Archivo de la categoría: Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Estados Unidos. Del oro negro a la decadencia energética

Por L. Óscar Rojas Hernández

“El petróleo no es el oro negro;

es el excremento del diablo”.

Juan Pablo Pérez Alfonzo

Estados Unidos, una potencia hegemónica que ha sido reconocida a nivel mundial por sus métodos para producir energía siendo uno de los principales abastecedores de energía produciendo el 14.6% de energía mundial al igual que China (López, 2020, p. 290), aun así de toda esta energía producida únicamente el 44% correspondía al petróleo en el año 2014 (López, 2020, p. 292), esta cifra es menor a la que se ha tenido en años anteriores y pese a que se ha desincentivado su uso se sigue extrayendo de manera masiva mejorando cada vez más los métodos de extracción generando también que su precio de venta disminuya.

No hay duda de que el petróleo aún es un factor determinante tanto en la economía mundial como en las relaciones que se lleguen a tener por las importaciones del mismo y el incremento en la búsqueda y desarrollo de métodos para obtener aún más de este recurso como el fracking que podría decirse que es la manera de extraer petróleo de las piedras sin pensar en las consecuencias ambientales que esto produce, como la contaminación de los manantiales de agua potable por los químicos necesarios para poder lubricar el tubo que es requerido para la extracción del petróleo que se encuentra dentro de las rocas y las grietas de las mismas regresando el agua contaminada la cual no puede ser  reutilizada por lo peligroso de su uso llegando a ser aún más peligrosa para el ambiente, todo esto con la finalidad de mantener en funcionamiento el negocio de la venta de petróleo y dando un menor precio por el producto y menor salario a los trabajadores (Magic Markers, 2015), estos métodos ponen en duda a algunos países sobre la necesidad de permanecer con una industria petrolera activa ya que a lo largo de la década se han visto grandes avances en las energías renovables.

Todo lo anterior lleva al estudio de aquellos países que son los principales productores de petróleo a nivel mundial, como Rusia donde su  producto interno bruto y el precio del petróleo se ven afectados de la misma manera según la trayectoria de su curva de magnitud (Abad, 2018), sin embargo, al igual que Estados Unidos no han previsto políticas para la protección de este recurso así como tampoco han tenido un desarrollo en las energías renovables, esto podría llegar a representar una gran crisis energética cuando el petróleo sea totalmente obsoleto como recurso energético ya que alimenta los sectores más importantes en el desarrollo del país que son el transporte, las grandes industrias y sobre todo el sector militar cuyos fondos recibidos son los más grandes a nivel mundial, como el Pentágono que en el año 2010 obtuvo un presupuesto de 680.000 millones de dólares (López, 2020 p. 303) y su poder armamentístico el más grande en toda la historia.

Pensar en el sector armamentístico y en la gran cantidad de petróleo que requiere para poder mantenerse da una idea de lo que estas potencias podrían llegar a hacer por evitar que este recurso sea sustituible y sobre todo por evitar la escasez del mismo, esto a su vez nos da la explicación del incremento de los conflictos bélicos y de actos intervencionistas a países latinoamericanos que se han dado a partir del descubrimiento y uso del combustible fósil.

Así mismo el texto anterior también nos ofrece un mapa de las reservas petroleras en el mundo donde se puede ver que no siempre el país que tiene las reservas más grandes es el que produce más petróleo, el caso más conocido de esto es Venezuela quien en el 2019 reportó una reserva de hasta 300.9 miles de millones de barriles de crudo (BBC News, 2019), sin embargo, a pesar de tener los pozos petroleros más grandes del mundo no puede obtener todos los beneficios de estos en comparación por ejemplo con Arabia Saudita, la razón de esto se encuentra en la situación económica de cada Estado, estando Venezuela en una situación de súper inflación monetaria (con la paridad de un bolívar venezolano por 0.0000135174 dólar) (xe.com, 2020) no puede adquirir el equipo necesario para llevar a cabo proyectos de explotación petrolera y en estos casos se pueden volver a entender las razones del intervencionismo estadounidense, confirmando que Estados Unidos ha puesto al mundo en una situación económica de guerra permanente con terribles consecuencias sociales y ambientales (López, 2020, p. 303).

En conclusión, podría pensarse que la sobre explotación del petróleo es una medida de las grandes potencias para poder mantener su posición de poder, sin embargo, es evidente la falta de conocimientos que tienen sobre la llegada de las nuevas formas de producir energía y que cuando los combustibles fósiles se acaben o se consideren obsoletos se podría pensar que vendrían en decadencia, sin embargo, aún es temprano para poder opinar al respeto.

Fuentes de consulta

López, R. R. (2018). La dinámica militar de los recursos energéticos estadounidense. En Sociología política del colapso climático antropogénico, (pp. 287-312). México. Centro de Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Abad, J. M. (17 de marzo de 2018). Un país más rico, pero menos democrático: datos básicos para entender Rusia [en línea]. El País. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://elpais.com/internacional/2018/03/16/actualidad/1521209314_402162.html

BBC News. (1 de abril de 2019). Cuáles son los países con mayores reservas de petróleo y por qué esto no siempre es señal de riqueza [en línea]. BBC. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47748488

s/a. (28 de febrero 2020). Materias primas. Petróleo Brent [en línea]. El País Economía. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://cincodias.elpais.com/mercados/materias-primas/petroleo_brent/1/

Tiktín, M. (8 de agosto de 2018) El riesgo de la dependencia del petróleo [en línea]. El economista. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-riesgo-de-la-dependencia-del-petroleo-20180809-0020.html

Rusia (17 de enero de 2018) El Banco Central ruso constata dependencia de la economía de los precios petroleros [en línea] Mundo Sputnik. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075496459-rusia-economia-crudo-deficit/

Landale, J. (12 de enero de 2020). ¿Qué significará el fin de la dependencia del petróleo para la geopolítica? [en línea]. BBC News. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50986738

Magic Markers. (2 de agosto de 2020) ¿Qué es el Fracking? [Archivo de video]. YouTube. Recuperado el 2 de marzo de 2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=RPDtD0lP1l0

Xe. (2 de marzo de 2020) Converso de divisas XE. XE. Recuperado el 2 de marzo de 2020 de: https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=VES&To=USD

El derecho a suicidarse

Por Daniel Landa Zaragoza

El 26 de febrero de 2020 el Tribunal Constitucional Federal Alemán (en adelante el Tribunal), resolvió la queja constitucional 2 BvR 2527/16, en la que reconoció los siguientes derechos y libertades:

  1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende la autonomía a la muerte autodeterminada.
  2. La muerte autodeterminada incluye el derecho al suicidio.
  3. El derecho al suicidio contiene la libertad de ser asistido por terceras personas o por quien ofrezca su servicio.

Antecedentes del caso. Los denunciantes son personas gravemente enfermas que desean terminar sus vidas con la ayuda de asociaciones con sede en Alemania y Suiza, que ofrecen sus servicios con apoyo de médicos que trabajan en atención ambulatoria o de pacientes hospitalizados y con el asesoramiento de abogados involucrados en la provisión de asistencia suicida.

Las asociaciones se quejan de una violación a sus derechos y los derechos fundamentales de las personas que trabajan para ellas, pues consideran que se viola su libertad de conciencia.

Los médicos denunciantes basan sus quejas esencialmente en una violación a su libertad de conciencia y libertad de profesión. Por su parte los abogados afirman que se violó su libertad profesional en virtud de que el asesoramiento ofrecido relacionado con el suicidio ahora es penado.

Todos los reclamantes se quejan esencialmente por la falta de certeza jurídica establecida en el artículo 217 del Código Penal Alemán, ya que no garantiza que una regulación de asistencia al suicidio en casos individuales permanezca impune. Asimismo, no evalúa si incluye y en qué medida formas de eutanasia sin castigo (eutanasia indirecta e interrupción del tratamiento) y medicina paliativa. Por tanto, el tipo penal impide una profesión médica orientada hacia el bienestar del paciente.

Consideraciones. Por definición, la eutanasia requiere un estado de sufrimiento. En términos del concepto, la palabra incluye el componente ayuda y excluye las acciones (asesinato) que se llevan a cabo contra la voluntad expresa o presunta de la persona interesada.

La jurisprudencia alemana hace la diferencia entre los diferentes casos de eutanasia punitiva.

Por un lado, incluyen la eutanasia indirecta como la aceptación de una muerte involuntaria anterior en una persona moribunda o enferma terminal como resultado de una terapia médicamente indicada para reducir el dolor o cualquier otro sufrimiento.

Por otro lado, la llamada interrupción del tratamiento como cualquier limitación o terminación activa o pasiva de una medida médica que sostenga o prolongue la vida de acuerdo con la voluntad real o presunta del paciente.

