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Revista creada por egresados, alumnos y maestros de la UNAM y otras Universidades de renombre. Nuestra misión mover al hombre con información.

La falta de perspectiva jurídica en la investigación

Por Ana Sofía Reyes Chávez

La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de dichos límites, en lo imposible.                                                 

Arthur Clarke

Como parte del ciclo de 7 problemáticas sociales que sufren las ciencias exactas, hoy se pone sobre la mesa: La falta de perspectiva jurídica que hay en la investigación científica.

La frase hacer hasta lo imposible para cumplir nuestros sueños como mujeres y hombres de ciencia, a menudo se puede confundir con hacer hasta lo ilegal para poder lograrlo. Y lo peor es que sucede sin darnos cuenta.

Las leyes de la naturaleza son fuertes y no suele haber quién las cuestione, sería rarísimo que alguien entre en debates de si el protón puede o no decaer en niveles de energía más bajos. La gente no debate sobre ello porque no sabe, no tiene conocimiento suficiente para hacerlo, sin embargo, sí lo hace por ejemplo con la política a pesar de que forma parte de las ciencias sociales y esto es porque las personas viven inmersas en ella. Estamos de nuevo ante una perspectiva parcial que sigue perpetuando la idea de que las ciencias exactas son superiores y solamente pueden ser tocadas por una élite por lo que el derecho no debería ponerle un alto a la ciencia.

Para comenzar con este tema partimos de uno de los pilares de la ciencia: el método científico de René Descartes. En su famoso discurso los fundamentos del método son una respuesta al funcionamiento de un mundo absoluto creado por dios. También establece que la ciencia se hace usando la razón, la cual define como un don divino que debe ser utilizado. Así, hay interpretaciones muy comunes de las enseñanzas de Descartes que pueden caer hoy en día en afirmar que:

Todo el mundo tiene talento y si no lo usa es un desperdicio.

El sentido de la vida aumenta mientras vayan aumentando las citas de las investigaciones.

La dignidad humana no existe, lo que existe es la producción humana y entre más, mejor.

Al hacer ciencia, Descartes recomienda reducir los fenómenos complejos a sus naturalezas simples. Si intentamos reducir la complejidad del ser humano, nos encontramos con que solamente son cuerpos vivos que requieren de alimento y que secretan desechos. Hemos visto ya las consecuencias que trae no considerar que los cuerpos son más que eso, lo vemos a diario en las noticias.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en Reino Unido en el año 2003, cuando se descubrió que durante casi 30 años los cerebros de 48.000 ex pacientes de depresión y discapacidad mental fueron extraídos de sus cuerpos sin el consentimiento de sus familiares para hacer una investigación local. Se dice que esto se hizo en nombre de la ciencia y ha sido de gran ayuda para entender el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, si son tan racionales ¿por qué tomar la decisión de hacerlo a escondidas? ¿Por qué no solicitar a las autoridades y familiares los permisos necesarios? Pareciera que el hecho de saber que habrá un beneficio para quien investiga lo vuelve irracional.

Dejando de lado la discriminación a las mujeres (que es un problema enorme) implícito el discurso de Descartes, tenemos también que tomar en cuenta al acatar el método científico que no considera jamás cuales serían las repercusiones legales de hacer hipótesis y confirmarlas o desmentirlas. Sería prudente considerar la posibilidad dentro del mundo de las ciencias exactas de ver al derecho como una ciencia jurídica que tenga que ser conocida y su uso se arraigue en quienes quieren hacer de la ciencia su lugar en el mundo.

El último paso de la investigación es la verificación; este es el paso más riesgoso si se le aplica el método científico a las relaciones sociales. Como hombres y mujeres de ciencia, necesitamos verificación de si existimos, si nos quieren, si podemos amar. Afecta tanto las relaciones que se llega a exigir a como dé lugar una confirmación del sentimiento porque la ciencia no acepta por sí sola a una emoción, necesita de confirmación de la razón. Así, hay muchas formas científicas y lógicas de establecer comunicación y recibir verificación, pero se olvida que algunas de ellas son ilegales. Ni siquiera se olvida, simplemente no se considera, porque las ciencias exactas no ven a la norma como una parte de la ciencia del derecho sino como un impedimento para el progreso, una burocracia innecesaria que aplica solamente a ciertos grupos o sectores, lo que no intuye es que dentro de la realidad del mundo es más que eso. Esta visión increíblemente parcial y discriminante que existe en la investigación científica puede cambiar con ayuda de las instituciones de hoy en día que formarán la ciencia del futuro. 

Últimamente se ha visto con la contingencia sanitaria del Covid 19 la desesperación de quienes tienen estudios en inmunología, biología molecular y epidemiología; desesperación que es originada por la desinformación que la gente está propagando con el tema, porque ponen en riesgo la vida de todo el país al decir que no existe o que es un invento. Esto nos puede ayudar a ver con claridad que las ciencias sociales han tenido que pasar por eso toda la vida;  se cuestiona la cultura, la forma de convivir, las leyes, las formas de hacer política, las consecuencias sociales de cometer actos ilegales y una gran cantidad de etcéteras.

Objetivo 1 de la Agenda 2030 de los ODS: Fin de la pobreza

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

El objetivo número 1 como bien lo indica su nombre tiene la finalidad de erradicar la pobreza, es importante establecer que no sólo se refiere a la pobreza económica, ya que ésta va más allá del poco o nulo ingreso que pueda percibir una familia o los bienes que pueda poseer, esta pobreza también abarca el hambre, la malnutrición, falta de vivienda digna y el poco acceso a servicios básicos como agua potable, educación, salud o electricidad.

Este objetivo se vuelve uno de los más grandes ya que de ahí parte la sensibilización sobre muchas carencias de las que en ocasiones somos poco conscientes, pues los lugares donde se vive en condiciones de extrema pobreza se sitúan en regiones apartadas como sierras, lo cual genera que los niveles de marginación, discriminación y exclusión social aumenten derivando en la falta de participación en la toma de decisiones que afectan sus circunstancias.

Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas familias luchan por satisfacer las necesidades más básicas. A nivel mundial, alrededor de 736 millones de humanos viven con menos de US$1,90 al día (2015) y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico acelerado de países como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.

Los avances también han sido limitados en otras regiones como Asia Meridional y África subsahariana, donde vive el 80% de la población mundial que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Además, nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la inseguridad alimentaria necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas de la pobreza. (UNDP México, 2020)

Una de las medidas que se pretende adoptar para acabar con esta pobreza es el crecimiento económico inclusivo, donde se puedan crear empleos sostenibles y dentro de estos buscar la igualdad de oportunidades. Los sistemas de protección social deben aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas de las poblaciones afectadas ante pérdidas económicas inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a erradicar la pobreza extrema en las zonas más empobrecidas. (UNDP México, 2020)

¿Cuáles son algunos de los retos que enfrenta México?

  • Es necesario aumentar la tasa de ocupación y calidad de los empleos, particularmente para la población que vive en situación de pobreza.
  • Debe contar con un sistema de protección social universal que atienda las necesidades de la población.
  • Es necesario atender a la población microempresaria de acuerdo a sus necesidades y a sus características específicas.
  • Es fundamental fortalecer políticas y programas que atiendan las necesidades específicas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas adolescentes y migrantes.

¿Qué se está haciendo?

PROSPERA: Es la principal estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza en México. Su objetivo es contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.

Programa de Fomento a la Economía Social: Es un programa federal que contribuye a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza, mediante la inclusión productiva y financiera en el sector social de la economía.

