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Revista creada por egresados, alumnos y maestros de la UNAM y otras Universidades de renombre. Nuestra misión mover al hombre con información.

El trabajo en la administración pública

Por Karina Elizabeth García Tufiño

La intención de escribir estas líneas es simplemente hacer una reflexión sobre lo que es la administración pública, el servicio público, lo que significa ser un servidor público pero sobre todo contestar cuestionamientos como: ¿cuáles son las razones de las personas para dedicar su vida a trabajar para el gobierno? ¿Serán realmente las razones adecuadas, están cumpliendo sus obligaciones de la mejor manera? ¿Los servidores públicos son tratados de una manera adecuada, decorosa, laboralmente justa?

Comencemos con una parte un poco técnica a modo de introducción y para que el lector pueda estar en contexto sobre las consecuentes reflexiones. Primero vamos a entender que son la administración pública y el servicio público, para esto nos ayudaremos de las definiciones del Dr. Jorge Fernández Ruiz, comenzaremos con la administración pública a la cual entendemos como:

El conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado.[1]

En este orden de ideas el servicio público es:

Toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo, deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona. [2]

Ahora que sabemos lo que es la administración pública y el servicio público podemos hablar de la parte humana, los servidores públicos que son las personas encargadas de llevar a cabo esas actividades que conforman el servicio público para lograr una administración pública sana, eficaz y eficiente. Pero ¿cuál es la motivación para convertirse en un servidor público? ¿Existen motivaciones que podrían denominarse correctas o incorrectas y éstas pueden llevar a las personas a ser buenos o malos servidores públicos?

La motivación para trabajar en la administración pública debería (en mi opinión) ir más allá del deseo de tener un trabajo estable, en el que tengas un sueldo seguro cada mes o quincena, debería tratarse de personas que quieren hacer las cosas de una manera distinta para lograr un cambio en la sociedad, con una visión moderna del trabajo y del trato a los empleados.

¿Por qué creo todo esto? Para comenzar, cuando una persona simplemente va a ganarse el dinero pueden suceder dos cosas: la primera que efectivamente cumpla con su trabajo de manera responsable o como suele suceder que simplemente esté ahí para cumplir con un horario. Al hablar con personas que tienen varios años en el servicio público una de las primeras referencias positivas que me han dado es el tener un ingreso fijo, seguro, pago de prestaciones, vacaciones seguras; sin embargo al saber del gusto por hacer algo distinto, por emprender un proyecto social o académico, un negocio propio o alguna actividad que te prive de estos beneficios sueles escuchar comentarios como: te la pasas haciendo caridad o primero consigue algo estable y ya que tengas eso piensa en emprender, pero me resulta difícil pensar en emprender cuando tienes un trabajo burocrático que te absorbe durante 10 o 12 horas diarias.

Actualmente el servicio público se ha demeritado en la conciencia social, cuando la población piensa en los servidores públicos no siempre viene a su mente la gran responsabilidad que tienen ni las arduas jornadas de trabajo se piensa en personas que simplemente están en una oficina gravitando en la nada. Ésta reflexión me lleva a reflexionar en las personas que yo conocí en mi transitar por la administración pública y en lo que he compartido con otras personas que están inmersas en ese mundo.

Un buen porcentaje de personas que trabajan en la administración pública tienen una hora de entrada pero no hora de salida, pasan en ocasiones más de 12 horas en una oficina, frente a una computadora; es algo que las personas que trabajan para el sector privado rara vez se encontrarán en su camino ya que para los patrones son muy claras las reglas del juego marcadas en la Ley Federal del Trabajo. Pero para un servidor público muchas veces no se aplican esas mismas reglas a pesar de que su patrón es el mismo Estado. En la iniciativa privada cuando el jefe te pide quedarte más allá de tu horario de trabajo obtienes un beneficio que se puede traducir en el pago de horas extras, un día de no asistir al trabajo o salir temprano pero en el trabajo de gobierno no es así porque tú ya sabes que es así.

Por alguna razón toda esta corriente tan fuerte del trabajo por objetivos, la salud física y psicológica de los trabajadores no ha logrado permear en el sector público. Aún se explota a los trabajadores y se les hace cumplir con un horario establecido aun cuando hayan terminado sus tareas en un lapso de tiempo menor. ¿Acaso los servidores públicos no son personas que merecen tener los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad? ¿No son  madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, parejas de alguien? ¿No tienen familia o algún ser querido que los extraña o los necesita en su hogar? Creo que es indispensable cambiar ese paradigma y con eso tal vez consigamos personas que vean al servicio público como un lugar de crecimiento laboral sano, sin pensar que deben estar en todo momento haciendo algo sin importar si su jornada debió terminar 2 o 3 horas atrás.


[1] FERNÁNDEZ RUIZ J, Derecho administrativo, México, 2016, pp 94. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/16.pdf 

[2] FERNÁNDEZ RUIZ J, Derecho administrativo, México, 2016, pp 248. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/16.pdf

Feminista de familia machista

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

Se creería que los actos de violencia son algo que llega esporádicamente en alguna etapa adulta de nuestra vida, sin embargo estos nos acompañan desde muy jóvenes y se van normalizando porque crecemos inmersos ellos, ¿cuántas veces no hemos escuchado dentro de nuestras propias casas, de boca de nuestros padres y/o familiares las siguientes frases? “Su lugar está en la cocina”, “Ya sabe cocinar, ya se puede casar”, “Eso no es de señoritas”, “El rosa es de niñas”, “Búscate un marido para que te mantenga”, “Ya se te está yendo el tren”, “Vas a ser una mujer realizada hasta que tengas hijos”, entre otras tantas con las que nos han bombardeado y adoctrinado hasta hacernos creer que eso es el ideal para nosotras como mujeres, algunas de estas creencias están basadas en lo llamado moralmente correcto mientras se les acompaña de machismo puro, asignándonos ya un lugar, ocupaciones y una meta en la vida que va encaminada a ser ama de casa y procrear bajo un comportamiento socialmente aceptable, una sociedad claramente machista.

Es impensable que nuestra propia familia nos minimice por el simple hecho de ser mujeres pero estos actos pueden ser tan sutiles que los adoptamos y repetimos generación tras generación haciendo caso omiso a la forma en que estos pequeños gestos sexistas se van perpetuando casi desapercibidamente. A los roles de género o como ahora se les conoce “micromachismos”, que no por su tamaño les debemos restar importancia, derivan en total machismo y el asignarles otro nombre que los minimiza solo es el eufemismo del patriarcado para disfrazar lo que siempre ha sido machismo puro.

¿Por qué asignarnos un color? El rosa por lo regular va acompañado de adjetivos como bonita o princesa que refieren un contexto de fragilidad y a la constante historia de que debemos ser rescatadas por un hombre que está relacionado al azul ya que va acompañado de fortaleza y valentía.

¿Por qué sentirnos afortunadas si nuestra pareja nos ayuda en las labores del hogar? ¿Qué no se supone que ambos viven en una misma casa y deben ser adultos funcionales? Es decir, que ambos deberían estar capacitados para llevar a cabo cualquier labor doméstica y que por el simple hecho de ambos ser habitantes de un hogar el trabajo dentro de él debería ser equitativo y no estar asignado por completo a nosotras por el hecho de relacionar estas actividades a los roles de género de la mujer.

Así podríamos enumerar un sin fin de actitudes que empiezan con micromachismos y que conforme vamos creciendo adoptamos como una regla general que debe regir nuestras vidas, la cual que vemos con total normalidad y sino rompemos esa línea crecemos con la idea de que, por ejemplo al no tenemos hijos no servimos como mujeres, que necesitamos un hombre para estar completas o que el matrimonio es la mayor aspiración de una mujer; pero llega un momento en el que nuestra mente y nosotras encontramos un camino donde ya no es necesario que nadie nos oriente y podemos conseguir esa independencia ideológica que tanto buscamos todos y decidimos qué aplicar a nuestra forma de vida y romper con esa cadena de actitudes que por años e históricamente nos ha reprimido y minimizado.