En Suiza, está prohibido matar a una persona a solicitud de otra, incluso para los médicos, la ayuda al suicidio (ejecutado o intentado) solo es proporcional por motivos egoístas. La característica subjetiva de motivos egoístas, requiere que el autor persiga una ventaja personal, particularmente material.

Por ello, las personas que trabajan en organizaciones de asistencia para el suicidio no están sujetas de responsabilidad penal de acuerdo con lo previsto en artículo 115 del Código Penal Suizo.

Por tanto, la prescripción médica es un procedimiento de control que garantiza que el suicidio corresponda a la voluntad libre de la persona interesada. En consecuencia, los médicos deben participar en cada suicidio asistido que se lleve a cabo con una sustancia activa sujeta a la Ley de Narcóticos o Productos Terapéuticos.

En los Países Bajos el suicidio y la asistencia al suicidio no se limitan únicamente a enfermedades terminales, basta que el paciente se encuentre en una situación médicamente desesperada y presente una agonía física o mental persistente e insoportable que no se puede aliviar. Por ello, el suicidio y la asistencia al suicidio son punibles, con la exclusión de los médicos.

El médico que proporciona eutanasia o suicidio asistido debe acatar el siguiente protocolo:

  1. El paciente puede hacer una solicitud de asistencia al suicidio mediante una declaración anticipada de voluntad que es válida por cinco años.
  2. Las niñas y niños también pueden recibir eutanasia sin restricciones de edad.
  3. Verificar que el paciente exprese el deseo de terminar su vida voluntariamente.
  4. Debe informar al paciente su estado de salud y expectativa de vida.
  5. Dar alternativas médicas, como el tratamiento paliativo.
  6. Consultar a otro médico con el objeto de que evalúe el sufrimiento físico o psicológico del paciente.
  7. Si la muerte natural del paciente no ocurre en el futuro previsible, debe llamar a otro médico, que debe ser un psiquiatra o especialista en la enfermedad en cuestión, para que evalúe de forma independiente el estado de salud, así como la naturaleza voluntaria y la deliberación del deseo de morir.
  8. Dentro de los cuatro días posteriores al servicio de eutanasia, el médico debe informar a la Comisión Federal de Control y Evaluación correspondiente, con el objeto de que se evalúe el proceso de acuerdo con las condiciones legales y el procedimiento prescrito.

En cambio, en el Estado de Oregón, Estados Unidos de América, el apoyo para la implementación de un deseo de muerte se coloca en manos médicas. El médico puede recetar medicamentos letales al paciente sin incurrir en una multa, siempre que cumpla con los requisitos establecido en Ley de Muerte con Dignidad de Oregón de 1997, los cuales se precisan a continuación:

  1. El médico tratante debe determinar la enfermedad terminal, la capacidad del paciente y la naturaleza voluntaria del deseo de morir.
  2. Se debe consultar a un médico consultor que, después de realizar su propio examen y revisar los documentos médicos, debe confirmar la evaluación del médico tratante por escrito.
  3. En caso de duda, es necesario aplicar un examen psiquiátrico.
  4. El médico tratante también tiene la obligación integral de proporcionar información al paciente respecto de su diagnóstico y pronóstico médico, los riesgos y el resultado esperado de tomar el medicamento que conduce a la muerte, así como las posibles alternativas que incluyen cuidados paliativos y tratamiento del dolor, asegurando así que el paciente puede tomar una decisión informada sobre el final de su vida.
  5. En términos formales, la persona que desea morir debe expresar su deseo de morir dos veces, la primera debe ser oral y una la segunda, por escrito y en presencia de dos testigos, que también deben estar convencidos de la capacidad de la persona que desea morir.
  6. Las declaraciones deben tener al menos 15 días de diferencia.
  7. La persona que prescribe el medicamento mortal debe enviar una copia de la receta emitida a la autoridad de salud.

Tesis central. Las quejas constitucionales de los reclamantes son fundadas.

El artículo 217 del Código Penal no constituye una restricción constitucional a la libertad profesional, sin embargo, viola los derechos de los denunciantes, pues son destinatarios de una pena cuando promueven comercialmente el suicidio.

Los médicos y abogados demandantes son protegidos constitucionalmente contra la prohibición de promover el suicidio relacionada con los negocios.

La objeción de conciencia ya no es una decisión relativa sobre la idoneidad del comportamiento humano basada en una visión seria y enfática del buen orden político y la razón, la justicia social y la utilidad económica, sino solo la decisión moral seria, basada en las categorías de bien y mal.

La negativa de proteger los derechos fundamentales sólo puede pensarse respecto a las actividades que, por su propia naturaleza, deben considerarse prohibidas, porque debido a su detrimento social y comunitario, no pueden participar en la protección que brinda el derecho fundamental a la libertad de ocupación. Esto no se aplica a la ayuda al suicidio, incluso si se proporciona de manera comercial.

En el caso de las personas jurídicas sólo pueden llevar a cabo una actividad que tenga un propósito comercial, en la medida en que su naturaleza pueda ser realizada de la misma manera por una persona jurídica que por una persona física.

Si una persona jurídica es una asociación, la Ley Fundamental sólo protege su actividad siempre que su administración sea acorde con propósitos legales, es decir, sus actividades forman un negocio económico si son planificadas, permanentes y orientadas al exterior. Esto significa, que las actividades empresariales van más allá del área interna de la asociación y están destinadas a crear beneficios de activos para el bien de la asociación o sus miembros.

El objeto del legislador alemán al introducir una regulación al suicidio fue crear la base legal para prohibir que las asociaciones brinden asistencia pública para el suicidio. Por ello, la interferencia con los derechos fundamentales no está justificada.

La prohibición de la promoción comercial del suicidio viola un derecho constitucional objetivo debido a su incompatibilidad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de las personas.

La decisión de suicidarse depende no sólo del hecho de que terceros estén dispuestos a otorgar, procurar o mediar la oportunidad de hacerlo, sino que debe implementarse legalmente una disposición para ayudar con el suicidio, pensar lo contrario, sería considerar que es un derecho vacío.

La garantía del derecho al suicidio corresponde a una protección de gran alcance con los derechos de la persona que le asistente.

La protección constitucional contra la muerte autodeterminada se hace efectiva para que las personas puedan ejercer los derechos básicos de una manera dirigida hacia un objetivo común, aquí la implementación del deseo de suicidio asistido se cumple.

Conclusiones. El tribunal declaró inconstitucional el artículo 217 del Código Penal.

El estado alemán debe respetar la autonomía de las personas cuando deciden poner fin a su vida. La protección legislativa debe reconocer que las personas son seres espirituales y morales que deben desarrollarse en libertad.

Para proteger la autodeterminación de la vida, el legislador tiene una amplia gama de posibilidades respecto del suicidio asistido. Se reconoce constitucionalmente el derecho al suicidio, el cual incluye los motivos subyacentes en la decisión de la persona de suicidarse.

Cualquier limitación reglamentaria del suicidio asistido debe garantizar el derecho constitucionalmente protegido sobre la base de una decisión libre con el apoyo de terceros. Esto requiere no solo una estructura consistente de la ley profesional de los médicos y farmacéuticos, sino también ajustes a la Ley Sobre Narcóticos.

La obligación de estructurar el sistema legal de manera consistente no impide mantener los elementos de protección del consumidor y del abuso, incluidos en la Ley Farmacéutica y de Narcóticos.

El derecho humano a portar tatuajes

Por Daniel Landa Zaragoza

El 30 de octubre de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 4865/2018, en el que reconoció que las personas que portan tatuajes no deben ser discriminadas en el ámbito laboral.

Antecedentes del caso. Una persona fue contratada para laborar en una empresa como jefe de facturación, sin embargo, en su primer día de labores personal diverso le comentó que no podía continuar trabajando porque se percató del tatuaje que tiene en la parte trasera de su oreja izquierda (una cruz esvástica o suástica), y el dueño de la empresa no permitía esto por ser de ascendencia judía.

Ante tales consideraciones, la persona demandó una indemnización por daño moral en contra de la empresa por ser discriminado al no permitirle desempeñar un trabajo por tener un tatuaje en su cuerpo.

La empresa demandada manifestó que hasta el primer día de labores se percató que la persona tenía un tatuaje en forma de la cruz esvástica o suástica, prejuzgando su odio y proselitismo antisemita, por lo que se sintieron amenazados en su integridad física y moral. 

Tesis central. La Corte consideró que la igualdad reconocida en el artículo 1 Constitucional es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

Además, la observancia de los derechos de igualdad y no discriminación, no sólo vincula a las autoridades del Estado, sino que son derechos que gozan de plena eficacia incluso en las relaciones entre particulares, ya que los derechos fundamentales tienen la doble cualidad de ser derechos subjetivos públicos y elementos objetivos que informan y permean todo el ordenamiento jurídico.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los derechos de igualdad y no discriminación, son principios de derecho y normas de jus cogens, es decir, normas perentorias que no aceptan acto en contrario y que vinculan tanto al Estado como a los particulares.