Política Nacional de Inclusión Financiera: Tiene como objetivo desarrollar conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero, así como ampliar la cobertura de sus servicios. (Secretaría de Gobernación, 2020)

Este objetivo debería tomar gran relevancia sobre todo en este momento de cuarentena, ya que por motivos de la reciente pandemia miles de empleos se han visto afectados, desde despidos injustificados hasta pequeñas empresas que se han visto obligadas a cerrar por las medidas emergentes a la crisis sanitaria que se han tomado; causando estragos en el mercado laboral no sólo de México sino de todo el mundo donde las MiPyMEs y el comercio informal han sido los más afectados, dejando sin ingresos a millones de familias, lo que ocasiona pérdidas catastróficas y amenazando su solvencia económica.

Todo lo anterior ha provocado que países implementen medidas para estimular la economía y ayudar a estas personas a que el confinamiento no afecte tanto su bolsillo, sin embargo esto también va a depender de cuanto se siga alargando el confinamiento y es aquí donde retomamos el punto de las regiones más vulnerables, es momento de que el gobierno voltee a ver a los sectores más desprotegidos del país; donde en su mayoría se mantienen del comercio informal, siembra y demás labores de campo que se seguirán viendo afectadas. El gobierno y nosotros mismos debemos tomar acciones tendientes a la estimulación económica, a la eliminación de la brecha salarial (donde las mujeres, las jóvenes e indígenas son los sectores más afectados), buscar la creación de nuevos empleos de forma gradual y que se les proporcionen servicios de salud pública, dotándolos de medios para garantizar que no entren en el número de población que se encuentra en pobreza.

Covid 19 y la demanda de protección a la salud del personal de la salud

Por Miguel Ángel Tamayo Rodríguez

La pandemia causada por el virus SARS-CoV 2 ha provocado la muerte de 252,301 personas en el mundo, mientras que el número de personas con el virus asciende a 3.6 millones. En México las cifras ascienden a más de 42 mil  contagios y más de 4 mil muertes confirmadas.[1] Asimismo, el número de personas infectadas que han requerido hospitalización en México alcanza el 40.14 % y 59.86 % han recibido atención ambulatoria[2].

La atención hospitalaria representa un gran riesgo de infección para el personal de la salud debido a que el virus es altamente contagioso. Las Secretarías de Salud, y del Trabajo y Previsión Social elaboraron una clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo, donde destaca que los médicos, enfermeras, dentistas, y laboratoristas expuestos a altas concentraciones de fuentes de transmisión del virus (personas con la enfermedad e instrumental médico contaminado) tienen un riesgo muy alto de contagio. Los médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal que labora en depósitos de cadáveres, choferes y personal de ambulancias, así como el personal de intendencia con alto potencial de exposición a estas fuentes, conocidas o sospechosas, tienen un riesgo alto de infección del virus SARS-CoV 2[3].

Además, parte de los trabajadores de la salud presentan condiciones personales preexistentes a la pandemia que los vuelven más vulnerables que el resto de la población ante un posible contagio del virus SARS-CoV 2, tales como tener más de 60 años de edad o padecer enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas, entre otras, asociadas a un incremento de letalidad[4].

Ante el riesgo de contagio de COVID-19 al cual está expuesto el personal de la salud, específicamente quienes laboran en hospitales civiles y militares, institutos de investigación, clínicas familiares, y demás instituciones convertidas en centros de atención de personas que padecen esta enfermedad, el Estado tiene el deber de hacer realidad su derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o constitucional. Es lo mínimo que se le puede exigir en un momento donde miles de trabajadores están poniendo en riesgo su salud y su vida todos los días al intentar salvar a otros.

Durante las últimas semanas han ocurrido diversas manifestaciones por parte de trabajadores de distintas instituciones de este sector donde son atendidas personas con COVID-19. La inconformidad de los trabajadores ha sido la falta de equipos de protección personal (cubrebocas N95, mascarillas KN95, batas, guantes, googles, etc.). Sin embargo, hay quienes ante esta falta de estas herramientas, necesarias para atender a los enfermos de COVID-19, han optado por la vía jurídica para hacer efectivo su derecho a la protección de la salud. Esto ha generado una oleada de demandas de amparo ante Jueces de Distrito y quejas ante las Comisiones de Derechos Humanos quienes han otorgado suspensiones de plano y ordenado analizar los casos para establecer medidas precautorias, respectivamente, para salvaguardar este derecho de los trabajadores de la salud.

Las demandas de amparo ante jueces federales y las quejas en las comisiones de derechos humanos, han sido promovidas por el personal de la salud por dos razones principalmente. En primer lugar, un grupo de demandas de amparo y quejas ha versado sobre la vulnerabilidad por condiciones preexistentes a la pandemia y por la excepcionalidad del trabajo en casa contenido en el acuerdo publicado el día 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. En éste se dispuso que los servidores públicos mayores de 60 años de edad, o que padecieran enfermedades crónicas no transmisibles como pulmonar, diabetes, hipertensión, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardíaca, entre otras, podrían trabajar desde casa, con excepción del personal de las instituciones o unidades administrativas que presten servicios públicos de salud. El otro tipo de demanda de amparo o queja versa sobre la falta de equipo de protección personal de los servidores públicos que están afrontando la pandemia.

En ambos casos los jueces han otorgado la suspensión de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de actos de importante peligro de privación de la vida de los trabajadores de la salud. El efecto inmediato de la suspensión de plano es que los servidores públicos no acuden a laborar; los primeros por ser más vulnerables al COVID-19  a causa de algún padecimiento como los ya mencionados, y los segundos por estar en riesgo de contagio por la falta de equipo de protección personal durante la prestación de sus servicios en el contexto de la pandemia.

Mientras que en el caso de los trabajadores de la salud del primer grupo de demandas de amparo o quejas, parece razonable y apegado a la apariencia del buen derecho, entendida ésta como un mandato de optimización de los fines constitucionales relativos a la protección de la Salud, por presentar un grado de vulnerabilidad mayor al resto de la población; en el caso de los trabajadores de la salud que aducen la falta de equipo de protección personal pareciera no existir dicha correspondencia. Si a todos los trabajadores que acuden en busca de amparo aduciendo que no tienen los elementos de protección personal para ejercer su labor se les concede la suspensión de plano por estimarse que es la única manera de proteger el derecho a la protección de la salud, se ocasionaría que los hospitales se queden sin personal y que, ante el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 se afecte el derecho a la protección de la salud de pacientes, y con ello se afecte también el interés social. Más razonable parece una posible suspensión provisional, en tanto la autoridad responsable informa acerca del acto reclamado, con la finalidad de proteger la salud tanto de los pacientes como del personal de las instituciones de salud.

La reflexión sobre estas demandas implica por un lado, la consideración de si el personal de la salud que presenta condiciones preexistentes que generan mayor vulnerabilidad pueden ser obligados o no a presentarse a laborar en centros de atención de pacientes con COVID-19, entendiendo que dichos servidores públicos tienen la preparación para proteger su propia salud al ejercer su profesión, y por otro lado que aquellos trabajadores que reclaman la entrega de protección personal sean dotados de los elementos mínimos indispensables para afrontar la pandemia con la mayor seguridad posible sin ocasionar que los hospitales carezcan de personal durante los juicios de amparo. También, es necesario que los jueces federales que tienen en su escritorio estas demandas de amparo valoren el interés individual de los quejosos y el interés social en el contexto extraordinario de la pandemia permitiendo optimizar ambos intereses.


[1] Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos al día 05 de mayo de 2020, véase: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

[2] Información de la Secretaría de Salud al día 5 de mayo de 2020, véase:  https://coronavirus.gob.mx/datos/

[3] Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 actualizada al 24 de abril de 2020, consultada el 5 de mayo de 2020 en

https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19

[4] Véase el trabajo realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México que muestra que el 30% de las defunciones por COVID 19 en México padecían obesidad, 40% diabetes, 8% diabetes, hipertensión y obesidad, 6% enfermedad cardiovascular, 9% tabaquismo, etc. Información consultada el 5 de mayo de 2020 en https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/73880e59efc14359abfb281d6aafb9f5

ABLACIÓN -LA PESADILLA DE LAS MENORES MUSULMANAS-

ACCIONES, ESTRATEGIAS, LEY.