Es difícil ser o convertirse en una mujer feminista cuando vienes de un hogar marcado por tintes machistas pero no es imposible romper los lazos que nos atan a perpetuar estas acciones. Lo primero es identificarlas y dejar de minimizarlas pues en el momento que no les damos la importancia debida o pensamos que es algo tan pequeño que no nos hace tanto daño las seguiremos llevando a otro plano de nuestras vidas, siendo reprimidas desde lo ideológico para después llevarlo a la práctica en otros aspectos más grandes pues una simple frase como “corres como una niña” o “lloras como niña” nos taladra la cabeza, la repetimos sin darle mayor importancia pero si lo analizamos refieren a que debilidad es sinónimo de ser mujer y por el lado que se vea está mal y seguramente más de una de nosotras lo ha dicho inconscientemente, eso son los micromachismos que construyen dentro de nosotras barreras que nos impiden vernos fuera de un futuro libre de estereotipos limitadores.

En el momento que derribemos esas barreras nos abriremos a la posibilidad de crecer y poder compartir con la sociedad una visión más incluyente, donde dejemos de ser sinónimo de fragilidad y se nos comience a ver con fortaleza; generemos empatía dejando de normalizar actos violentos ya sea físicos o verbales, no compartamos mensajes en forma de chistes en redes sociales que aunque muchas veces se manejan  como inofensivos son el pequeño conducto para hacer más que notorio que es una costumbre y por lo tanto está permitido hacer de esto una mofa.

No somos la generación de cristal, somos la generación del cambio, esto es un tema que nos ocupa y preocupa a todos y si por muchos años se acostumbró hacer de la violencia un tema de risa hoy se ha decidido acabar con eso, deconstruirnos para desaprender cada uno de estos micromachismos que tenemos todos interiorizados y es responsabilidad de cada uno trabajar en ello.

Hablemos de ingeniería petrolera

“Recuperación de pozos”

Por Saraly Miranda de los Santos

Un tema del que poco se habla y es muy importante dentro de la industria de los hidrocarburos son los métodos de recuperación, los cuales son necesarios involucrar en la vida útil de los yacimientos para lograr tener un mayor tiempo de vida; primero es importante entender a qué nos referimos con métodos de recuperación.

Dentro de los diferentes tipos de recuperación podemos encontrar los métodos de recuperación primarios, en donde se usará la energía natural del yacimiento. Cada uno contará con un empuje y expansión natural tanto de líquido como gas, se contará también con la segregación natural y con las entradas de agua que tenga dicho yacimiento.

La recuperación del aceite se dará gracias a que el gradiente de presión será tan alto que obligará al aceite a fluir hacia el exterior, pero esto sucederá siempre y cuando el espacio que va dejando libre el aceite sea ocupado por otro material para que así el gradiente de presión se mantenga alto y el aceite siga fluyendo. Este tipo de recuperación se tiene gracias a alguno de los siguientes mecanismos:

Empuje por gas en solución: lo que sucede aquí es que el gas liberado no va a fluir a los pozos, sino que se acumulará formando pequeñas burbujas las cuales por la declinación de la presión llegarán a formar una fase continua lo que ayudará a que el flujo del gas llegue al pozo. El gas liberado llena totalmente el espacio desocupado por el aceite producido. En este caso mientras que la permeabilidad al aceite disminuye la permeabilidad al gas aumentará por lo que el gas fluirá más fácilmente que el aceite debido a que es más ligero, menos viscoso y su trayectoria es por la parte central de los poros.

Recuperado de: https://www.slideserve.com/suki-weaver/fundamentos-de-ingenier-a-de-yacimientos-propiedades-volum-tricas-de-los-fluidos

Empuje por la expansión del líquido y la roca: usualmente ocurrirá en yacimientos bajosaturados. El aceite, el agua congénita y la roca se expandirán lo que ayudará a que el aceite sea desalojado del yacimiento. En este tipo de empuje la liberación de gas disuelto ocurrirá en la tubería de producción, la saturación prácticamente no variará, la porosidad, permeabilidad y viscosidad disminuirán ligeramente, gracias a estas circunstancias el índice de productividad se mantendrá constante

Recuperado en: https://www.emaze.com/@ATZZTCTI

Empuje por casquete gaseoso: consiste en una invasión de la zona de aceite por gas lo cual provocará el desplazamiento del aceite hacia los pozos productores, para que esto suceda se necesita una alta saturación de gas y un continuo crecimiento de la zona que esté ocupada por el casquete de gas. La recuperación de este tipo de yacimientos va del 20 % al 40 % del aceite contenido y en caso de que exista segregación se puede llegar a recuperar más del 60 %.

                Recuperado de: https://www.emaze.com/@ATZZTCTI

Empuje por entrada de agua: El agua será el agente principal debido a que será la encargada de invadir y desplazar el hidrocarburo, desde las fronteras hasta los pozos productores, si el empuje es lo suficientemente fuerte para mantener la presión del fluido permitirá que el aceite sea casi totalmente recuperado por el desplazamiento con agua. La recuperación varía entre el 35 % y el 75 % del volumen original de aceite en el yacimiento.

Recuperado de: https://www.emaze.com/@ATZZTCTI

Empuje por segregación gravitacional: este tipo de empuje puede ser considerado como una modificación de todos los demás, aquí la segregación gravitacional es la tendencia del aceite, gas y agua que se distribuye por el yacimiento conforme a sus densidades. Estos yacimientos tendrán condiciones propicias a la segregación de sus fluidos.

Recuperado de: https://www.emaze.com/@ATZZTCTI

Combinación de empujes: Durante la vida útil los yacimientos no solo presentan un único mecanismo de desplazamiento. Por ejemplo se puede tener un yacimiento en el que al inicio presente un empuje por gas disuelto, después presente un empuje por gas asociado, después de un tiempo en el que el yacimiento deja de contar con estas características se puede contar con una entrada de agua para tener el empuje necesario hacia la superficie.  

Recuperado de: https://www.emaze.com/@ATZZTCTI

Cuando el yacimiento ya no cuenta con esta energía natural se tiene que recurrir a los métodos de recuperación secundaria los cuales ayudarán a incrementar la energía natural y esto se dará por medio de inyección de diferentes fluidos, los cuales pueden ser tanto agua, gas y una combinación de estos dos. Sin embargo para ciertos yacimientos de aceite pesado en arenas y lutitas estos métodos no son suficientes por lo que se deben de aplicar métodos de recuperación mejorada de aceite (EOR).

Los métodos de recuperación mejorada serán por procedimientos que usen fuentes de energía que provenga del exterior, o materiales que no son producidos por los medios convencionales. Estos sistemas son clasificados por:

Térmicos: Este tipo de métodos son utilizados en yacimientos que tienen aceite de muy alta viscosidad debido a que los aceites con estas características reaccionan muy bien a altas temperaturas. Casi el 60 % de los yacimientos con aceite de muy alta viscosidad serán recuperados con este sistema.

  • Estimulación con vapor: Uno de los métodos con mayor éxito dentro de la recuperación mejorada será esta estimulación. Consiste en inyectar el vapor a un alto ritmo pero en un corto tiempo. Lo que sucederá aquí será que el vapor remojará al aceite y esto ayudará a que fluya o que pueda ser bombeado de una manera más fácil. Este proceso se puede repetir hasta que deja de ser económicamente rentable. 

Recuperada de: https://elpetroleoysusavances.wordpress.com/2016/12/01/recuperacion-termica-para-crudos-pesados-a-traves-de-procesos-de-estimulacion-iavcefp/

Combustión in-situ: Se inicia con una combustión o desplazamiento con lumbre y la inyección de aire para mantener la combustión. Dentro de este proceso podemos encontrar también la combustión progresiva en donde se usará inyección de agua y aire, debido a que son los fluidos más baratos y abundantes. Debido a la combustión que se tendrá alrededor del 10 % del aceite original se quema, esta zona llega a adquirir una temperatura de aproximadamente 600°C.

Recuperada de: http://combustioninsitu.blogspot.com/2010/07/los-procesos-de-combustion-in-situ-han.html

Inyección de vapor: El vapor será continuamente inyectado para ayudar a reducir la viscosidad del aceite y así mover el fluido hacia la superficie, es así como se formará una zona de vapor que irá avanzando lentamente.