En ese sentido, el principio de la autonomía de la voluntad como eje rector del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es la facultad inherente a las personas de decidir libremente sobre sí mismas y sobre las condiciones en que desean realizar su propia vida, en todos los ámbitos de su existencia: es el reconocimiento de su derecho humano a la autodeterminación. 

Por tanto, entre las expresiones de ese derecho se encuentra la libertad de elegir su apariencia personal, como un aspecto que configura la forma en que quiere proyectarse ante los demás, por ende, a la persona corresponde elegir al respecto conforme a su autonomía.

Por otra parte, en torno al derecho a la libertad de expresión, si bien es cierto que general o comúnmente se asocia este derecho fundamental al ámbito socio político de difusión de opiniones, ideas e información, lo cierto es que en él está comprendida también una vertiente más íntima, que permite a la persona expresarse conforme a su individualidad en cualquier contexto. 

En consecuencia, el uso de tatuajes, es decir, la portación de dibujos, signos, letras, palabras o cualquier otro elemento gráfico o grabados en la piel humana, en la actualidad es una práctica común en la población mundial, incluso, se le reconoce una presencia ancestral en algunas culturas. Se trata de un fenómeno generalizado y diversificado, pues no es propio de un determinado grupo poblacional en función de rangos de edad, sexo, condición social, económica, lugar donde se vive, o cualquier otra categoría de clasificación, tampoco atañe a una única expresión cultural o contexto, y puede ser estudiado desde muy distintos enfoques. 

Si bien es cierto que en principio, el acto de tatuarse tiene un significado que atañe al fuero interno de la persona que se tatúa, también lo es que al colocarse el grabado en una zona del cuerpo que será visible para los demás, evidentemente se tiene la intención de que pueda ser observado por otras personas, y ahí surge el propósito y está presente un acto de comunicación a otros de la propia individualidad, con independencia del contenido específico del mensaje transmitido y de la significación que el observador del tatuaje le asigne, pues en esta forma gráfica de expresión comúnmente no se espera una retroalimentación verbal entre los sujetos. 

Por ello, el marco constitucional y convencional establecido en los artículos 1 de la Constitución Federal y 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto del derecho de igualdad y no discriminación, así como del parámetro normativo de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión antes referidos; en el orden interno de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en su artículo 5, expresamente considera una forma de discriminación que estará prohibida: la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción en el ejercicio de derechos humanos a una persona por tener tatuajes.

Como es posible advertir, el marco normativo constitucional, convencional y legal referido, constata claramente la existencia de una tutela consolidada y unánime en la protección contra la discriminación racial, y particularmente contra cualquier expresión de odio racial o de odio sustentado en el origen étnico o nacional o en la religión que pueda incitar a la violencia o a la discriminación de una persona o un grupo de personas; y cuyo propósito o resultado signifique menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades de dichas personas o grupos. 

En conclusión: La Corte reconoció que portar un tatuaje está permitido y no se debe discriminar en el ámbito laboral por ello, en este caso el símbolo que portaba la persona representa un discurso de odio racista (antisemita), que ante las circunstancias específicas del caso, actualizó una restricción a la protección constitucional y convencional de los derechos de libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión por él ejercidos. 

Por lo que las medidas adoptadas por la empresa para salvaguardar la igualdad, dignidad humana y seguridad de sus empleados y directivos, fueron válidas, razonables y proporcionales; de modo que no pueden ser constitutivas de un acto de discriminación contra el quejoso. 

Las Redes Sociales, una Forma de Utopía y Distopía

Por Alejandro Axel Acuña López

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, 

el lenguaje también puede corromper el pensamiento.”

 George Orwell 

Con el pasar de los años hemos actualizado la forma en que nos informamos, nos conocemos, demostramos nuestros intereses y hasta interactuamos en diversos círculos sociales, inclusive a distancia; aunado a lo anterior y por las muchas vertientes que presenta, este tema es de una gran relevancia. 

Las redes sociales han ido evolucionando poco a poco, la primera vista de lo que sería una red social proviene del año 1995, con el lanzamiento de la página classmates.com creada por el estadounidense Randy Conrads; su principal objetivo era reunir a compañeros de colegio o universidades. 

En 1997 se crea el segundo antecedente con la página de nombre sixdegrees.com una de las primeras redes que permitió crear perfiles, lista de amigos e inclusive intercambiar mensajes entre ellos, posterior a esta empezaron a surgir las redes que conocemos por la popularidad que alcanzaron algunos años atrás, como son: Hi5, MySpace, Friendster y así sucesivamente hasta llegar a las aplicaciones de renombre actual, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,  etcétera.    

Una de las funciones que actualmente hemos dado a las redes sociales es la de ser un puente de convivencia, cercanía de amistades y comunicación con familiares lejanos de forma que no sea necesario el uso de las telecomunicaciones comunes como las llamadas telefónicas. Otro punto a considerar es la forma en que se aprovecha la tecnología y se extrae ese potencial, lo que no siempre trae consigo una consecuencia positiva. 

Si bien el uso de las redes sociales tiene beneficios para sus usuarios, desafortunadamente se ven destruidos por la misma sociedad, ¿a qué se debe esto?, a que es ella la misma destructora de ideales todo lo quiere hacer de un modo distinto, quiere generar controversia en todo momento y sinceramente se desconoce si estas reacciones tienen algún objetivo concreto. 

¿Porque implementar las redes sociales como utopía o una distopía? Porque los usuarios al estar detrás de una máquina, varados, con el poder de manipular todo lo que pueden publicar, crean realidades inexistentes para su vida diaria de una forma en que la puedan sentir perfecta o ideal; de igual forma pueden crear atrocidades, manipular la información, logrando que aún viniendo de una verdad se convierta en algo falso o inexacto, crean mundos paralelos en donde las cosas pueden ser de una resultante catastrófica. 

Para aclarar lo dicho, la utopía es una sociedad ideal y perfecta. Mientras que la distopía es aquel mundo imaginario considerado insólito e indeseable.

¿Por qué resulta perjudicial una utopía en las redes sociales? Debido a que las personas que interactúan utilizando un perfil utópico dan la apariencia de tener una vida perfecta y que nada malo les sucede, esto no solo pasa en Facebook hay infinidad de aplicaciones en las que se puede encontrar a este tipo de usuarios, las principales que causan un perjuicio o daño son aquellas que se utilizan para buscar amoríos, las cuales son diversas, de distintos tipos y para cualquier preferencia sexual, en donde lo que predomina son los prejuicios ya que quieren buscar un ideal y desafortunadamente a esto nos ha llevado la tecnología a que ya no se haga interacción presencial con alguien, que con un solo clic puedas encontrar a alguien de quien no sabes ni como es; tantas ideas falsas se pueden presentar y lo peor esto trae consigo un el riesgo de suscitar casos de pedofilia, tráfico de menores, trata de blancas, secuestros, entre otros delitos según sea el caso.

Actualmente se están ocupando los perfiles de los usuarios principalmente de Facebook y Twitter como una forma de ampliar la información curricular, si estás postulado para un empleo, es posible que te pregunten si cuentas con alguna cuenta de las ya mencionadas y esto sirve para determinar tu perfil profesional, desde mi opinión estoy parcialmente en desacuerdo que se utilicen estos medios para determinar si eres un buen candidato o no, debido al tema que estamos tratando ya que hay gente que por temas de seguridad no proporciona sus datos tal cual son, otros simplemente omiten información e incluso hay quienes simplemente inventan todo su perfil, con lo que estamos dejando nuestro futuro en manos de una red de mentiras. 

Referente al tema de la distopía, en general es visto como un futuro desastroso o donde se oculta la verdad a la misma sociedad; sin embargo, dentro de las redes sociales se proyecta como un repudio presencial, en donde todos creen saber de todo y se crean una infinidad de posibilidades para generar un bien, o se comienzan especulaciones infinitas de las condiciones que vivimos. 

Actualmente las redes sociales también son usadas para difundir noticias de temas tan variados como política, seguridad, notas rojas o amarillistas, esta información puede ser compartida por cualquier persona con lo que fácilmente se convierte en un portal para quienes se quejan de todo, anteriormente lo dejaban como un comentario porque no se podía poner una opinión en el periódico y esperar una réplica de quién escribió. Sin embargo, con el auge que actualmente hay por difundir estas notas por medio de las redes sociales si se puede generar la opinión, y empiezan a salir expertos en política, en medicina, peritos de cualquier ramo, abogados, psicólogos, infinidad de profesionistas salen a la luz, con lo que se generan diversas distorsiones acerca del tema, incluso hay ocasiones en que la discusión termina por desviarse de la problemática que le dio origen de una forma tan abrupta que terminan quedando mal o simplemente no dan una solución concreta. 