Por Ariadna Lizbeth Cruz Martínez

El término más conocido dentro del contexto de este artículo es el de Circuncisión femenina, dentro del argot cultural es denominado excisión, ya que determinarlo como mutilación genital es rechazado por muchas etnias y/o culturas.

Dentro del contexto Internacional esta situación es una transgresión a los derechos de la mujer, ya que dicho procedimiento consiste en la eliminación total o parcial de los genitales femeninos, u otro tipo de lesiones en éstos órganos por razones culturales o prácticas no terapéuticas[1].

Sería egoísta no hablar de este tema sólo por no ser parte de esta cultura o por estar lejos de las regiones donde se practica; es terrible justificar la praxis sólo por razones de fe, de cultura o de normas sociales, no es un desprecio a sus costumbres, es poner sobre la mesa un tema que como práctica lastima y daña a niñas y mujeres.

Es una lucha para eliminar las condiciones de sometimiento que hacen a las mujeres ser seres discriminados, humanos sin derechos que a la vez continúan en silencio. Mujeres egipcias entre los 15 y los 49 años conforman el 70 % de la población que ha sido sometida a este procedimiento antes de cumplir los 12 años, siendo el rango de edad en niñas y adolescentes de 4 a 14 años o incluso en recién nacidas de un año. Una estadística hipotética, según las Naciones Unidas en 2014, estimó que 86 millones de mujeres de los 27 países Africanos, así como en partes de Asia y Oriente Medio donde está sumamente arraigada dicha práctica, podrían morir en el año 2030.

Es común que quien obliga a llevar a cabo esta praxis en dichas culturas, sea otra mujer, comúnmente es la madre quien somete a su hija o hijas a la mutilación genital en algunas de las regiones en donde se lleva a cabo. Es necesario centrarnos en el argumento de que dicha práctica constituye violencia en contra de las mujeres y niñas, ya que se realiza con el fin de que cuando sean esposas no sean infieles, o incluso para que su virginidad llegue intacta hasta el matrimonio y así contar con la aprobación de Dios.

Siendo sinceros las menores no suelen tener la posibilidad de escoger si son o no sometidas a prácticas tradicionales peligrosas y que se contraponen a su derecho de integridad y decisión sobre su propio cuerpo, tendiendo a legitimar este tipo de acciones. Es el simple y complejo hecho de generar conciencia y poder difundir información sobre los daños que hay en la Mutilación Genital Femenina (MGF).

Gracias al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), en acciones conjuntas con países como Egipto, Senegal, Somalia o Sudán, se han promulgado leyes que penalizan prestar apoyo para realizar éstas prácticas, así mismo se ha creado un plan de acción y una estrategia nacional que consiste en la capacitación a trabajadores de la salud, maestros, profesionales de comunicación, representantes de ONG que brindan apoyo a mujeres y dirigentes religiosos, para erradicar el acto de mutilar; también incluye la capacidad de los médicos, e incluso practicantes locales o ejecutores que lo heredan tradicionalmente, para tratar posibles complicaciones durante el parto y la facultad de rechazar esta práctica.

En el año 2016 se crea la Primera ley contra La Ablación, en Gambia, aprobada en diciembre de ese mismo año, en dicha norma se penaliza a los médicos que la realicen y a los padres que facilitan la práctica (Quintáns, 2020). En esta legislación se contempla:

  • Prisión de 7 años.
  • Prisión de 15 años si resulta en discapacidad o muerte.
  • Multa de 50,000.00 dólares.
  • Cárcel permanente en casos de fallecimiento de la menor.

Año 2020: partiendo de que el 22 de abril se estableció la Legislación Penal en Sudán donde se prohíbe; se da otro gran paso histórico. (Velarde, 2020) Quien lleve a cabo este tipo de práctica social, ya sea en un establecimiento médico o en otro lugar, ahora pueden enfrentar: (“In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed”, 2020) 3 años de prisión y una multa.

Se piensa que esta praxis tiene un respaldo:

  • Psicosexual.

Ejemplo: En República de Indonesia se dice que:

Las musulmanas a las que no se les realiza, no serán aceptadas por Dios.

Las niñas a las que NO se les han practicado; pueden sufrir problemas mentales y discapacidades.

  • Sociológico: Identificación con la herencia cultural, la iniciación de las niñas a la edad adulta, la integración social y la preservación de la cohesión (unión o relación) social.
  • Higiénico o estético: se considera que los genitales externos de la mujer son poco limpios y antiestéticos, y por tanto se eliminan para promover la higiene y proporcionar un atractivo estético.
  • Religioso: Bajo la creencia equivocada de que la religión lo exige, siendo que no en todos los casos es así.

Para concluir quiero hacer referencia al Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio manifiesta que:

“Cuando los derechos humanos fundamentales no están protegidos, los Estados y sus ciudadanos tienen más posibilidades de sufrir situaciones de conflicto, de pobreza y de injusticia. También indica que siguen siendo formas comunes de malos tratos.

(…)

Y todas las demás prácticas que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad o bien de los géneros o en funciones estereotipadas de los hombres y las mujeres.

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA, (2020) p. 2


REFERENCIAS

HOJA DE DATOS: MUTILACIÓN/EXCISIÓN GENITAL FEMENINA. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/files/genitalfemenina.pdf

In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed. (2020). Recuperado: 3 mayo 2020, de https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/africa/sudan-outlaws-female-genital-mutilation-.html

Quintáns, J. (2020). Gambia aprueba su primera ley contra la ablación. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://elpais.com/elpais/2016/02/05/planeta_futuro/1454693799_953731.html

Velarde, D. (2020). Sudán prohíbe la mutilación genital femenina y da un paso histórico hacia los derechos de la mujer » Intriper. Recuperado: 3 Mayo 2020, de https://intriper.com/sudan-prohibe-la-mutilacion-genital-femenina-y-da-un-paso-historico-hacia-los-derechos-de-la-mujer/?fbclid=IwAR1ILDtZ-d8d2-0lWvmYXAYKUEQmdC2hY7DHwUfG2fmem54kMGNO0lybnF0


[1] La mutilación / escisión genital de la mujer, ONU (mayo 2006) véase más en: https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FGM_sp.pdf

De una ciencia dura a una ciencia humana

Por Ana Sofía Reyes Chávez

Recordemos la famosa educación de J. S. Mill, el filósofo, uno de los más notables. Conocía los idiomas más leídos de su época, los autores más destacados en la filosofía y en la ciencia, pero no se le había educado en el sentimiento. Creía que su vida no tenía sentido.                                                                                                                                                Graciela Hierro Pérezcastro, 2004, p. 126

Es importante resaltar que esta sección y este artículo parten de la idea de que la ciencia no se hace sola, la hacen personas. Tampoco se toma en cuenta aquella ciencia que se realiza desde computadoras y programas generados automáticamente, sino de aquella hecha por seres humanos que a veces son orillados a serlo en menor medida, por entregar su vida a la ciencia. Se rechaza la admiración tóxica que la cultura y la sociedad nos enseñó a tener hacia seres humanos que se asemejan más a una máquina, o bien que producen más, que funcionan mejor; ya que esta admiración es deshumanizante. 

Desde su origen, las ciencias exactas han servido para establecer las teorías de las ciencias sociales. Esto se puede ver de forma muy clara con el inicio de la sociología como una física social, también se observa si se analizan los conceptos de las ciencias sociales; es común ver que para cada concepto existe su análogo matemático.

En el entendido de que las ciencias sociales usan muy a menudo soluciones tecnológicas o modelos matemáticos para resolver problemas sociales, es prudente preguntarse, ¿es esta una relación recíproca?, ¿de qué manera las ciencias exactas podrían resolver sus problemas con ayuda de las sociales? ¿Por qué sería importante hacerlo?

