Organismos Autónomos en México: El Cuarto Poder Incómodo

Por Miguel Ángel Tamayo Rodríguez[1]

Introducción

El panorama político y jurídico en México vive tiempos convulsos. Los resultados electorales de los comicios celebrados el primero de julio del año 2018, donde resultó triunfador el candidato del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, han traído consigo un viraje en la agenda de la administración pública. Los efectos de este viraje no son pocos, pero el más visible deriva precisamente del ejercicio del poder a cargo del titular del Ejecutivo Federal, y la pretensión de ampliar su campo de acción a través de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal para llevar a cabo su programa de gobierno. La manera de ejercer el poder del Presidente López Obrador está impactando en la organización y funcionamiento de las instituciones denominadas autónomas, es decir, aquellos entes públicos que no están orgánicamente adscritos a alguno de los tres poderes del Estado tradicionales, pero que están regulados directamente por la Constitución y por su respectiva ley secundaria, a saber: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estas instituciones han sido consideradas con una relevancia tal para la democracia y el modelo de Estado en México, que están incluidas directamente en el texto en la Carta Magna.

Bajo la justificación de emprender una política de austeridad en el uso de los recursos públicos, el Ejecutivo Federal ha impuesto en la agenda pública el funcionamiento de los Organismos Constitucionales Autónomos, lo cual ocasionó que éstos sean fuertemente cuestionados en varias arenas. Su utilidad ha sido puesta en entredicho; el alto costo que representan, tanto para el pago de salarios de los servidores públicos que las conforman como la presión presupuestaria para cumplir sus tareas; su escasa rendición de cuentas y su autorregulación también significan una constante crítica; mientras que la necesidad de contar con contrapesos políticos que otorguen certeza en determinados temas, y su contribución al fortalecimiento democrático están colocados en el otro lado de la balanza para intentar mantenerlos en el diseño del Estado Mexicano.

Actualmente, la Constitución Política contempla diez organismos autónomos, siendo el más antiguo el Banco de México, que data del año 1993, y los más recientes del año 2014 derivados de las reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México, principal eje del programa de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Los diez entes constitucionales autónomos son el Banco de México; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta reciente configuración del Estado ha significado, en los hechos, el surgimiento de una especie de cuarto poder fragmentado en varias organizaciones, y naturalmente incómodo para el Poder Ejecutivo por el desplazamiento en funciones que implica su irrupción en el panorama político nacional. Por ello, no extraña que reciban permanentes cuestionamientos y que el tema origine una nueva reflexión acerca de su justificación en el diseño de Estado.

La División de Poderes

La referencia obligada cuando de división de poderes se trata, se remonta al siglo IV antes de nuestra era. Hace dos mil cuatrocientos años, aproximadamente, Aristóteles advirtió que “en todas las constituciones existen tres elementos que deben estar bien armonizados para el buen funcionamiento del gobierno”.[1] Aristóteles se refería a la asamblea deliberante, la cual resuelve sobre los asuntos comunes; a un  grupo de magistrados que tenían la encomienda de resolver sobre ciertos asuntos, y al mando que es por excelencia la característica principal del poder. Esta misma línea de pensamiento fue retomada y desarrollada en el siglo XVIII después de nuestra era, por el británico John Locke, y terminada por el francés Montesquieu a finales de ese siglo. Ambos políticos sentaron las bases de la democracia liberal mediante la división de poderes, la cual consistió en limitar el ejercicio del poder a través de su separación en poder legislativo, ejecutivo y judicial.

En un primer momento, Locke expuso en su Ensayo sobre el gobierno civil que cuando la sociedad civil se organiza políticamente, deposita en el poder legislativo y en el poder ejecutivo una porción de su libertad, así como el uso de la fuerza como medio de autodefensa[2]. Además, refiere la existencia de un tercer poder, al cual denomina federativo que se encarga de las relaciones exteriores como la celebración de tratados, acuerdos de paz, entre otros. Montesquieu expuso de manera más acabada esta teoría, la cual tuvo gran influencia en occidente, a través de su obra El espíritu de las leyes. En ella desarrolló la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, hasta la irrupción del cuarto poder en el siglo XX. El poder legislativo se caracteriza por sus facultades para expedir normas generales dirigidas a determinados grupos de personas, y se ha conformado históricamente en asamblea o en dos cuerpos colegiados denominados cámaras; mientras que el poder ejecutivo se confiere a una sola persona, la cual dispone de todo un aparato estatal que le está subordinado para la administración de los asuntos públicos. Finalmente, el poder judicial es el que ejercen los jueces para resolver conflictos entre particulares, entre particulares y Estado, y entre entes del Estado. Este poder también tiene la función de interpretar el sistema jurídico.

Esta corriente de pensamiento tuvo gran influencia en la configuración del Estado contemporáneo y México no fue la excepción. La Constitución Política de 1917, emanada de un conflicto armado interno, contempló la división de poderes en los términos expuestos por Montesquieu, ya que en su artículo 49 se incluyó como norma constitucional que el poder supremo se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Además, se recogieron para su configuración las reglas relativas a que no podrían reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el poder legislativo salvo en casos excepcionales, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 29 de la propia carta magna. Cada uno de los poderes tiene regulaciones expresas en el texto constitucional tanto en su conformación como en sus atribuciones y relaciones.

Destaca en lo que aquí importa, la conformación del aparato gubernamental a cargo del Poder Ejecutivo. En el texto original del artículo 90 constitucional se estableció que, para el despacho de los asuntos de orden administrativo de la Federación, habría el número de Secretarías que estableciera la ley, ésta distribuye los negocios a cargo de cada Secretaría. Este precepto ha sufrido varias reformas que fueron delineando, al calor de los tiempos políticos, la conformación de la Administración Pública Federal. Un cambio relevante que perdura en la actualidad, es la división de la administración pública en centralizada y paraestatal. Las diecinueve Secretarías de Estado conforman la administración centralizada,  mientras que los organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos y entidades públicas con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforman la administración paraestatal.

Las Secretarias que auxilian a la administración del Presidente López Obrador son la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y una Consejería Jurídica[3]. Mientras que la administración paraestatal se conforma por 200 organismos públicos descentralizados[4], entre los que se encuentran 13 Institutos Nacionales de Salud; 13 Centros Públicos de Investigación; 37 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria; 6 Instituciones de Banca de Desarrollo; 2 Instituciones Nacionales de Seguros, y 18 Empresas consideradas Centros Públicos de Investigación.

Surgimiento de los Organismos Constitucionales Autónomos en México

El primer Organismo Constitucional Autónomo en México fue creado en 1993, siendo el Banco de México el primer caso en el cual una serie de actividades que hasta ese momento estaban al mando jerárquico del presidente de la república, fueron extraídas de la competencia del Poder Ejecutivo y reguladas directamente en el texto constitucional para operar de manera autónoma[5].

El Banco de México desarrolla igualmente una alta labor técnica en materia monetaria y también funge como asesor económico del Gobierno Federal. Ese mismo año se expidió ley que establece su naturaleza jurídica, sus funciones y finalidades. En 1999 se otorgó autonomía constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano garante de los derechos humanos y claro contrapeso del Gobierno Federal respecto a casos donde se acusa violencia institucional para ser investigados de manera imparcial por un grupo de expertos ajenos a la administración pública y al poder judicial, emitir recomendaciones resarcitorias y en su caso, establecer medidas de reparación en favor de las víctimas.

En el año 2006 se otorgó autonomía constitucional al INEGI para la generación de información estadística para la toma de decisiones del gobierno en materia económica, social, seguridad entre otros. Al igual que en los casos antes referidos, el INEGI también cuenta con una ley que regula su integración, funcionamiento y atribuciones. Pero el auge de los organismos constitucionales autónomos ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto la cual encontró un apoyo político de los opositores para consolidar la extracción de tareas que tradicionalmente estaban encomendadas a al Ejecutivo Federal.

Durante la primera parte de su administración, se elaboró un paquete de reformas que fueron conocidas como Reformas Estructurales en distintas áreas de la Administración Pública Federal. Así, tenemos que en lo concerniente a la reforma energética tuvo lugar la creación de la Comisión Reguladora de Energía; en la reforma económica se incluyó a la Comisión Federal de Competencia Económica; la reforma educativa trajo consigo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la denominada reforma política-electoral incluyó la creación de tres organismos constitucionales autónomos, a saber, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social quien se encarga de evaluar la política y el gasto mediante políticas sociales, así como de medir la pobreza utilizando como insumos la información generada por el INEGI; la Fiscalía General de la República que sustituye a la Procuraduría General de la República como ente de investigación de delitos y procuración de justicia, y el Instituto Nacional Electoral, cuya atribución principal es organizar las elecciones a nivel federal y estatal con ayuda de los organismos públicos locales como se establece en la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, como ha ocurrido en el caso del Estado de Puebla recientemente; la reforma en materia de transparencia dotó de autonomía constitucional al Instituto Federal de  Acceso a la Información Pública y lo convirtió en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siento sus tareas principales promover la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de recursos públicos a cargo de los entes del Estado, contribuir al ejercicio del derecho a saber, entre otros. En todos los casos se expidió la ley que regularía su integración, funcionamiento y atribuciones, excepto en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual, según las disposiciones transitorias de la reforma política-electoral, continuaría operando conforme a su decreto de creación, esto es, como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, situación que impera hasta el momento en que se escriben estas líneas.