Lamentablemente es difícil brindar alguna solución para esta situación que está fuera de control, a pesar de cualquier propuesta que se genere para disminuir un perfil utópico o uno distópico tendríamos que tener desde un principio valores bien enraizados, dejar de ser animales y empezar a ser personas, ver un panorama diferente, pienso que siempre buscamos lo que el otro posee, queremos lo que tiene el otro, pero nunca nos volteamos a vernos a nosotros mismos, lo que necesitamos, que nos hace falta y lo principal quienes nos rodean para poder cumplir nuestras propias metas, hemos transformado algo material en lo esencial para la vida diaria no hay mejor metáfora para esta situación, debido a que despertamos, comemos, convivimos y hasta casi dormimos con las redes sociales.  

La realidad esquizofrénica

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El lunes pasado mientras salía a prisa porque como cada mañana era tarde, di unos pasos a modo de trote cuando olvide brincar la reja que llevaba semanas ahí, la gravedad hizo lo propio, y las rodillas terminaron raspadas. El hecho sin duda me disgustó y culpe a la reja, a la persona que la puso ahí. Así varios días después llegué a la reflexión que la torpeza es mía.

Comiendo algunos días después una hamburguesa en un restaurante conocido, unos niños entraron vendiendo mazapán, su rostro estaba cansado y su ropa algo vieja, toda la gente decía que no y otros fingían no verlos. Unos minutos después un niño de 3 años se acercó, su mamá le dijo que en el auto le daría sus papas, mire de reojo, su ropa y su contexto es tan diferente y sí, privilegiado, aunque nos retumbe y canse la palabra.

Hace unas semanas la noticia de que un niño en México[1] que había disparado un arma matando a su maestra, e hiriendo a compañeros, y después se suicidara conmocionó a nuestro país, la primera reacción de medios y autoridades fue culpar a los videojuegos. Las opiniones corrieron como ríos feroces, la razón es que si bien hay juegos violentos y que no son aptos para ciertas edades, México también es un país sumamente violento cuya seguridad pública aún es una asignatura pendiente.

Sí, la educación empieza en casa, de eso no hay duda, pero, ¿qué hay afuera? La respuesta es  violencia, México es el país que sin estar en guerra tiene tantos homicidios parece estarlo. En la primer quincena de 2020[2] ya se habían cometido al menos 200 asesinatos en todo el país. Rebobinemos el tiempo y vayamos a otro caso, Edgar Jiménez Lugo[3] fue un niño de 11 años que se volvió sicario, aprendió a matar por dinero porque no había otro panorama, esto sucedió en 2010, ¿en qué realidad vivimos? En una donde el mejor escenario inclusivo es pertenecer al narco, una donde en el mismo espacio de comida se comparten dos realidades un niño feliz de comer papas fritas y niños que deben vender para subsistir y que en realidad son invisibilizados por las mismas personas que se sienten incómodos con su presencia.

En unos meses una norma (inútil) será emitida y los que resultan ser fanáticos del derecho pensarán que la gran labor está realizada. “Tenemos un artículo, una ley, que disminuye las condiciones de marginación de los niños de la calle”. Orgullosos creerán que el derecho ha mejorado la vida de ellos porque ya los toma en cuenta, es probable que la mayoría de ellos no conozca durante toda su infancia esas normas que los benefician y mucho menos puedan acercarse a una persona que les ayude a luchar por esos derechos plasmados para ellos; por otra parte habrán políticas públicas que hablen de modificar la realidad, de programas sociales que los ayuden, el problema es la percepción de la realidad social y el entendimiento de que en 10 años nada se ha logrado.

¿Cómo construir desde la realidad que no se quiere ver?

No creo que la sociedad necesite engrosar el derecho, no necesitamos más mochila segura, y programas que no van a la raíz, es necesario comprender que la realidad que algunos percibimos es limitada por nuestro contexto y sobre todo por nuestras creencias, que no podemos entender tan fácil el sufrimiento del niño de 10 años que debe hacer frente a su condición de desigualdad, porque sencillamente somos observadores y necesitamos ver el problema desde su posición, únicamente trabajando con ellos es como podremos construir y atar puentes hacia una realidad más certera. Las verdades absolutas no son poseídas por los senadores ni los diputados, ni los gobernadores; si ellos no están en contacto y cara a cara con el problema, alejados sólo perciben una realidad esquizofrénica.

El segundo punto deberá llevar a la comprensión de que el derecho no es un modelo justo, contiene elementos dentro de su núcleo que lo llevan a no evolucionar a la par de la actual condición social convirtiéndolo en ocasiones en sólo un modelo operacional o un juego donde sólo las  personas con privilegios pueden jugar con él.

Por ejemplo, si bien es importante saber el contexto de Luis Ángel, también es cierto que hurgar en lo más oscuro de su familia para que el Estado se deslinde de la realidad que vivimos es una falla. Sí, la familia es el núcleo, pero las acciones del Estado (de sexenios anteriores) han abierto y mostrado a la sociedad que la violencia es un mecanismo vigente, no se puede culpar a la cerca por el descuido de andar distraído. La siguiente caída podría ser peor y quizás no haya videojuegos o familiares con antecedentes que culpar, porque en esa misma línea también está el caso de Edgar o los miles de niños de la calle y en la calle, aquellos que la gente prefiere no mirar y que a veces el Estado parece olvidar.

Sin embargo, esto no es más que una reflexión que puede ayudar (si así lo queremos) a ver cosas que a veces son difíciles de asumir, parte de la realidad es que tenemos una sociedad con un tejido descompuesto y la segunda verdad es que el derecho no podrá como herramienta única arreglar todo lo que hoy estamos viviendo.


[1] Yañez Brenda, El menor que disparó en Torreón “es un hijo de la guerra”, Expansión Política. 15/01/2020, consultado en:

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/15/el-menor-que-disparo-en-torreon-es-un-hijo-de-la-guerra-redim

[2] Guanajuato bajo el látigo de la violencia, 213 homicidios en 15 días. Infobae, 16/01/2020. Consultado en:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/16/guanajuato-bajo-el-latigo-de-la-violencia-213-homicidios-en-solo-15-dias/

[3] Guerrero, D., Ponchis, el niño sicario que aprendió a matar a los 11 años, Excélsior, 3/09/2019, consultado en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-ponchis-el-nino-sicario-que-aprendio-a-matar-a-los-11-anos/1334134

Derechos de los perros

Por Daniel Landa Zaragoza

Un viejo dicho afirma: “El único ser del mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo es el perro.”

Los perros son más que una mascota, son seres sensibles que brindan amor, alegría, protección, seguridad y fidelidad; velan en todo momento por nuestro bienestar físico y emocional; y, armonizan nuestro entorno y equilibran nuestra energía.

En ciertas culturas, los perros son considerados como seres energéticos que captan las vibraciones del lugar en el que se encuentren o de las personas con las que conviven, pues sus amplios sentidos les permiten percibir otros planos de conciencia. De ahí que, los perros ladren en ciertos lugares, a objetos o personas, ya que su alta sensibilidad permite advertir un peligro energético.

En cambio, para otras culturas los perros son guías espirituales que tienen la misión de enseñar a la humanidad que el amor debe ser incondicional, por ello, en ciertos casos auxilian a las personas que padecen depresión, ansiedad, estrés y TDAH, pues se ha comprobado que a través de terapias mejoran el estado de ánimo, fomentan el contacto físico y social, y favorecen la estimulación de atención mental.

A pesar de éstas y más virtudes, los perros carecen de protección, se estima que medio millón de mascotas son abandonadas al año, cifra que se incrementa 20 % cada año;[1] éstos en su mayoría son adquiridos como regalos, por ejemplo, las personas compran perros para ser obsequiados en fiestas decembrinas, día de reyes o San Valentín y pasadas estas celebraciones son abandonados por falta de interés.   

Otro tipo de abandono surge cuando las personas no logran entrenar a los perros e intentan “educarlos” de acuerdo con su experiencia y cultura a través de castigos, tratos crueles y denigrantes.

En otros casos, los perros son utilizados con fines lucrativos, por ejemplo, en peleas clandestinas donde las personas obtienen dinero poniendo en riesgo la integridad física o vida de la mascota.

A pesar de que los perros sufren estos tipos de violencia, se ha comprobado que si las personas les brindan amor, cuidados y atenciones adecuadas, los perros superan los traumas y depresiones generadas consiguiendo que vuelvan a confiar y amar. 

Estos ejemplos de violencia animal advierten la falta de protección universal por parte de las personas y de los gobiernos.