Recuperada de: http://avibert.blogspot.com/2012/10/inyeccion-ciclica-de-vapor-douglas.html

No térmicos: Este tipo de métodos consisten en la inyección de un solvente o gas que sea miscible con el aceite. El fluido desplazante utilizado puede ser un solvente hidrocarburo el cual tendrá la capacidad de mezclarse con el aceite. Por ejemplo gas enriquecido, propano o gas licuado de petróleo.Empuje de gas: El principal elemento en este método será inyectar CO2 al yacimiento; a diferencia del empuje de gas por vaporización este método cubrirá un rango más amplio de componentes por lo que este gas es aplicable en un rango más amplio de yacimientos a una presión miscible más alta.

Inyección de miscibles: Se inyectará hidrocarburo ligero para formar una invasión miscible. Podemos encontrar tres métodos efectivos en este tipo de inyección: usando un bache de gas licuado de petróleo, método de gas enriquecido y método de empuje de gas a alta presión.

Inyección de químicos: Por lo general se inundará el pozo con nitrógeno y gas de combustión, serán usados estos componentes debido a lo económico que son. Se decidirá si se ocupan componentes miscibles o inmiscibles esto dependerá de la presión y composición del aceite.

El papel del legislador local en el Estado Constitucional

Por Roberto de Jesús Salas Cruz

Resumen: Esta investigación parte de los postulados del garantismo de Luigi Ferrajoli, se pretende identificar si el legislador ordinario tiene obligaciones positivas respecto a las normas constitucionales y cuáles serían éstas, sobre todo las que confieren derechos fundamentales. Se analizarán las causas para afirmar que, efectivamente dichas obligaciones existen, así como para definir cuál es el rol que juegan en el modelo constitucional de Derecho y por qué es que dicho poder -el legislativo- es el principal obligado y por ende, principal responsable del respeto/violación a los Derechos Humanos.

Palabras clave: Estado constitucional, poder legislativo, derechos fundamentales, garantías.

El estado constitucional de Derecho es ese paradigma normativo donde toda la producción y actividad jurídica se encuentra circunscripta y vinculada a las formas y contenidos estatuidos en las constituciones nacionales, generalmente escritas, rígidas y que ocupan la cúspide de las fuentes formales.

Dichas constituciones gozan de fuerza normativa, entendida esta última como “la aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores”[1].

Víctor García afirma que dicho modelo de Estado: “se erige sobre la base del reconocimiento y promoción de la dignidad de la persona humana y de la democracia como expresión ideológica, institucional, programática y cultural”[2].

Así, siendo la constitución un verdadero instrumento normativo, participa de la naturaleza de toda norma jurídica y vincula al Estado y los particulares al respeto de sus contenidos, los cuales se dividen en una enunciación de derechos fundamentales y en la división y demarcación de las competencias de los órganos del poder público.

Por ello, el Estado constitucional toma la legitimación y justificación de su existencia y actos del respeto que tenga por las cláusulas constitucionales. El derecho constitucional -nos dice Raúl Ferreyra- “no es ni más ni menos que el estudio de las formas en que el Estado debe quedar sometido al derecho”[3].

A partir de estas notas, hasta cierto grado intuitivas para quienes se dedican al estudio y práctica del derecho, podemos tomar el aparato conceptual de Luigi Ferrajoli para analizar qué rol tiene, por imposición lógica y sobre todo normativa, el legislador ordinario en este modelo de Estado.

Debemos primeramente comprender que para este prolijo autor que es Ferrajoli, en el derecho positivo las normas y situaciones jurídicas son causadas, es decir producidas por actos jurídicos, provenientes de la voluntad de las autoridades normativas facultadas para hacerlo[4], y además, organizadas estructuralmente en grados[5], es decir, dada la sujeción de la legislación y demás poderes ordinarios a las formas y a los significados sustanciales de la Constitución, aquellos quedan infraordenados a estos últimos, dependiendo su existencia y validez de la conformidad que tengan a dichas formalidades y dichos significados. En otras palabras, existe una suprasubordinación de los poderes ordinarios a la Constitución.

En esta misma línea, agrega Ferrajoli que dicha estructura en grados “impone la coherencia y la plenitud de la legislación respecto de la constitución”[6] lo que se refleja en la no contradicción entre normas producidas y normas constitucionales y en la implicación [lógica] de los actos normativos de nivel inferior según los requerimientos de las normas de nivel superior. Esto es, los principios de coherencia y plenitud en el derecho positivo imponen que la producción legislativa no vaya en contra de las disposiciones constitucionales y que los actos que las normas constitucionales implican o tienen implícitos sean positivamente producidos por la misma legislación a efecto de dotar de desarrollo a las cláusulas constitucionales y darles operatividad.

Así, por el hecho de que las normas jurídicas se añaden al sistema jurídico por actos de la autoridad es que el sistema jurídico es dinámico. Es decir, el derecho como sistema deóntico y a la vez normativo es un sistema nomodinámico, donde las normas, como ya se mencionó, “no son deducidas de otras normas, sino producidas por las autoridades competentes”[7].

La principal consecuencia de esto es que, en el Derecho, contrario a los sistemas puramente deductivos, como la geometría, y los cerrados, como la moral, los principios lógicos no siempre son satisfechos, de forma que “antinomias y lagunas estructurales no sólo existen de hecho, sino que no pueden no existir entre normas de distinto nivel a causa de la diferencia que necesariamente siempre subsiste entre deber ser normativo y ser efectivo del derecho”[8].

Es decir, los principios lógicos mencionados deberían ser satisfechos en la construcción y aplicación del Derecho, sin embargo, siempre es posible que dicha satisfacción sea ignorada puesto que el desarrollo normativo ordinario no se deduce necesariamente de las normas supraordenadas, sino que deben ser introducidas por la autoridad, es decir, no consisten en un mero acto de la razón, sino, sobre todo en un acto de la voluntad.

Así las cosas, estos principios lógicos “no consisten (…) en principios internos del derecho positivo (…) al no estar expresados ni explícita ni implícitamente por normas jurídicas. [Son más bien principios] que imponen al derecho positivo, como principios externos al mismo, la lógica que éste no tiene de hecho pero que, de derecho, debe tener”[9].

Lo anterior es de vital comprensión ya que precisamente en la prevención de antinomias y la colmación de lagunas es que consiste el papel del legislador ordinario.

Ahora bien, el modelo constitucional de corte garantista, se compone de una serie de “límites impuestos en garantía del principio de igualdad y de los derechos de libertad, cuya violación por acción da lugar a antinomias, es decir a leyes inválidas que requieren ser anuladas mediante la intervención jurisdiccional; y de vínculos impuestos esencialmente en garantía de los derechos sociales, cuyo incumplimiento por omisión da lugar a lagunas que deben ser colmadas por la intervención legislativa”[10].

En breves palabras, el legislador al momento de crear una norma e incorporarla al sistema jurídico, no debe producirla de tal forma que contraríe las formas y contenidos sustanciales de la constitución, so pena de invalidez; asimismo debe crear las normas, esto es, establecer con precisión las obligaciones, prohibiciones, sujetos y plazos (las garantías primarias y secundarias) con los cuales ha de satisfacerse algún derecho constitucionalmente reconocido, con el riesgo de caer en una laguna de no hacerlo así.

De esta forma, gracias a la imposición normativa de los principios lógicos de coherencia y plenitud al Derecho, es que el legislador tiene positivamente “la obligación de introducir las garantías primarias y secundarias correlativas a los derechos fundamentales [constitucionalmente] estipulados”[11], garantías que consisten en las obligaciones y prohibiciones respecto a los derechos fundamentales, y en la obligación de reparar y sancionar judicialmente las violaciones a tales derechos[12].

Es decir, la tarea del legislador ordinario es desarrollar normativamente los Derechos y Principios Fundamentales heredados por el Constituyente de forma tal que permitan la operativización de los mismos, mediante la identificación de los sujetos vinculados y las prohibiciones y obligaciones idóneas para su satisfacción, así como estar dentro del margen permitido por los contenidos formales y sustanciales de la Constitución.

Así, evitar antinomias y colmar lagunas son la obligación constitucional más importante del legislador pues mediante ello se asegura la eficacia constitucional y la satisfacción de los derechos fundamentales.