Poder Incómodo

La inclusión de los Organismos Constitucionales Autónomos en el texto de la ley fundamental implica un desplazamiento en las atribuciones del Poder Ejecutivo y una reconfiguración orgánica del Estado mexicano. Al incorporarse estos entes en el marco constitucional, con el mandato de que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales, modifica formal y materialmente la idea clásica de división de poderes y la idea de cómo debe funcionar el Estado. La implicación directa de este nuevo diseño constitucional del Estado mexicano consiste en que las tareas encomendadas a estos entes, que por su nivel técnico y especialización, no están sujetos a debate político sino que sujetan y contienen la discusión política y en gran medida el quehacer del Ejecutivo Federal. Han significado también, como lo es el coto vedado de los derechos humanos, que no está a discusión política siguiendo el pensamiento de Garzón Valdés; un campo técnico en materia monetaria, en el diseño y evaluación de los programas sociales, en la competencia económica, la transparencia y acceso a la información pública, en la generación de información y estadísticas nacionales, etcetera.

De modo que esta reconfiguración constituye la incorporación de un cuarto poder, el cual está fragmentado en los diez entes que se encuentran previstos actualmente en el pacto federal conforme a su ámbito de competencia y atribuciones establecidas en sus leyes específicas. Según Ugalde, estos organismos encuentran su justificación en la necesidad de despolitizar el funcionamiento de ciertas instituciones que realizan tareas que requieren imparcialidad e independencia para alcanzar mejor sus fines”.[6]

Estos organismos se caracterizan por estar regulados directamente en el texto constitucional al igual que los demás poderes, es decir, con reglas para su conformación y atribuciones específicas, pero con la diferencia de que se trata no de un poder que descansa en una persona como ocurre con el Ejecutivo, o en dos cuerpos Colegiados llamados cámaras o en una asamblea como sucede con el poder legislativo. El cuarto poder tampoco está estructurado jerárquicamente como ocurre con el poder judicial, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolla criterios jurisprudenciales que son obligatorios para resto de tribunales y jueces del poder judicial.  Se trata de estructuras orgánicas con diseños institucionales cuyos puestos principales son designados ya no por el titular del Ejecutivo Federal, sino por la Cámara de Senadores o Diputados, mediante lista de candidatos remitida por éstos.

Las actividades y tareas encomendadas a los organismos constitucionales autónomos en un primer momento formaron parte del quehacer gubernamental, como lo es la política monetaria que inicialmente era una tarea encomendada a una sociedad anónima operada por el Gobierno Federal; el INEGI surgió como la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio a finales del siglo XIX; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emanó de una Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social; los orígenes del Instituto Nacional Electoral se remontan al diseño estatal previsto en la constitución de 1917, donde se estableció una estructura institucional encargada de organizar y calificar los comicios y que posteriormente estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación a partir del 1946 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y así cada uno de los demás organismos autónomos. No extraña entonces que a partir del primero de diciembre de 2018 exista un permanente cuestionamiento a este modelo de Estado que en muchos casos regula y limita el ejercicio del poder mediante la generación de información y modelos técnicos para la elaboración de políticas públicas para el desarrollo social, la educación, la transparencia y rendición de cuentas, la investigación y sanción de la violencia institucional y vigilancia de los derechos humanos, etcétera.

Por otra parte, existen críticas a este modelo de división de poderes y diseño de Estado, de las cuales destacan la ausencia de medios de control; escasa regulación de las relaciones de coordinación entre estos entes y los demás poderes; ausencia de rendición de cuentas y predominio de la autorregulación[7]; carencia de legitimidad democrática al no ser producto de la voluntad de los ciudadanos mediante las urnas; y el crecimiento del aparato gubernamental. Por ejemplo, en materia de desarrollo social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social regula la manera en la cual deben realizarse las evaluaciones a los programas sociales mediante modelos de términos de referencia y ciertas pautas metodológicas; y además, las distintas dependencias del gobierno federal que cuentan con programas de desarrollo social mantienen unidades de evaluación en su estructura orgánica; algo similar pasa con todo el aparato burocrático existente en materia de derechos humanos y en lo referente al acceso a la información, especialmente en las instituciones de seguridad y en cada dependencia federal respectivamente.

Reflexiones finales

La actual configuración constitucional del Estado mexicano descansa sobre la idea de que, ciertas tareas deben ser extraídas del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo Federal y trasladadas a instituciones que otorguen certeza técnica e imparcialidad. La respuesta a estas necesidades ha sido construida, desde 1993, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos y la sujeción de la actividad gubernamental ya no solo a los principios constitucionales, sino también a las opiniones, actividades y resultados de las instituciones que hoy configuran un cada vez más robusto cuarto poder.

Es necesario analizar si la certeza e imparcialidad buscadas se pueden obtener únicamente mediante este diseño de Estado, es decir, a través de los Organismos Constitucionales Autónomos que componen el cuarto poder; o si se requiere rediseñar la estructura del poder Ejecutivo Federal para que sea capaz de otorgar certeza técnica e imparcialidad e inclusive si algunas de las actividades que hoy realizan estos entes pueden ser encomendadas al Poder Legislativo.

Finalmente, el cuarto poder resulta incómodo para el ejercicio y desarrollo del programa político del Ejecutivo Federal debido al desplazamiento en sus atribuciones en algunos casos, y al sometimiento del quehacer gubernamental en otros, como ocurre en tratándose de rendición de cuentas y transparencia, gasto público eficiente, vigilancia acerca del respeto a los derechos humanos, etc. a cargo de los Organismos Constitucionales Autónomos.


[1] Aristóteles, La política, Editorial Época. México, 2000, libro IV.

[2] Cfr. Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

[3] Relación de dependencias establecida en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública reformada el 30 de noviembre de 2018.

[4] Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2018.

[5] En el panorama internacional destaca el caso de las Agencias Administrativas Independientes de los Estados Unidos de Norteamérica surgidas en 1887 principalmente como entes reguladores en temas comerciales y económicos, los cuales aunque están adscritos al Poder Ejecutivo cuentan con autonomía jurídica y deben su legitimidad precisamente a su labor técnica. Véase Pomed Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993. p. 123.  Mientras que en 1994, Argentina incluyó en su Constitución a los Organismos Constitucionales Independientes como “instrumentos de control constitucional sobre el Gobierno Federal” los cuales al igual que en México no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales. Véase Pérez Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013. p. 209.

[6] Ugalde, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

[7] Este nuevo modelo político se aparta de los principios que han regido teóricamente el actuar de la administración pública: seguridad jurídica. Véase Zeind, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017. P. 426.

Referencias

ARISTÓTELES, La política, Editorial Época. México, 2000,

LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Porrúa, México, 1990.

PÉREZ Hualde, Alejandro. Nuevas Formas de Administración y los “Organismos” Constitucionales Independientes. Buenos Aires, UBA, 2013.

POMED Sánchez, Luis Alberto. Fundamento y naturaleza de las Agencias Administrativas Independientes. Zaragoza, España. 1993. Revista de Administración Pública 1993.

UGALDE, Luis Carlos. En la marea de la baja calidad del Estado. México, Nexos, mayo de 2014.

ZEIND, Marco Antonio. Organismos Constitucionales Autónomos. Tirant Lo Blanch, México, 2017.

La música como un derecho humano


“La música es una disciplina formativa que ayuda a las personas a crear nuevos hábitos para ser personas sanas, dar dirección a sus vidas y transformarlas.”
Thalía Carrillo Bravo[1]


1 Violinista y Coordinadora de Proyectos Orquestales Infantiles.

Por Daniel Landa Zaragoza

La música es un lenguaje universal que transforma la vida de las personas, es una expresión artística considerada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 27 que se tiene derecho a elegir libremente la vida cultural en la que se desee participar y gozar de las artes.

La actividad artística musical no implica sólo un reconocimiento de participación en la vida cultural, sino una obligación estatal que adopte medidas que garanticen el máximo aprovechamiento de los recursos que se dispongan para alcanzar progresivamente los objetivos de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Además, comprende una educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

El primer acercamiento musical radica en reconocer que las personas tienen los siguientes derechos:

  1. Expresarse musicalmente en libertad.
  2. Aprender lenguajes y habilidades musicales.
  3. Acceder al conocimiento musical a través de la participación, escucha, creación e información.
  4. Desarrollar arte musical y difundirlo a través de los medios de comunicación con recursos adecuados a su disposición.
  5. Reconocer y remunerar el trabajo musical.

