Archivo de la categoría: Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

ABLACIÓN -LA PESADILLA DE LAS MENORES MUSULMANAS-

ACCIONES, ESTRATEGIAS, LEY.

Por Ariadna Lizbeth Cruz Martínez

El término más conocido dentro del contexto de este artículo es el de Circuncisión femenina, dentro del argot cultural es denominado excisión, ya que determinarlo como mutilación genital es rechazado por muchas etnias y/o culturas.

Dentro del contexto Internacional esta situación es una transgresión a los derechos de la mujer, ya que dicho procedimiento consiste en la eliminación total o parcial de los genitales femeninos, u otro tipo de lesiones en éstos órganos por razones culturales o prácticas no terapéuticas[1].

Sería egoísta no hablar de este tema sólo por no ser parte de esta cultura o por estar lejos de las regiones donde se practica; es terrible justificar la praxis sólo por razones de fe, de cultura o de normas sociales, no es un desprecio a sus costumbres, es poner sobre la mesa un tema que como práctica lastima y daña a niñas y mujeres.

Es una lucha para eliminar las condiciones de sometimiento que hacen a las mujeres ser seres discriminados, humanos sin derechos que a la vez continúan en silencio. Mujeres egipcias entre los 15 y los 49 años conforman el 70 % de la población que ha sido sometida a este procedimiento antes de cumplir los 12 años, siendo el rango de edad en niñas y adolescentes de 4 a 14 años o incluso en recién nacidas de un año. Una estadística hipotética, según las Naciones Unidas en 2014, estimó que 86 millones de mujeres de los 27 países Africanos, así como en partes de Asia y Oriente Medio donde está sumamente arraigada dicha práctica, podrían morir en el año 2030.

Es común que quien obliga a llevar a cabo esta praxis en dichas culturas, sea otra mujer, comúnmente es la madre quien somete a su hija o hijas a la mutilación genital en algunas de las regiones en donde se lleva a cabo. Es necesario centrarnos en el argumento de que dicha práctica constituye violencia en contra de las mujeres y niñas, ya que se realiza con el fin de que cuando sean esposas no sean infieles, o incluso para que su virginidad llegue intacta hasta el matrimonio y así contar con la aprobación de Dios.

Siendo sinceros las menores no suelen tener la posibilidad de escoger si son o no sometidas a prácticas tradicionales peligrosas y que se contraponen a su derecho de integridad y decisión sobre su propio cuerpo, tendiendo a legitimar este tipo de acciones. Es el simple y complejo hecho de generar conciencia y poder difundir información sobre los daños que hay en la Mutilación Genital Femenina (MGF).

Gracias al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), en acciones conjuntas con países como Egipto, Senegal, Somalia o Sudán, se han promulgado leyes que penalizan prestar apoyo para realizar éstas prácticas, así mismo se ha creado un plan de acción y una estrategia nacional que consiste en la capacitación a trabajadores de la salud, maestros, profesionales de comunicación, representantes de ONG que brindan apoyo a mujeres y dirigentes religiosos, para erradicar el acto de mutilar; también incluye la capacidad de los médicos, e incluso practicantes locales o ejecutores que lo heredan tradicionalmente, para tratar posibles complicaciones durante el parto y la facultad de rechazar esta práctica.

En el año 2016 se crea la Primera ley contra La Ablación, en Gambia, aprobada en diciembre de ese mismo año, en dicha norma se penaliza a los médicos que la realicen y a los padres que facilitan la práctica (Quintáns, 2020). En esta legislación se contempla:

  • Prisión de 7 años.
  • Prisión de 15 años si resulta en discapacidad o muerte.
  • Multa de 50,000.00 dólares.
  • Cárcel permanente en casos de fallecimiento de la menor.

Año 2020: partiendo de que el 22 de abril se estableció la Legislación Penal en Sudán donde se prohíbe; se da otro gran paso histórico. (Velarde, 2020) Quien lleve a cabo este tipo de práctica social, ya sea en un establecimiento médico o en otro lugar, ahora pueden enfrentar: (“In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed”, 2020) 3 años de prisión y una multa.

Se piensa que esta praxis tiene un respaldo:

  • Psicosexual.

Ejemplo: En República de Indonesia se dice que:

Las musulmanas a las que no se les realiza, no serán aceptadas por Dios.

Las niñas a las que NO se les han practicado; pueden sufrir problemas mentales y discapacidades.

  • Sociológico: Identificación con la herencia cultural, la iniciación de las niñas a la edad adulta, la integración social y la preservación de la cohesión (unión o relación) social.
  • Higiénico o estético: se considera que los genitales externos de la mujer son poco limpios y antiestéticos, y por tanto se eliminan para promover la higiene y proporcionar un atractivo estético.
  • Religioso: Bajo la creencia equivocada de que la religión lo exige, siendo que no en todos los casos es así.

Para concluir quiero hacer referencia al Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio manifiesta que:

“Cuando los derechos humanos fundamentales no están protegidos, los Estados y sus ciudadanos tienen más posibilidades de sufrir situaciones de conflicto, de pobreza y de injusticia. También indica que siguen siendo formas comunes de malos tratos.

(…)

Y todas las demás prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad o bien de los géneros o en funciones estereotipadas de los hombres y las mujeres.

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA, (2020) p. 2


REFERENCIAS

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/files/genitalfemenina.pdf

In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/africa/sudan-outlaws-female-genital-mutilation-.html

Quintáns, J. (2020). Gambia aprueba su primera ley contra la ablación. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://elpais.com/elpais/2016/02/05/planeta_futuro/1454693799_953731.html

Velarde, D. (2020). Sudán prohíbe la mutilación genital femenina y da un paso histórico hacia los derechos de la mujer » Intriper. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://intriper.com/sudan-prohibe-la-mutilacion-genital-femenina-y-da-un-paso-historico-hacia-los-derechos-de-la-mujer/?fbclid=IwAR1ILDtZ-d8d2-0lWvmYXAYKUEQmdC2hY7DHwUfG2fmem54kMGNO0lybnF0


[1] La mutilación / escisión genital de la mujer, ONU (mayo 2006) véase más en: https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FGM_sp.pdf

La dinámica del miedo en la sociedad

Por Jacqueline Miranda de los Santos

No se necesita un motivo para tener miedo […] Yo me

asusté, pero está bien tener miedo sabiendo por qué

Émile Ajar

Cuando un ser humano se enfrenta a sus más grandes temores, parece que escapa la racionalidad de sus manos activando partes del cerebro que le permiten estar relativamente a salvo. Uno de los miedos más grandes proviene de las condiciones dadas por la naturaleza ya que algunas son completamente impredecibles y los efectos que generan pueden ponernos en una situación de vulnerabilidad, algunos ejemplos son: Un terremoto o la presencia de un nuevo virus.

La vida líquida de acuerdo con Bauman, pasa y se desliza lentamente de un estado a otro y de un episodio a otro teniendo la sensación de que entre un día y otro, o un episodio y otro hay cierta claridad, causando la impresión de tener estabilidad; lo cierto es, que el futuro no es más que una ficción que nos dota de esperanza para neutralizar ciertos miedos, pero que nunca nada en el futuro será tan aparentemente real como lo que vivimos en el momento que sentimos o creemos que sucede.

En este punto es pertinente hablar sobre el Síndrome Titanic, el cual consiste en el horror de sentir que uno cae por las rendijas de la corteza, o que la humanidad se precipita desprovista de las condiciones que le dan estabilidad a la nada misma. El problema dentro de la temática del Titanic fue el caos que se ocasionó al saber que no había los suficientes elementos para que todos se pudieran salvar, había ausencia de un plan de evacuación así como salvavidas insuficientes, ese elemento, ese algo que detona ciertas conductas humanas que nos llevan a sentir miedo, siempre subyace de lo oculto o de lo que sencillamente el humano se niega ver.  El temor que aquí emana proviene del miedo al colapso o a una catástrofe que nos golpeé sin importar nuestra condición actual, pero sobre todo que esta situación nos tome desprevenidos y sin defensas.

El temor de ser la víctima o el blanco seleccionado, el temor a quedarse atrás, el miedo incluso a la exclusión no son parte únicamente del imaginario sino de una realidad que hoy vivimos no sólo a través de noticieros sino que posiblemente se vuelva una experiencia. Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, se imaginó que en algún momento los niños eran vacunados contra el miedo pero no cualquier miedo sino el miedo a la muerte; la muerte lleva dentro de sí una serie de calificativos como irreparable, irremediable o irrevocable, e incluso hemos oído a muchos decir, todo tiene solución menos la muerte.

Es por ello, tal vez, que en estos días hemos visto una serie de comportamientos que se califican como irracionales, ante la posibilidad de morir por COVID-19, personas han tomado lysol o cloro; se hacen compras generando desabasto; se rocía cloro o se les pide a los trabajadores del sistema de salud que se vayan a vivir a otra parte, les gritan que se alejen porque llevan en su ropa el virus.