Algunos de los problemas más evidentes que tienen las ciencias exactas en nuestro país hoy en día son:

  • Las condiciones de trabajo de quienes hacen investigación científica y/o se dedican a la docencia en estas disciplinas.
  • La falta de perspectiva jurídica en la investigación.
  • La desigualdad de género.
  • La falta de recursos monetarios.
  • La forma en que se lleva a cabo la explotación del medio ambiente.
  • Las expectativas de la comunidad estudiantil que hace ciencia.
  • La salud mental de quienes realizan avances científicos.

En la primera parte  de estos artículos para esta sección, se profundizará acerca del primer punto: Las condiciones de trabajo de quienes hacen investigación científica y/o se dedican a la docencia en estas disciplinas.

Quienes se desarrollan en la academia de las ciencias en México están bajo un estrés impresionante, aun aquellas personas que solamente hacen labores docentes; pero el verdadero problema es cuando hacen las dos actividades. Cuando las labores docentes no concluyen al salir del aula, el docente  tiene que darse el tiempo de revisar tareas, resolver dudas, preparar clases, hacer exámenes, analizar cada procedimiento de todo el alumnado, asistir a reuniones académico-administrativas, a fiestas de la institución, llenar papelería. Todo esto se sobrepone a su investigación científica, y entre esta y la vida cotidiana, a veces se va la existencia.

Según la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología del INEGI publicada en 2017, el 82.4% de la población estudiantil del país tiene interés en temas de desarrollo científico y tecnológico. Esto indica que el problema se tiene que solucionar pronto de forma efectiva, porque los estudiantes no van a renunciar a la vida en la ciencia, aún si tienen que sacrificar su estabilidad emocional y social.

Entre la comunidad científica estudiantil estamos quienes haremos la ciencia mexicana en el futuro, existe una tendencia fuerte a desarrollar admiración hacia las personas que más se esfuerzan y que menos se desarrollan en el ámbito social. Pareciera que existe un condicionamiento a vivir de forma cerrada a lo externo, rechazando incluso la comunicación familiar y social, extendiéndose desde el alumnado hasta los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores – Conacyt.

Este estrés puede ser combatido con una conciencia social de integración en las áreas de trabajos. A menudo quienes hacen ciencia y docencia en México trabajan en cubículos pequeños, laboratorios con medidas de seguridad, pero no medidas de tranquilidad emocional, el horario no es fijo y se trabaja muchas veces hasta que se termine o hasta que el cuerpo aguante restándole importancia en gran medida a la parte de su vida social y de su desarrollo humano.

Es necesario considerar que el problema se tiene que visibilizar y aceptar como tal, para luego proponer soluciones que por supuesto tienen que venir de una ciencia social que las avale. Continuaremos la siguiente semana con el punto dos.

La dinámica del miedo en la sociedad

Por Jacqueline Miranda de los Santos

No se necesita un motivo para tener miedo […] Yo me

asusté, pero está bien tener miedo sabiendo por qué

Émile Ajar

Cuando un ser humano se enfrenta a sus más grandes temores, parece que escapa la racionalidad de sus manos activando partes del cerebro que le permiten estar relativamente a salvo. Uno de los miedos más grandes proviene de las condiciones dadas por la naturaleza ya que algunas son completamente impredecibles y los efectos que generan pueden ponernos en una situación de vulnerabilidad, algunos ejemplos son: Un terremoto o la presencia de un nuevo virus.

La vida líquida de acuerdo con Bauman, pasa y se desliza lentamente de un estado a otro y de un episodio a otro teniendo la sensación de que entre un día y otro, o un episodio y otro hay cierta claridad, causando la impresión de tener estabilidad; lo cierto es, que el futuro no es más que una ficción que nos dota de esperanza para neutralizar ciertos miedos, pero que nunca nada en el futuro será tan aparentemente real como lo que vivimos en el momento que sentimos o creemos que sucede.

En este punto es pertinente hablar sobre el Síndrome Titanic, el cual consiste en el horror de sentir que uno cae por las rendijas de la corteza, o que la humanidad se precipita desprovista de las condiciones que le dan estabilidad a la nada misma. El problema dentro de la temática del Titanic fue el caos que se ocasionó al saber que no había los suficientes elementos para que todos se pudieran salvar, había ausencia de un plan de evacuación así como salvavidas insuficientes, ese elemento, ese algo que detona ciertas conductas humanas que nos llevan a sentir miedo, siempre subyace de lo oculto o de lo que sencillamente el humano se niega ver.  El temor que aquí emana proviene del miedo al colapso o a una catástrofe que nos golpeé sin importar nuestra condición actual, pero sobre todo que esta situación nos tome desprevenidos y sin defensas.

El temor de ser la víctima o el blanco seleccionado, el temor a quedarse atrás, el miedo incluso a la exclusión no son parte únicamente del imaginario sino de una realidad que hoy vivimos no sólo a través de noticieros sino que posiblemente se vuelva una experiencia. Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, se imaginó que en algún momento los niños eran vacunados contra el miedo pero no cualquier miedo sino el miedo a la muerte; la muerte lleva dentro de sí una serie de calificativos como irreparable, irremediable o irrevocable, e incluso hemos oído a muchos decir, todo tiene solución menos la muerte.

Es por ello, tal vez, que en estos días hemos visto una serie de comportamientos que se califican como irracionales, ante la posibilidad de morir por COVID-19, personas han tomado lysol o cloro; se hacen compras generando desabasto; se rocía cloro o se les pide a los trabajadores del sistema de salud que se vayan a vivir a otra parte, les gritan que se alejen porque llevan en su ropa el virus.

El coronavirus, no sólo se presentó dejando abiertas puertas que nos permiten ver las debilidades de nuestros gobiernos sino también, nos permiten ver que ante la sensación de ser vulnerables nos rige el miedo dotando a la idea de la muerte elevada autoridad, olvidando que medidas esenciales, nos pueden regresar a estar fuera de esa vulnerabilidad.

Dice Bauman:

La humanidad dispone hoy en día de todas las armas necesarias para cometer un suicidio colectivo: es decir, para aniquilarse a sí misma llevándose consigo el resto de la vida sobre el planeta.

Bauman Z., (2010) Miedo Líquido,la sociedad contemporánea y sus temores, México, Ed. Paidos.

Si el miedo rige a todos los humanos del planeta no tardaremos en extinguirnos, si nos da temor un virus, la posibilidad de salvarnos depende de las instrucciones que dan los expertos no del dañar a los trabajadores del sistema de salud, para que ellos no nos contagien; si nos da miedo la escasez el desabasto no nos salva en unas semanas no necesitar para comer. La prevención es una herramienta eficaz que nos puede ayudar a evitar ciertas situaciones que nos ponen en peligro, pero ninguna política, ninguna medida puede evitar una catástrofe si seguimos comportándonos de manera egoísta para salvarnos a nosotros mismos. 

Sobre la justiciabilidad de los derechos sociales en México

Por Roberto de Jesús Salas Cruz[1]

Hoy por hoy los Derechos Humanos, la ponderación de principios, los nuevos modelos de argumentación e interpretación y la apertura del derecho interno al derecho internacional han venido a configurar todo un nuevo paradigma normativo, que permea la totalidad del orden jurídico y la comprensión misma del derecho y el Estado.

La nota más característica de este paradigma normativo es la nueva comprensión que se tiene sobre la constitución iuspolítica de una nación.

La constitución no es ya un mero programa político dirigido a intentar disuadir a los mandatarios en turno a actuar según sus letras, es más bien el instrumento de organización social normativo que reglamenta las conductas y omisiones que el Estado y los particulares han de seguir o evitar en todo momento, con la mirada puesta en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y el desarrollo y bienestar común de la nación. Es, en ese sentido, una verdadera norma jurídica.