Lo anterior, implica que los estados desarrollen nuevas políticas públicas para alcanzar el ejercicio pleno de tales derechos, por ello el 25 de septiembre de 2015 diversos países crearon acciones para erradicar la pobreza, analfabetismo, cuidar el planeta y asegurar el bienestar común, plasmando sus visiones en una nueva agenda internacional llevada a cabo ante la Organización de las Naciones Unidas, la cual denominaron: “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (en adelante ODS). Los ODS se integran por 17 objetivos, entre los que destaca el numeral 4 “Educación de Calidad”, el cual se integra por 7 acciones que deben realizar los gobiernos a más tardar en el año 2030.

Una educación de calidad implica que las personas tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera fase de su infancia, asegurando que concluyan la enseñanza primaria y secundaria a fin de crear resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Diversos países, por mencionar algunos: China, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Reino Unido y Venezuela, han utilizado a la música como una materia formativa que beneficia el proceso educativo de las personas al crear nuevos hábitos e  implementar sistemas musicales efectivos que garantizan que las niñas, niños y adolescentes adquieran una mejor concentración, aprendizaje, autocontrol, estimulación y sensibilidad por el entorno que les rodea, su principal objetivo es identificarse como personas, es decir, son elementos que ayudan a desarrollar hábitos y habilidades de acuerdo a sus posibilidades y características musicales, asimismo, fomenta una cultura de respeto al patrimonio artístico.

En México, el derecho de acceso a una educación musical se encuentra establecido en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 3° que contempla la garantía de una educación de calidad y obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad del docente y directivo garanticen el máximo logro de aprendizaje del alumnado.

Para lograr lo anterior y dar cumplimiento a los ODS los planes y programas de estudio en educación preescolar, primaria, secundaria y normal deben contener materias musicales obligatorias, donde se imparta a temprana edad la lectoescritura, rítmica, métrica, armonía, entre otras que contribuyan a fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y artística además de fomentar el respeto por la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos; esto se logrará promoviendo una educación inclusiva en la que participen diversos sistemas de aprendizaje y competencias.

El reconocer que la música es un derecho fundamental implica que su acceso debe ser garantizado por el Estado, un reto educativo con exigencia social que debe adoptar nuevas políticas públicas inclusivas, sin perder de vista a las personas que habitan en pueblos y comunidades indígenas o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que requieren de una atención primordial y de participación equitativa de forma tripartita: Estatal -Federación, Estados y Municipios-, sector privado y la organización civil.

El derecho humano indicado no demanda sólo igualdad entre las alumnas y alumnos, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes,[1] en efecto, requiere una obligación estatal que asegure que las circunstancias personales o sociales como el género, el origen étnico, la situación económica o la cultura no sean obstáculos que impidan acceder a la educación y que todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades.

En ese entendido, garantizar la música como un derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura y la práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades, por ello, el sistema educativo debe ofrecer una respuesta personalizada y no esperar a que el alumnado se adecue al sistema por lo que es necesario que la educación musical se encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas.

Lo anterior requerirá personal docente especializado que tenga la pasión y vocación por trascender en la vida de las personas, ya que fomentará y generará una sensibilidad y apreciación por las artes y su entorno, además, de someterse a una constante capacitación para estar preparados para las nuevas exigencias sociales.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Educación inclusiva. Este derecho humano no sólo demanda igualdad, sino también equidad en el entorno educativo”, tesis aislada, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Décima época, número de registro: 2019246.

Personas no etiquetas

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El pasado viernes 26 de julio se llevó a cabo el ejercicio de parlamento abierto ¡Jóvenes, cámara y acción! en la glorieta de los insurgentes, el evento tuvo como propósito principal escuchar a las y los jóvenes para dar paso a la creación de la Ley General de Juventudes, se pusieron alrededor de 50 mesas en las que moderadores escucharon los problemas a los que la sociedad de entre 15 y 29 años se enfrenta en el día a día, la actividad constó de dos etapas, la primera en donde cada persona escribía sus problemas en post-its y se colocaban en un gráfico de quesos en donde las temáticas estaban divididas en: justicia, seguridad, salud, trabajo, desarrollo, educación, identidad y derechos políticos. En la segunda fase hablaban de forma más específica del problema y de la solución que ellos proponen.

Es importante destacar que la mayoría de los jóvenes ya no desea que el congreso elabore más normas que regulen los problemas, lo que buscan casi todos es que existan medios donde las leyes se apliquen para esto la mayoría de ellos propone la creación de programas que ayuden a crear consciencia o bien políticas públicas más enfocadas y no tan sectorizadas.

Unos días antes del evento y durante la capacitación que recibimos en el Senado de la República por parte de la Senadora Citlalli Hernández pensé que el gráfico se inclinaría hacia temas de seguridad, trabajo y educación, para mi sorpresa el esquema general quedó de la siguiente manera:

Quizá teniendo menos impacto el tema de los derechos políticos, a la mayoría de los jóvenes les interesa sentirse parte de la sociedad y para ellos se necesitan ciertas garantías, por ejemplo: el libre desarrollo de la personalidad, los mismos derechos de salud y seguridad, más oportunidades de educación para tener más posibilidades de trabajos bien remunerados, para la mayoría el problema está en que muchos de los adultos y no tan adultos los quieren colocar en cajones donde solo haya blanco y negro, todos tenemos cabida en ese cajón llamado sociedad con nuestras diferencias porque al final luce mejor cuando los tintes son muchos y son libres de ser como deseen ser.

Etiquetas que lastiman

La mesa donde me tocó colaborar, fue una donde cada persona me dejó una reflexión y un aprendizaje, cuando los chicos de staff nos dijeron que eran chicos con capacidades diferentes no imaginamos todo lo que íbamos a entender, dos chicas llegan hablando entre ellas lenguaje de señas, otra de ellas es asistida por una compañera pues tiene un problema de disminución visual en el que ya casi no ve, otro de ellos llegó con su perro guía y finalmente una chica con capacidades intelectuales diferentes.

El reto es adaptarse a las necesidades que cada uno de ellos tiene para formar parte de la mesa de diálogo, pero lo curioso es que siempre exigimos que ellos sean los que se adapten a nuestra forma cotidiana de vida, dos de mis compañeras moderadoras ayudaron a la redacción de los problemas de las personas con problemas visuales y por otro lado asistimos a los demás, para que todos fueran escuchados, casi nadie conoce de lenguaje de señas porque existe una frivolidad en el tema, muchos sabemos inglés, francés, italiano o alemán pero siempre ponemos una barrera con las personas que no pueden comunicarse de la misma manera que nosotros.

En los primeros comentarios que expresaron los participantes se habló de la gran discriminación que sufren por parte de la sociedad en general, la mayoría de los espacios no están diseñados para que ellos puedan desarrollarse libremente, por ejemplo no todas las bibliotecas de la UNAM o el POLITÉCNICO cuentan con libros en braille, hay incluso un caso donde un chico alumno de ingeniería está por no poder concluir la carrera ya que hay una maestro que no le permite que alguien le asista para el examen final, además de no tomar en consideración que él requiere de más tiempo ya que debe pasar lo que le dictan al sistema de escritura braille.

Son llamados en día a día ciegos, sordos, tontos. La gente se molesta porque algunos de ellos deben llevar a sus perros guías o en algunos casos de asistencia, a veces incluso en el transporte público les niegan los accesos cuando ya existe normatividad al respecto.

La mayor parte de la sociedad necesita poner etiqueta sobre el pecho que no necesariamente diga el nombre y lo que les gusta de la vida sino el cómo clasifican de forma negativa a la mayoría de las personas,  sobre el suéter, la blusa o la camisa llevamos etiquetas impuestas por otros que dicen “gay”, “lesbiana”, “raro”, “sordo”, “ciego”, “pobre”, “gordo”, “moreno”, “flaco”, entre tantos más quieren una sociedad en blanco y negro donde todos seamos iguales, pensemos igual y tengamos cabida en el mismo espacio por siempre, lo ciertos es que somos una sociedad dinámica en movimiento y sobre todo diversa.

La sociedad y el humano en sí está lleno de complejidad, por ello no podemos ser iguales todos o amar de la misma manera, aprender igual o desarrollarnos igual; sentimos pensamos, amamos y hasta odiamos distinto. Tenemos condiciones y circunstancias que nos van a marcar y eso nos hará actuar y hacer cosas de distintos modos, habrán inteligencias que no comprendamos y que por lo excluyente que son ciertos sectores les cueste más desarrollarse pero eso no debe jamás clasificarlos como tontos o ignorantes. Debemos ser cuidadosos con los prejuicios que arrastramos desde la infancia desde lo que aprendimos en casa, debemos intentar deconstruirnos para poder incluirnos en la realidad de los que mucho tiempo fueron ajenos.