El coronavirus, no sólo se presentó dejando abiertas puertas que nos permiten ver las debilidades de nuestros gobiernos sino también, nos permiten ver que ante la sensación de ser vulnerables nos rige el miedo dotando a la idea de la muerte elevada autoridad, olvidando que medidas esenciales, nos pueden regresar a estar fuera de esa vulnerabilidad.

Dice Bauman:

La humanidad dispone hoy en día de todas las armas necesarias para cometer un suicidio colectivo: es decir, para aniquilarse a sí misma llevándose consigo el resto de la vida sobre el planeta.

Bauman Z., (2010) Miedo Líquido,la sociedad contemporánea y sus temores, México, Ed. Paidos.

Si el miedo rige a todos los humanos del planeta no tardaremos en extinguirnos, si nos da temor un virus, la posibilidad de salvarnos depende de las instrucciones que dan los expertos no del dañar a los trabajadores del sistema de salud, para que ellos no nos contagien; si nos da miedo la escasez el desabasto no nos salva en unas semanas no necesitar para comer. La prevención es una herramienta eficaz que nos puede ayudar a evitar ciertas situaciones que nos ponen en peligro, pero ninguna política, ninguna medida puede evitar una catástrofe si seguimos comportándonos de manera egoísta para salvarnos a nosotros mismos. 

Sobre la justiciabilidad de los derechos sociales en México

Por Roberto de Jesús Salas Cruz[1]

Hoy por hoy los Derechos Humanos, la ponderación de principios, los nuevos modelos de argumentación e interpretación y la apertura del derecho interno al derecho internacional han venido a configurar todo un nuevo paradigma normativo, que permea la totalidad del orden jurídico y la comprensión misma del derecho y el Estado.

La nota más característica de este paradigma normativo es la nueva comprensión que se tiene sobre la constitución iuspolítica de una nación.

La constitución no es ya un mero programa político dirigido a intentar disuadir a los mandatarios en turno a actuar según sus letras, es más bien el instrumento de organización social normativo que reglamenta las conductas y omisiones que el Estado y los particulares han de seguir o evitar en todo momento, con la mirada puesta en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y el desarrollo y bienestar común de la nación. Es, en ese sentido, una verdadera norma jurídica.

Así, la constitución, participando de la naturaleza de toda norma jurídica goza de una fuerza normativa entendida como “la aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores” (Sagüés, 2016, p. 19).

Las disposiciones constitucionales de un Estado -afirma Ferreyra (2004: p. 57)- responden a dos finalidades: “configurar la arquitectura de sus poderes y los controles y garantías para su funcionamiento (…) y conferir el reconocimiento de los derechos (…) a las personas”.

Es por esa razón, que la misma ha dispuesto para sí una serie de garantías endógenas para la protección de la regularidad del orden jurídico, mediante las cuales puede evitar la trasgresión del orden normativo por ella delimitado al reparar las violaciones al orden jurídico mediante la anulación de los actos u omisiones contrarios a ella, ya sea en un aspecto dogmático u orgánico, así como la desaplicación de leyes imposibles de ser interpretadas de conformidad con la misma.

Sin embargo, debido a una recalcitrante y férrea tradición de tipo liberal, se han denostado los llamados “derechos económicos, sociales y culturales”, despojándolos de su categoría de normas jurídicas constitucionales, pues no se cuenta hasta la fecha en nuestro país con vías exactamente idóneas para su operativización y garantía.

Estos derechos (a partir de ahora DESCA) son producto, según Tello (2015, pp. 16-18) del crecimiento y auge del capitalismo liberal, que generaba que un sector bastante amplio de la sociedad quedase en rezago y desamparo, al quedar sujetos únicamente a una lógica de mercado sin ningún tipo de regulación estatal. Por lo que -continúa nuestra autora- para el siglo XIX nace el Estado benefactor “constituido por derechos con mayor contenido económico y social, encaminados a satisfacer ciertas necesidades materiales de las personas como medida para subsanar las desigualdades”.

Entre los aspectos, digamos, filosóficos o sociológicos, que fundamentan estos derechos están, según Salazar (2013), la libertad fáctica, la necesidad e importancia (urgencia) y la igualdad material.

Con ello se da cuenta de que efectivamente, tal como dijese Da Silva (2016, p. 21), la constitución en su aspecto normativo, es una norma “en conexión con la realidad social”, que es de donde aquella obtiene su contenido fáctico y sentido axiológico, por lo que ciertas conductas y necesidades valoradas históricamente se constituyen en el fundamento de la vida en comunidad, que a la postre se revelan como preceptos normativos fundamentales (los DESCA, para nuestros fines).

Los DESCA son reconocidos por la Constitución Política Mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, en un ejercicio de hermenéutica constitucional y teoría jurídica general, estos forman parte del catálogo de derechos humanos del bloque de regularidad normativa.

Este último es definido como el:

conjunto de normas que gozan jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país y que […] constituyen el parámetro de control de validez del resto de los enunciados normativos, pese a que no necesariamente aparezcan […] en la Carta Fundamental, siempre y cuando sea ésta la que remita a aquéllas (Rodríguez, citado en Guerrero, 2015, p. 58).

Es decir, los DESCA comparten, junto a los derechos político-civiles (DPC), la característica de ser derechos constitucionales fundamentales, sin superioridad jerárquica de unos sobre de otros, es decir crean en su conjunto “la unidad de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el orden jurídico […] caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo […] sin que ninguno tenga preeminencia formal sobre los otros” (Astudillo, 2015, p. 121).

Por lo que sin lugar a dudas estamos de acuerdo en que “es posible defender la consagración de derechos directamente exigibles en el artículo 26 de la Convención Americana [referente a los DESCA]” (Parra, 2018, p. 189), y, por tanto, estos derechos se hallan en el bloque de regularidad ubicable en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política, y se pueden exigir frente a las autoridades estatales mexicanas.

La exigibilidad de estos derechos ciertamente genera una serie de problemas, tales como determinar qué derechos pueden inferirse tanto de la Convención como de la Constitución, cuáles son los alcances de las cláusulas de desarrollo progresivo y cómo operan las obligaciones estatales referentes a estos derechos (Parra, 2018, p. 190),

Los problemas anteriores por lo general van también acompañados por otros asociados a limitaciones socioeconómicas, a desviaciones en la manera de procurar su realización y a dificultades de naturaleza procesal o conceptual [de contenido y alcances] (Casal, 2015, p. 21) pero ello no conlleva al hecho de negarles su categoría de normas jurídicas exigibles ni relegarlos a meras normas programáticas.

Lo anterior toda vez que “motivados por los procesos de constitucionalización de los derechos humanos e internacionalización del derecho constitucional, existen obligaciones específicas para el reconocimiento y garantía de los DESCA” (Martínez, 2018, p. 382).

Estas obligaciones nacen en virtud de que los derechos fundamentales (entre ellos los DESCA) otorgan facultades y estatus jurídicos a la persona, así también sirven como elementos estructurales del orden jurídico (Nogueira, 2003, p. 83).

Los derechos sociales fundamentales (o los DESCA constitucionalmente estatuidos) son posiciones jurídicas resultantes de una norma constitucional que incorporan deberes u obligaciones, las cuales tutelan bienes de la más alta relevancia social indisolublemente conectados a la dignidad humana, invocables y exigibles ante los tribunales jurisdiccionales (Rodríguez, Muñoz, 2015, pp. 117-118).

En virtud de lo anterior, estos DESCA junto a los DPC “constituyen preceptos directamente vinculantes y aplicables que configuran y dan forma al Estado […] constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del estatus jurídico de la persona” (Nogueira, 2002, p. 82).

Por ello, pese a cualquier intento de socavar su naturaleza normativa bajo las excusas de poca viabilidad económica del Estado, así como de su aparente indeterminación de contenidos, los derechos sociales pueden ser judicialmente exigidos (Mestre i Mestre; Bustos Bottai, citados en Pohl, 2018, p. 693). Al efecto asegura Nogueira (2003, p. 86) “en cuanto existe plena positivización de los derechos, ya sea por norma constitucional o tratado internacional […] todo ciudadano tiene el derecho a recabar su tutela judicial efectiva por los tribunales”.

México (perteneciente al sistema interamericano de Derechos Humanos) ha adoptado en su constitución y jurisprudencia una serie de enunciados e interpretaciones jurídicas que nos permiten ver un intento institucional de amoldarse a las exigencias del derecho internacional en materia de derechos humanos en general y de los derechos sociales en específico.