De otra forma la estipulación constitucional de los derechos quedaría desprovista de operatividad y dichos derechos serían meras ilusiones, promesas a lo sumo, que no lograrían pasar del papel a la realidad. Por ello, siempre a todo derecho fundamental (que genera una expectativa positiva cuando se trate de derechos sociales, o negativa cuando se trate de derechos político-civiles) deben recaerle las obligaciones positivas o prohibiciones negativas respectivas que permitan que tales derechos sean ejercidos por sus titulares, así como desarrollar los mecanismos jurisdiccionales idóneos para sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos.

De ello se deriva que “aunque las constituciones son pródigas en la promesa de ´derechos´, estas promesas solo son serias (esto es, susceptibles de quedar satisfechas en concreto) si van acompañadas de la identificación de los deberes correspondientes y de los sujetos, públicos o privados a quienes se imputan”[13].

Por ello, antinomias y lagunas (la indebida producción de normas inválidas que se hallan en contraste con la Constitución y la omisión de producción de las leyes de actuación de las normas constitucionales y, en particular, (de las garantías) de los derechos sociales)[14] que en su conjunto conforman lo denominado por Ferrajoli como “derecho ilegítimo”[15], imponen a la ciencia jurídica dos tareas fundamentales: la crítica y la proyección.

Crítica en cuanto al derecho inválido, esto es, frente a las normas producidas en violación de lo constitucionalmente dispuesto por la contradicción de sus contenidos de forma y sustancia, debiendo establecer las técnicas de anulación o invalidación de los actos prohibidos que la violan. Proyectiva frente al derecho inexistente pero que debiera existir, esto es, frente a las omisiones del legislador en violación de lo constitucionalmente dispuesto para ser desarrollado, por la falta de imposiciones de las prohibiciones y obligaciones que deben recaer como garantía a los Derechos Fundamentales, debiendo establecer las técnicas de coerción y sanción contra la omisión de las medidas que satisfacen los derechos fundamentales, obligando a su creación e introducción[16].

“Se trata de una obligación, por así decirlo, de segundo grado, dado que pesa sobre el intérprete o sobre el legislador como ´obligación de obligar´ (o de ´prohibir´), esto es, de encontrar e introducir la modalidad [obligación o prohibición] que constituye la garantía [de algún derecho fundamental] que falta”[17].

En breves palabras la ciencia jurídica es una ciencia crítica y proyectiva en cuanto a su objeto: el Derecho mismo, puesto que debe criticar sus antinomias y lagunas como un vicio, y proyectar las técnicas adecuadas para expulsarlas[18].

Los derechos fundamentales, sus garantías primarias (las obligaciones positivas y prohibiciones negativas que los satisfacen) y garantías secundarias (los órganos y procedimientos encargados de anular, invalidar o sancionar las violaciones a las garantías primarias) son, pues, el aparato crítico y proyectivo fundamental del orden jurídico[19], pues a través de ellas puede darse cuenta tanto de la existencia, como de la vigencia, validez y efectividad de las normas, y por ende, de la legitimidad y constitucionalidad de los actos y omisiones estatales y de particulares, pues todo ello se resume, a final de cuentas, al grado de apego y respeto a dichas disposiciones constitucionales.

El responsable, pues, la mayoría de las veces, de los vicios e inefectividades del Derecho es el poder legislativo, pues su defectuosa o inexistente actividad impide el disfrute de los derechos fundamentales, al no desarrollarse las cláusulas constitucionales y por tanto no ejecutarse los derechos, ni tener vías idóneas para reclamar tal imposibilidad.

La tarea del legislador es por ende el estudio crítico y proyectivo de su desarrollo legal para introducir las garantías necesarias a fin de que los derechos fundamentales no sean solo derechos ilusorios. Una tarea y, por tanto, una responsabilidad muy grande llevan en sus hombros quienes ocupan un lugar en los Congresos y Cámaras, pues de ellos depende, en primer lugar, la operatividad de la Constitución y la legitimación del Estado así como la efectividad del Derecho.

El garantismo, en tanto referente teórico del Estado constitucional, se define como “el conjunto de técnicas idóneas para asegurar el máximo grado de efectividad a los derechos constitucionalmente reconocidos”[20]. Técnicas que como hemos visto, quedan grandemente confiadas al legislador ordinario. He ahí su importante rol, y su tremenda responsabilidad.

Sin embargo, es necesario para tal fin profundizar en los estudios tanto de teoría como de técnica legislativa, esto para sortear los problemas a que se enfrenta el legislador al momento de configurar una norma[21] tales como, en el ámbito político, la determinación de en qué casos conviene resolver problemáticas sociales mediante normas generales y en cuáles es conveniente dejar su solución a jueces u órganos administrativos y ponderar los intereses en juego dentro de cualquiera de estas alternativas; y en el ámbito técnico, es decir en la configuración racional de la norma, problemas referentes a la adecuada determinación lingüística para no caer en ambigüedad o vaguedad; una correcta aplicación de la lógica, para no caer en vicios como los anteriormente mencionados (contradicciones, lagunas y redundancias); y problemas referentes a la dinámica del sistema, es decir a los procedimientos de promulgación, derogación y abrogación. Sin olvidar el apego que deben tener a los contenidos sustanciales (que conforman la parte estática) y formales de la constitución, que en conjunto crean la supralegalidad del sistema jurídico. En general el estudio de la teoría de la legislación “tiene como objeto el ámbito que abarca desde el momento de asumir la decisión política hasta el instante en que esta se concretiza mediante su incorporación e impacto al ordenamiento jurídico en forma de ley”[22], y cuyos beneficios al funcionamiento del Derecho consisten en el reforzamiento del principio democrático, la facilitación de la interpretación (al dar mayor peso a los antecedentes del acto legislativo y la prevención en los fallos del procedimiento legislativo) así como la formación de mejores juristas[23].

Por otro lado, hace falta también diseñar los mecanismos para constreñir al legislador a legislar -valga la redundancia- cuando su falta de actividad torne imposible o muy difícil el acceso a los derechos, sobre todo los derechos sociales, que requieren para el goce de sus contenidos un desarrollo legal posterior.

Para ello, para el control constitucional de las omisiones legislativas, sostengo, será necesario eliminar el requisito de un mandato constitucional expreso para legislar en un sentido determinado, y más bien permitir el estudio con libertad de apreciación, de si las situaciones de hecho o estados de cosas derivados o producidos por dicha inactividad son lesivas a los derechos fundamentales reconocidos, y en un ejercicio, no de usurpación de funciones, sino de vigilancia al respeto constitucional, y de coordinación de poderes, el poder judicial -como garante máximo de la constitución-, debería poder intimar al legislativo a actuar de forma tal que vuelva operativos tales derechos, a través de las diversas vías que la doctrina y la práctica han diseñado[24], o bien mediante mecanismos no jurisdiccionales que permitan a la sociedad civil presentarse frente a las Cámaras o Congresos a exponer la necesidad de dicha legislación.

Sin embargo, eso corresponde a otro estudio. Baste por ahora el hecho de haber identificado las obligaciones lógico-jurídicas del legislador ordinario: la introducción positiva de las garantías adecuadas para la satisfacción de los derechos fundamentales.

Bibliografía

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Haz clic para acceder a DOXA_42_01.pdf

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Ferrajoli, Luigi, “Las garantías constitucionales de los Derechos Fundamentales”, España: Doxa, núm. 29, 2006. Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9954/1/Doxa_29_01.pdf

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Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, España: Trotta, 2010.

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Sagüés, Néstor, La interpretación judicial de la constitución, México: Porrúa, 2016.

Santiago, Gonzalo, “Racionalidad y argumentación jurídica legislativa”, en Báez, Carlos et. al., Estudios sobre interpretación y argumentación jurídica, México: UNAM, 2010.

Zapatero, Virgilio, “De la jurisprudencia a la legislación”, España: Doxa, núm. 15-16, 1994. Disponible en https://doxa.ua.es/article/view/1994-n15-16-de-la-jurisprudencia-a-la-legislacion


[1] Sagüés, Néstor, La interpretación judicial de la constitución, México: Porrúa, 2016, p. 19.