Se menciona lo anterior, porque ningún país ha reconocido la Declaración Universal de los Derechos del Animales,[2] la cual no solo protege y garantiza la integridad y vida de los perros, sino de todos los animales.

Esta declaración se caracteriza porque se proclamó 1978 en la sede de la UNESCO en París, sin embargo, no fue reconocida por la UNESCO ni por algún país. Actualmente, se conforma por 10 artículos que esencia reconocen lo siguiente:

  • Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
  • Toda vida animal tiene derecho al respeto.
  • Tienen derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.
  • Ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles.
  • El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.
  • Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento de las personas.
  • Las exhibiciones y espectáculos de animales son incompatibles con la dignidad del animal.
  • Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de su labor, a una alimentación reparadora y al reposo.
  • Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos de las personas.

En México la protección jurídica de los animales se encuentra regulada únicamente por el gobierno de la Ciudad de México; lo podemos observar a través de las siguientes leyes:

  • Artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.
  • Artículos 854 al 874, 1929 y 1930 del Código Civil para el Distrito Federal.
  • Artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal
  • Artículos 4 Bis 1, fracción IX y 30 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Estas leyes en esencia reconocen que los perros y cualquier otro animal son seres sintientes y, por tanto, deben recibir un trato digno. Su tutela es responsabilidad común tanto para las autoridades como los particulares. 

Las autoridades tienen la obligación de garantizar la protección y bienestar animal, así como fomentar un trato digno y respetuoso focalizado en el cuidado y tutela responsable.

Asimismo, deben realizar acciones para atender animales en abandono y proporcionar las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo.

En caso de que existan conductas de maltrato y crueldad, se aplicarán sanciones con el objeto de protegerlos.

Por otra parte, a nivel estatal y federal existen Centros de Atención Canina y Felina, clínicas veterinarias, organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas que ayudan a los perros y cualquier otro animal en condiciones de abandono y maltrato.

Sin embargo, dichos lugares se encuentran sobrepoblados, carecen de instalaciones adecuadas y dignas, padecen de escasez de medicamentos y alimentos, los recursos financieros y humanos son mínimos, y la capacitación y sensibilización del personal es inadecuada; es tanta la demanda de atención y cuidado animal que resultan pocos centros para brindar los servicios.

Falta mucho por hacer, comencemos por visibilizar que los perros y cualquier otro animal tiene derechos, son seres vivos que tienen derecho a una vida digna.

Las personas que tienen perros o cualquier otro animal, deben ser conscientes y sensibles ante los cuidados y atenciones que requieren, son seres que deben ser tratados con respeto pues son un integrante más de nuestra familia.


[1] Según cifras estimadas de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE).

[2] La Declaración Universal de los Derechos del Animales se redactó en 1976 por Georges Heuse, Secretario General del Centro Internacional de Experimentación de Biología Humana de la UNESCO.

A propósito del día internacional de los derechos humanos

Por Daniel Lanza Zaragoza

Hace unos días se conmemoraron 71 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que se proclamó el 10 de diciembre de 1948, fecha que coincide con el reconocimiento “universal” de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

El reconocimiento “universal” de los derechos humanos ha evolucionado gracias a las exigencias sociales, esto debido a la apropiación de discursos performativos y proactivos.   

Lo anterior lo podemos visibilizar, por ejemplo, a través de los movimientos sociales en países latinoamericanos, donde las personas han salido a las calles para exigir el respeto, protección y garantía de los derechos y libertades debido a la falta de consolidación de las condiciones mínimas para acceder a una vida digna.

La paradoja de los derechos humanos surge por los múltiples discursos adoptados tanto por las autoridades como los particulares, podemos advertir la prevalencia de un estado de necesidad no solo de reconocer un pragmatismo jurídico, sino de la materialización integral de la tutela y garantismo estatal.

Sin embargo, no todo es negativo, el rol proactivo de las personas y autoridades ha permitido una transición paulatina al fortalecimiento de los derechos y libertades; durante estos 71 años, podemos identificar la coexistencia de aportes que fortalecen la justiciabilidad de los derechos y la democracia en cada estado.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó este día como: ¡Jóvenes por los Derechos Humanos! con el objeto de visibilizar la participación activa de la juventud en los movimientos sociales. 

La participación proactiva forma parte de un principio fundamental de los derechos humanos, ya que reúne opiniones, ideas, propuestas y soluciones que se traducen en el bienestar social.  

Una juventud empoderada tiene la posibilidad de impulsar transformaciones positivas en cada país, ya que fortalece las democracias y genera un desarrollo sostenible.  

La norma jurídica como causa de corrupción

Por Miguel Ángel Tamayo

Los índices de percepción de corrupción colocan a México como uno de los países más corruptos del mundo. Por ello, el combate a este problema es un tema relevante en la agenda pública. Según Reyes Heroles, “los estudios sobre corrupción son bastante recientes. Las ciencias sociales han dedicado mucha energía y recursos a desentrañar otros fenómenos, los ciclos económicos, la vinculación entre recursos naturales y riqueza, las vías más cortas al desarrollo, antes que el del origen y terapéutica de la corrupción”[1].

Lo que sabemos acerca de la corrupción es que se trata de un fenómeno global que está presente en países en vías de desarrollo y también en países desarrollados. Así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 realizado por Transparencia Internacional, organización no gubernamental de carácter internacional. Este índice incluye una muestra de 180 países, de los cuales los países con menos corrupción son Dinamarca en el primer lugar, Nueva Zelanda en el segundo, y Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza se encuentran empatados en el tercer lugar. México se ubica entre los países más corruptos del mundo ya que ocupa el lugar número 138, muy cerca de los países peor ranqueados que son Corea del Norte, Yemen, Sudán del Sur, Siria y Somalia, que aparece como el país más corrupto con apenas 10 puntos de 100 posibles[2].

Elaboración propia con información del Índice de Percepción de la Corrupción 2018.

La corrupción  “es un fenómeno universal con manifestaciones particulares en cada época y en cada nación”[3]. No existe consenso sobre la definición del concepto corrupción. Por ejemplo, para el catedrático de la Universidad de Harvard, Robert Klitgaard, “la corrupción es el abuso de un cargo con fines personales. Este cargo, dice el Profesor, puede ser público o privado, pero la corrupción es considerada, normalmente, como un fenómeno público”[4]. Otra propuesta es la ofrecida por el Dr. González Llaca: “acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa o abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así al interés público y/o en de la entidad privada en la que labora”.[5]

En la corrupción no intervienen únicamente servidores públicos, sino también particulares. Ambos sectores, público y privado, con su hacer o no hacer, degeneran las normas previamente establecidas para el curso de actividades específicas, y cuyo cumplimiento interesa a la sociedad en su conjunto. La corrupción tiene distintas manifestaciones y de igual manera sus causas son variadas. A decir de Lilia Aguilar, “existen muchos tipos de corrupción y contextos en los que se dan, y en cada uno es posible encontrar causas sociales, económicas, institucionales, o incluso políticas o hasta culturales”[6].  En suma, las causas de la corrupción “pueden dividirse principalmente en dos tipos: los sociales, es decir, aquellos relacionados con cuestiones culturales y sociológicas; y los institucionales, provenientes del diseño normativo de las instancias gubernamentales, así como de los distintos incentivos y sanciones”[7]. Según Amparo Casar, “el componente institucional está relacionado con la baja calidad de las instituciones, así como con los marcos normativos y regulatorios cuyos incentivos obligan o hacen racional que el individuo o la empresa incurran en actos de corrupción”.[8]

La corrupción tiene múltiples efectos en la economía, en la recaudación de impuestos, en la aplicación del derecho, en la desigualdad social, el uso de los recursos públicos, etcétera; sin embargo, suelen estar invisibilizados y puestos como algo que irremediablemente está presente en el colectivo social porque las personas aceptan tácitamente ciertos grados de corrupción. Sin embargo, es necesario advertir que “la corrupción tiene efectos materiales concretos en la vida cotidiana”[9], los cuales se experimentan en “el producto interno bruto, afecta los principios del fair play del mercado, desprestigia a las instituciones, promueve la inequidad social, y destruye nuestra dignidad y autonomía personal”[10].

Se han identificado instituciones jurídicas como causas de corrupción en las compras gubernamentales. Estas instituciones jurídicas generan espacios de opacidad en el resultados de la investigación de mercado que obligatoriamente se realiza previo al procedimiento de contratación; en el dictamen de selección del procedimiento de compra; en otorgar discrecionalidad para diseñar requerimientos que limitan la libre participación de proveedores en los procedimientos de contratación. La Comisión Federal de Competencia Económica “ha encontrado que, en ocasiones, los procesos de contratación tienen errores de planeación y diseño que limitan la concurrencia o reducen la rivalidad competitiva entre los licitantes, por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración (o ausencia) de investigaciones de mercado, la falta de transparencia en las reglas de participación, el establecimiento de requisitos injustificados o discriminatorios, y la elección del mecanismo de evaluación”[11].

