considerar qué tipo de información comparten con la ciudadanía, ya que la opinión pública en las democracias actuales es indispensable para garantizar que las y los periodistas gocen de condiciones adecuadas para el desempeño de sus labores, por lo que bloquear una cuenta en dicha red social violenta el derecho de acceso a la información pública.

 

[1] Maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Es docente, investigador y especialista en derechos humanos; los temas de investigación son: Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el juicio de amparo; y, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares.

Contacto: daniel.landaz@hotmail.com