[2] García, Víctor, Teoría del estado y derecho constitucional, Perú: Adrus, 2010, p. 162

[3] Ferreyra, Raúl, Notas sobre derecho constitucional y garantías, México: Porrúa-UNAM, p. 92.

[4] Ferrajoli, Luigi “Lógica, método axiomático y garantismo”, España: Doxa, núm. 42, 2019, p. 17.

[5] Íbidem, pp. 17-18.

[6] Íbidem, p. 18.

[7] Ferrajoli, Luigi, “Para una refundación epistemológica de la teoría del derecho”, España: Anales de la cátedra Francisco Suárez, núm. 44, 2010, p. 427

[8] Íbid.

[9] Ídem, p.  428

[10] Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principalista y constitucionalismo garantista”, España: Doxa, núm. 34, 2011 p.  25

[11] Ferrajoli, Luigi, “Las garantías constitucionales de los Derechos Fundamentales”, España: Doxa, núm. 29, 2006, p. 28

[12] Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, España: Trotta, p. 43

[13] Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris t. I. España: Trotta, 2011, p. 186.

[14] Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 10, p. 26

[15] Íbidem, p. 25

[16] Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 12, p. 25

[17] Ferrajoli, Op. Cit. 13, p.  190.

[18] Ferrajoli, Luigi, Op. CIt. 12, p. 28.

[19] Es decir, son el foco central de la semiótica del derecho. En la obra de Ferrajoli se definen las dimensiones sintáctica (referente a los elementos de cálculo lógico dentro de la teoría general del garantismo), semántica (referente a la dogmática jurídica, es decir los contenidos formales y sustanciales concretos de las normas jurídicas y sus componentes) y la pragmática (referente a la justificación de los elementos de la teoría garantista y a la crítica y proyección del derecho). Para una comprensión más plena de la teoría general del Derecho en el garantismo de este autor véase Ferrajoli, Luigi, Op. Cit. 13, sobre todo su introducción y los dos primeros capítulos (referentes a la teoría axiomatizada, la deóntica y al Derecho positivo).

[20] Ferrajoli, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, España: Trotta, 2010, p. 374.

[21] Cfr. Santiago, Gonzalo, “Racionalidad y argumentación jurídica legislativa”, en Báez, Carlos et. al., Estudios sobre interpretación y argumentación jurídica, México: UNAM, 2010, pp. 308-309.

[22] Mora, Cecilia, “Teoría de la legislación”, en Cecilia, Mora y Elia Sánchez, Teoría de la legislación y técnica legislativa”, México: UNAM, 2012, p. 11.

[23] Cfr. Zapatrero, Virgilio, “De la jurisprudencia a la legislación”, España, Doxa, núm. 15-16, 1994, pp. 779-785.

[24] Cfr. Sagüés, Néstor, Op. Cit., pp. 183-192; Luna, Pablo, “Hacia la senda de una transformación constitucional: Suprema Corte de Justicia de la Nación”, México: Blog del Centro de Estudios Constitucionales, 2020.

La falta de perspectiva jurídica en la investigación

Por Ana Sofía Reyes Chávez

La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de dichos límites, en lo imposible.                                                 

Arthur Clarke

Como parte del ciclo de 7 problemáticas sociales que sufren las ciencias exactas, hoy se pone sobre la mesa: La falta de perspectiva jurídica que hay en la investigación científica.

La frase hacer hasta lo imposible para cumplir nuestros sueños como mujeres y hombres de ciencia, a menudo se puede confundir con hacer hasta lo ilegal para poder lograrlo. Y lo peor es que sucede sin darnos cuenta.

Las leyes de la naturaleza son fuertes y no suele haber quién las cuestione, sería rarísimo que alguien entre en debates de si el protón puede o no decaer en niveles de energía más bajos. La gente no debate sobre ello porque no sabe, no tiene conocimiento suficiente para hacerlo, sin embargo, sí lo hace por ejemplo con la política a pesar de que forma parte de las ciencias sociales y esto es porque las personas viven inmersas en ella. Estamos de nuevo ante una perspectiva parcial que sigue perpetuando la idea de que las ciencias exactas son superiores y solamente pueden ser tocadas por una élite por lo que el derecho no debería ponerle un alto a la ciencia.

Para comenzar con este tema partimos de uno de los pilares de la ciencia: el método científico de René Descartes. En su famoso discurso los fundamentos del método son una respuesta al funcionamiento de un mundo absoluto creado por dios. También establece que la ciencia se hace usando la razón, la cual define como un don divino que debe ser utilizado. Así, hay interpretaciones muy comunes de las enseñanzas de Descartes que pueden caer hoy en día en afirmar que:

Todo el mundo tiene talento y si no lo usa es un desperdicio.

El sentido de la vida aumenta mientras vayan aumentando las citas de las investigaciones.

La dignidad humana no existe, lo que existe es la producción humana y entre más, mejor.

Al hacer ciencia, Descartes recomienda reducir los fenómenos complejos a sus naturalezas simples. Si intentamos reducir la complejidad del ser humano, nos encontramos con que solamente son cuerpos vivos que requieren de alimento y que secretan desechos. Hemos visto ya las consecuencias que trae no considerar que los cuerpos son más que eso, lo vemos a diario en las noticias.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Reino Unido en el año 2003, cuando se descubrió que durante casi 30 años los cerebros de 48.000 ex pacientes de depresión y discapacidad mental fueron extraídos de sus cuerpos sin el consentimiento de sus familiares para hacer una investigación local. Se dice que esto se hizo en nombre de la ciencia y ha sido de gran ayuda para entender el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, si son tan racionales ¿por qué tomar la decisión de hacerlo a escondidas? ¿Por qué no solicitar a las autoridades y familiares los permisos necesarios? Pareciera que el hecho de saber que habrá un beneficio para quien investiga lo vuelve irracional.

Dejando de lado la discriminación a las mujeres (que es un problema enorme) implícito el discurso de Descartes, tenemos también que tomar en cuenta al acatar el método científico que no considera jamás cuales serían las repercusiones legales de hacer hipótesis y confirmarlas o desmentirlas. Sería prudente considerar la posibilidad dentro del mundo de las ciencias exactas de ver al derecho como una ciencia jurídica que tenga que ser conocida y su uso se arraigue en quienes quieren hacer de la ciencia su lugar en el mundo.

El último paso de la investigación es la verificación; este es el paso más riesgoso si se le aplica el método científico a las relaciones sociales. Como hombres y mujeres de ciencia, necesitamos verificación de si existimos, si nos quieren, si podemos amar. Afecta tanto las relaciones que se llega a exigir a como dé lugar una confirmación del sentimiento porque la ciencia no acepta por sí sola a una emoción, necesita de confirmación de la razón. Así, hay muchas formas científicas y lógicas de establecer comunicación y recibir verificación, pero se olvida que algunas de ellas son ilegales. Ni siquiera se olvida, simplemente no se considera, porque las ciencias exactas no ven a la norma como una parte de la ciencia del derecho sino como un impedimento para el progreso, una burocracia innecesaria que aplica solamente a ciertos grupos o sectores, lo que no intuye es que dentro de la realidad del mundo es más que eso. Esta visión increíblemente parcial y discriminante que existe en la investigación científica puede cambiar con ayuda de las instituciones de hoy en día que formarán la ciencia del futuro. 

Últimamente se ha visto con la contingencia sanitaria del Covid 19 la desesperación de quienes tienen estudios en inmunología, biología molecular y epidemiología; desesperación que es originada por la desinformación que la gente está propagando con el tema, porque ponen en riesgo la vida de todo el país al decir que no existe o que es un invento. Esto nos puede ayudar a ver con claridad que las ciencias sociales han tenido que pasar por eso toda la vida;  se cuestiona la cultura, la forma de convivir, las leyes, las formas de hacer política, las consecuencias sociales de cometer actos ilegales y una gran cantidad de etcéteras.

Objetivo 1 de la Agenda 2030 de los ODS: Fin de la pobreza

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

El objetivo número 1 como bien lo indica su nombre tiene la finalidad de erradicar la pobreza, es importante establecer que no sólo se refiere a la pobreza económica, ya que ésta va más allá del poco o nulo ingreso que pueda percibir una familia o los bienes que pueda poseer, esta pobreza también abarca el hambre, la malnutrición, falta de vivienda digna y el poco acceso a servicios básicos como agua potable, educación, salud o electricidad.