Sin embargo, el mayor reto consiste en atajar normativamente la corrupción que ocurre entre entes del sector público. Una de las causas institucionales de corrupción consiste en el diseño normativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta Ley regula los procedimientos de contratación por parte del Gobierno Federal, pero excluye de su aplicación a las contrataciones entre entes públicos cuando alguno funge como proveedor o prestador de servicios.

Algunas de las reglas de las cuales están exceptuadas las contrataciones celebradas entre entes públicos se encuentran tanto en la selección del proveedor, en las condiciones contractuales, y en la ejecución y seguimiento del contrato. Al respecto, destaca que en estas contrataciones no son requisito la descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato; previsión de penas convencionales; causales de rescisión;  garantía de cumplimiento;  mecanismos de verificación y seguimiento de los contratos, así como el servidor público responsable de verificar el cumplimiento del mismo.

El 6 de noviembre de 2017 se publicó un oficio circular en el Diario Oficial de la Federación con algunas directrices aplicables a las contrataciones entre entes públicos. Una directriz a destacar es que en todos los casos se debía realizar una investigación de mercado, es decir, que se debía verificar que el bien o servicio que se pretende contratar existe en el mercado, que hay posibles proveedores a nivel nacional o internacional, así como el precio estimado, a efecto se asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, precio y financiamiento. Otra directriz contenida en dicho oficio es la referente a acreditar que el ente público que fungirá como proveedor tiene la capacidad técnica, material y humana para cumplir el contrato en al menos 51%.

Hasta antes de noviembre de 2017 no se contaba siquiera con estas directrices, es decir, tampoco se aplicaban estas reglas a las contrataciones entre entes públicos. Hay razones fundadas para inferir que la emisión de este oficio obedece al informe sobre la cuenta pública 2013-2014 de la Auditoría Superior de la Federación, máximo órgano fiscalizador de México, y que sirvió como punto de partida de la investigación periodística denominada La Estafa Maestra[12] publicada el 5 de septiembre de 2017. Esta investigación dio cuenta de un complejo sistema de corrupción que involucró empresas fantasma, servidores públicos de alto nivel del Gobierno Federal, y en lo que aquí interesa, a ocho universidades públicas con las cuales se celebraron contratos sin las reglas previstas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, entes públicos contrataron a universidades sin realizar una investigación de mercado, sin establecer condiciones para garantizar la ejecución de los contratos, ni mecanismos de seguimiento y verificación de cumplimiento.

De modo que la institución jurídica prevista en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que exceptúa a los contratos celebrados entre entes públicos de la aplicación de las reglas establecidas para las compras gubernamentales se configura como una causa institucional de corrupción.


[1] Reyes Heroles, Federico, Corrupción: de los ángeles a los índices, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, Sexta edición, 2008, p. 9.

[2] Véase Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2018. Alemania, 2019, v. digital en: https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018

[3] González Llaca, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005, p. 51.

[4] Wielandt, Gonzalo y Artigas, Carmen, La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL, Chile, 2007, p. 33.

[5] González Llaca, Edmundo, La corrupción… p. 53.

[6] Aguilar Gutiérrez, Lilia. Causas y soluciones para la corrupción en Salazar Ugarte, Pedro (Coord) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2018, p. 34.

[7] Ethos laboratorio de política públicas, Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, 2017, p. 10.

[8] Casar, María Amparo, La Corrupción: Enemigo público #1 en La corrupción en México: Si transamos no avanzamos, Instituto Mexicano para la Competitividad,México, 2015, p. 17.

[9] Moreno Moreno, Eleazar Pablo, Entendiendo la corrupción y el derecho disciplinario en Salazar Ugarte, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018, p. 168.

[10] Cárdenas Gracia, Jaime. Causas de la corrupción y soluciones para enfrentarla en Salazar Ugarte, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018, p. 223.

[11]Mena Labarthe, Carlos, Marván Saltiel, Andrea, Zegarra Martínez, Mónica Elena. Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. COFECE, México, 2016, p. 12.

[12] Véase https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/


Fuentes de consulta

GONZÁLEZ LLACA, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2005.

REYES HEROLES, Federico. Corrupción: de los ángeles a los índices. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, Sexta edición, 2008

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 2019, Índice de Percepción de la Corrupción, 2018, Alemania.

WIELANDT, Gonzalo y ARTIGAS, Carmen. La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL, Chile, 2007.

AGUILAR GUTIÉRREZ, Lilia. Causas y soluciones para la corrupción en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

ETHOS LABORATORIO DE POLÍTICA PÚBLICAS. Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, 2017.

CASAR, María Amparo. La Corrupción: Enemigo público #1 en La corrupción en México: Si transamos no avanzamos, Instituto Mexicano para la Competitividad,México, 2015.

MORENO MORENO, Eleazar Pablo. Entendiendo la corrupción y el derecho disciplinario en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Causas de la corrupción y soluciones para enfrentarla en SALAZAR UGARTE, Pedro (Coord.) ¿Cómo combatir la corrupción? UNAM, México, 2ª Reimpresión, 2018.

MENA LABARTHE, Carlos, et al, Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. COFECE, México, 2016.

Los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar

Por Daniel Landa Zaragoza

Las personas que realizan labores en el hogar están consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad, debido a que tradicionalmente han sido objeto de condiciones inadecuadas de trabajo, jornadas excesivas, salarios mínimos, trabajos forzosos y carecen de una cobertura y protección en materia de seguridad social. 

Por tales motivos, el Estado Mexicano implementó políticas públicas que garantizan los derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre ellas destacan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, ambas publicadas el 2 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales se visibilizan y reconocen actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar.

Las particularidades de dichas reformas, radican en la celebración de un contrato escrito entre el empleador y la persona trabajadora del hogar, el cual debe contener: el periodo de contratación, las actividades a realizar, remuneración, periodicidad de pagos, horas de trabajo, vacaciones anuales pagadas, periodos de descanso diario y por semana, herramientas de trabajo, uniforme, alimentos, alojamiento y, las condiciones con relación la terminación laboral.

En consecuencia, las prestaciones sociales a las que tienen derecho son las siguientes:

  • Vacaciones;
  • Prima vacacional;
  • Pago de días de descanso;
  • Acceso obligatorio a la seguridad social;
  • Aguinaldo; y
  • Cualquier otra prestación que se pudieran pactar las partes.

Se precisa que el acceso a la seguridad social estará a cargo del patrón, ya que deberá registrar e inscribir a la persona trabajadora del hogar al régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brindará servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales dentro de las que se encuentran velatorios y guarderías.

Lo anterior, se realizará conforme al salario mínimo que perciba una persona trabajadora del hogar, el cual se fijará de manera oficial el próximo mes de diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; sin embargo, dicha Comisión Nacional actualmente cuenta con un estudio técnico en que destaca que el salario mínimo podría ascender a $248.72 pesos diarios.

Por otra parte, las reformas citadas en párrafos anteriores contemplan el reconocimiento del derecho al descanso, el cual debe ser de día y medio ininterrumpido a la semana y puede ser acumulativo en periodos de dos semanas, solo si lo convienen las partes. Además, se deben considerar los días de descanso obligatorio.

En los casos donde las personas trabajadoras del hogar residen en el domicilio en que realizan las actividades laborales, deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas.

Igualmente, se establece una garantía de protección para los menores de 15 años, donde se prohíbe su contratación; por lo que tratándose de mayores de 15 años y hasta los 18 años es necesario que el patrón les solicite un certificado médico por lo menos dos veces al año, además de fijar jornadas de trabajo que no excedan las 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Igualmente, deberán evitar contratar a menores que no hayan concluido la educación secundaria, salvo que la persona empleadora se haga cargo de que concluyan sus estudios.

Ahora, se advierte que los patrones tienen prohibido ejercer actos de molestia y de violencia sea física, psicológica o por razones de género en contra de las personas trabajadoras del hogar, así como ejercer actos discriminatorios que vulneren su dignidad. Por ejemplo, cuando una trabajadora del hogar esté embarazada, el empleador tiene prohibido despedirla, caso contrario, se presumirá como un acto discriminatorio, el cual es considerado como un delito y se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa.[1]

En estos casos se considerará como una causal para rescindir la relación de trabajo.

Por tales motivos, las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona empleadora con 8 días de anticipación.

En cambio las personas empleadoras podrán dar por terminada la relación de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo o en cualquier tiempo, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con 8 días de anticipación y pagando la indemnización correspondiente.