Cabe hacer especial referencia a los artículos 3, 4 y 123 constitucionales que señalan una serie importante de derechos de índole social, tales como la educación (artículo 3); la igualdad, la libertad de procreación, la alimentación, la salud, el medio ambiente, el agua, la vivienda, la identidad, la infancia, la cultura, el deporte (artículo 4); y el trabajo (artículo 123).

Sobre ellos, por formar parte del bloque de regularidad normativa, la Suprema Corte se ha pronunciado mediante tesis jurisprudencial concluyendo que “esos derechos no constituyen meros “objetivos programáticos”, sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados”[2]. Señalando asimismo que estos derechos imponen obligaciones básicas tales como garantizar niveles mínimos de su disfrute efectivo, sin discriminación, tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como otras medidas de tipo progresivo dependiendo de la capacidad económica del Estado[3].

La misma tesis jurisprudencial concluye

la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado

De la misma forma, una serie de interesantes tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación nos brindan importante información sobre la forma en que los tribunales están entendiendo y resolviendo los litigios que versan sobre los DESCA.

Por ejemplo, los Tribunales Colegiados[4] hablando específicamente del derecho al agua (pero sin lugar a dudar, aplicable por analogía a los demás DESCA), reflexiona que los derechos imponen al Estado verdaderas obligaciones

(…) consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).

La primera sala, respecto al derecho a un medio ambiente sano, menciona que este derecho (y, de nuevo, aplicable por analogía a los demás DESCA), “vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales”[5].

Con estos antecedentes podemos analizar entonces un cúmulo de tesis aisladas, de tipo digamos, metodológicas, que nos hablan de las obligaciones a que está sujeto el Estado.

En primer lugar, son tres niveles básicos de protección los que hay que tener en cuenta:

(…) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible […]; (ii) […] un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas[6].

Sobre el deber de protección al núcleo esencial:

(…) esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de otros derechos, sino que atacan directamente su dignidad, luego se entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la dignidad de las personas [por lo que de constatar dicha violación los Tribunales] deberán declararlo y ordenar su inmediata protección[7].

Ahora, sobre el deber de progresividad:

(…) los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión[8].

De esta manera es por demás claro que los derechos sociales, económicos y culturales son verdaderas normas jurídicas, generadoras de deberes para el Estado y los particulares, plenamente justiciables y exigibles en sede jurisdiccional. Forman parte además del bloque de regularidad normativa, cumpliendo funciones objetivas y subjetivas en el orden jurídico, tendientes a la protección de la dignidad de las personas y legitimar del sistema jurídico mexicano.

Ahora bien, como se ha mencionado, una buena parte del contenido y alcance de estos derechos carece aún de un desarrollo y justiciabilidad plenos por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, a través del desarrollo doctrinario y jurisprudencial, mediante los diferentes ejercicios de interpretación y argumentación jurídicas, se puede ampliar el espectro de casos donde, en ausencia de desarrollo legislativo (principal adversario de la justiciabilidad plena), la constitución puede llegar a ser aplicada directamente para colmar esos vacíos legales.

Aunque ciertamente, como dijese Luigi Ferrajoli (2006: p. 28), en el Estado constitucional, es al legislador sobre quien recae la responsabilidad originaria de modelar el orden jurídico (mexicano en nuestro caso), estatuyendo las obligaciones, prohibiciones, facultades y competencias, así como órganos estatales (Ferrajoli, 1997: especialmente pp. 236-240; 251) que corresponden a cada expectativa positiva o negativa, esto es, los derechos fundamentales, que establece la constitución política, también es cierto que el intérprete puede integrar las lagunas legales con miras en la efectivización del contenido de los derechos constitucionales.

En este sentido, el poder judicial, o, en su caso, el tribunal constitucional siempre tendrá que compatibilizar y (re)definir derechos, así como cubrir lagunas recurriendo al texto fundamental, al derecho consuetudinario y judicial, para buscar las directrices que faciliten una respuesta coherente con la constitución (Sagüés, 2016: pp. 24; 71).

Así, si bien el reconocimiento de la subjetividad y aplicabilidad de los DESCA avanza poco a poco en el ámbito nacional e internacional, a veces con trabas, existen mecanismos “alternos” de que los que se puede echar mano para exigirlos en sede judicial y desplegar su contenido y alcances.

Nuestros tribunales federales han identificado pues, entre otros, los derechos humanos (DESCA) a: un medio ambiente sano (2015824, 2015825), a la educación (2015229, 2015300), a una vivienda digna y adecuada (2009348), a la movilidad personal de las personas con discapacidad (2009090), al mínimo vital (2002743), a la cultura física y la práctica del deporte (2021408, 2021409, 2021410), a la energía eléctrica (2018528), al agua potable (2013753), a la salud (2014025 2012501), a la cultura (2001622, 2001625).


[1] Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y Maestrante en Derecho Constitucional por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas.

[2] Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015306, Primera Sala, Octubre de 2017, Tomo I, Pag. 191.

[3] Ídem.

[4] Tesis: XXVII.3o.12 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2016922, Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2541

[5] Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015825, Primera Sala, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 411

[6] Tesis: 1a. CXXIII/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015134, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 220

[7] Tesis: 1a. CXXIV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015130, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pág. 217

[8] Tesis: 1a. CXXV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015129, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 217


Bibliografía

Astudillo, César (2015). El bloque y el parámetro de constitucionalidad en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Carbonell, Miguel, et. al. (coords.). Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. México: UNAM.

Casal, Jesús (2015). La garantía constitucional de los derechos sociales: progresos y dificultades o zonas de tensión. En Bazán, Víctor. Justicia constitucional y derechos fundamentales No. 5. La protección de los derechos sociales: Las sentencias estructurales. México: UNAM.

Da Silva, José Afonso (2016). Aplicabilidad de las normas constitucionales. México: UNAM.

Ferrajoli, Luigi (1997). Expectativas y garantías: primeras tesis de una teoría axiomatizada del Derecho. España: Doxa, núm. 20.

Ferrajoli, Luigi (2006). Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales. España: Doxa, núm. 29.

Ferreyra, Raúl Gustavo (2004). Notas sobre derecho constitucional y garantías. México: Porrúa-IIJUNAM.

Guerrero Zazueta, Arturo (2015). ¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? México: CNDH.

Martínez Ramírez, Fabiola (2018). La influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En Mac-Gregor, Eduardo, et. al. (coords.). Inclusión, Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos. México: UNAM

Nogueira, Humberto (2003). Teoría y dogmática de los derechos fundamentales. México: UNAM

Parra Vera, Óscar (2018). La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano a la luz del artículo 26 de la Convención Americana. En Mac-Gregor, Eduardo, et. al. (coords.) Inclusión, Ius Commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos. México: UNAM

Pohl, Julio (2018). Sobre la exigibilidad judicial débil de los derechos sociales. Chile: Revista chilena de derecho, vol. 45, núm. 3.

Rodríguez, Jaime y Muñoz, Arana (2015). Sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales. España: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 19.

Sagüés, Néstor Pedro (2016). La interpretación judicial de la constitución. México: Porrúa.

Salazar Pizarro, Sebastián (2013). Fundamentación y estructura de los derechos fundamentales. Chile: Revista de Derecho de Valdivia, vol. 26, núm. 1.

Tello Moreno, Luisa Fernanda (2015). Panorama general de los DESCA en el derecho internacional de los derechos humanos. México: CNDH.

Violencia de género: vivo con mi agresor

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

En el contexto actual escuchamos constantemente de mujeres que viven sometidas a violencia perpetrada por sus parejas y la pregunta inmediata que sale a la luz por la mayoría es ¿por qué lo permite? Este cuestionamiento no solo está mal por el hecho de revictimizarla (término que hace referencia a que se está convirtiendo en víctima de nuevo porque se le vuelve a agredir), sino porque desconocemos los diferentes factores que hacen que una mujer siga con su agresor a pesar de todo.

La violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas está caracterizada por algunos elementos que la diferencian de otros tipos de violencia interpersonal:

  1. El agresor y la víctima mantienen o han mantenido una relación afectiva y/o de convivencia. El agresor no es alguien desconocido.
  2. Los episodios de agresiones tienen un inicio temprano (comienzo de la convivencia, el embarazo, el nacimiento de las/os hijas/os, etc.).
  3. La cronicidad de la violencia es otro aspecto a destacar. Las mujeres afectadas por la violencia de sus parejas, suelen pedir ayuda después de una larga evolución de las agresiones.
  4. Otra característica es la repetición de los actos violentos. La asiduidad de las agresiones referidas nos indican que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de relación, en el que cíclicamente se producen fases de incremento de la tensión que culminan con la agresión a la mujer, dando paso a otra fase de calma aparente, cuya finalidad es lograr el control y la sumisión de la víctima.
  5. Las estrategias de las víctimas frente a la violencia pretenden evitar las agresiones, y las acciones que llevan a cabo (como la denuncia, la huida, la petición de ayuda a familiares y/o a los diferentes servicios, entre otras) tienen como objetivo, en la mayoría de los casos, el cambio conductual del agresor, objetivo que suele ser inalcanzable.
  6. Las repercusiones de la violencia en las mujeres afectadas abarcan un amplio abanico de manifestaciones en el plano psíquico como la indefensión aprendida, el síndrome de estrés postraumático, y el síndrome de la mujer maltratada, en los que se observan trastornos de ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, pasividad, disminución de la capacidad de control sobre sus vidas y reexperimentación de los sucesos traumáticos, asociados a sentimientos de culpa y vergüenza. En la salud física, los efectos de la violencia se presentan de forma muy variable, desde las contusiones a las lesiones crónicas y el fallecimiento de mujeres en situación de violencia de género.  (Villanueva, 2012).