Este objetivo se vuelve uno de los más grandes ya que de ahí parte la sensibilización sobre muchas carencias de las que en ocasiones somos poco conscientes, pues los lugares donde se vive en condiciones de extrema pobreza se sitúan en regiones apartadas como sierras, lo cual genera que los niveles de marginación, discriminación y exclusión social aumenten derivando en la falta de participación en la toma de decisiones que afectan sus circunstancias.

Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas familias luchan por satisfacer las necesidades más básicas. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de humanos viven con menos de US$1,90 al día (2015) y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico acelerado de países como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.

Los avances también han sido limitados en otras regiones como Asia Meridional y África subsahariana, donde vive el 80% de la población mundial que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Además, nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la inseguridad alimentaria necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza. (UNDP México, 2020)

Una de las medidas que se pretende adoptar para acabar con esta pobreza es el crecimiento económico inclusivo, donde se puedan crear empleos sostenibles y dentro de estos buscar la igualdad de oportunidades. Los sistemas de protección social deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas económicas inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a erradicar la pobreza extrema en las zonas más empobrecidas. (UNDP México, 2020)

¿Cuáles son algunos de los retos que enfrenta México?

  • Es necesario aumentar la tasa de ocupación y calidad de los empleos, particularmente para la población que vive en situación de pobreza.
  • Debe contar con un sistema de protección social universal que atienda las necesidades de la población.
  • Es necesario atender a la población microempresaria de acuerdo a sus necesidades y a sus características específicas.
  • Es fundamental fortalecer políticas y programas que atiendan las necesidades específicas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas adolescentes y migrantes.

¿Qué se está haciendo?

PROSPERA: Es la principal estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza en México. Su objetivo es contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.

Programa de Fomento a la Economía Social: Es un programa federal que contribuye a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el sector social de la economía.

Política Nacional de Inclusión Financiera: Tiene como objetivo desarrollar conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero, así como ampliar la cobertura de sus servicios. (Secretaría de Gobernación, 2020)

Este objetivo debería tomar gran relevancia sobre todo en este momento de cuarentena, ya que por motivos de la reciente pandemia miles de empleos se han visto afectados, desde despidos injustificados hasta pequeñas empresas que se han visto obligadas a cerrar por las medidas emergentes a la crisis sanitaria que se han tomado; causando estragos en el mercado laboral no sólo de México sino de todo el mundo donde las MiPyMEs y el comercio informal han sido los más afectados, dejando sin ingresos a millones de familias, lo que ocasiona pérdidas catastróficas y amenazando su solvencia económica.

Todo lo anterior ha provocado que países implementen medidas para estimular la economía y ayudar a estas personas a que el confinamiento no afecte tanto su bolsillo, sin embargo esto también va a depender de cuanto se siga alargando el confinamiento y es aquí donde retomamos el punto de las regiones más vulnerables, es momento de que el gobierno voltee a ver a los sectores más desprotegidos del país; donde en su mayoría se mantienen del comercio informal, siembra y demás labores de campo que se seguirán viendo afectadas. El gobierno y nosotros mismos debemos tomar acciones tendientes a la estimulación económica, a la eliminación de la brecha salarial (donde las mujeres, las jóvenes e indígenas son los sectores más afectados), buscar la creación de nuevos empleos de forma gradual y que se les proporcionen servicios de salud pública, dotándolos de medios para garantizar que no entren en el número de población que se encuentra en pobreza.

Covid 19 y la demanda de protección a la salud del personal de la salud

Por Miguel Ángel Tamayo Rodríguez

La pandemia causada por el virus SARS-CoV 2 ha provocado la muerte de 252,301 personas en el mundo, mientras que el número de personas con el virus asciende a 3.6 millones. En México las cifras ascienden a más de 42 mil  contagios y más de 4 mil muertes confirmadas.[1] Asimismo, el número de personas infectadas que han requerido hospitalización en México alcanza el 40.14 % y 59.86 % han recibido atención ambulatoria[2].

La atención hospitalaria representa un gran riesgo de infección para el personal de la salud debido a que el virus es altamente contagioso. Las Secretarías de Salud, y del Trabajo y Previsión Social elaboraron una clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo, donde destaca que los médicos, enfermeras, dentistas, y laboratoristas expuestos a altas concentraciones de fuentes de transmisión del virus (personas con la enfermedad e instrumental médico contaminado) tienen un riesgo muy alto de contagio. Los médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cadáveres, choferes y personal de ambulancias, así como el personal de intendencia con alto potencial de exposición a estas fuentes, conocidas o sospechosas, tienen un riesgo alto de infección del virus SARS-CoV 2[3].

Además, parte de los trabajadores de la salud presentan condiciones personales preexistentes a la pandemia que los vuelven más vulnerables que el resto de la población ante un posible contagio del virus SARS-CoV 2, tales como tener más de 60 años de edad o padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas, entre otras, asociadas a un incremento de letalidad[4].

Ante el riesgo de contagio de COVID-19 al cual está expuesto el personal de la salud, específicamente quienes laboran en hospitales civiles y militares, institutos de investigación, clínicas familiares, y demás instituciones convertidas en centros de atención de personas que padecen esta enfermedad, el Estado tiene el deber de hacer realidad su derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o constitucional. Es lo mínimo que se le puede exigir en un momento donde miles de trabajadores están poniendo en riesgo su salud y su vida todos los días al intentar salvar a otros.

Durante las últimas semanas han ocurrido diversas manifestaciones por parte de trabajadores de distintas instituciones de este sector donde son atendidas personas con COVID-19. La inconformidad de los trabajadores ha sido la falta de equipos de protección personal (cubrebocas N95, mascarillas KN95, batas, guantes, googles, etc.). Sin embargo, hay quienes ante esta falta de estas herramientas, necesarias para atender a los enfermos de COVID-19, han optado por la vía jurídica para hacer efectivo su derecho a la protección de la salud. Esto ha generado una oleada de demandas de amparo ante Jueces de Distrito y quejas ante las Comisiones de Derechos Humanos quienes han otorgado suspensiones de plano y ordenado analizar los casos para establecer medidas precautorias, respectivamente, para salvaguardar este derecho de los trabajadores de la salud.

Las demandas de amparo ante jueces federales y las quejas en las comisiones de derechos humanos, han sido promovidas por el personal de la salud por dos razones principalmente. En primer lugar, un grupo de demandas de amparo y quejas ha versado sobre la vulnerabilidad por condiciones preexistentes a la pandemia y por la excepcionalidad del trabajo en casa contenido en el acuerdo publicado el día 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. En éste se dispuso que los servidores públicos mayores de 60 años de edad, o que padecieran enfermedades crónicas no transmisibles como pulmonar, diabetes, hipertensión, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardíaca, entre otras, podrían trabajar desde casa, con excepción del personal de las instituciones o unidades administrativas que presten servicios públicos de salud. El otro tipo de demanda de amparo o queja versa sobre la falta de equipo de protección personal de los servidores públicos que están afrontando la pandemia.

En ambos casos los jueces han otorgado la suspensión de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos de importante peligro de privación de la vida de los trabajadores de la salud. El efecto inmediato de la suspensión de plano es que los servidores públicos no acuden a laborar; los primeros por ser más vulnerables al COVID-19  a causa de algún padecimiento como los ya mencionados, y los segundos por estar en riesgo de contagio por la falta de equipo de protección personal durante la prestación de sus servicios en el contexto de la pandemia.

Mientras que en el caso de los trabajadores de la salud del primer grupo de demandas de amparo o quejas, parece razonable y apegado a la apariencia del buen derecho, entendida ésta como un mandato de optimización de los fines constitucionales relativos a la protección de la Salud, por presentar un grado de vulnerabilidad mayor al resto de la población; en el caso de los trabajadores de la salud que aducen la falta de equipo de protección personal pareciera no existir dicha correspondencia. Si a todos los trabajadores que acuden en busca de amparo aduciendo que no tienen los elementos de protección personal para ejercer su labor se les concede la suspensión de plano por estimarse que es la única manera de proteger el derecho a la protección de la salud, se ocasionaría que los hospitales se queden sin personal y que, ante el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 se afecte el derecho a la protección de la salud de pacientes, y con ello se afecte también el interés social. Más razonable parece una posible suspensión provisional, en tanto la autoridad responsable informa acerca del acto reclamado, con la finalidad de proteger la salud tanto de los pacientes como del personal de las instituciones de salud.