Lo anterior formó parte de las adecuaciones normativas que realizó el Congreso de la Unión, para incorporar un nuevo sistema especial de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar, derivadas de las acciones de cumplimiento del amparo directo 9/2018, resuelto el 5 de diciembre de 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


[1] Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 149 Ter, fracción II del Código Penal Federal.

Violencia sexual infantil intrafamiliar, una negación en la sociedad mexicana

Por Jimena Morales López

El tema de la violencia en México es uno ya hablado, conocido y mediatizado, por lo que toda la población es consciente de ella ya sea por experiencias directas o indirectas. En la radio, la televisión y las redes sociales constantemente nos bombardean con cifras de muertos, detenciones de homicidas, feminicidios y un gran sin número de casos que llaman la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de vivir constantemente con tan triste y vergonzosa realidad social, con frecuencia, se evita hablar de uno de los problemas que genera una sociedad con mayor tendencia a enfermedades mentales, y por ende, mayor tendencia a delinquir: la violencia sexual intrafamiliar que sufren los niños, perpetrada por su padre, madre, hermano, tío o primo.

Al llevar a cabo esta investigación, me topé, para mi sorpresa, con una gran variedad de autores y bibliografía que han abordado el tema desde distintos puntos de análisis como el psicológico, el antropológico-sociológico, penal, forense y científico, así como varias estadísticas y encuestas que realizan organizaciones mundiales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) o el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que demuestran la información del promedio de personas que en su infancia fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual.

Ante la información expuesta y recabada, comprendí que la aberración que se comete contra un ser desde su más temprana edad es motivo de vergüenza, silencio y dolor; por lo que muchas personas deciden callar al respecto, al sentirse impotentes, conmocionados y sorprendidos. Al ser la perpetración de estos actos un tema de gran envergadura, decidí orientar la investigación en un sentido sociológico y psicológico, escribiendo así éste artículo en dos partes: la primera parte abordará la psicología del victimario, para poder entender quiénes son las personas dentro del círculo familiar que en promedio son los violentadores sexuales, por qué vulneran la integridad del menor y cómo detectar sus patrones de violencia; en la segunda parte, por otro lado, se orientará la investigación a la psicología del infante, la detección de algún ataque sexual, formas de prevención y consecuencias a corto, mediano y largo plazo por no recibir atención psiquiátrica o psicológica para restaurar su integridad, paz e identidad.

Comencemos por definir qué es la violencia. Según el Diccionario de Psicología de Umberto Galimberti[1] la violencia se define como: “una figura de la agresividad que se registra en verdaderas o presuntas injusticias sufridas, como intención de realizar la propia personalidad, o como incapacidad de pasar del principio del placer al principio de la realidad, con la consiguiente intolerancia a la frustración”; para el Diccionario de Trabajo Social de Ander-Egg Ezequiel[2], la palabra violencia significa: “empleo de la fuerza para alcanzar un objeto. Coacción a fin de que se haga lo que uno quiere”, y para el Diccionario de Antropología de Barfield Thomas[3], la palabra violencia se refiere “al uso intencionado de la fuerza para causar daño corporal. También hace referencia a la totalidad de actos de esta naturaleza en el seno de una colectividad social o una situación en la que prevalecen”.

En conclusión, podemos obtener que la violencia es un acto de poder ejercido por una persona o por un conjunto de personas poderosas que cometerán un acto de dominación, sumisión y aniquilación contra una persona o grupo de personas desprovistos de capacidad para defenderse.

En el caso de la violencia sexual infantil intrafamiliar, la dinámica de poder se ve representada y ejercida en cualquier figura social cercana al menor de edad que tenga el respaldo de la mayoría, de su edad, fuerza y aceptación en el entorno familiar para aplacar la defensa de la víctima y pasar desapercibido en la comisión de su agresión sexual.

Según el Panorama Estadístico de la Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2019, publicado por la UNICEF , la violencia sexual intrafamiliar  contra los menores de edad es cometida, en la mayoría de las ocasiones, por el padre, la madre, el padrastro o madrastra, el abuelo, el hermano, el tío o cualquier otro familiar, y comúnmente involucra actos como la explotación o esclavización sexual, la exposición a la pornografía, voyerismo y al exhibicionismo; y la incitación o coacción para tener contacto sexual, ilegal o perjudicial.

Es importante recalcar que la violencia sexual intrafamiliar se ve beneficiada y legitimada por otros tipos de violencia, como lo son la violencia física y la emocional, pues es común que previo al acto de agresión se lleven a cabo conductas de violencia física que involucran golpes, forcejeos, jaloneos, pellizcos, manotazos o patadas para someter a la víctima.

Ahora bien, ¿quiénes son las personas que pueden realizar actos de agresión sexual contra un menor de edad del cual son parientes cercanos? De acuerdo a la investigación realizada por psicólogos y pedagogos, se ha descubierto que alrededor del 90 % de los niños son abusados por hombres, mientras que entre un 5 % y 20 % de los niños son abusados por mujeres. A continuación una gráfica de la Consulta Infantil y Juvenil del 2018[4], muestra la cantidad de niños y niñas que habían reportado haber sido víctimas de violencia en la Ciudad de México.

Niños entre 6-9 años que manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia, según el informe de la Consulta Infantil Juvenil elaborada por el Instituto Nacional Electoral 2018

Contrario a lo que se pensaría, los perpetradores de agresión sexual pueden ser también menores de edad que formen parte del entorno familiar del menor. Hay estadísticas e investigaciones de trabajo social que demuestran que los adolescentes comúnmente se ven involucrados en delitos sexuales. De acuerdo a un artículo publicado por Félix López Sánchez para la Universidad de Salamanca, más del 50 % de agresores cometieron su primera agresión sexual antes de los dieciséis años.[5] Las agresiones sexuales por parte de menores contra menores tienen varias causas que ya han sido estudiadas e identificadas para su prevención: en la etapa de la infancia, entre los 6 a los 10 años, es común que los infantes realicen juegos en los cuales hacen alusión a actividades humanas en los cuales también reconocen y admiten su sexualidad, como los juegos de mamá y papá y el doctor y el paciente. Si bien estos juegos contribuyen a que el menor se familiarice con la sexualidad inherente al ser humano, a menudo pueden ocurrir altercados de caricias, besos y tocamientos inadecuados entre los participantes del juego porque no son capaces de dimensionar la trascendencia del juego sexual relacionado con una relación incestuosa.

Posteriormente, al crecer, en la etapa de la adolescencia, caracterizada por la edad en que las pulsiones sexuales tienen su auge y mayor desarrollo, los adolescentes suelen incrementar su curiosidad sexual, y dan pasos en el descubrimiento completo de su sexualidad, realizando actos masturbatorios o siendo espectadores de pornografía. Aquí es cuando lo aconsejable es establecer límites conductuales, pues actividades inclinadas al ocio (como el consumo de alcohol o estupefacientes), el desconocimiento de los efectos de consumir pornografía sin límites o la falta de valores éticos que permiten empatía en su entorno pueden propiciar que el adolescente descargue sus conductas sexuales en otros adolescentes (en su mayoría mujeres) o en otros niños.

Ante esto, cabe recalcar que las conductas sexuales dominantes se ven legitimadas y dotadas de poder por el machismo que impera en la sociedad y en la familia donde se desenvuelve el adolescente.

El Dr. Scott Allen Johnson, autor de Physical Abusers and Sexual Offenders: Forensic and Clinical Strategies[6] ha descubierto a través de años de entrevistas a ofensores sexuales que comparten ciertas características, como las siguientes:

  • Demuestran poca facilidad para resolver problemas.
  • Pueden tener relaciones dependientes e intensas con sus víctimas.
  • Demuestran ser celosos o posesivos.
  • Suelen perder fácilmente la calma, generalmente exagerando.
  • Son impulsivos.
  • Demuestran ser violentos con animales.
  • Experimenta dificultades para mostrar sus emociones (que no sean ira, hostilidad, celosía).
  • Pueden consumir drogas como el alcohol y sustancias psicotrópicas.

Responder a la pregunta ¿Por qué las personas violentan sexualmente? nos lleva a varios puntos de análisis y conclusiones. Se sabe que muchos de los agresores sexuales adultos han sido víctimas de agresión sexual en edades tempranas, y que por lo tanto crean un patrón conductual normalizado de dominación, para, al repetir las conductas agresivas puedan sentir que recuperan el poder que a ellos les fue quitado al momento de ser víctimas; o bien, derivado de las agresiones sexuales desarrollan una parafilia. En el caso de los menores de edad, pueden realizar agresiones sexuales por las siguientes razones:

  • Falta de empatía y de solidez en sus relaciones sociales próximas. La empatía es enseñada desde el seno familiar, por lo que a menudo en estos casos hay una falta de enseñanza de valores éticos respecto a la percepción del yo en sociedad.
  • Experiencias de observación de actividad sexual en los adultos que mermen una visión explicada acerca del consentimiento y responsabilidad sexual.
  • Haber sido agredidos sexualmente con anterioridad por personas extrañas a su entorno familiar o sus propios padres biológicos.
  • Repetir la violencia que observan en casa.