La acumulación de tensión es lo que produce las fricciones que conducen a todos los estallidos de violencia que forman un ambiente de hostilidad dentro de la convivencia en pareja, para terminar en un aparente arrepentimiento por parte del agresor, chantajes emocionales para conseguir el perdón a veces de manera inmediata, y esto depara en un círculo que inicia en la tensión y continua con creciente intensidad.

Sabemos que hay muchos tipos de violencia, algunos que hemos normalizado al punto de pasarlos por alto y considerar que es incluso una muestra de afecto como los celos que en muchas ocasiones se tornan enfermizos y se pueden transformar en violencia física.

Partiendo de eso podemos decir que la violencia puede manifestarse desde lo más pequeño, como agresiones psicológicas que atacan directamente el autoestima de la mujer propinando comentarios despectivos haciéndola menos a ella, a sus metas, sueños, proyectos, minimizando sus sentimientos, descalificando lo que piensa, lo que deriva a la sumisión de la mujer logrando que tenga miedo y cambie su forma de proyectarse tanto en público como en privado. Lo siguiente es la violencia física, jalar el cabello, empujones, golpes, mordidas, cachetadas o recurrir a objetos para hacerle daño.

Los factores que comúnmente influyen y llevan a que la víctima siga con el agresor son: el entorno familiar en el que la mujer creció, una baja autoestima, el apoyo familiar que recibe o la falta de éste, la percepción que tenga de las relaciones de pareja, la sociedad en la que vive y el bombardeo en medios del amor romántico que tiende a idealizar y normalizar muchas conductas dañinas como la dependencia, creer que somos seres que necesitan de otro para estar plenos (las llamadas “medias naranjas”), perdonar, justificar, decir que sin el otro te mueres, vigilar o dejar que te vigile y/o controle, básicamente idealizar al punto de creer que todo tiene que ser como una novela o cuento de amor.

Algunas de las secuelas que causan este tipo de conductas destructivas parte de la pareja son la baja autoestima, sentimientos negativos hacia ella y su entorno, abandono a su cuidado y aspecto personal, sentimientos de insuficiencia, comparaciones constantes con otras mujeres, pérdida de atención a sus actividades, la no aceptación y descalificación de su persona, sentimiento de abandono, apatía por sus actividades cotidianas, insatisfacción, maximiza sus errores o defectos, sentimientos irracionales de culpa, la creencia de ser agresiva y por lo tanto pedir perdón siempre y por todo, cada actividad o pensamiento deriva en algo negativo y desesperanzador.

Por otra parte, a un nivel aún más complejo encontramos otras consecuencias psicológicas más severas, por mencionar sólo un ejemplo, el síndrome que es coincidente para los especialistas en cuanto a su asociación a este tipo de violencia es el denominado Síndrome de Adaptación Paradójica, que explica cómo las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un paradójico vínculo afectivo con el maltratador, llegando a asumir las excusas esgrimidas por el agresor tras cada episodio de violencia y aceptando sus arrepentimientos, retirando denuncias policiales. Se describe el SAPVD como un conjunto de procesos psicológicos que por medio de la respuesta cognitiva, conductual y fisiológico-emocional culmina en el desarrollo de un vínculo interpersonal de protección entre la víctima y el agresor (Montero, 2001) es decir, la mujer crea un vínculo afectivo con su agresor que le impide abandonarlo o denunciarlo.

Es un tema bastante extenso y lo único que podría concluir es que no señalemos, cada una de las mujeres que pasa por situaciones similares, están peleando su propia batalla, con una historia que desconocemos, lo mejor es brindarles apoyo, escucharlas y orientarlas para que denuncien y salgan de este círculo infinito de violencia porque no es fácil y menos en un contexto donde el agresor vive contigo y se tiene un vínculo amoroso con él.

Y mujer no olvides tu valor, no mereces que te hagan sentir menos, a la primera señal de violencia vete, no minimices los actos que te hacen sentir mal o te incomodan, así sea un pequeño empujón “jugando” hazle saber a tu pareja que no está bien, recuerda que todo gran acto de violencia empieza por uno pequeño que quizá en algún momento pasaste por alto o no notaste. Eres un ser completo, no necesitas de nadie para tu plenitud, sé libre y con la primera señal de alarma aléjate.

Bibliografía

Montero. (2001). Síndrome de Adaptación paradójica a la violencia doméstica: Una propuesta teórica. . Clínica y salud.

Villanueva, S. D. (2012). Why women remain inrelations of violence?


Responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente

Por Daniel Landa Zaragoza  

La actividad empresarial tuvo un incremento económico a partir de la década de los 90’s afectando diversos sectores de la sociedad y el medio ambiente, ello despertó la conciencia social a grado tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una agenda de participación transnacional.

El 7 de abril de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció los principios rectores que guían la actividad empresarial en materia de derechos humanos.

Estos principios son: protección, respeto y reparación.

Principio de protección: Los países deben implementar medidas de prevención, supervisión, investigación, reparación y castigo contra violaciones a derechos humanos cometidos por una empresa.

Principio de respeto. Los países deben de promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas, asegurando que las políticas, leyes y cualquier medida vigente impacte en la actividad industrial.

En el caso de las empresas, deben evitar que sus actividades provoquen consecuencias negativas en los derechos humanos; para ello, deben contar con políticas y procedimientos de mitigación y reparación.

Principio de reparación. Los Estados deben adoptar mecanismos judiciales eficaces que garanticen el acceso a una reparación integral del daño, por ello, las empresas deben establecer mecanismos a nivel operacional a disposición de las personas y comunidades que sufran consecuencias negativas.

A partir del reconocimiento de estos principios fundamentales, surgió la interrogante siguiente: ¿Cómo puedo aplicar estos principios en mi empresa?

La respuesta se encuentra en el informe emitido el 21 de marzo de 2011, por John Ruggie, Representante Especial de los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y otras Empresas, que en esencia establece que las personas empresarias pueden cumplir con estos principios si adoptan estas medidas:

  • Desarrollar procesos de evaluación de impacto real y potencial derivado de las actividades empresariales.
  • Destinar recursos financieros y humanos para mitigar el impacto de manera anticipada.
  • Ante una posible vulneración al medio ambiente, se puede aplicar el principio de protección, buscando alternativas que eviten el riesgo y lo eliminen.
  • Contratar consultores en materia ambiental con el objeto de tomar decisiones adecuadas que permitan resolver problemas técnicos y especializados.  
  • Implementar un enfoque de respeto, esto impacta transversalmente en las herramientas de gestión empresarial (políticas, procedimientos, indicadores, consultas, evaluaciones de riesgo, entre otras), lo cual permite efectuar estrategias competitivas de mercado que generan intereses financieros.
  • Colaborar con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades beneficiarias, con el objeto de garantizar el derecho al medio ambiente sano. 
  • Cumplir con la normatividad aplicable en materia de impacto ambiental en la instrumentación, operación y producción.

Los principios y medidas precisadas con anterioridad sirvieron de apoyo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los siguientes casos:

              1. Velázquez Rodríguez vs. Honduras.

              2. Masacre de Mapiripán vs Colombia.

          3. Comunidades indígenas afrodescendientes desplazadas de la                    cuenca del Río Cacarica vs Colombia.

              4. Norín Catrimán y otros vs Chile.

              5. Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil.

Estos casos tienen como causa común la afectación al medio ambiente derivado de la actividad empresarial, por ello, se resolvió que los gobiernos en colaboración con las empresas deben realizar las siguientes actividades:

  1. Adoptar medidas necesarias para evitar que las actividades desarrolladas afecten derechos de las personas.
  2. Prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio.
  3. Regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente.
  4. Realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo.
  5. Establecer un plan de contingencia.
  6. Contar con medidas de seguridad para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
  7. Mitigar el daño ambiental que se hubiere producido.
  8. Proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente.
  9. Cooperar de buena fe, para la protección contra daños al medio ambiente.
  10. Garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente.
  11. Garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente.