La reflexión sobre estas demandas implica por un lado, la consideración de si el personal de la salud que presenta condiciones preexistentes que generan mayor vulnerabilidad pueden ser obligados o no a presentarse a laborar en centros de atención de pacientes con COVID-19, entendiendo que dichos servidores públicos tienen la preparación para proteger su propia salud al ejercer su profesión, y por otro lado que aquellos trabajadores que reclaman la entrega de protección personal sean dotados de los elementos mínimos indispensables para afrontar la pandemia con la mayor seguridad posible sin ocasionar que los hospitales carezcan de personal durante los juicios de amparo. También, es necesario que los jueces federales que tienen en su escritorio estas demandas de amparo valoren el interés individual de los quejosos y el interés social en el contexto extraordinario de la pandemia permitiendo optimizar ambos intereses.


[1] Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos al día 05 de mayo de 2020, véase: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

[2] Información de la Secretaría de Salud al día 5 de mayo de 2020, véase:  https://coronavirus.gob.mx/datos/

[3] Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 actualizada al 24 de abril de 2020, consultada el 5 de mayo de 2020 en

https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19

[4] Véase el trabajo realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México que muestra que el 30% de las defunciones por COVID 19 en México padecían obesidad, 40% diabetes, 8% diabetes, hipertensión y obesidad, 6% enfermedad cardiovascular, 9% tabaquismo, etc. Información consultada el 5 de mayo de 2020 en https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/73880e59efc14359abfb281d6aafb9f5

ABLACIÓN -LA PESADILLA DE LAS MENORES MUSULMANAS-

ACCIONES, ESTRATEGIAS, LEY.

Por Ariadna Lizbeth Cruz Martínez

El término más conocido dentro del contexto de este artículo es el de Circuncisión femenina, dentro del argot cultural es denominado excisión, ya que determinarlo como mutilación genital es rechazado por muchas etnias y/o culturas.

Dentro del contexto Internacional esta situación es una transgresión a los derechos de la mujer, ya que dicho procedimiento consiste en la eliminación total o parcial de los genitales femeninos, u otro tipo de lesiones en éstos órganos por razones culturales o prácticas no terapéuticas[1].

Sería egoísta no hablar de este tema sólo por no ser parte de esta cultura o por estar lejos de las regiones donde se practica; es terrible justificar la praxis sólo por razones de fe, de cultura o de normas sociales, no es un desprecio a sus costumbres, es poner sobre la mesa un tema que como práctica lastima y daña a niñas y mujeres.

Es una lucha para eliminar las condiciones de sometimiento que hacen a las mujeres ser seres discriminados, humanos sin derechos que a la vez continúan en silencio. Mujeres egipcias entre los 15 y los 49 años conforman el 70 % de la población que ha sido sometida a este procedimiento antes de cumplir los 12 años, siendo el rango de edad en niñas y adolescentes de 4 a 14 años o incluso en recién nacidas de un año. Una estadística hipotética, según las Naciones Unidas en 2014, estimó que 86 millones de mujeres de los 27 países Africanos, así como en partes de Asia y Oriente Medio donde está sumamente arraigada dicha práctica, podrían morir en el año 2030.

Es común que quien obliga a llevar a cabo esta praxis en dichas culturas, sea otra mujer, comúnmente es la madre quien somete a su hija o hijas a la mutilación genital en algunas de las regiones en donde se lleva a cabo. Es necesario centrarnos en el argumento de que dicha práctica constituye violencia en contra de las mujeres y niñas, ya que se realiza con el fin de que cuando sean esposas no sean infieles, o incluso para que su virginidad llegue intacta hasta el matrimonio y así contar con la aprobación de Dios.

Siendo sinceros las menores no suelen tener la posibilidad de escoger si son o no sometidas a prácticas tradicionales peligrosas y que se contraponen a su derecho de integridad y decisión sobre su propio cuerpo, tendiendo a legitimar este tipo de acciones. Es el simple y complejo hecho de generar conciencia y poder difundir información sobre los daños que hay en la Mutilación Genital Femenina (MGF).

Gracias al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), en acciones conjuntas con países como Egipto, Senegal, Somalia o Sudán, se han promulgado leyes que penalizan prestar apoyo para realizar éstas prácticas, así mismo se ha creado un plan de acción y una estrategia nacional que consiste en la capacitación a trabajadores de la salud, maestros, profesionales de comunicación, representantes de ONG que brindan apoyo a mujeres y dirigentes religiosos, para erradicar el acto de mutilar; también incluye la capacidad de los médicos, e incluso practicantes locales o ejecutores que lo heredan tradicionalmente, para tratar posibles complicaciones durante el parto y la facultad de rechazar esta práctica.

En el año 2016 se crea la Primera ley contra La Ablación, en Gambia, aprobada en diciembre de ese mismo año, en dicha norma se penaliza a los médicos que la realicen y a los padres que facilitan la práctica (Quintáns, 2020). En esta legislación se contempla:

  • Prisión de 7 años.
  • Prisión de 15 años si resulta en discapacidad o muerte.
  • Multa de 50,000.00 dólares.
  • Cárcel permanente en casos de fallecimiento de la menor.

Año 2020: partiendo de que el 22 de abril se estableció la Legislación Penal en Sudán donde se prohíbe; se da otro gran paso histórico. (Velarde, 2020) Quien lleve a cabo este tipo de práctica social, ya sea en un establecimiento médico o en otro lugar, ahora pueden enfrentar: (“In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed”, 2020) 3 años de prisión y una multa.

Se piensa que esta praxis tiene un respaldo:

  • Psicosexual.

Ejemplo: En República de Indonesia se dice que:

Las musulmanas a las que no se les realiza, no serán aceptadas por Dios.

Las niñas a las que NO se les han practicado; pueden sufrir problemas mentales y discapacidades.

  • Sociológico: Identificación con la herencia cultural, la iniciación de las niñas a la edad adulta, la integración social y la preservación de la cohesión (unión o relación) social.
  • Higiénico o estético: se considera que los genitales externos de la mujer son poco limpios y antiestéticos, y por tanto se eliminan para promover la higiene y proporcionar un atractivo estético.
  • Religioso: Bajo la creencia equivocada de que la religión lo exige, siendo que no en todos los casos es así.

Para concluir quiero hacer referencia al Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio manifiesta que:

“Cuando los derechos humanos fundamentales no están protegidos, los Estados y sus ciudadanos tienen más posibilidades de sufrir situaciones de conflicto, de pobreza y de injusticia. También indica que siguen siendo formas comunes de malos tratos.

(…)

Y todas las demás prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad o bien de los géneros o en funciones estereotipadas de los hombres y las mujeres.

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA, (2020) p. 2


REFERENCIAS

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/files/genitalfemenina.pdf

In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/africa/sudan-outlaws-female-genital-mutilation-.html

Quintáns, J. (2020). Gambia aprueba su primera ley contra la ablación. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://elpais.com/elpais/2016/02/05/planeta_futuro/1454693799_953731.html

Velarde, D. (2020). Sudán prohíbe la mutilación genital femenina y da un paso histórico hacia los derechos de la mujer » Intriper. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://intriper.com/sudan-prohibe-la-mutilacion-genital-femenina-y-da-un-paso-historico-hacia-los-derechos-de-la-mujer/?fbclid=IwAR1ILDtZ-d8d2-0lWvmYXAYKUEQmdC2hY7DHwUfG2fmem54kMGNO0lybnF0


[1] La mutilación / escisión genital de la mujer, ONU (mayo 2006) véase más en: https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FGM_sp.pdf

De una ciencia dura a una ciencia humana

Por Ana Sofía Reyes Chávez

Recordemos la famosa educación de J. S. Mill, el filósofo, uno de los más notables. Conocía los idiomas más leídos de su época, los autores más destacados en la filosofía y en la ciencia, pero no se le había educado en el sentimiento. Creía que su vida no tenía sentido.                                                                                                                                                Graciela Hierro Pérezcastro, 2004, p. 126

Es importante resaltar que esta sección y este artículo parten de la idea de que la ciencia no se hace sola, la hacen personas. Tampoco se toma en cuenta aquella ciencia que se realiza desde computadoras y programas generados automáticamente, sino de aquella hecha por seres humanos que a veces son orillados a serlo en menor medida, por entregar su vida a la ciencia. Se rechaza la admiración tóxica que la cultura y la sociedad nos enseñó a tener hacia seres humanos que se asemejan más a una máquina, o bien que producen más, que funcionan mejor; ya que esta admiración es deshumanizante. 