También se conocen diferentes modelos de operación por parte del agresor sexual, que han sido estudiados por los especialistas, siendo el más aceptado el que se explica a continuación: [7]

  1. El agresor tiene un incentivo para cometer el abuso, derivado de la repetición transgeneracional de la conducta violenta; un factor psicopático en la personalidad, la falta de control de impulsos o bien por ser un pedófilo exclusivo.
  2. La capacidad del agresor de superar sus propios miedos e inhibiciones. Es aquí donde juegan un papel clave las adicciones, la psicosis o la falta de represión del incesto en la familia.
  3. La capacidad del violentador sexual de aprovecharse de la falta de protección al menor de edad. Se aprovecha de la ausencia de los padres, de la falta de vigilancia, del tiempo que el niño pasa solo e incluso de la confianza que los padres tengan puesta en el sujeto si pertenece a la familia.
  4. Consecuencias psicológicas del abuso sexual. Las consecuencias pueden presentarse a corto, mediano y largo plazo.

La composición de la familia y su correlación con los abusos sexuales y violaciones perpetrados contra el niño o la niña también forma un rol importante. Se sabe por la alta incidencia de violencia sexual intrafamiliar que las familias reconfiguradas posterior a la muerte de uno de los padres, el divorcio o el abandono, tienen un doble de posibilidades de presentar casos de abuso o violación incestuosos, pues los lazos de filiación y afectivos se ablandan con el proceso de separación.

El silencio es un enemigo que el infante no reconoce en la perpetuación de estos actos, pues es una forma de poder que ejerce el familiar abusador. Este tipo de control sobre el menor es muy común en las familias que construyen una imagen pública impecable a sabiendas de la violencia que se realiza dentro de ella, pues prefieren hacer callar a los integrantes de la familia, ante el temor de que lo oculto sea revelado, es decir, temen al rechazo social.

Cambiando ahora de figura de enfoque, nos centraremos en el menor de edad como víctima de violencia sexual intrafamiliar. Según el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el 2019 se dio a México el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año.[8]

La palabra incesto proviene de la raíz indoeuropea kes-cortar, y el sufijo kas-tro significa cortar, y castrar. Las autoras Podesta y Rovea sostienen que el incesto es:

aquella forma de abuso sexual infantil, referida en el contexto de la propia familia, sobre la cual pesa la interdicción legal y cultural para su realización, donde el abusador puede ser el padre, la madre, hermano, abuelo, tíos, padrastros o familiares cercanos a la víctima.[9]

De igual forma, señala la autora Diana Guadalupe en su Tesis Secuelas psicosociales en la vida adulta de una mujer ante el abuso sexual infantil incestuoso, que “el involucramiento de vínculos consanguíneos, psicoemocionales  o no entre el generador y el receptor, suele no haber violencia física en la comisión del acto incestuoso, pues muchas veces se genera un depósito de confianza y protección del menor hacia el adulto agresor, por lo que podría aceptar la dinámica sexual y reafirmar sus vínculos emocionales con el adulto agresor”.[10]

Se puede argumentar que el incesto es una práctica tabú que será aceptada o rechazada por la sociedad de acuerdo a su construcción cultural, dentro de la cual se verán involucrados factores como mitos, religión, cultos, roles de género, conjunto de creencias, relaciones económicas, etc. Sin embargo, es una realidad que la vasta mayoría de civilizaciones estudiadas por antropólogos, han determinado que el incesto debe ser evitado y sancionado para procurar la preservación de la cultura, de la paz entre familias y la claridad de las funciones sociales de cada individuo. Por lo anterior, el incesto puede ser catalogado como aquella actividad que contribuye a la confusión de dinámicas sociales, puesto que por medio de éste, hay una amplia libertad para que los individuos que cometen incesto tomen cualquier figura emocional y biológica respecto al otro (el hermano es pareja  y padre a la vez de la hermana, por ejemplo).

No se ahondará en la presente investigación sobre las consideraciones psicoanalíticas del incesto, pero es necesario explorar el tema desde el trabajo social. Se han identificado a diversos tipos de familias incestuosas, entre las cuales puede haber o no violencia sexual, repetición generacional, legitimación y permisividad del acto incestuoso. Por lo general, en éste tipo de familias incestuosas, hay una gran carga de culpabilidad depositada sobre el menor de edad, se le señala como el causante de la agresión y no hay intervención alguna, la mayoría de las veces, por parte de la madre.

En todas las familias con comportamientos incestuosos, hay secretos, aislamiento y omisión de atención y cuidado hacia el menor.

Lo que es una realidad es que cuando el abuso es perpetrado por un familiar, las consecuencias anímicas en el menor son mucho más devastadoras y prolongadas. Esto se debe a que en el menor hay una gran confusión y represión en cuanto a sus emociones, por el doble vínculo que genera con su agresor: por una parte, la confianza, por otro lado, la certidumbre de que ha sido utilizado sexualmente.

Los autores señalan como síntomas de abuso sexual incestuoso los siguientes:[11]

Signos de abuso físico Signos comportamentales Indicadores de índole sexual
Dolor, golpes, quemaduras, heridas en zona genital y anal. Pérdida del apetito. Negación a temas de índole sexual.
Ropa interior rasgada. Miedo a estar solo. Confusión sobre orientación sexual.
Semen en la boca. Pesadillas. Conductas precoces y conocimientos sexuales profundizados para su edad.
Partes del cuerpo con irritación. Dificultad para sentarse. Miedo exagerado a la oscuridad. Seducción, especialmente en niñas.
Dolor en cérvix o vulva. Desgano general, falta de motivación para actividades deportivas y sociales. Realización de actos masturbatorios constantes.
Enfermedades de transmisión sexual. Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales.   Rechazo de muestras afectivas físicas, como caricias o abrazos.
  Conductas regresivas como chuparse el dedo. Repetición de violencia sexual hacia otros menores.

Es importante la temprana canalización del menor violentado para evitar las consecuencias a largo plazo, que involucran depresión, ansiedad, problemas de autoestima, trastornos de sueño, deserción escolar, embarazo adolescente, prostitución, disfunciones sexuales, etc.

Siendo tal el panorama, no queda más que poner atención a los hijos, ya sean nuestros o ajenos. En el caso de los formadores o educadores, se deben crear programas para reconocimiento de víctimas de abuso sexual y violaciones, para proceder a una investigación, donde también se entable una conversación directa con los padres para generar un estado de alerta en la familia. Esta función también debe corresponder a los doctores, psicólogos y trabajadores sociales.

Por otra parte, si nos encontramos en una esfera de amigo, hermano o vecino, las acciones correspondientes serían, antes que nada, orientar a la persona víctima a algún servicio de atención psicológica y hacerles saber que tienen oportunidad de sanar, que pueden recuperar su poder y autoestima, así como hacerles saber que son acompañados en el proceso de sanación.


[1] Galimberti, Umberto. Diccionario de Psicología ,ed. 2002, México, Siglo Veintiuno Editores, 1992.

[2] Ander-Egg, Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social, 1986, Bogotá, Colombia, Ed. Colombia Ldta.

[3] Barfield, Thomas, Diccionario de Antropología

[4] Instituto Nacional Electoral. Consulta Infantil y Juvenil. Ciudad de México, 2019, p.9.

[5] López Sánchez, Félix. 2015. Agresores y Agredidos: Los Abusos Sexuales de Adolescentes.Recuperado de  http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista42-4.pdf

[6] Johnson Allen, Scott. Physical Abusers and Sexual Offenders: Forensic and Clinical Strategies. 2007, United States of America, Taylor and Francis Group,p.81.

[7] Villanueva, I. (2013). El abuso sexual infantil: Perfil del abusador, la familia, el niño víctima y consecuencias psíquicas del abuso. En Psicogente,16(30), 451-470.

[8] Senado de la República. (24 de agosto del 2019). México, primer lugar en abuso sexual infantil. Boletín informativo. N.2136. Recuperado el 27/10/2019 de:

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45796-mexico-primer-lugar-en-abuso-sexual-infantil.html

[9] Podesta y Rovea (2003) citadas por Guadalupe Lourdes, Diana. (2013). Secuelas psicosociales en la vida adulta de una mujer ante el abuso sexual infantil incestuoso. Una historia de vida. Ciudad de México, México, UNAM. Recuperado el 27/10/2019 de:

http://132.248.9.195/ptd2013/septiembre/0701311/Index.html

[10] Ibid.p.40

[11] Echeburúa, E..y P del Corral  (2006) citados por Lourdes Guadalupe, Diana. Ibid. p.58.