Ante estas actividades internacionales, el Estado Mexicano reconoció el derecho al medio ambiente sano a través del artículo 4o constitucional, partiendo del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador”, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Estos instrumentos normativos establecieron que los tres poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial), deben adoptar en colaboración con las empresas, aquellas medidas que garanticen y protejan la naturaleza y el ambiente.

Asimismo, se fijó un estándar de exigencia y de respeto a partir de dos efectos erga omnes, el primero, consiste en preservar la sustentabilidad del entorno ambiental (eficacia horizontal), y el segundo, la obligación de vigilar, conservar y garantizar las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).

Por ello, actualmente se reconoce que los derechos ambientales brindan a la ciudadanía un acceso de calidad que les permite gozar su bienestar a través de una vida digna.

Es así que, estos derechos deben ser protegidos, vigilados, conservados y garantizados, no solo por las autoridades, sino también por las empresas, con el objeto de mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras.

Lo anterior, implica una base axiológica reconocida a través del principio intergeneracional, el cual establece acciones para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ese motivo, se considera que los derechos ambientales son de carácter difuso, pues su tutela está sujeta a un bien jurídico no tradicional.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el principio in dubio pro-natura -prevención a favor de los recursos naturales-, busca prevenir y proteger el interés social cuando no existe certeza en alguna ciencia auxiliar que garantice su protección.

Razón por la cual se ofrece una protección especial en contra de actos y abusos de las empresas, a fin de evitar o disminuir daños al ambiente, tratándose de riesgos inciertos.

Por tanto, se fijaron los siguientes parámetros de responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente:

  1. Utilizar eficazmente los recursos naturales.
  2. Limitar el crecimiento cuantitativo del ambiente.
  3. Prevenir los sistemas físicos y biológicos.
  4. Considerar la dimensión económica y mitigar las consecuencias causadas por la actividad desplegada.

Como es posible advertir, las empresas tienen una responsabilidad especial frente al medio ambiente, pues sus actividades pueden vulnerar éste y más derechos humanos, por ello, es necesario que adopten estándares internacionales y nacionales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Replantear los sistemas

Por Jacqueline Miranda de los Santos

Una mañana la humanidad despertó con la noticia de que un nuevo virus había llegado, las redes sociales se inundaron de información, desinformación y memes, el epicentro de todo ocurrió en Wuhan, en poco tiempo la vida cotidiana se vio mermada al menos en la zona, y sin percatarnos de nada en unas cuantas semanas la enfermedad avanzó al mismo ritmo que la vida moderna, que la modernidad líquida, en un abrir y cerrar de ojos se esfumó de las manos de quienes controlan el caminar de la humanidad.

De Wuhan a toda China, de China a Europa, los más afectados España e Italia, de Italia para América; Estados Unidos superando al 30 de marzo a China con más de 120 mil casos, en todo el mundo se registraron más de 693 mil casos y más de 33 mil defunciones.

De esta forma cuando el humano volvió a abrir los ojos se percató de que el control sobre ciertas situaciones no está en manos de todos los individuos con cierto nivel adquisitivo, poder político, o posición social ya que a diferencia de otras enfermedades que han dejado huella en la humanidad, ésta no respetó  ninguna condición, figuras de la política como el Primer Ministro de Inglaterra, deportistas, cantantes, empresarios millonarios, cualquiera; vulnerando más a personas con enfermedades como diabetes, cáncer, VIH, personas mayores cuyo sistema inmunológico es deficiente; la medida para controlar y contener el problema es la puesta en cuarentena de la población en general, lo cual desde la teoría permite disminuir el número de casos diarios y no sobre saturar el sistema de salud de cada país.

Sin embargo con cada paso que este nuevo virus da por el mundo hay otro tipo de efectos, los económicos, los políticos y por ende los jurídicos; la ciencia de la salud no es una herramienta aislada de las ciencias sociales y cada que hay una irritación en un sector específico de los sistemas, estos generarán movimientos que nos llevarán a cambiar (evolucionar) diversos aspectos del día a día.

Para México una de las situaciones más complicadas deriva de su realidad social y económica, al menos el 56.3 % de la población se encuentra en la informalidad, esto quiere decir que gran parte de ese porcentaje obtiene ingresos que usa en su día a día y para subsistir es necesario continuar con dicha actividad, podemos pensar en los comerciantes de Tepito, o los vendedores ambulantes que usan el transporte colectivo para ofrecer sus productos, las personas que venden alimentos, aquellos que hacen reparaciones de autos, electrodomésticos, muchas de estas personas no podrán quedarse en casa durante el periodo que determina si el impacto sobrepasará el límite del sector salud, si bien el Covid-19 es una enfermedad que no afecta a sólo un sector (en términos de salud) si generará mayor estruendo en las familias más susceptibles.

El capitalismo y la vida moderna nos han llevado a vivir de una forma imparable, consumimos todo lo que podemos para llenar vacíos que creemos tener para darnos cuenta que debemos seguir consumiendo de forma desmedida sólo para satisfacer nuevas necesidades, así la vida se vuelve líquida y se nos va en trabajar para consumir, para creer que estamos completos y cuando nos damos cuenta de que no, seguimos en marcha para obtener más, así cuando la modernidad y el capitalismo nos hacían correr hacia quién sabe dónde, el virus paralizó el sistema exponiendo ciertas verdades; al sistema actual no le importa que estemos completos, no le importa el humano, le importa el consumidor, le interesa solo el que tiene poder adquisitivo, así se demostró cuando ciertos grupos empresariales mandaron a sus trabajadores a casa sin goce de sueldo o disminuyendo prestaciones laborales, y el anterior sólo es un caso conocido por tratarse de empresas a las que la mayoría de las personas recurren en su día a día, entre los casos que no escucharemos está el de las empleadas domésticas, quienes en su momento deberán retirarse a casa probablemente sin goce de sueldo ni servicio médico, sin nada.

En la parte más superficial del problema, el Covid-19 desnudó la fragilidad humana pero sobretodo, la fragilidad del sistema-mundo, de la economía, de los vínculos sociales, de la psique de cada individuo impulsado a comprar papel de baño sin medida por el miedo a la escasez, sin darse cuenta que el modelo actual de consumo nos lleva a una velocidad acelerada hacia aquel rumbo.

Niklas Luhmann establece que aunque los sistemas (jurídico, político y económico) poseen autonomía entre ellos la forma en que responden a ciertos estímulos tiene injerencia en la forma en cómo estos evolucionan o se transforman, para dar soluciones. El pulso al sistema que provocó el virus, indiscutiblemente llevará a una transformación, hay una línea en la que una vez que la crisis pase las cosas deberán ser diferentes, cada pulso (sobre todo a la economía) lleva a nuevas respuestas e interpretaciones sobre el cómo en adelante deberemos de responder a crisis como la del Covid-19, pero también a otros problemas similares.

México necesita cambiar

México necesita replantearse demasiadas cosas, si bien es cierto que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas comienza marcando diferencias, necesita apostar por nuevas cosas como incentivar más al sector salud, mayor calidad y más apoyo. Necesitamos replantear los modelos fiscales de tal forma que la contribución que realizamos sea equitativa y que ante futuras crisis el nuevo modelo fiscal nos ayude a responder con incentivos económicos que mantengan al país de pie.

Es necesario replantear las relaciones laborales, desde las formales que afectan a los trabajadores hasta las informales donde se concentra la mayor parte de la población. Es importante pensar en soluciones medioambientales que permitan el desarrollo sustentable de la humanidad, necesitamos modificar el sistema de consumo actual, parar la vida acelerada a la que la modernidad nos somete.

Requerimos construir nuevos modelos de justicia solidaria, sociedades más justas en donde los privilegios no existan y todos podamos acceder a los mismos servicios públicos donde la salud no sea sólo para unos cuantos, necesitamos un nuevo modelo de derecho resiliente que preste mirada a los que aún no son vistos, a los que el mismo sistema ha oprimido y negado existencia.

La construcción de la realidad una vez pasada la crisis exigirá nuevos planteamientos desde cada sistema que compone la sociedad, exigirá que la sociedad cambie y transforme el panorama que hoy se expone ante nuestros ojos.

La sociedad ha sido sometida a ver lo innegable, ha sido llevada a recibir un pulso que la obliga a cambiar los modelos y paradigmas, no dar ese paso nos condena a acelerar nuestra caída al precipicio, negarse a cambiar es impedir la transformación.

El Covid-19 nos prueba, nos hace sentir asustados pero es una oportunidad real para cambiar el rumbo y marcar un antes y un después.

¿Enamorándonos? La fragilidad y comercialización del amor en la modernidad

 Por: Vivian Robles Castañeda[1]

No hay cosa que más ocupe nuestra mente que el amor. Explicaciones y teorías van y vienen desde diferentes ramas de las ciencias exactas (Química, Biología) y de las ciencias sociales (Psicología, Sociología, Economía).