Por último es necesario abrir los ojos a la realidad y saber que hay personas que día a día viven desde la pobreza, desde la falta de calidad educativa, de oportunidades porque a los propios profesores muchas veces les falta conciencia y preparación para entender que cada alumno aprende de manera diferente, porque a nuestras universidades les faltan espacios dignos para quienes tienen necesidades fuera de lo que siempre se pensó como espacios comunes, es necesario entender que ellos no están obligados a adaptarse a nuestra forma de vida sino que todos podemos convivir. La realidad se construye por todos comprendiendo que hoy en día muchos de nuestros modelos son desiguales y excluyentes, se construye entendiendo que no todos los jóvenes están en las universidades, la realidad se construye comprendiendo nuestros privilegios y reconstruyendo panoramas de igualdad para los otros.

Aprendamos lenguaje de señas o braille, ayudemos a construir las próximas políticas públicas o programas, enseñemos a leer a niños y niñas que no pueden ir a la escuela, ayudemos a los infantes y adolescentes en situación de calle, ayudemos a los adultos mayores, dejemos de llamar raros a los que tienen capacidades diferentes, entendamos que el amor tiene muchas formas, pero sobre todo dejemos las etiquetas y seamos personas.

Agradezco la oportunidad de participación en el ejercicio de democracia abierta a la Red Mundial de Jóvenes Políticos-CDMX y a su director Mauricio Suárez      

La pobreza y el nivel básico escolar no son condiciones para negar la guarda y custodia

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 1773/2016, respecto del derecho que tienen las madres de guarda y custodia sobre sus hijas e hijos, la cual no solo debe concederse con base en su condición económica o nivel educativo, sino sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niñez y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre pueda cuidarlas y cuidarlos de manera apropiada.

Antecedentes del caso. El 22 de octubre de 2014, un señor demandó a su esposa la pérdida de la patria potestad y guarda y custodia que ejerce sobre su hija.

El asunto lo conoció el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Seguidos los trámites legales el 25 de septiembre de 2015, se dictó sentencia que absolvió a la señora de la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su hija, se estableció la guarda y custodia a favor del señor, y se condenó a la madre al pago de alimentos.

Inconforme con esa resolución, la madre de la niña interpuso recurso de apelación que correspondió conocer a la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El 11 de noviembre de 2015, se emitió resolución que modificó parcialmente los resolutivos de la sentencia reclamada para absolver a la madre del pago de alimentos a favor de la niña, así como del pago de gastos y costas.

El 1 de diciembre de 2015, la madre por su propio derecho y en representación de su hija, promovió demanda de amparo contra la resolución del once de noviembre de dos mil quince, emitida por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Señaló como violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

Correspondió conocer del juicio de amparo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual admitió la demanda por acuerdo del 6 de enero de 2016. Seguidos los procedimientos legales correspondientes, el 25 de febrero de 2016, se dictó sentencia en la que se negó el amparo solicitado.

Inconforme con la resolución anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión el 28 de marzo de 2016, el cual fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el 8 de abril de 2016, el Presidente de la Corte admitió el recurso de revisión.

Tesis central. La madre manifestó quedebido a su condición económica y educativa le fue quitada la custodia de su hija, lo cual atentaría contra el interés superior de la niña e implicaría un trato discriminatorio en su contra.

Al respecto, la Corte determinó que atendiendo a la interpretación evolutiva y sistemática de los derechos humanos,[1] se considera que las distinciones de trato basadas en las carencias económicas repercuten en un grupo en situación de vulnerabilidad y desventaja.[2] Por lo tanto, su uso amerita una protección especial y, consecuentemente, ser entendida como categoría sospechosa dentro de “condición social”, que además, atenta contra la dignidad humana y menoscaba los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el enfoque intersectorial permite reconocer la diversidad y las diferencias que existen dentro de las personas que enfrentan una situación de pobreza, donde es posible detectar las múltiples formas en las que se resiente la discriminación, particularmente en el caso de las mujeres. Además, el enfoque diferencial de género es de especial relevancia pues, en última instancia, busca materializar en la realidad –a través de múltiples medidas– la igualdad entre mujeres y hombres de todos los espacios sociales.

En ese sentido, aun cuando el Tribunal Colegiado ponderó otros factores, los cuales evaluados en su conjunto pueden justificar que dicho órgano otorgara la guarda y custodia al padre, es imposible determinar el peso específico que jugaron cada uno de ellos. En la determinación de la guarda y custodia todos los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada influyen la decisión judicial y, en ocasiones, es imposible disociarlos y establecer cuál de ellos inclina el otorgamiento de la guarda y custodia a uno de los padres. Dichos factores deben ser evaluados integralmente, buscando siempre proteger el interés superior de los menores, bajo los estándares de análisis que se exponen a continuación.

Por ello, se determinó que la afirmación del Tribunal Colegiado tiene una carga de prejuicio sobre la aparente falta de aporte económico por parte de la madre a la vida de la hija, pues centra su consideración en que ella, al no tener ingresos, no tendría las “condiciones personales” y de “organización de vida”, no obstante no analiza el riesgo que dicha situación genera para la menor.

Se afirmó lo anterior, porque se probó que la madre es ama de casa y ha sido su cuidadora primaria, lo cual, tiene en sí mismo, un valor económico[3]. En consecuencia, no se puede considerar que la dedicación exclusiva al hogar, como opción de vida, per se, ponga en una situación de riesgo a la niña.

Esto no implica que se estén validando estereotipos en que sean las mujeres quienes se dediquen a las labores de cuidado; simplemente, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[4] reconoce –como en el presente caso, el rol de cuidado infantil respecto de la madre– ciertas realidades y las visibiliza.

Tampoco implica que una persona que solicite la guarda y custodia, y sea la persona proveedora económicamente, es decir, que salga a trabajar fuera de casa y obtenga un pago por ello, se encuentre, por ese sólo hecho, creando una situación de riesgo.

En conclusión: La Corte resolvió conceder el amparo al no haberse motivado reforzadamente la situación económica de la madre a la luz de la teoría del riesgo frente al interés superior de la niña.

Resolución y efectos de la sentencia. Ante lo fundado del recurso de revisión, se revocó la resolución recurrida y se otorgó el amparo a la madre para que la autoridad responsable emita una nueva sentencia en la que no determine la decisión de custodia únicamente con base en la condición económica o nivel educativo de la madre, y si lo hace, lo realice sustentándose en pruebas técnicas o científicas que muestren el grado de afectación a los intereses de la niña y la manera en que dichas circunstancias la hacen menos idónea para que el padre la cuide de manera apropiada.


[1] Contradicción de tesis 21/2011, resuelta en sesión de 9 de septiembre de 2013, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Párrafo 65. Nota al pie 26.

[2] Cfr. Amparo directo en revisión 466/2011.

[3] Cfr. Amparo directo en revisión 1754/2015.

[4] Cfr. mutatis mutandi Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257.

Derecho a una relación materna digna y adecuada en contexto de reclusión

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 644/2016, respecto del derecho de niñas y niños a una relación materna digna y adecuada en un contexto de reclusión.

Antecedentes del caso. El 16 de octubre de 2006, dos personas contrajeron matrimonio dentro del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla (en adelante el Centro de Reinserción Social), donde se encuentran compurgando una pena de 50 años de prisión desde el año 2001, por la comisión de los delitos secuestro, homicidio y robo.

El 18 de junio de 2011, tuvieron una niña, quien vive con su madre dentro del Centro de Reinserción Social; desde agosto de 2014, después de cumplir los 3 años de edad fue inscrita por su abuelo en un kínder cercano a su casa, con la finalidad de que pudiera iniciar sus estudios. Por tanto, la niña comenzó a salir del centro de reclusión los domingos de cada semana, regresando los días jueves para reunirse nuevamente con su madre.

El 27 de agosto del año 2014, el Director del Centro de Reinserción Social le informó a la madre de manera verbal que su hija había cumplido 3 años de edad y de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, existía un impedimento para que la niña permaneciera a su lado dentro del lugar, en consecuencia, negó su acceso al Centro.

En atención a lo anterior, la madre por propio derecho y en representación de su hija solicitó el amparo el 28 de agosto de 2014.

Tesis central. La Corte determinó que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier contienda judicial, supliendo la deficiencia de la queja en todas aquellas decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de las niñas y niños.

Asimismo, tratándose de casos de niñas y niños que habitan con sus madres en reclusión los expertos exponen que hacen falta políticas sociales y penitenciarias que incidan en las experiencias cotidianas de las y los menores que habitan en centros de reclusión, y que les permitan llevar una relación maternal digna y apropiada.[1]

En este sentido, existe un interés fundamental en que madre e hijas e hijos permanezcan juntos, y no sean separados salvo que medie alguna afectación a sus derechos y libertades fundamentales. Por tanto, el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el disfrute de la relación maternal mediante medidas de protección que permitan contrarrestar las dificultades que conlleva el contexto de reclusión.