Así, la constitución, participando de la naturaleza de toda norma jurídica goza de una fuerza normativa entendida como “la aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores” (Sagüés, 2016, p. 19).

Las disposiciones constitucionales de un Estado -afirma Ferreyra (2004: p. 57)- responden a dos finalidades: “configurar la arquitectura de sus poderes y los controles y garantías para su funcionamiento (…) y conferir el reconocimiento de los derechos (…) a las personas”.

Es por esa razón, que la misma ha dispuesto para sí una serie de garantías endógenas para la protección de la regularidad del orden jurídico, mediante las cuales puede evitar la trasgresión del orden normativo por ella delimitado al reparar las violaciones al orden jurídico mediante la anulación de los actos u omisiones contrarios a ella, ya sea en un aspecto dogmático u orgánico, así como la desaplicación de leyes imposibles de ser interpretadas de conformidad con la misma.

Sin embargo, debido a una recalcitrante y férrea tradición de tipo liberal, se han denostado los llamados “derechos económicos, sociales y culturales”, despojándolos de su categoría de normas jurídicas constitucionales, pues no se cuenta hasta la fecha en nuestro país con vías exactamente idóneas para su operativización y garantía.

Estos derechos (a partir de ahora DESCA) son producto, según Tello (2015, pp. 16-18) del crecimiento y auge del capitalismo liberal, que generaba que un sector bastante amplio de la sociedad quedase en rezago y desamparo, al quedar sujetos únicamente a una lógica de mercado sin ningún tipo de regulación estatal. Por lo que -continúa nuestra autora- para el siglo XIX nace el Estado benefactor “constituido por derechos con mayor contenido económico y social, encaminados a satisfacer ciertas necesidades materiales de las personas como medida para subsanar las desigualdades”.

Entre los aspectos, digamos, filosóficos o sociológicos, que fundamentan estos derechos están, según Salazar (2013), la libertad fáctica, la necesidad e importancia (urgencia) y la igualdad material.

Con ello se da cuenta de que efectivamente, tal como dijese Da Silva (2016, p. 21), la constitución en su aspecto normativo, es una norma “en conexión con la realidad social”, que es de donde aquella obtiene su contenido fáctico y sentido axiológico, por lo que ciertas conductas y necesidades valoradas históricamente se constituyen en el fundamento de la vida en comunidad, que a la postre se revelan como preceptos normativos fundamentales (los DESCA, para nuestros fines).

Los DESCA son reconocidos por la Constitución Política Mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, en un ejercicio de hermenéutica constitucional y teoría jurídica general, estos forman parte del catálogo de derechos humanos del bloque de regularidad normativa.

Este último es definido como el:

conjunto de normas que gozan jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país y que […] constituyen el parámetro de control de validez del resto de los enunciados normativos, pese a que no necesariamente aparezcan […] en la Carta Fundamental, siempre y cuando sea ésta la que remita a aquéllas (Rodríguez, citado en Guerrero, 2015, p. 58).

Es decir, los DESCA comparten, junto a los derechos político-civiles (DPC), la característica de ser derechos constitucionales fundamentales, sin superioridad jerárquica de unos sobre de otros, es decir crean en su conjunto “la unidad de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el orden jurídico […] caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo […] sin que ninguno tenga preeminencia formal sobre los otros” (Astudillo, 2015, p. 121).

Por lo que sin lugar a dudas estamos de acuerdo en que “es posible defender la consagración de derechos directamente exigibles en el artículo 26 de la Convención Americana [referente a los DESCA]” (Parra, 2018, p. 189), y, por tanto, estos derechos se hallan en el bloque de regularidad ubicable en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política, y se pueden exigir frente a las autoridades estatales mexicanas.

La exigibilidad de estos derechos ciertamente genera una serie de problemas, tales como determinar qué derechos pueden inferirse tanto de la Convención como de la Constitución, cuáles son los alcances de las cláusulas de desarrollo progresivo y cómo operan las obligaciones estatales referentes a estos derechos (Parra, 2018, p. 190),

Los problemas anteriores por lo general van también acompañados por otros asociados a limitaciones socioeconómicas, a desviaciones en la manera de procurar su realización y a dificultades de naturaleza procesal o conceptual [de contenido y alcances] (Casal, 2015, p. 21) pero ello no conlleva al hecho de negarles su categoría de normas jurídicas exigibles ni relegarlos a meras normas programáticas.

Lo anterior toda vez que “motivados por los procesos de constitucionalización de los derechos humanos e internacionalización del derecho constitucional, existen obligaciones específicas para el reconocimiento y garantía de los DESCA” (Martínez, 2018, p. 382).

Estas obligaciones nacen en virtud de que los derechos fundamentales (entre ellos los DESCA) otorgan facultades y estatus jurídicos a la persona, así también sirven como elementos estructurales del orden jurídico (Nogueira, 2003, p. 83).

Los derechos sociales fundamentales (o los DESCA constitucionalmente estatuidos) son posiciones jurídicas resultantes de una norma constitucional que incorporan deberes u obligaciones, las cuales tutelan bienes de la más alta relevancia social indisolublemente conectados a la dignidad humana, invocables y exigibles ante los tribunales jurisdiccionales (Rodríguez, Muñoz, 2015, pp. 117-118).

En virtud de lo anterior, estos DESCA junto a los DPC “constituyen preceptos directamente vinculantes y aplicables que configuran y dan forma al Estado […] constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del estatus jurídico de la persona” (Nogueira, 2002, p. 82).

Por ello, pese a cualquier intento de socavar su naturaleza normativa bajo las excusas de poca viabilidad económica del Estado, así como de su aparente indeterminación de contenidos, los derechos sociales pueden ser judicialmente exigidos (Mestre i Mestre; Bustos Bottai, citados en Pohl, 2018, p. 693). Al efecto asegura Nogueira (2003, p. 86) “en cuanto existe plena positivización de los derechos, ya sea por norma constitucional o tratado internacional […] todo ciudadano tiene el derecho a recabar su tutela judicial efectiva por los tribunales”.

México (perteneciente al sistema interamericano de Derechos Humanos) ha adoptado en su constitución y jurisprudencia una serie de enunciados e interpretaciones jurídicas que nos permiten ver un intento institucional de amoldarse a las exigencias del derecho internacional en materia de derechos humanos en general y de los derechos sociales en específico.

Cabe hacer especial referencia a los artículos 3, 4 y 123 constitucionales que señalan una serie importante de derechos de índole social, tales como la educación (artículo 3); la igualdad, la libertad de procreación, la alimentación, la salud, el medio ambiente, el agua, la vivienda, la identidad, la infancia, la cultura, el deporte (artículo 4); y el trabajo (artículo 123).

Sobre ellos, por formar parte del bloque de regularidad normativa, la Suprema Corte se ha pronunciado mediante tesis jurisprudencial concluyendo que “esos derechos no constituyen meros “objetivos programáticos”, sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados”[2]. Señalando asimismo que estos derechos imponen obligaciones básicas tales como garantizar niveles mínimos de su disfrute efectivo, sin discriminación, tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como otras medidas de tipo progresivo dependiendo de la capacidad económica del Estado[3].

La misma tesis jurisprudencial concluye

la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado

De la misma forma, una serie de interesantes tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación nos brindan importante información sobre la forma en que los tribunales están entendiendo y resolviendo los litigios que versan sobre los DESCA.

Por ejemplo, los Tribunales Colegiados[4] hablando específicamente del derecho al agua (pero sin lugar a dudar, aplicable por analogía a los demás DESCA), reflexiona que los derechos imponen al Estado verdaderas obligaciones

(…) consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).

La primera sala, respecto al derecho a un medio ambiente sano, menciona que este derecho (y, de nuevo, aplicable por analogía a los demás DESCA), “vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales”[5].