Y en la vida cotidiana lo vemos; canciones, poemas, películas y artículos (como el presente) son algunos de los productos culturales que tratan este tema tan controversial y elemental en el entendimiento del ser humano.

Teniendo en cuenta la importancia del asunto, resulta más que pertinente cuestionarnos ¿qué es el amor en la actualidad?, o al menos ¿qué se entiende por amor hoy en día? En estos tiempos en donde la inmediatez, la falta de compromiso y el consumo compulsivo son algunas de las características más notorias y contundentes de lo que Bauman llama modernidad líquida.

Antes que otra cosa cabría recordar a Fromm, en El Arte Amar (2015), cuando plantea el término de separatidad, es decir, el estado de soledad e incapacidad producido por la incertidumbre que causa la conciencia del estar vivo y que la muerte llegará sin que intervenga nuestra voluntad. Esta es la fuente de toda angustia y por lo tanto, la necesidad más apremiante de cubrir.

La pregunta es ¿cómo la combatimos? Entre las formas (algunas correctas y otras ilusorias) que describe Fromm, con un alcance interpersonal, se encuentra el amor. En este sentido, el mismo Bauman, en su trabajo Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (2005), sostiene que los humanos estamos en una constante desesperación por relacionarnos. Sin embargo, debido al contexto en el que vivimos, al mismo tiempo tenemos miedo a hacerlo.

¿Por qué vivimos con esta contradicción? Porque, el amor entendido como una práctica, conlleva un esfuerzo: la puesta en escena del cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento (Fromm, 2015). Un esfuerzo que es entendido como un sacrificio, uno que es innecesario en la actualidad.

¿Por qué intentar reparar un celular si podemos comprar otro? ¿Por qué coser un pantalón con la inmensa oferta que hay en el mercado? ¿Por qué arreglar una relación si hay tantos peces en el mar?

Y más allá de de las típicas frases de amistades como: No te preocupes, alguien te valorará o Tranquila, hay muchos más, ya llegará alguien para ti, las cuales se entienden como métodos para dar un alivio inmediato al ser querido, se debe reflexionar en lo que está detrás de toda esta concepción, ¿cómo y para qué se fomenta?

En el contexto de la ya mencionada modernidad líquida, aparecen programas y aplicaciones que, teniendo conciencia o no (pareciera que lo saben bastante bien) de nuestra urgencia de pertenencia, explotan esta visión. Y lo hacen no porque quieran darnos un producto final que realmente nos satisfaga para siempre. Muy al contrario, perpetúan el desecho de relaciones humanas: ¿No te gusta o no te satisfizo este producto (humano)? Hay muchos más que puedes escoger.

Y así pasan los productos, uno tras otro en el programa de televisión Enamorándonos (Azteca Uno; México), así se comercializa el amor. Y ahí están los consumidores, viendo cual de todos cumple con las características del producto perfecto (el amor verdadero), aquel que es el mejor disponible del mercado. Sobra decir que es perfecto hasta que se encuentra a alguien más calificado o hasta que cambian los valores deseables en la perfección.

Los espectadores son sus aprendices. Precisamente porque los productores saben de la rentabilidad de la búsqueda del amor, convierten al televidente en discípulos de este arte del amor desechable.

En el mundo digital encontramos otros ejemplos; Tinder, Grindr, Happn, son algunas de las aplicaciones que figuran hoy en día y operan bajo el mismo concepto y el mismo objetivo: encontrar al mejor del mercado. En este caso se podría alegar que no necesariamente se busca amor, sino la satisfacción de necesidades afectivas y/o sexuales. Sin embargo habría que hacer una reflexión:

En ambos casos, televisión y aplicaciones, se porta la bandera de la libertad de decidir. Aquella que en otros tiempos era negada y se buscaba más bien proteger y/u obtener recursos económicos mediante la fusión de dos clanes (familias); este es un fenómeno aún persistente en ciertas partes del mundo.

Aunque en días pasados significaba una oposición real al deber ser, en esta sociedad la lucha por la liberación sexual y del amor ya no representa (al menos de manera general) algo que sea combatido por el sistema. Por el contrario, es algo que ha arropado, es algo que utiliza. Porque eso significa usar un producto, dejarlo de usar y usar uno más para compensar su desuso. Significa consumir, significa dinero, significa poder.

¿Vivimos Enamorándonos?, ¿siquiera llegamos a construir el deseo que conlleva el enamorarse, o más bien y retomando a Bauman (2005) vivimos saciando nuestras ganas y nos relacionamos uno con otro para consumirnos y después pasar a otro más?

En realidad no conviene un amor duradero, como no conviene un foco que dure 20 años. Pero precisamente es la búsqueda de ese tipo de amor (del amor perfecto), del amor definitivo, el gran motor del amor desechable. Esta fragilidad del amor conlleva a la mercantilización del mismo. Lo que podemos decir es que, ciertamente, el sistema vive enamorado del amor.

Bibliografía

• Fromm, Erich (2015), El Arte de Amar; Ediciones Culturales Paidós, Ciudad de México

• Bauman, Zygmunt (2005), Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos; Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires.


[1] Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM

Estados Unidos. Del oro negro a la decadencia energética

Por L. Óscar Rojas Hernández

“El petróleo no es el oro negro;

es el excremento del diablo”.

Juan Pablo Pérez Alfonzo

Estados Unidos, una potencia hegemónica que ha sido reconocida a nivel mundial por sus métodos para producir energía siendo uno de los principales abastecedores de energía produciendo el 14.6% de energía mundial al igual que China (López, 2020, p. 290), aun así de toda esta energía producida únicamente el 44% correspondía al petróleo en el año 2014 (López, 2020, p. 292), esta cifra es menor a la que se ha tenido en años anteriores y pese a que se ha desincentivado su uso se sigue extrayendo de manera masiva mejorando cada vez más los métodos de extracción generando también que su precio de venta disminuya.

No hay duda de que el petróleo aún es un factor determinante tanto en la economía mundial como en las relaciones que se lleguen a tener por las importaciones del mismo y el incremento en la búsqueda y desarrollo de métodos para obtener aún más de este recurso como el fracking que podría decirse que es la manera de extraer petróleo de las piedras sin pensar en las consecuencias ambientales que esto produce, como la contaminación de los manantiales de agua potable por los químicos necesarios para poder lubricar el tubo que es requerido para la extracción del petróleo que se encuentra dentro de las rocas y las grietas de las mismas regresando el agua contaminada la cual no puede ser  reutilizada por lo peligroso de su uso llegando a ser aún más peligrosa para el ambiente, todo esto con la finalidad de mantener en funcionamiento el negocio de la venta de petróleo y dando un menor precio por el producto y menor salario a los trabajadores (Magic Markers, 2015), estos métodos ponen en duda a algunos países sobre la necesidad de permanecer con una industria petrolera activa ya que a lo largo de la década se han visto grandes avances en las energías renovables.

Todo lo anterior lleva al estudio de aquellos países que son los principales productores de petróleo a nivel mundial, como Rusia donde su  producto interno bruto y el precio del petróleo se ven afectados de la misma manera según la trayectoria de su curva de magnitud (Abad, 2018), sin embargo, al igual que Estados Unidos no han previsto políticas para la protección de este recurso así como tampoco han tenido un desarrollo en las energías renovables, esto podría llegar a representar una gran crisis energética cuando el petróleo sea totalmente obsoleto como recurso energético ya que alimenta los sectores más importantes en el desarrollo del país que son el transporte, las grandes industrias y sobre todo el sector militar cuyos fondos recibidos son los más grandes a nivel mundial, como el Pentágono que en el año 2010 obtuvo un presupuesto de 680.000 millones de dólares (López, 2020 p. 303) y su poder armamentístico el más grande en toda la historia.

Pensar en el sector armamentístico y en la gran cantidad de petróleo que requiere para poder mantenerse da una idea de lo que estas potencias podrían llegar a hacer por evitar que este recurso sea sustituible y sobre todo por evitar la escasez del mismo, esto a su vez nos da la explicación del incremento de los conflictos bélicos y de actos intervencionistas a países latinoamericanos que se han dado a partir del descubrimiento y uso del combustible fósil.

Así mismo el texto anterior también nos ofrece un mapa de las reservas petroleras en el mundo donde se puede ver que no siempre el país que tiene las reservas más grandes es el que produce más petróleo, el caso más conocido de esto es Venezuela quien en el 2019 reportó una reserva de hasta 300.9 miles de millones de barriles de crudo (BBC News, 2019), sin embargo, a pesar de tener los pozos petroleros más grandes del mundo no puede obtener todos los beneficios de estos en comparación por ejemplo con Arabia Saudita, la razón de esto se encuentra en la situación económica de cada Estado, estando Venezuela en una situación de súper inflación monetaria (con la paridad de un bolívar venezolano por 0.0000135174 dólar) (xe.com, 2020) no puede adquirir el equipo necesario para llevar a cabo proyectos de explotación petrolera y en estos casos se pueden volver a entender las razones del intervencionismo estadounidense, confirmando que Estados Unidos ha puesto al mundo en una situación económica de guerra permanente con terribles consecuencias sociales y ambientales (López, 2020, p. 303).