Al respecto, la permanencia de niñas y niños en un centro de reinserción social debe evaluarse estrictamente a luz de su interés superior, así, puede ocurrir que deban abandonar el lugar porque necesitan satisfacer diversas necesidades que no dependen de la unión familiar -como recibir educación escolarizada-. Sin embargo, se destacó la importancia de mantener la relación maternal y lo devastador que resulta su separación, por lo cual el Estado está obligado a implementar una separación sensible y gradual, garantizando un contacto cercano y frecuente entre la madre e hijas e hijos, siempre que lo anterior sea lo más benéfico para aquéllos a la luz del caso concreto. 

En ese sentido, para alcanzar el pleno desarrollo del principio de mantenimiento del menor en su familia biológicacontenido en la Declaración de los Derechos del Niño-, es necesario del amor y comprensión de una familia, por lo que debe crecer bajo los cuidados y afecto de sus padres en un ambiente de seguridad moral y material.  Lo anterior responde a la necesidad de que el menor cuente con su familia como el ámbito natural en el que se desarrolla, y en donde se le proporciona la protección necesaria para su desarrollo integral.[2]

Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que:

“el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas”, de tal suerte que “[el] derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño.”[3]

De lo anterior se desprende que el Estado debe no sólo resguardar la estabilidad de las y los niños en su núcleo familiar, sino garantizar que aquellos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares. En este sentido, aun si la separación se estima necesaria por encontrarse una afectación a sus bienes o derechos, el Estado debe velar porque las niñas y niños mantengan contacto constante con sus padres y madres, a menos que ello resulte contrario a sus bienes o derechos.

En conclusión: La relación afectiva entre una niña o niño con su progenitora tiene una incidencia crucial en su libre desarrollo, esto fortalece el interés fundamental de que a temprana edad mantengan cercanía con su madre. En consecuencia, aun cuando la separación resulte necesaria, es especialmente importante que madre e hija e hijo mantengan un contacto próximo, personal y frecuente en la medida de lo posible, a menos que tal circunstancia resulte contraria a sus intereses.

Ahora, se reconoció que los centros de reclusión pueden dificultar el ejercicio del derecho de niñas y niños a disfrutar del afecto y los cuidados de su madre en condiciones apropiadas, en efecto, dichos centros no son aptos para que estén con su madre, ya que observan prácticas inapropiadas como relaciones sexuales, consumo de drogas, riñas y pleitos con frecuencia. Asimismo, el medio penitenciario es inconveniente para la constitución de las y los niños, porque los exponen a cierta violencia visual y auditiva. También, se encuentran en condiciones inseguras ante la eventualidad de levantamientos o motines.

Por otra parte, existe una ausencia de servicios como salud, educación, alimentación, cuidados especializados y alternativos, atención profesional, entre otros.[4] Asimismo, existen limitaciones con la infraestructura, tal es el caso de áreas verdes, enfermerías, guarderías, zonas de juego y de convivencia, juguetes, inter alia; todo lo cual sería positivo para el desenvolvimiento del menor.

En este sentido, el Comité de los Derechos de los Niños, manifiesta que las hijas o hijos de madres reclusas gozan de los mismos derechos que cualquier otro niño, por lo que debe impedirse que sus derechos y libertades se vean afectados como resultado de las acciones de sus padres y madres.[5]

En efecto, la presencia de la madre es esencial en las primeras etapas del desarrollo de las niñas y niños, ya sea porque son físicamente débiles y no pueden valerse por sí mismos o porque requieren sustancialmente de una interacción afectiva continúa con su progenitora.

La separación de niñas y niños respecto de sus progenitores resulta dolorosa de otras formas de separación parental debido al estigma, la ambigüedad y la falta de apoyo social y compasión. En este sentido, la interrupción puede provocar al niño la pérdida de su principal fuente de recursos emocionales y psicológicos, comprometiendo su desarrollo social, emocional y cognitivo. Así, las reacciones más frecuentes de niñas y niños incluyen tristeza, confusión, depresión, preocupación, ira, agresividad, miedo, regresiones del desarrollo, problemas de sueño, desórdenes alimenticios e hiperactividad.

Razones por las cuales la Corte determinó que el artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social de Puebla no resulta inconstitucional, siempre y cuando se interprete de conformidad con el interés superior de la niñez, a efecto de que una vez alcanzados los 3 años de edad, la separación se conduzca de manera paulatina y sensible con la niña o niño, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, se mantenga un contacto cercano y frecuente, a la luz de lo que resulte mejor para su interés.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó que el Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, debe ordenar la salida de la niña del centro de forma gradual y progresiva, de acuerdo con una evaluación de las necesidades de la menor, en virtud de lo que resulte más favorable para sus intereses.

Asimismo, la remoción debe conducirse con sensibilidad, proporcionando en la medida de lo posible acompañamiento psicológico a la niña, con la finalidad de minimizar cualquier afectación posible a su bienestar; siempre que ello sea acorde con su interés superior, por tanto, las autoridades deben facilitar que madre e hija mantengan un contacto cercano, directo y frecuente, mediante el establecimiento de un esquema de convivencia articulado con pleno sustento en las necesidades de la niña.

Lo anterior, tomando en cuenta la necesidad de la menor de recibir cuidados y afectos de su madre, sobretodo en virtud de su corta edad y en razón de la cercanía que ha tenido ella, en consecuencia, las autoridades deberán facilitar un espacio adecuado en el que puedan convivir de conformidad con las necesidades de la niña.


[1] Para un estudio nacional, véase, por ejemplo, Niñas y niños invisibles. INMUJERES y UNICEF; Comité de los Derechos del Niño, Nepal CRC/C/15/ Add.261, párr. 51 y 52.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 242, párr. 119; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A no. 17, párrs. 66,71, 72, 73 y 76.

[3] Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 27, párr. 71.

[4] El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre sus hijos. Oliver Robertson. Serie: Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas. Quaker United Nations Office, abril de 2008, pág. 33; Niños y Niñas: Presos de las Circunstancias, Oliver Robertson, Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Office, Junio de 2008, Pág. 21.

[5]El Comité enfatiza que los hijos de padres en situación de reclusión tienen los mismos derechos que otros niños. El Comité recomienda que se tomen medidas para asegurar que los niños en esta situación sean protegidos de la estigmatización. Estos niños no han entrado en conflicto con la ley. Cada niño tiene el derecho de estar con sus padres así como el derecho a la vida familiar y a un ambiente social apropiado para su desarrollo.” Comité de los Derechos de los Niños, Reporte y Recomendaciones sobre “Hijos de padres en reclusión”, 30 de septiembre de 2011, página 3.

La Era del Voto Desinformado

Por Fernanda Labastida Sánchez


Las redes sociales han dejado de ser únicamente un medio de recreación y comunicación entre familiares y amigos. Actualmente juegan un papel fundamental en la difusión de todo tipo de productos, servicios e información. Pero, desafortunadamente, esta herramienta no siempre tiene un uso adecuado y nunca sabemos quién está detrás de un nombre de usuario. Al mismo tiempo, la tecnología modifica o reemplaza muchas de las actividades humanas, por lo que modernizar nuestro sistema electoral ofrece grandes ventajas.

Enfocándonos en la política y la sociedad, sin duda alguna vivimos en una era de desinformación digital que pone en riesgo el futuro las naciones y la democracia, pues estamos envueltos en un tornado de factores que afectan el voto de los ciudadanos, muchas veces de manera errónea.

El año pasado, como muchos sabrán, se llevó a cabo una vez más un proceso electoral para designar al que fuese el nuevo presidente de México. Fue una temporada de elecciones notoriamente polarizada, donde el hartazgo de los mexicanos tuvo el papel protagónico. Así, entre hashtags y tweets, muchos expresaron su deseo de echar abajo el modelo neoliberal de los gobiernos anteriores.

Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral se adentró de lleno en las nuevas tecnologías, y no sólo eso, se apoyó en ellas para poner al alcance de todos información en tiempo real sobre lo que aconteció antes, durante y después de las elecciones. Desde la transmisión en vivo de los debates presidenciales vía Facebook, hasta el conteo de los votos el 1º de Julio con sólo hacer una rápida búsqueda en Google.

Nuestro punto en este artículo es la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías en los procesos electorales. La mayoría participamos por estos medios, algunos abusamos de nuestro derecho a la libertad de expresión para terminar en una guerra personal con desconocidos debido a las distintas posturas políticas que existían. El factor que más afectó el voto de los ciudadanos fue la desinformación, compartíamos noticias sin antes comprobar la veracidad de las mismas con tal de defender a nuestro candidato predilecto, o bien, justificar porque el otro era una mala opción como presidente.

Por esta razón, Facebook, Twitter y Google se comprometieron a regular la proliferación de fake news retirándolas lo antes posible para evitar que se hicieran aún más virales, lo irónico es que precisamente entre más compartido era un vínculo, más sospechoso era de contener falsa información. El verdadero problema de esto radica en que una sola noticia de estas podía cambiar radicalmente la decisión de los ciudadanos.

La democracia es perfectible y depende de nosotros que se realice exitosamente, no basta con el hecho de que haya aumentado la participación durante la jornada electoral, por supuesto es un excelente avance, pero debemos preocuparnos por tener un voto informado.