Con estos antecedentes podemos analizar entonces un cúmulo de tesis aisladas, de tipo digamos, metodológicas, que nos hablan de las obligaciones a que está sujeto el Estado.

En primer lugar, son tres niveles básicos de protección los que hay que tener en cuenta:

(…) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible […]; (ii) […] un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas[6].

Sobre el deber de protección al núcleo esencial:

(…) esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de otros derechos, sino que atacan directamente su dignidad, luego se entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la dignidad de las personas [por lo que de constatar dicha violación los Tribunales] deberán declararlo y ordenar su inmediata protección[7].

Ahora, sobre el deber de progresividad:

(…) los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión[8].

De esta manera es por demás claro que los derechos sociales, económicos y culturales son verdaderas normas jurídicas, generadoras de deberes para el Estado y los particulares, plenamente justiciables y exigibles en sede jurisdiccional. Forman parte además del bloque de regularidad normativa, cumpliendo funciones objetivas y subjetivas en el orden jurídico, tendientes a la protección de la dignidad de las personas y legitimar del sistema jurídico mexicano.

Ahora bien, como se ha mencionado, una buena parte del contenido y alcance de estos derechos carece aún de un desarrollo y justiciabilidad plenos por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, a través del desarrollo doctrinario y jurisprudencial, mediante los diferentes ejercicios de interpretación y argumentación jurídicas, se puede ampliar el espectro de casos donde, en ausencia de desarrollo legislativo (principal adversario de la justiciabilidad plena), la constitución puede llegar a ser aplicada directamente para colmar esos vacíos legales.

Aunque ciertamente, como dijese Luigi Ferrajoli (2006: p. 28), en el Estado constitucional, es al legislador sobre quien recae la responsabilidad originaria de modelar el orden jurídico (mexicano en nuestro caso), estatuyendo las obligaciones, prohibiciones, facultades y competencias, así como órganos estatales (Ferrajoli, 1997: especialmente pp. 236-240; 251) que corresponden a cada expectativa positiva o negativa, esto es, los derechos fundamentales, que establece la constitución política, también es cierto que el intérprete puede integrar las lagunas legales con miras en la efectivización del contenido de los derechos constitucionales.

En este sentido, el poder judicial, o, en su caso, el tribunal constitucional siempre tendrá que compatibilizar y (re)definir derechos, así como cubrir lagunas recurriendo al texto fundamental, al derecho consuetudinario y judicial, para buscar las directrices que faciliten una respuesta coherente con la constitución (Sagüés, 2016: pp. 24; 71).

Así, si bien el reconocimiento de la subjetividad y aplicabilidad de los DESCA avanza poco a poco en el ámbito nacional e internacional, a veces con trabas, existen mecanismos “alternos” de que los que se puede echar mano para exigirlos en sede judicial y desplegar su contenido y alcances.

Nuestros tribunales federales han identificado pues, entre otros, los derechos humanos (DESCA) a: un medio ambiente sano (2015824, 2015825), a la educación (2015229, 2015300), a una vivienda digna y adecuada (2009348), a la movilidad personal de las personas con discapacidad (2009090), al mínimo vital (2002743), a la cultura física y la práctica del deporte (2021408, 2021409, 2021410), a la energía eléctrica (2018528), al agua potable (2013753), a la salud (2014025 2012501), a la cultura (2001622, 2001625).


[1] Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y Maestrante en Derecho Constitucional por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas.

[2] Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015306, Primera Sala, Octubre de 2017, Tomo I, Pag. 191.

[3] Ídem.

[4] Tesis: XXVII.3o.12 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2016922, Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2541

[5] Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015825, Primera Sala, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 411

[6] Tesis: 1a. CXXIII/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015134, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 220

[7] Tesis: 1a. CXXIV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015130, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pág. 217

[8] Tesis: 1a. CXXV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015129, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 217


Bibliografía

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Ferrajoli, Luigi (1997). Expectativas y garantías: primeras tesis de una teoría axiomatizada del Derecho. España: Doxa, núm. 20.

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Ferreyra, Raúl Gustavo (2004). Notas sobre derecho constitucional y garantías. México: Porrúa-IIJUNAM.

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Pohl, Julio (2018). Sobre la exigibilidad judicial débil de los derechos sociales. Chile: Revista chilena de derecho, vol. 45, núm. 3.

Rodríguez, Jaime y Muñoz, Arana (2015). Sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales. España: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 19.

Sagüés, Néstor Pedro (2016). La interpretación judicial de la constitución. México: Porrúa.

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Tello Moreno, Luisa Fernanda (2015). Panorama general de los DESCA en el derecho internacional de los derechos humanos. México: CNDH.

Violencia de género: vivo con mi agresor

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

En el contexto actual escuchamos constantemente de mujeres que viven sometidas a violencia perpetrada por sus parejas y la pregunta inmediata que sale a la luz por la mayoría es ¿por qué lo permite? Este cuestionamiento no solo está mal por el hecho de revictimizarla (término que hace referencia a que se está convirtiendo en víctima de nuevo porque se le vuelve a agredir), sino porque desconocemos los diferentes factores que hacen que una mujer siga con su agresor a pesar de todo.

La violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas está caracterizada por algunos elementos que la diferencian de otros tipos de violencia interpersonal:

  1. El agresor y la víctima mantienen o han mantenido una relación afectiva y/o de convivencia. El agresor no es alguien desconocido.
  2. Los episodios de agresiones tienen un inicio temprano (comienzo de la convivencia, el embarazo, el nacimiento de las/os hijas/os, etc.).
  3. La cronicidad de la violencia es otro aspecto a destacar. Las mujeres afectadas por la violencia de sus parejas, suelen pedir ayuda después de una larga evolución de las agresiones.
  4. Otra característica es la repetición de los actos violentos. La asiduidad de las agresiones referidas nos indican que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de relación, en el que cíclicamente se producen fases de incremento de la tensión que culminan con la agresión a la mujer, dando paso a otra fase de calma aparente, cuya finalidad es lograr el control y la sumisión de la víctima.
  5. Las estrategias de las víctimas frente a la violencia pretenden evitar las agresiones, y las acciones que llevan a cabo (como la denuncia, la huida, la petición de ayuda a familiares y/o a los diferentes servicios, entre otras) tienen como objetivo, en la mayoría de los casos, el cambio conductual del agresor, objetivo que suele ser inalcanzable.
  6. Las repercusiones de la violencia en las mujeres afectadas abarcan un amplio abanico de manifestaciones en el plano psíquico como la indefensión aprendida, el síndrome de estrés postraumático, y el síndrome de la mujer maltratada, en los que se observan trastornos de ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, pasividad, disminución de la capacidad de control sobre sus vidas y reexperimentación de los sucesos traumáticos, asociados a sentimientos de culpa y vergüenza. En la salud física, los efectos de la violencia se presentan de forma muy variable, desde las contusiones a las lesiones crónicas y el fallecimiento de mujeres en situación de violencia de género.  (Villanueva, 2012).

La acumulación de tensión es lo que produce las fricciones que conducen a todos los estallidos de violencia que forman un ambiente de hostilidad dentro de la convivencia en pareja, para terminar en un aparente arrepentimiento por parte del agresor, chantajes emocionales para conseguir el perdón a veces de manera inmediata, y esto depara en un círculo que inicia en la tensión y continua con creciente intensidad.

Sabemos que hay muchos tipos de violencia, algunos que hemos normalizado al punto de pasarlos por alto y considerar que es incluso una muestra de afecto como los celos que en muchas ocasiones se tornan enfermizos y se pueden transformar en violencia física.

Partiendo de eso podemos decir que la violencia puede manifestarse desde lo más pequeño, como agresiones psicológicas que atacan directamente el autoestima de la mujer propinando comentarios despectivos haciéndola menos a ella, a sus metas, sueños, proyectos, minimizando sus sentimientos, descalificando lo que piensa, lo que deriva a la sumisión de la mujer logrando que tenga miedo y cambie su forma de proyectarse tanto en público como en privado. Lo siguiente es la violencia física, jalar el cabello, empujones, golpes, mordidas, cachetadas o recurrir a objetos para hacerle daño.