En conclusión, podría pensarse que la sobre explotación del petróleo es una medida de las grandes potencias para poder mantener su posición de poder, sin embargo, es evidente la falta de conocimientos que tienen sobre la llegada de las nuevas formas de producir energía y que cuando los combustibles fósiles se acaben o se consideren obsoletos se podría pensar que vendrían en decadencia, sin embargo, aún es temprano para poder opinar al respeto.

Fuentes de consulta

López, R. R. (2018). La dinámica militar de los recursos energéticos estadounidense. En Sociología política del colapso climático antropogénico, (pp. 287-312). México. Centro de Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

Abad, J. M. (17 de marzo de 2018). Un país más rico, pero menos democrático: datos básicos para entender Rusia [en línea]. El País. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://elpais.com/internacional/2018/03/16/actualidad/1521209314_402162.html

BBC News. (1 de abril de 2019). Cuáles son los países con mayores reservas de petróleo y por qué esto no siempre es señal de riqueza [en línea]. BBC. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47748488

s/a. (28 de febrero 2020). Materias primas. Petróleo Brent [en línea]. El País Economía. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://cincodias.elpais.com/mercados/materias-primas/petroleo_brent/1/

Tiktín, M. (8 de agosto de 2018) El riesgo de la dependencia del petróleo [en línea]. El economista. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-riesgo-de-la-dependencia-del-petroleo-20180809-0020.html

Rusia (17 de enero de 2018) El Banco Central ruso constata dependencia de la economía de los precios petroleros [en línea] Mundo Sputnik. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075496459-rusia-economia-crudo-deficit/

Landale, J. (12 de enero de 2020). ¿Qué significará el fin de la dependencia del petróleo para la geopolítica? [en línea]. BBC News. Recuperado el 28 de febrero de 2020 de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50986738

Magic Markers. (2 de agosto de 2020) ¿Qué es el Fracking? [Archivo de video]. YouTube. Recuperado el 2 de marzo de 2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=RPDtD0lP1l0

Xe. (2 de marzo de 2020) Converso de divisas XE. XE. Recuperado el 2 de marzo de 2020 de: https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=VES&To=USD

El derecho a suicidarse

Por Daniel Landa Zaragoza

El 26 de febrero de 2020 el Tribunal Constitucional Federal Alemán (en adelante el Tribunal), resolvió la queja constitucional 2 BvR 2527/16, en la que reconoció los siguientes derechos y libertades:

  1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende la autonomía a la muerte autodeterminada.
  2. La muerte autodeterminada incluye el derecho al suicidio.
  3. El derecho al suicidio contiene la libertad de ser asistido por terceras personas o por quien ofrezca su servicio.

Antecedentes del caso. Los denunciantes son personas gravemente enfermas que desean terminar sus vidas con la ayuda de asociaciones con sede en Alemania y Suiza, que ofrecen sus servicios con apoyo de médicos que trabajan en atención ambulatoria o de pacientes hospitalizados y con el asesoramiento de abogados involucrados en la provisión de asistencia suicida.

Las asociaciones se quejan de una violación a sus derechos y los derechos fundamentales de las personas que trabajan para ellas, pues consideran que se viola su libertad de conciencia.

Los médicos denunciantes basan sus quejas esencialmente en una violación a su libertad de conciencia y libertad de profesión. Por su parte los abogados afirman que se violó su libertad profesional en virtud de que el asesoramiento ofrecido relacionado con el suicidio ahora es penado.

Todos los reclamantes se quejan esencialmente por la falta de certeza jurídica establecida en el artículo 217 del Código Penal Alemán, ya que no garantiza que una regulación de asistencia al suicidio en casos individuales permanezca impune. Asimismo, no evalúa si incluye y en qué medida formas de eutanasia sin castigo (eutanasia indirecta e interrupción del tratamiento) y medicina paliativa. Por tanto, el tipo penal impide una profesión médica orientada hacia el bienestar del paciente.

Consideraciones. Por definición, la eutanasia requiere un estado de sufrimiento. En términos del concepto, la palabra incluye el componente ayuda y excluye las acciones (asesinato) que se llevan a cabo contra la voluntad expresa o presunta de la persona interesada.

La jurisprudencia alemana hace la diferencia entre los diferentes casos de eutanasia punitiva.

Por un lado, incluyen la eutanasia indirecta como la aceptación de una muerte involuntaria anterior en una persona moribunda o enferma terminal como resultado de una terapia médicamente indicada para reducir el dolor o cualquier otro sufrimiento.

Por otro lado, la llamada interrupción del tratamiento como cualquier limitación o terminación activa o pasiva de una medida médica que sostenga o prolongue la vida de acuerdo con la voluntad real o presunta del paciente.

En Suiza, está prohibido matar a una persona a solicitud de otra, incluso para los médicos, la ayuda al suicidio (ejecutado o intentado) solo es proporcional por motivos egoístas. La característica subjetiva de motivos egoístas, requiere que el autor persiga una ventaja personal, particularmente material.

Por ello, las personas que trabajan en organizaciones de asistencia para el suicidio no están sujetas de responsabilidad penal de acuerdo con lo previsto en artículo 115 del Código Penal Suizo.

Por tanto, la prescripción médica es un procedimiento de control que garantiza que el suicidio corresponda a la voluntad libre de la persona interesada. En consecuencia, los médicos deben participar en cada suicidio asistido que se lleve a cabo con una sustancia activa sujeta a la Ley de Narcóticos o Productos Terapéuticos.

En los Países Bajos el suicidio y la asistencia al suicidio no se limitan únicamente a enfermedades terminales, basta que el paciente se encuentre en una situación médicamente desesperada y presente una agonía física o mental persistente e insoportable que no se puede aliviar. Por ello, el suicidio y la asistencia al suicidio son punibles, con la exclusión de los médicos.

El médico que proporciona eutanasia o suicidio asistido debe acatar el siguiente protocolo:

  1. El paciente puede hacer una solicitud de asistencia al suicidio mediante una declaración anticipada de voluntad que es válida por cinco años.
  2. Las niñas y niños también pueden recibir eutanasia sin restricciones de edad.
  3. Verificar que el paciente exprese el deseo de terminar su vida voluntariamente.
  4. Debe informar al paciente su estado de salud y expectativa de vida.
  5. Dar alternativas médicas, como el tratamiento paliativo.
  6. Consultar a otro médico con el objeto de que evalúe el sufrimiento físico o psicológico del paciente.
  7. Si la muerte natural del paciente no ocurre en el futuro previsible, debe llamar a otro médico, que debe ser un psiquiatra o especialista en la enfermedad en cuestión, para que evalúe de forma independiente el estado de salud, así como la naturaleza voluntaria y la deliberación del deseo de morir.
  8. Dentro de los cuatro días posteriores al servicio de eutanasia, el médico debe informar a la Comisión Federal de Control y Evaluación correspondiente, con el objeto de que se evalúe el proceso de acuerdo con las condiciones legales y el procedimiento prescrito.

En cambio, en el Estado de Oregón, Estados Unidos de América, el apoyo para la implementación de un deseo de muerte se coloca en manos médicas. El médico puede recetar medicamentos letales al paciente sin incurrir en una multa, siempre que cumpla con los requisitos establecido en Ley de Muerte con Dignidad de Oregón de 1997, los cuales se precisan a continuación:

  1. El médico tratante debe determinar la enfermedad terminal, la capacidad del paciente y la naturaleza voluntaria del deseo de morir.
  2. Se debe consultar a un médico consultor que, después de realizar su propio examen y revisar los documentos médicos, debe confirmar la evaluación del médico tratante por escrito.
  3. En caso de duda, es necesario aplicar un examen psiquiátrico.
  4. El médico tratante también tiene la obligación integral de proporcionar información al paciente respecto de su diagnóstico y pronóstico médico, los riesgos y el resultado esperado de tomar el medicamento que conduce a la muerte, así como las posibles alternativas que incluyen cuidados paliativos y tratamiento del dolor, asegurando así que el paciente puede tomar una decisión informada sobre el final de su vida.
  5. En términos formales, la persona que desea morir debe expresar su deseo de morir dos veces, la primera debe ser oral y una la segunda, por escrito y en presencia de dos testigos, que también deben estar convencidos de la capacidad de la persona que desea morir.
  6. Las declaraciones deben tener al menos 15 días de diferencia.
  7. La persona que prescribe el medicamento mortal debe enviar una copia de la receta emitida a la autoridad de salud.