Todo evoluciona y cada día las tecnologías son mejoradas, reemplazando sistemas obsoletos en cualquier aspecto de nuestras vidas, lo que me lleva al siguiente punto. ¿Por qué optar por las nuevas tecnologías como el medio de votación? La mayoría no confiamos completamente en la veracidad de resultados de este modelo, pero debemos recordar que el hecho de votar con bolígrafo y papel, o con un click, no blindará un proceso electoral de los riesgos que ya existen para alterar los resultados. Sin embargo, este sistema nos ofrecería beneficios como el conteo de votos oficial, olvidándonos de los resultados preliminares. Yéndonos por el lado ambientalista, dejaríamos de lado las boletas de papel que implican tala de árboles, miles de litros de agua y basura, o incluso, en algunos casos, el uso de nuestros vehículos para desplazarnos a la casilla que nos corresponde pues podremos realizarlo desde casa.

Brasil fue el primer país en crear un sistema moderno de votación, por su parte, Estados Unidos y Canadá también se han mudado a esta modalidad. Modernizar nuestro sistema electoral sería uno de los pasos a dar para convertirnos en un país desarrollado.

¿Cuál es el impedimento? Existe mucha pobreza en México, el número de viviendas que cuentan con televisión es mayor que las que cuentan con computadoras y/o conexión a Internet. Por lo tanto, primero debemos brindar los recursos necesarios a comunidades marginadas, no basta con darles un aparato electrónico, sino enseñarles a utilizarlo y proporcionarles mejores condiciones de vida. Cerraré simplemente con que aún nos queda mucho por hacer como ciudadanos en cuanto al uso de las redes sociales, pues su uso adecuado nos permitirá fortalecer la democracia, expresar una opinión fomentando el respeto y la tolerancia. El manejo adecuado de la información que llega a nuestras manos permitirá jornadas electorales cada vez más exitosas. Al gobierno, le corresponderá velar por mejores condiciones para los desfavorecidos, para brindarles recursos y educación ofreciéndoles un lugar en las decisiones de su país, pues es su derecho por ser mexicanos.

Las instituciones de seguridad social como instituciones recaudadoras

Por Karina Elizabeth García Tufiño

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.”

Organización Internacional del Trabajo

En México existen dos grandes instituciones encargadas de la seguridad social las cuales son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE).

El ISSSTE tiene su origen en el apartado B del artículo 123 Constitucional y es el encargado como su nombre lo dice de la seguridad social de los trabajadores al servicio Estado. Junto con esta institución tenemos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) que surge de la fracción XII del citado artículo.

Por otro lado derivado del apartado A se crea el IMSS que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, según lo establece la Ley del Seguro Social en el artículo 5o, al decir que es de integración tripartita se refiere a que cuenta con representación de los obreros, los patrones y los trabajadores o como lo dice el mismo artículo de la citada ley concurren los sectores público, social y privado. En el caso del Seguro Social la institución encargada del fondo a la vivienda será el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT).

Es importante la explicación anterior ya que la institución que se constituirá como autoridad recaudadora será el IMSS, la razón es porque se encarga de la recaudación de las aportaciones a la seguridad social establecidas en el artículo 2o fracción II del Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que será un organismo fiscal autónomo y como resultado podrá recaudar, administrar, determinar y liquidar estas contribuciones.

La obligación tributaria está a cargo del patrón que es quien debe enterar a la autoridad recaudadora (en este caso el IMSS) el número de trabajadores que tiene y las aportaciones a la seguridad social que debe hacer.

La Ley del Seguro Social expresamente faculta al IMSS para determinar los créditos a su favor y las bases para la liquidación de cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, esto quiere decir que le otorga facultades similares a las que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero solamente con respecto a las aportaciones que he mencionado antes.

Lo anterior quiere decir que dentro de las atribuciones que tiene es ordenar y hacer visitas domiciliarias en las que puede requerir la exhibición de libros y documentos con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Puede también revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley del Seguro Social e incluso sancionar administrativamente a dichos contadores públicos

Otra atribución es aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. También puede hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros. Entre otras facultades que posee.

Es por lo anterior que hago la analogía con el SAT, ya que comparten funciones como autoridades recaudadoras pero el IMSS en este papel se enfoca únicamente a lo relacionado con las aportaciones a la seguridad social, la razón para hacer esto es que el tema es muy amplio ya que abarca cada relación obrero-patronal a nivel nacional, por supuesto que me refiero a las relaciones que se encuentran en la formalidad, así pues el IMSS es el encargado de realizar las funciones recaudadoras desde grandes contribuyentes como son grandes compañías (Grupo Bal, Bimbo, Liverpool, etc.) hasta las MyPimes que cuentan con algún trabajador registrado.

Un punto a destacar es que las aportaciones a la seguridad social se calculan sobre el sueldo de los trabajadores, pero es sobre el que reportan los patrones, es decir, que éstos pueden inscribir a los trabajadores con un sueldo base más bajo del que realmente perciben con la finalidad de reducir el pago que deben hacer al IMSS y una consecuencia de esto es que al tramitar las pensiones por parte de los trabajadores los cálculos no coinciden con el salario que realmente percibieron durante su vida laboral. Una forma de prevenir esto es revisar el sueldo con el cual están cotizando, en el siguiente enlace se puede sacar el reporte de las semanas cotizadas el cual contiene el salario base de cotización:

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a

Para poder hacer la consulta es necesario contar con el número de seguridad social (NSS) si no se cuenta con él se puede solicitar en las oficinas del IMSS, en caso de no ser el salario real se puede hacer del conocimiento del Instituto para que haga las investigaciones correspondientes.

Otra razón para hablar de este tema es por una reforma reciente la cual incluso ha comenzado con su campaña de proximidad y es la relativa al tema de las trabajadoras del hogar, al darles el bien merecido acceso a la seguridad social las personas que las contraten adquieren obligaciones de carácter fiscal, lo cual no es malo pero sí será interesante ver que tan exitosa es esta reforma. A continuación analizaré la mencionada reforma.

Haciendo un análisis a las normas modificadas no se ve un futuro tan prometedor como afirma su campaña de proximidad, al leer el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 01 de mayo de 2019 se observa que el primer cambio es la forma en que se les denominará antes de la reforma se les nombraba trabajadores domésticos ahora serán trabajadores del hogar.

Al leer los cambios publicados en el DOF nos damos cuenta que en muchos artículos no hay un gran cambio simplemente se hace la modificación que se comentó en el párrafo anterior o alguna corrección de estilo un ejemplo de esto es el artículo 336 que antes de la reforma establecía:

Artículo 336. Los trabajadores domésticos tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo.

Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Actualmente establece a la letra:

Artículo 336.- Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de descanso en cada semana.

Un punto importante es que en el artículo 146 el cambio es sólo de nombre pero aún dice que el patrón no está obligado a pagar las aportaciones el Fondo Nacional de la Vivienda, con lo cual se les está dejando en estado de indefensión en un tema tan importante como es tener un lugar digno en el cual vivir, derecho que está consagrado en la Constitución Federal.

Un cambio importante que encontramos es la adición de la fracción IV al artículo 337 en la cual se plasma la obligación de inscribir a los trabajadores del hogar en el IMSS y pagar las cuotas correspondientes, es decir las aportaciones a la seguridad social.

Será el IMSS quien se encargue de vigilar el cumplimiento de esta obligación que se impone a los patrones, quien recaude las aportaciones y quien establezca créditos, multas y recargos de ser el caso. Y es por esta razón la importancia de conocer la dualidad que tiene esta dependencia como la encargada de la seguridad social pero también como autoridad recaudadora ya que como se analizó en este artículo no solo es letra muerta, es el derecho que trasciende día a día en la vida de los ciudadanos.

Sobre el derecho a decidir el orden de los apellidos de los hijos e hijas

Por Daniel Landa Zaragoza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Corte), resolvió el amparo en revisión 208/2016, respecto del derecho que tienen las madres y padres de elegir el orden de inscripción de los apellidos de sus hijas e hijos ante el Registro Civil.

Antecedentes del caso. Una madre tuvo dos hijas quienes al nacer las consideraron prematuras, por lo que permanecieron tres meses en el área de cuidados intensivos de la institución médica correspondiente. Meses después, la madre y el padre acudieron a un Juzgado del Registro Civil para registrar a sus hijas, sin embargo, solicitaron a la autoridad registral que sus hijas fueran inscritas de acuerdo con el siguiente orden: primero el apellido de la madre y en segundo el del padre, sin embargo, la petición fue rechazada.

Ante tales consideraciones solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal por propio derecho y en representación de sus hijas, reclamando como actos el orden de los apellidos impuesto por el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (en adelante el Código Civil), ya que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación de las parejas heterosexuales con respecto de las parejas homosexuales. Lo anterior, en atención a que éstas últimas sí pueden escoger el orden de los apellidos que llevarán sus hijos, mientras que las parejas heterosexuales quedan obligadas por el orden previsto por el Código Civil (apellido paterno primero).