Desde su origen, las ciencias exactas han servido para establecer las teorías de las ciencias sociales. Esto se puede ver de forma muy clara con el inicio de la sociología como una física social, también se observa si se analizan los conceptos de las ciencias sociales; es común ver que para cada concepto existe su análogo matemático.

En el entendido de que las ciencias sociales usan muy a menudo soluciones tecnológicas o modelos matemáticos para resolver problemas sociales, es prudente preguntarse, ¿es esta una relación recíproca?, ¿de qué manera las ciencias exactas podrían resolver sus problemas con ayuda de las sociales? ¿Por qué sería importante hacerlo?

Algunos de los problemas más evidentes que tienen las ciencias exactas en nuestro país hoy en día son:

  • Las condiciones de trabajo de quienes hacen investigación científica y/o se dedican a la docencia en estas disciplinas.
  • La falta de perspectiva jurídica en la investigación.
  • La desigualdad de género.
  • La falta de recursos monetarios.
  • La forma en que se lleva a cabo la explotación del medio ambiente.
  • Las expectativas de la comunidad estudiantil que hace ciencia.
  • La salud mental de quienes realizan avances científicos.

En la primera parte  de estos artículos para esta sección, se profundizará acerca del primer punto: Las condiciones de trabajo de quienes hacen investigación científica y/o se dedican a la docencia en estas disciplinas.

Quienes se desarrollan en la academia de las ciencias en México están bajo un estrés impresionante, aun aquellas personas que solamente hacen labores docentes; pero el verdadero problema es cuando hacen las dos actividades. Cuando las labores docentes no concluyen al salir del aula, el docente  tiene que darse el tiempo de revisar tareas, resolver dudas, preparar clases, hacer exámenes, analizar cada procedimiento de todo el alumnado, asistir a reuniones académico-administrativas, a fiestas de la institución, llenar papelería. Todo esto se sobrepone a su investigación científica, y entre esta y la vida cotidiana, a veces se va la existencia.

Según la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología del INEGI publicada en 2017, el 82.4% de la población estudiantil del país tiene interés en temas de desarrollo científico y tecnológico. Esto indica que el problema se tiene que solucionar pronto de forma efectiva, porque los estudiantes no van a renunciar a la vida en la ciencia, aún si tienen que sacrificar su estabilidad emocional y social.

Entre la comunidad científica estudiantil estamos quienes haremos la ciencia mexicana en el futuro, existe una tendencia fuerte a desarrollar admiración hacia las personas que más se esfuerzan y que menos se desarrollan en el ámbito social. Pareciera que existe un condicionamiento a vivir de forma cerrada a lo externo, rechazando incluso la comunicación familiar y social, extendiéndose desde el alumnado hasta los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores – Conacyt.

Este estrés puede ser combatido con una conciencia social de integración en las áreas de trabajos. A menudo quienes hacen ciencia y docencia en México trabajan en cubículos pequeños, laboratorios con medidas de seguridad, pero no medidas de tranquilidad emocional, el horario no es fijo y se trabaja muchas veces hasta que se termine o hasta que el cuerpo aguante restándole importancia en gran medida a la parte de su vida social y de su desarrollo humano.

Es necesario considerar que el problema se tiene que visibilizar y aceptar como tal, para luego proponer soluciones que por supuesto tienen que venir de una ciencia social que las avale. Continuaremos la siguiente semana con el punto dos.

La dinámica del miedo en la sociedad

Por Jacqueline Miranda de los Santos

No se necesita un motivo para tener miedo […] Yo me

asusté, pero está bien tener miedo sabiendo por qué

Émile Ajar

Cuando un ser humano se enfrenta a sus más grandes temores, parece que escapa la racionalidad de sus manos activando partes del cerebro que le permiten estar relativamente a salvo. Uno de los miedos más grandes proviene de las condiciones dadas por la naturaleza ya que algunas son completamente impredecibles y los efectos que generan pueden ponernos en una situación de vulnerabilidad, algunos ejemplos son: Un terremoto o la presencia de un nuevo virus.

La vida líquida de acuerdo con Bauman, pasa y se desliza lentamente de un estado a otro y de un episodio a otro teniendo la sensación de que entre un día y otro, o un episodio y otro hay cierta claridad, causando la impresión de tener estabilidad; lo cierto es, que el futuro no es más que una ficción que nos dota de esperanza para neutralizar ciertos miedos, pero que nunca nada en el futuro será tan aparentemente real como lo que vivimos en el momento que sentimos o creemos que sucede.

En este punto es pertinente hablar sobre el Síndrome Titanic, el cual consiste en el horror de sentir que uno cae por las rendijas de la corteza, o que la humanidad se precipita desprovista de las condiciones que le dan estabilidad a la nada misma. El problema dentro de la temática del Titanic fue el caos que se ocasionó al saber que no había los suficientes elementos para que todos se pudieran salvar, había ausencia de un plan de evacuación así como salvavidas insuficientes, ese elemento, ese algo que detona ciertas conductas humanas que nos llevan a sentir miedo, siempre subyace de lo oculto o de lo que sencillamente el humano se niega ver.  El temor que aquí emana proviene del miedo al colapso o a una catástrofe que nos golpeé sin importar nuestra condición actual, pero sobre todo que esta situación nos tome desprevenidos y sin defensas.

El temor de ser la víctima o el blanco seleccionado, el temor a quedarse atrás, el miedo incluso a la exclusión no son parte únicamente del imaginario sino de una realidad que hoy vivimos no sólo a través de noticieros sino que posiblemente se vuelva una experiencia. Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, se imaginó que en algún momento los niños eran vacunados contra el miedo pero no cualquier miedo sino el miedo a la muerte; la muerte lleva dentro de sí una serie de calificativos como irreparable, irremediable o irrevocable, e incluso hemos oído a muchos decir, todo tiene solución menos la muerte.

Es por ello, tal vez, que en estos días hemos visto una serie de comportamientos que se califican como irracionales, ante la posibilidad de morir por COVID-19, personas han tomado lysol o cloro; se hacen compras generando desabasto; se rocía cloro o se les pide a los trabajadores del sistema de salud que se vayan a vivir a otra parte, les gritan que se alejen porque llevan en su ropa el virus.

El coronavirus, no sólo se presentó dejando abiertas puertas que nos permiten ver las debilidades de nuestros gobiernos sino también, nos permiten ver que ante la sensación de ser vulnerables nos rige el miedo dotando a la idea de la muerte elevada autoridad, olvidando que medidas esenciales, nos pueden regresar a estar fuera de esa vulnerabilidad.

Dice Bauman:

La humanidad dispone hoy en día de todas las armas necesarias para cometer un suicidio colectivo: es decir, para aniquilarse a sí misma llevándose consigo el resto de la vida sobre el planeta.

Bauman Z., (2010) Miedo Líquido,la sociedad contemporánea y sus temores, México, Ed. Paidos.

Si el miedo rige a todos los humanos del planeta no tardaremos en extinguirnos, si nos da temor un virus, la posibilidad de salvarnos depende de las instrucciones que dan los expertos no del dañar a los trabajadores del sistema de salud, para que ellos no nos contagien; si nos da miedo la escasez el desabasto no nos salva en unas semanas no necesitar para comer. La prevención es una herramienta eficaz que nos puede ayudar a evitar ciertas situaciones que nos ponen en peligro, pero ninguna política, ninguna medida puede evitar una catástrofe si seguimos comportándonos de manera egoísta para salvarnos a nosotros mismos.