Los factores que comúnmente influyen y llevan a que la víctima siga con el agresor son: el entorno familiar en el que la mujer creció, una baja autoestima, el apoyo familiar que recibe o la falta de éste, la percepción que tenga de las relaciones de pareja, la sociedad en la que vive y el bombardeo en medios del amor romántico que tiende a idealizar y normalizar muchas conductas dañinas como la dependencia, creer que somos seres que necesitan de otro para estar plenos (las llamadas “medias naranjas”), perdonar, justificar, decir que sin el otro te mueres, vigilar o dejar que te vigile y/o controle, básicamente idealizar al punto de creer que todo tiene que ser como una novela o cuento de amor.

Algunas de las secuelas que causan este tipo de conductas destructivas parte de la pareja son la baja autoestima, sentimientos negativos hacia ella y su entorno, abandono a su cuidado y aspecto personal, sentimientos de insuficiencia, comparaciones constantes con otras mujeres, pérdida de atención a sus actividades, la no aceptación y descalificación de su persona, sentimiento de abandono, apatía por sus actividades cotidianas, insatisfacción, maximiza sus errores o defectos, sentimientos irracionales de culpa, la creencia de ser agresiva y por lo tanto pedir perdón siempre y por todo, cada actividad o pensamiento deriva en algo negativo y desesperanzador.

Por otra parte, a un nivel aún más complejo encontramos otras consecuencias psicológicas más severas, por mencionar sólo un ejemplo, el síndrome que es coincidente para los especialistas en cuanto a su asociación a este tipo de violencia es el denominado Síndrome de Adaptación Paradójica, que explica cómo las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un paradójico vínculo afectivo con el maltratador, llegando a asumir las excusas esgrimidas por el agresor tras cada episodio de violencia y aceptando sus arrepentimientos, retirando denuncias policiales. Se describe el SAPVD como un conjunto de procesos psicológicos que por medio de la respuesta cognitiva, conductual y fisiológico-emocional culmina en el desarrollo de un vínculo interpersonal de protección entre la víctima y el agresor (Montero, 2001) es decir, la mujer crea un vínculo afectivo con su agresor que le impide abandonarlo o denunciarlo.

Es un tema bastante extenso y lo único que podría concluir es que no señalemos, cada una de las mujeres que pasa por situaciones similares, están peleando su propia batalla, con una historia que desconocemos, lo mejor es brindarles apoyo, escucharlas y orientarlas para que denuncien y salgan de este círculo infinito de violencia porque no es fácil y menos en un contexto donde el agresor vive contigo y se tiene un vínculo amoroso con él.

Y mujer no olvides tu valor, no mereces que te hagan sentir menos, a la primera señal de violencia vete, no minimices los actos que te hacen sentir mal o te incomodan, así sea un pequeño empujón “jugando” hazle saber a tu pareja que no está bien, recuerda que todo gran acto de violencia empieza por uno pequeño que quizá en algún momento pasaste por alto o no notaste. Eres un ser completo, no necesitas de nadie para tu plenitud, sé libre y con la primera señal de alarma aléjate.

Bibliografía

Montero. (2001). Síndrome de Adaptación paradójica a la violencia doméstica: Una propuesta teórica. . Clínica y salud.

Villanueva, S. D. (2012). Why women remain inrelations of violence?


Responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente

Por Daniel Landa Zaragoza  

La actividad empresarial tuvo un incremento económico a partir de la década de los 90’s afectando diversos sectores de la sociedad y el medio ambiente, ello despertó la conciencia social a grado tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una agenda de participación transnacional.

El 7 de abril de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció los principios rectores que guían la actividad empresarial en materia de derechos humanos.

Estos principios son: protección, respeto y reparación.

Principio de protección: Los países deben implementar medidas de prevención, supervisión, investigación, reparación y castigo contra violaciones a derechos humanos cometidos por una empresa.

Principio de respeto. Los países deben de promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas, asegurando que las políticas, leyes y cualquier medida vigente impacte en la actividad industrial.

En el caso de las empresas, deben evitar que sus actividades provoquen consecuencias negativas en los derechos humanos; para ello, deben contar con políticas y procedimientos de mitigación y reparación.

Principio de reparación. Los Estados deben adoptar mecanismos judiciales eficaces que garanticen el acceso a una reparación integral del daño, por ello, las empresas deben establecer mecanismos a nivel operacional a disposición de las personas y comunidades que sufran consecuencias negativas.

A partir del reconocimiento de estos principios fundamentales, surgió la interrogante siguiente: ¿Cómo puedo aplicar estos principios en mi empresa?

La respuesta se encuentra en el informe emitido el 21 de marzo de 2011, por John Ruggie, Representante Especial de los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y otras Empresas, que en esencia establece que las personas empresarias pueden cumplir con estos principios si adoptan estas medidas:

  • Desarrollar procesos de evaluación de impacto real y potencial derivado de las actividades empresariales.
  • Destinar recursos financieros y humanos para mitigar el impacto de manera anticipada.
  • Ante una posible vulneración al medio ambiente, se puede aplicar el principio de protección, buscando alternativas que eviten el riesgo y lo eliminen.
  • Contratar consultores en materia ambiental con el objeto de tomar decisiones adecuadas que permitan resolver problemas técnicos y especializados.  
  • Implementar un enfoque de respeto, esto impacta transversalmente en las herramientas de gestión empresarial (políticas, procedimientos, indicadores, consultas, evaluaciones de riesgo, entre otras), lo cual permite efectuar estrategias competitivas de mercado que generan intereses financieros.
  • Colaborar con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades beneficiarias, con el objeto de garantizar el derecho al medio ambiente sano. 
  • Cumplir con la normatividad aplicable en materia de impacto ambiental en la instrumentación, operación y producción.

Los principios y medidas precisadas con anterioridad sirvieron de apoyo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los siguientes casos:

              1. Velázquez Rodríguez vs. Honduras.

              2. Masacre de Mapiripán vs Colombia.

          3. Comunidades indígenas afrodescendientes desplazadas de la                    cuenca del Río Cacarica vs Colombia.

              4. Norín Catrimán y otros vs Chile.

              5. Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil.

Estos casos tienen como causa común la afectación al medio ambiente derivado de la actividad empresarial, por ello, se resolvió que los gobiernos en colaboración con las empresas deben realizar las siguientes actividades:

  1. Adoptar medidas necesarias para evitar que las actividades desarrolladas afecten derechos de las personas.
  2. Prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio.
  3. Regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente.
  4. Realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo.
  5. Establecer un plan de contingencia.
  6. Contar con medidas de seguridad para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
  7. Mitigar el daño ambiental que se hubiere producido.
  8. Proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente.
  9. Cooperar de buena fe, para la protección contra daños al medio ambiente.
  10. Garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente.
  11. Garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente.

Ante estas actividades internacionales, el Estado Mexicano reconoció el derecho al medio ambiente sano a través del artículo 4o constitucional, partiendo del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador”, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Estos instrumentos normativos establecieron que los tres poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial), deben adoptar en colaboración con las empresas, aquellas medidas que garanticen y protejan la naturaleza y el ambiente.

Asimismo, se fijó un estándar de exigencia y de respeto a partir de dos efectos erga omnes, el primero, consiste en preservar la sustentabilidad del entorno ambiental (eficacia horizontal), y el segundo, la obligación de vigilar, conservar y garantizar las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).

Por ello, actualmente se reconoce que los derechos ambientales brindan a la ciudadanía un acceso de calidad que les permite gozar su bienestar a través de una vida digna.