Asimismo, manifestaron que el orden de los apellidos previsto por el artículo antes citado transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres. Lo anterior, debido a que el orden previsto por la norma impugnada obedece a formulismos patriarcales desprovistos de una razón justificativa y razonable.

Finalmente, estimaron que la norma impugnada transgrede el derecho al nombre, pues impide que se rija por la autonomía de la voluntad de las personas sin justificación razonable alguna.

Tesis central. La Corte realizó el estudio de constitucionalidad en dos etapas, la primera consistió en determinar si la norma impugnada –artículo 58 del Código Civil-, incide en el alcance o contenido prima facie de los derechos invocados.

Al respecto, se consideró que la protección de la familia está reconocida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 17 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), igualmente, en el ámbito universal de derechos humanos, se ha establecido que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que merece la más amplia protección, esto se prevé en los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, se destacó que en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a respetar y preservar las relaciones familiares de la niñez.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el artículo 11.2 de la Convención Americana reconoce el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.[1] Por tanto, una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijas e hijos, ya que se crea un sentido de identidad y pertenencia a la familia, lo cual es considerado como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.[2]

Así, las madres y padres tienen derecho de nombrar a sus hijas e hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, esto no sólo implica elegir libremente su nombre, sino establecer el orden de sus apellidos.

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el derecho a la vida privada y familiar protege el derecho de la madre y padre a elegir el nombre de sus hijas o hijos, así, cuando resolvió el caso Cusan et Fazzo v. Italie, estableció que su potestad de escoger el nombre (de pila y apellidos) de su hija era un acto protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar.[3]

La segunda etapa de análisis consistió en analizar la proporcionalidad en sentido amplio de la medida legislativa impugnada, en efecto, históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder. Dada la naturaleza patriarcal de la familia, como regla general, se evitaba a toda costa la pérdida de nombre, prefiriendo tener varones y a través de acuerdos matrimoniales.[4]

Actualmente, en nuestro país las mujeres han dejado de cambiar su primer apellido por el de su marido. No obstante, ha perdurado la tradición de transmitir a los hijos el apellido paterno. Así se puede observar de un análisis a las legislaciones civiles de las entidades federativas.

Como se explicó, tradicionalmente el orden y uso de los apellidos ha denotado una posición de poder y estatus. Así, puede sostenerse que el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Lo anterior, es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará.

En ese sentido, la prohibición que establecía el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetuaba un propósito inconstitucional, pues buscaba reiterar un prejuicio discriminatorio y disminuía el rol de la mujer en el ámbito familiar.

Por lo anterior, no se encontró justificado limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos a partir de prejuicios o medidas que pretendían perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares. En consecuencia, la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal se consideró inconstitucional.

Resolución y efectos de la sentencia. La Corte determinó amparar y proteger a las personas quejosas en contra de las autoridades y acto reclamados.

Por lo tanto, las autoridades del Registro Civil deberán expedir nuevas actas de nacimiento en las que se asienten los apellidos de acuerdo al orden deseado por la madre o padre.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 170.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guillot v. France, Sentencia de 24 de octubre 1993, párrafos 21 y 22.

[3] Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cusan et Fazzo c. Italie. Sentencia de 7 de enero de 2014. párr. 55.

[4] Wilson, Stephen, The means of naming: A social and cultural history of personal naming in Western Europe, USA 1998, UCL Press, página 175.

La frontera entre la violencia y paz

Por Jacqueline Miranda de los Santos

El pasado 19 de abril, en Minatitlán[1] ocurrió un ataque que se decía era un ajuste de cuentas, sin embargo, en dicho ataque se asesinó a un menor de edad de apenas un año; el total de las víctimas fue de 13 fallecidos.

En el ataque que presuntamente se realizó por un grupo de narcotraficantes, se buscaba venganza de un hombre apodado La Becky quien era dueños de bares donde se vendía drogas. La comunidad de Minatitlán afirma que no era un ajuste de cuentas, para ellos se trata del mecanismo de imponer temor y fuerza a través de actos de violencia, su forma de reafirmar es de esa manera, y las autoridades locales siguen sin responder. La respuesta a nivel federal no es muy diferente, sólo se sigue diciendo que la violencia que hoy vivimos es la detonada por la Guerra contra el Narcotráfico, por las malas o nulas decisiones de Enrique Peña Nieto pero también lo será a causa de no querer ver la realidad que México padece por la violencia.

Hace unos días el periódico El Universal publicó un artículo llamado Pacificar a México vs construir[2] paz nos dice claramente que estudiar la violencia no es estudiar la paz ya que la ausencia de violencia no es necesariamente positivo, en otros términos se trata de construir aparatos sociales e institucionales que ayuden a construir sociedades pacíficas pero sobre todo que ayuden a mantenerlas de esa manera.

Como plasmé en el párrafo anterior entender la violencia no es garantía de paz,  pretendo en este artículo estudiar y analizar brevemente los diferentes tipos de violencia en México y cómo podrían construirse esquemas de paz, lo que es necesario establecer de primera instancia es el hecho de que la construcción de estos modelos debe hacerse de abajo hacia arriba (bottom up) porque esto justamente ayuda a que los sistemas que se generen no sean excluyentes, es decir, que ciertas clases privilegiadas no sean las únicas en gozar de paz. Este elemento es una de las principales fallas institucionales en México al construir paz, aunque en realidad los periodos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estuvieron lejos de intentar construirla sino más bien siempre fueron modelos de ataque frontal contra la violencia proveniente de la subcultura del narcotráfico, sin comprender como funcionaba desde lo más básico.

Violencia por el Narcotráfico

Propiamente la Guerra contra el Narcotráfico ha sido el detonante de una ola de violencia en diferentes estados, algunos de estos  se encuentran en disputa por diversos cárteles lo que genera enfrentamientos entre ellos, sumando los enfrentamientos de los delincuentes con los militares o policías; por parte de los militares han existido demasiadas arbitrariedades en materia de Derechos Humanos, violaciones graves en el debido proceso, y en los peores casos desapariciones forzadas y homicidios, como el caso Tlatlaya.

También es la incomodidad social ante la presencia de traficantes de drogas lo que genera violencia, es el caso específico de las autodefensas, quienes ante la ausencia de las autoridades para solucionar los problemas buscaron armarse para defender sus propiedades y vidas.

La temática detrás de esta historia es mucho más complicada que las líneas que aquí se redactan, sin embargo, con el resumido panorama es necesario para construir la paz, lo siguiente: evitar la militarización de la seguridad pública y en segundo lugar dar reconocimiento a las personas invisibilizadas en este tema, es decir, siempre que hablamos de Narcotraficantes imaginamos a personas como Félix Gallardo, Pablo Escobar y demás figuras con armas de oro y miles de millones en maletas, lo cierto es que detrás de ellos están los agricultores, muchos de ellos olvidados y condenados a carencias pero sobre todo a la exclusión social. La construcción de paz se encuentra en reconocer que son parte de nosotros y que generaron una subcultura que les permitiera subsistir a la par nuestra. La construcción de la paz forzosamente debe realizarse desde abajo además será necesario cambiar modelos económicos y jurídicos que permitan la inclusión.

La violencia y la economía

La economía es un sistema complejo, no sólo porque incide en la violencia sino también porque la violencia le afecta, en contexto el impacto en los últimos años ha sido 10 veces mayor que el gasto público destinado al sector salud, un efecto positivo en la construcción de la paz puede incidir de manera importante en la economía. El problema está en que el sistema económico actual produce y reproduce esquemas de desigualdad y exclusión, esto no quiere decir que para que el sistema sea más funcional, tengan que vivir todos en austeridad franciscana, quizá se elimine la brecha de desigualdad pero no la del número de personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

articulo jInstitute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2019

Muchos de los delitos con violencia, como lo son el robo, asalto con violencia, secuestros, entre otros son el resultado de la falta, en primer plano de educación y en segundo de la falta de oportunidades laborales; la economía de esas personas es el principal motor de motivación para actuar fuera del margen del pacto social, son parte también de la sociedad excluida pero tiene particularidades más complicadas, la paz se construye primero con políticas económicas que no sigan afectando a ese sector de la sociedad, generando empleos y oportunidades reales, no con apoyos o becas sino trabajos reales que les permita tener estabilidad, segundo acciones encaminadas a la prevención del delito a través de esquemas de cultura y educación, el tercer punto deberá contener la mayor participación ciudadana y de acuerdo a los perfiles geográficos implementar esquemas de vigilancia predictiva.

Violencia de Género

Este es un rubro demasiado amplio que en este espacio limitaré únicamente al feminicidio. Si bien el incremento de asesinatos de mujeres sucede a causa de la Guerra contra el Narco, la mayoría de los casos siguen ocurriendo a manos de familiares cercanos o personas cercanas a las víctimas, también existen casos en los que las víctimas son cazadas por completos desconocidos. En lo que va de 2019 se han reportado 227[3] decesos, siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para las mujeres, los móviles del feminicida pueden ser muchos, sin embargo, la mayoría de los casos se envuelven en rasgos primarios de una cultura machista y violenta, es cierto que pueden haber detonantes psicológicos, pero en la mayoría de los casos hay tintes culturales de odio hacia las mujeres.