Tesis central. Las quejas constitucionales de los reclamantes son fundadas.

El artículo 217 del Código Penal no constituye una restricción constitucional a la libertad profesional, sin embargo, viola los derechos de los denunciantes, pues son destinatarios de una pena cuando promueven comercialmente el suicidio.

Los médicos y abogados demandantes son protegidos constitucionalmente contra la prohibición de promover el suicidio relacionada con los negocios.

La objeción de conciencia ya no es una decisión relativa sobre la idoneidad del comportamiento humano basada en una visión seria y enfática del buen orden político y la razón, la justicia social y la utilidad económica, sino solo la decisión moral seria, basada en las categorías de bien y mal.

La negativa de proteger los derechos fundamentales sólo puede pensarse respecto a las actividades que, por su propia naturaleza, deben considerarse prohibidas, porque debido a su detrimento social y comunitario, no pueden participar en la protección que brinda el derecho fundamental a la libertad de ocupación. Esto no se aplica a la ayuda al suicidio, incluso si se proporciona de manera comercial.

En el caso de las personas jurídicas sólo pueden llevar a cabo una actividad que tenga un propósito comercial, en la medida en que su naturaleza pueda ser realizada de la misma manera por una persona jurídica que por una persona física.

Si una persona jurídica es una asociación, la Ley Fundamental sólo protege su actividad siempre que su administración sea acorde con propósitos legales, es decir, sus actividades forman un negocio económico si son planificadas, permanentes y orientadas al exterior. Esto significa, que las actividades empresariales van más allá del área interna de la asociación y están destinadas a crear beneficios de activos para el bien de la asociación o sus miembros.

El objeto del legislador alemán al introducir una regulación al suicidio fue crear la base legal para prohibir que las asociaciones brinden asistencia pública para el suicidio. Por ello, la interferencia con los derechos fundamentales no está justificada.

La prohibición de la promoción comercial del suicidio viola un derecho constitucional objetivo debido a su incompatibilidad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de las personas.

La decisión de suicidarse depende no sólo del hecho de que terceros estén dispuestos a otorgar, procurar o mediar la oportunidad de hacerlo, sino que debe implementarse legalmente una disposición para ayudar con el suicidio, pensar lo contrario, sería considerar que es un derecho vacío.

La garantía del derecho al suicidio corresponde a una protección de gran alcance con los derechos de la persona que le asistente.

La protección constitucional contra la muerte autodeterminada se hace efectiva para que las personas puedan ejercer los derechos básicos de una manera dirigida hacia un objetivo común, aquí la implementación del deseo de suicidio asistido se cumple.

Conclusiones. El tribunal declaró inconstitucional el artículo 217 del Código Penal.

El estado alemán debe respetar la autonomía de las personas cuando deciden poner fin a su vida. La protección legislativa debe reconocer que las personas son seres espirituales y morales que deben desarrollarse en libertad.

Para proteger la autodeterminación de la vida, el legislador tiene una amplia gama de posibilidades respecto del suicidio asistido. Se reconoce constitucionalmente el derecho al suicidio, el cual incluye los motivos subyacentes en la decisión de la persona de suicidarse.

Cualquier limitación reglamentaria del suicidio asistido debe garantizar el derecho constitucionalmente protegido sobre la base de una decisión libre con el apoyo de terceros. Esto requiere no solo una estructura consistente de la ley profesional de los médicos y farmacéuticos, sino también ajustes a la Ley Sobre Narcóticos.

La obligación de estructurar el sistema legal de manera consistente no impide mantener los elementos de protección del consumidor y del abuso, incluidos en la Ley Farmacéutica y de Narcóticos.

El derecho humano a portar tatuajes

Por Daniel Landa Zaragoza

El 30 de octubre de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 4865/2018, en el que reconoció que las personas que portan tatuajes no deben ser discriminadas en el ámbito laboral.

Antecedentes del caso. Una persona fue contratada para laborar en una empresa como jefe de facturación, sin embargo, en su primer día de labores personal diverso le comentó que no podía continuar trabajando porque se percató del tatuaje que tiene en la parte trasera de su oreja izquierda (una cruz esvástica o suástica), y el dueño de la empresa no permitía esto por ser de ascendencia judía.

Ante tales consideraciones, la persona demandó una indemnización por daño moral en contra de la empresa por ser discriminado al no permitirle desempeñar un trabajo por tener un tatuaje en su cuerpo.

La empresa demandada manifestó que hasta el primer día de labores se percató que la persona tenía un tatuaje en forma de la cruz esvástica o suástica, prejuzgando su odio y proselitismo antisemita, por lo que se sintieron amenazados en su integridad física y moral. 

Tesis central. La Corte consideró que la igualdad reconocida en el artículo 1 Constitucional es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

Además, la observancia de los derechos de igualdad y no discriminación, no sólo vincula a las autoridades del Estado, sino que son derechos que gozan de plena eficacia incluso en las relaciones entre particulares, ya que los derechos fundamentales tienen la doble cualidad de ser derechos subjetivos públicos y elementos objetivos que informan y permean todo el ordenamiento jurídico.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los derechos de igualdad y no discriminación, son principios de derecho y normas de jus cogens, es decir, normas perentorias que no aceptan acto en contrario y que vinculan tanto al Estado como a los particulares.

En ese sentido, el principio de la autonomía de la voluntad como eje rector del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es la facultad inherente a las personas de decidir libremente sobre sí mismas y sobre las condiciones en que desean realizar su propia vida, en todos los ámbitos de su existencia: es el reconocimiento de su derecho humano a la autodeterminación. 

Por tanto, entre las expresiones de ese derecho se encuentra la libertad de elegir su apariencia personal, como un aspecto que configura la forma en que quiere proyectarse ante los demás, por ende, a la persona corresponde elegir al respecto conforme a su autonomía.

Por otra parte, en torno al derecho a la libertad de expresión, si bien es cierto que general o comúnmente se asocia este derecho fundamental al ámbito socio político de difusión de opiniones, ideas e información, lo cierto es que en él está comprendida también una vertiente más íntima, que permite a la persona expresarse conforme a su individualidad en cualquier contexto. 

En consecuencia, el uso de tatuajes, es decir, la portación de dibujos, signos, letras, palabras o cualquier otro elemento gráfico o grabados en la piel humana, en la actualidad es una práctica común en la población mundial, incluso, se le reconoce una presencia ancestral en algunas culturas. Se trata de un fenómeno generalizado y diversificado, pues no es propio de un determinado grupo poblacional en función de rangos de edad, sexo, condición social, económica, lugar donde se vive, o cualquier otra categoría de clasificación, tampoco atañe a una única expresión cultural o contexto, y puede ser estudiado desde muy distintos enfoques. 

Si bien es cierto que en principio, el acto de tatuarse tiene un significado que atañe al fuero interno de la persona que se tatúa, también lo es que al colocarse el grabado en una zona del cuerpo que será visible para los demás, evidentemente se tiene la intención de que pueda ser observado por otras personas, y ahí surge el propósito y está presente un acto de comunicación a otros de la propia individualidad, con independencia del contenido específico del mensaje transmitido y de la significación que el observador del tatuaje le asigne, pues en esta forma gráfica de expresión comúnmente no se espera una retroalimentación verbal entre los sujetos. 

Por ello, el marco constitucional y convencional establecido en los artículos 1 de la Constitución Federal y 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto del derecho de igualdad y no discriminación, así como del parámetro normativo de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión antes referidos; en el orden interno de la Ciudad de México, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, en su artículo 5, expresamente considera una forma de discriminación que estará prohibida: la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción en el ejercicio de derechos humanos a una persona por tener tatuajes.

Como es posible advertir, el marco normativo constitucional, convencional y legal referido, constata claramente la existencia de una tutela consolidada y unánime en la protección contra la discriminación racial, y particularmente contra cualquier expresión de odio racial o de odio sustentado en el origen étnico o nacional o en la religión que pueda incitar a la violencia o a la discriminación de una persona o un grupo de personas; y cuyo propósito o resultado signifique menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades de dichas personas o grupos. 

En conclusión: La Corte reconoció que portar un tatuaje está permitido y no se debe discriminar en el ámbito laboral por ello, en este caso el símbolo que portaba la persona representa un discurso de odio racista (antisemita), que ante las circunstancias específicas del caso, actualizó una restricción a la protección constitucional y convencional de los derechos de libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión por él ejercidos. 

Por lo que las medidas adoptadas por la empresa para salvaguardar la igualdad, dignidad humana y seguridad de sus empleados y directivos, fueron válidas, razonables y proporcionales; de modo que no pueden ser constitutivas de un acto de discriminación contra el quejoso.