Es así que, estos derechos deben ser protegidos, vigilados, conservados y garantizados, no solo por las autoridades, sino también por las empresas, con el objeto de mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras.

Lo anterior, implica una base axiológica reconocida a través del principio intergeneracional, el cual establece acciones para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ese motivo, se considera que los derechos ambientales son de carácter difuso, pues su tutela está sujeta a un bien jurídico no tradicional.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el principio in dubio pro-natura -prevención a favor de los recursos naturales-, busca prevenir y proteger el interés social cuando no existe certeza en alguna ciencia auxiliar que garantice su protección.

Razón por la cual se ofrece una protección especial en contra de actos y abusos de las empresas, a fin de evitar o disminuir daños al ambiente, tratándose de riesgos inciertos.

Por tanto, se fijaron los siguientes parámetros de responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente:

  1. Utilizar eficazmente los recursos naturales.
  2. Limitar el crecimiento cuantitativo del ambiente.
  3. Prevenir los sistemas físicos y biológicos.
  4. Considerar la dimensión económica y mitigar las consecuencias causadas por la actividad desplegada.

Como es posible advertir, las empresas tienen una responsabilidad especial frente al medio ambiente, pues sus actividades pueden vulnerar éste y más derechos humanos, por ello, es necesario que adopten estándares internacionales y nacionales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Extracción de Shale Gas

Por Saraly Miranda de los Santos

Para entender en qué consiste la extracción de shale gas es esencial partir de donde se genera.

La roca que servirá como roca generadora de los hidrocarburos es la lutita, la cual es la más abundante en toda la Tierra, siendo su función principal en los hidrocarburos para así dar paso a la migración de estos y al final actuar como sello para el entrampamiento de petróleo y gas en los yacimientos. 

Las lutitas no habían sido consideradas importantes en los procesos de perforación, al contrario en muchas ocasiones eran consideradas como un estorbo, sin embargo con ayuda de Geólogos e Ingenieros se conocieron nuevas características de dichas rocas. Las cuales son ricas en materia orgánica y tienen el potencial para actuar no solo como fuentes de hidrocarburos sino también como un yacimiento que puede ser explorado y explotado.

El auge de este tipo de exploración en yacimientos de lutita es la lutita Barnett Texas. Para lograr que se volviera un proyecto económicamente viable, se necesitaron aproximadamente 20 años de experimentación. Es aquí cuando se da a conocer por primera vez la estimulación por fracturamiento hidráulico y perforación horizontal.

Cuando encontramos un depósito de lutitas y este es rico en materia orgánica con un alto potencial para la producción de hidrocarburos, éste será conocido como un yacimiento no convencional y los recursos de este serán recursos no convencionales. Algunas de las características más importantes para darles esta denominación son:

  • Tendrá que ser un yacimiento con una permeabilidad inferior a los 0.1 mD.
  • Actuará al mismo tiempo como yacimiento y como fuente de hidrocarburo.
  • El pozo deberá ser estimulado mediante tratamientos de fracturamiento hidráulico, perforación horizontal, multilateral o alguna otra técnica no convencional.

El fracturamiento hidráulico también ayuda a generar permeabilidad en la roca la cual, como se dijo con anterioridad, posee muy poca permeabilidad natural. Sin embargo algunas de las complicaciones que se tenían con este método era que producía tasas de flujo de producción elevadas y en consecuencia se tenía una caída muy rápida. Por esta razón se tuvo que recurrir a una nueva tecnología para tener un contacto directo con éste, y así tener un mayor control. Fue así como se llegó a la perforación horizontal, gracias a esto se tuvo la capacidad de perforar pozos horizontales con un mayor alcance, esto permitió tener contacto con un mayor volumen de roca.

Con ayuda de estas dos tecnologías fue como las compañías que operaban con la lutita Barnett lograron obtener grandes volúmenes de hidrocarburos procedentes de lutitas generadoras. Es así como la producción de gas de lutita de Barnett pasó a ser la extensión o formación productora más grande de EUA contribuyendo con el 7% de todo el gas producido en los 48 estados contiguos ese año.

A diferencia de las extensiones productivas convencionales, los recursos no convencionales cubren una extensa superficie y habitualmente no están confinados a una estructura geológica. Por lo que para su extracción se recurrirá a la fractura hidráulica llamada fracking, en donde desde un pozo perforado en formaciones rocosas se inyectará a grandes presiones de millones de galones de fluido (agua) para así crear canales en la roca. Se inyectan aproximadamente entre 4 y 10 millones de litros de agua mezclados con arena y aditivos los cuales permitirán mejorar la suspensión de los granos arenosos en el agua. Después de que esta mezcla llegue hasta la última fractura abierta regresará a la superficie ya con el gas confinado para así salir al exterior. Los granos de arena que fueron introducidos con el agua se quedan encajados en las grietas y las mantienen abiertas para que el gas pueda seguir escapando de las rocas.

El procedimiento explicado anteriormente se encuentra demostrado en la siguiente imagen:

Método de la extracción de gas por fracking | Aguas residuales ...

Recuperado de: https://www.utilityteam.co.uk/fracking-drilling-down-into-the-facts/what-is-fracking-diagram/(08/04/2020)

Este procedimiento tiene ciertos riesgos y desventajas que se deben tomar en cuenta. Debido a las grandes cantidades de agua que se necesitarán para realizar la extracción se buscarán mantos acuíferos, los cuales serán contaminados así como los depósitos de agua superficiales. Para todo este procedimiento se necesitarán usar grandes volúmenes de agua potable lo cual afectará a la población que se encuentre cerca de esta zona. Las fracturas hidráulicas que provocarán emanaciones de gas a la superficie también son un problema importante.

Uno de los ejemplos más conocidos actualmente son todas las denuncias que llegó a recibir la Agencia de Protección Ambiental, una de ellas por quitarle los cargos a una gasífera la cual estaba siendo acusada de contaminar agua potable para realizar fracking. La Agencia de Protección Ambiental no hizo más por la población que estaba siendo afectada; lamentablemente estas personas llegaron a tener problemas como que el agua empezara a arder si se le acercaba un cerillo. Algunas de las investigaciones que se hicieron arrojaron que el metano en los niveles descubiertos era potencialmente explosivos o inflamables, y el benceno encontrado podía llegar a causar cáncer y anemia si se ingería o inhalaba. Las familias recurrieron a liberar el gas que pasa por su pozo todos los días para evitar que la contaminación del agua fuera mayor.

Las gaseras explican que este es un muy buen negocio debido a que producen grandes cantidades de gas gracias a que este procedimiento es muy barato. Es así como nos podemos dar cuenta de que existe un inherente conflicto de intereses, así como la falta de políticas para que este tipo de situaciones en las que se compromete a largo plazo el desarrollo humano en el ámbito social, económico y ecológico sean tomadas en cuenta.

Para México el mayor potencial de recursos no convencionales de hidrocarburo es el shale gas y shale oil. En septiembre de 2015 se realizó un informe por la Energy Information Administration (EIA) del Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos de América, quienes estimaron que México cuenta con recursos potenciales de shale gas de 545 billones de pies cúbicos (Tcf) y 13 mmmb de shale oil y condensado. Gracias a este estudio se pudieron identificar cinco provincias potencialmente productoras de shale gas y condensados en México en 8 formaciones.

Al ver estas cifras nos podemos dar cuenta de lo importante que es empezar a trabajar en impulsar la profesionalización del personal de dependencias gubernamentales y del poder legislativo para que no se tengan más casos como lo sucedido en Texas (EUA) en donde no se le da importancia al impacto negativo que recibe la sociedad y el ámbito ecológico. Entender que si solo se piensa en las ganancias y no se busca un equilibrio para responder eficazmente a los problemas de sostenibilidad en México no logrará tener ese crecimiento y no aprovecharemos de forma adecuada nuestros recursos.

Fuentes