La construcción de la paz desde este problema para mi representa el mayor reto, porque tal parece que se trata de guerra de identidades donde el hombre no está dispuesto a ceder posición sobre la mujer, este fenómeno se resaltó con la creación de la cuenta en Twitter  @MeTooHombresMx, misma que tras una serie de ataques de odio generalizados, encontró a la supuesta responsable del suicidio de Armando Vega Gil quien fuera mencionado en una cuenta en México del movimiento MeToo, incitando al odio hacia esa persona, y finalmente sugiriendo que ya sabían lo que tenían que hacer. La cuenta fue cerrada pero abrió una pequeña ventana que permite ver el posicionamiento de muchos hombres y mujeres en contra de ceder un poco de poder a las mujeres.

Deconstruir la cultura del machismo es el mayor reto para la paz, porque implica evitar la revictimización de los hombres respecto del empoderamiento de la mujer, conlleva el comprender que el feminismo no busca la castración, pero sobre todo que renunciar a ciertos privilegios no los coloca en posición jerárquica respecto de las mujeres. Después de comprender esto los nuevos esquemas culturales podrán dar paso a la edificación de la paz.

En este sector, y en los anteriores es necesario también buscar nuevos modelos de justicia, es decir que sean eficientes y eficaces pero ante todo que no revictimicen a los denunciantes, esta es una de las principales causas por las que muchos mexicanos no realizan denuncias. Tampoco es necesario aumentar los delitos en el código penal o las sanciones a aplicar, esto sólo genera un efecto de paz negativa, porque las acciones no son realizadas por el temor a la sanción o castigo; actualmente ni siquiera la constitución de la paz negativa es suficiente para controlar la violencia.

articulo j1

México necesita mejores prácticas para la administración pública, lo que nos lleva a permitir la participación ciudadana y un gobierno más abierto y transparente. Nuevos modelos económicos no excluyentes, la aceptación de los derechos de los demás y la comprensión discursiva de generar estrategias de abajo hacia arriba.

artículo j2

Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2019

Lo cierto es que tenemos dos posibilidades de acción, u optamos por construir modelos de paz o accedemos a seguir tratando de eliminar la violencia en cualquiera de sus caras, si optamos por la segunda es posible traspasar las frontera con un verdadero infierno donde las reglas de cualquier tipo no importen, en el infierno de la violencia no hay pacto social, y la única garantía de sobrevivir es usar más violencia. Si la violencia es poder, la paz es resistencia y habrá que apostar por reconstruir desde aquí, más allá del discurso.

[1] Véase más en: https://www.animalpolitico.com/2019/04/minatitlan-veracruz-aumento-homicidios-estadisticas/

[2] Meschoulam, M., Pacificar a México vs Construir la paz, El Universal, 20-04-2019 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-meschoulam/nacion/pacificar-mexico-vs-construir-paz

[3] Cifras tomadas de: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/feminicidios-no-paran-reportan-227-decesos-en-primer-trimestre-de-2019-3371365.html

El acceso a la información pública en Redes Sociales

Por Daniel Landa Zaragoza[1]

A partir del siglo XXI las tecnologías de la información han impactado la vida de las personas, pues se han generado nuevos canales de comunicación a nivel mundial, por ejemplo: las redes sociales, tales como Twitter que es una plataforma virtual que brinda un servicio de comunicación bidireccional que permite crear y compartir información de forma rápida y gratuita entre quienes la utilizan, dando acceso a su contenido únicamente a las personas que se les autorice para tal efecto, o bien, de forma pública.

En ese sentido, las interacciones que se realizan todos los días en la comunidad virtual, no se encuentran ajenas a una regulación jurídica, pues resulta necesaria la intervención del Estado en los casos que se violenten derechos y libertades fundamentales de las y los usuarios de las redes sociales.

Al respecto, el pasado 20 de marzo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el recurso de revisión 1005/2018, interpuesto por el Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante Fiscal General), en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz (en adelante Juzgado de Distrito); la ratio decidendi del caso consistió en ponderar el derecho a la privacidad de las y los servidores públicos y el derecho de acceso a la información en la red social Twitter.

Antecedentes del caso

Un periodista se percató que el Fiscal General bloqueó el acceso a su cuenta de Twitter, impidiéndole el acceso a la información que compartía en su cuenta personal, cuyo contenido es de carácter público y de interés general.

Por lo anterior, el periodista promovió juicio de amparo indirecto en contra del bloqueo de su cuenta de Twitter, pues consideró que tal acción constituye un acto arbitrario, innecesario, desproporcional y discriminatorio, ya que impedir el acceso a la información cuyo carácter es de interés general, violó en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo, expresó que dicho bloqueo violó su derecho a la libertad de expresión, ya que se le impidió -en su calidad de periodista-, acceder a la información pública que compartió el Fiscal General (considerada autoridad responsable), con la ciudadanía respecto del desempeño de su cargo público.

El Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia correspondiente en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, al considerar que, si una servidora o servidor público decide utilizar su cuenta personal para informar a la ciudadanía, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a su cuenta a cualquier usuario, en consecuencia, determinó que el Fiscal General violó el derecho a la libertad de expresión del periodista, ya que las publicaciones compartidas son el reflejo de las actividades desempeñadas en ejercicio del cargo que ostenta.

Igualmente, el Juzgado de Distrito estimó que bloquear la cuenta de Twitter del periodista violó su derecho a estar informado, por tales motivos, los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta del periodista y permitirle el acceso a la información que comunica a la ciudadanía.

Al respecto, inconforme con dicha resolución el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz interpuso recurso de revisión, el cual admitió a trámite el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, sin embargo, el Juzgado de Distrito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), que ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver dicho recurso de revisión; en ese sentido, la Segunda Sala de la SCJN resolvió ejercer la facultad de atracción.

Consideraciones

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la cuenta de Twitter del Fiscal General es utilizada para difundir información personal, así como las actividades que desempeña como servidor público, por lo que bloquear la cuenta del periodista impidió conocer los datos de relevancia social, en consecuencia, dicha restricción violentó de forma personal y directa su acceso a la información.

Lo anterior, es así, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información se encuentran íntimamente relacionados, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda información en posesión de alguna autoridad solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público, además, toda persona tiene acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de éstos. Asimismo, los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantizan la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), ha creado jurisprudencia vinculante para el Estado Mexicano, siendo los principales precedentes del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: Gomes Lund y otros vs. Brasil; Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina; Ricardo Canese vs. Paraguay; y, Claude Reyes y otros vs. Chile.

En dichos casos, se concluyó que no son derechos absolutos, toda vez que pueden estar sujetos a restricciones a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores para su ejercicio, pues la profesión de periodista implica buscar, recibir y difundir información, la cual debe ser garantizada por los Estados a través de los principios de máxima divulgación y publicidad.

Ahora, por lo que respecta al derecho a la privacidad, la Corte IDH estableció que se conforma por dos elementos, el primero, reconoce que las personas deben mantener su ámbito personal ajeno de toda injerencia o intromisión por parte de terceros extraños, el segundo, respeta el derecho de mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar su difusión.

Es por ello, que la SCJN en diversos precedentes ha establecido que existen datos que guardan relación con aspectos que la ciudadanía desea conocer, como son las actuaciones de las y los servidores públicos respecto de las acciones que realizan en función de sus actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, pues se encuentran expuestos a un control riguroso de particulares.

Resolución y efectos de la sentencia

La Segunda Sala de la SCJN resolvió amparar y proteger al periodista en contra de los actos de la autoridad responsable y determinó que el Fiscal General debe desbloquear la cuenta de Twitter del periodista y permitirle el acceso permanente a su cuenta, incluso en el caso de que el servidor público no ostente un cargo público. Igualmente, por otro lado si la autoridad responsable se niega a desbloquear dicha cuenta, el Juez de Distrito se encuentra facultado para tomar las medidas necesarias para requerir directamente a la red social Twitter a través de su representación en México con la finalidad de eliminar el bloqueo de la cuenta del periodista, siempre y cuando no presente un comportamiento abusivo que justifique legitimante el bloqueo.

En conclusión, las autoridades que tengan una cuenta en Twitter deben considerar qué tipo de información comparten con la ciudadanía, ya que la opinión pública en las democracias actuales es indispensable para garantizar que las y los periodistas gocen de condiciones adecuadas para el desempeño de sus labores, por lo que bloquear una cuenta en dicha red social violenta el derecho de acceso a la información pública.

 

[1] Maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Federal, Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Es docente, investigador y especialista en derechos humanos; los temas de investigación son: Casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el juicio de amparo; y, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares.

Contacto: daniel.landaz@hotmail.com