Publicado en Complejidad Social (Derecho, Economía y Política)

Sobre la justiciabilidad de los derechos sociales en México

Por Roberto de Jesús Salas Cruz[1]

Hoy por hoy los Derechos Humanos, la ponderación de principios, los nuevos modelos de argumentación e interpretación y la apertura del derecho interno al derecho internacional han venido a configurar todo un nuevo paradigma normativo, que permea la totalidad del orden jurídico y la comprensión misma del derecho y el Estado.

La nota más característica de este paradigma normativo es la nueva comprensión que se tiene sobre la constitución iuspolítica de una nación.

La constitución no es ya un mero programa político dirigido a intentar disuadir a los mandatarios en turno a actuar según sus letras, es más bien el instrumento de organización social normativo que reglamenta las conductas y omisiones que el Estado y los particulares han de seguir o evitar en todo momento, con la mirada puesta en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y el desarrollo y bienestar común de la nación. Es, en ese sentido, una verdadera norma jurídica.

Así, la constitución, participando de la naturaleza de toda norma jurídica goza de una fuerza normativa entendida como “la aptitud para regular (en forma y contenido) la producción de normas subconstitucionales y de los actos y omisiones de sus operadores” (Sagüés, 2016, p. 19).

Las disposiciones constitucionales de un Estado -afirma Ferreyra (2004: p. 57)- responden a dos finalidades: “configurar la arquitectura de sus poderes y los controles y garantías para su funcionamiento (…) y conferir el reconocimiento de los derechos (…) a las personas”.

Es por esa razón, que la misma ha dispuesto para sí una serie de garantías endógenas para la protección de la regularidad del orden jurídico, mediante las cuales puede evitar la trasgresión del orden normativo por ella delimitado al reparar las violaciones al orden jurídico mediante la anulación de los actos u omisiones contrarios a ella, ya sea en un aspecto dogmático u orgánico, así como la desaplicación de leyes imposibles de ser interpretadas de conformidad con la misma.

Sin embargo, debido a una recalcitrante y férrea tradición de tipo liberal, se han denostado los llamados “derechos económicos, sociales y culturales”, despojándolos de su categoría de normas jurídicas constitucionales, pues no se cuenta hasta la fecha en nuestro país con vías exactamente idóneas para su operativización y garantía.

Estos derechos (a partir de ahora DESCA) son producto, según Tello (2015, pp. 16-18) del crecimiento y auge del capitalismo liberal, que generaba que un sector bastante amplio de la sociedad quedase en rezago y desamparo, al quedar sujetos únicamente a una lógica de mercado sin ningún tipo de regulación estatal. Por lo que -continúa nuestra autora- para el siglo XIX nace el Estado benefactor “constituido por derechos con mayor contenido económico y social, encaminados a satisfacer ciertas necesidades materiales de las personas como medida para subsanar las desigualdades”.

Entre los aspectos, digamos, filosóficos o sociológicos, que fundamentan estos derechos están, según Salazar (2013), la libertad fáctica, la necesidad e importancia (urgencia) y la igualdad material.

Con ello se da cuenta de que efectivamente, tal como dijese Da Silva (2016, p. 21), la constitución en su aspecto normativo, es una norma “en conexión con la realidad social”, que es de donde aquella obtiene su contenido fáctico y sentido axiológico, por lo que ciertas conductas y necesidades valoradas históricamente se constituyen en el fundamento de la vida en comunidad, que a la postre se revelan como preceptos normativos fundamentales (los DESCA, para nuestros fines).

Los DESCA son reconocidos por la Constitución Política Mexicana y la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, en un ejercicio de hermenéutica constitucional y teoría jurídica general, estos forman parte del catálogo de derechos humanos del bloque de regularidad normativa.

Este último es definido como el:

conjunto de normas que gozan jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país y que […] constituyen el parámetro de control de validez del resto de los enunciados normativos, pese a que no necesariamente aparezcan […] en la Carta Fundamental, siempre y cuando sea ésta la que remita a aquéllas (Rodríguez, citado en Guerrero, 2015, p. 58).

Es decir, los DESCA comparten, junto a los derechos político-civiles (DPC), la característica de ser derechos constitucionales fundamentales, sin superioridad jerárquica de unos sobre de otros, es decir crean en su conjunto “la unidad de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el orden jurídico […] caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo […] sin que ninguno tenga preeminencia formal sobre los otros” (Astudillo, 2015, p. 121).

Por lo que sin lugar a dudas estamos de acuerdo en que “es posible defender la consagración de derechos directamente exigibles en el artículo 26 de la Convención Americana [referente a los DESCA]” (Parra, 2018, p. 189), y, por tanto, estos derechos se hallan en el bloque de regularidad ubicable en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política, y se pueden exigir frente a las autoridades estatales mexicanas.

La exigibilidad de estos derechos ciertamente genera una serie de problemas, tales como determinar qué derechos pueden inferirse tanto de la Convención como de la Constitución, cuáles son los alcances de las cláusulas de desarrollo progresivo y cómo operan las obligaciones estatales referentes a estos derechos (Parra, 2018, p. 190),

Los problemas anteriores por lo general van también acompañados por otros asociados a limitaciones socioeconómicas, a desviaciones en la manera de procurar su realización y a dificultades de naturaleza procesal o conceptual [de contenido y alcances] (Casal, 2015, p. 21) pero ello no conlleva al hecho de negarles su categoría de normas jurídicas exigibles ni relegarlos a meras normas programáticas.

Lo anterior toda vez que “motivados por los procesos de constitucionalización de los derechos humanos e internacionalización del derecho constitucional, existen obligaciones específicas para el reconocimiento y garantía de los DESCA» (Martínez, 2018, p. 382).

Estas obligaciones nacen en virtud de que los derechos fundamentales (entre ellos los DESCA) otorgan facultades y estatus jurídicos a la persona, así también sirven como elementos estructurales del orden jurídico (Nogueira, 2003, p. 83).

Los derechos sociales fundamentales (o los DESCA constitucionalmente estatuidos) son posiciones jurídicas resultantes de una norma constitucional que incorporan deberes u obligaciones, las cuales tutelan bienes de la más alta relevancia social indisolublemente conectados a la dignidad humana, invocables y exigibles ante los tribunales jurisdiccionales (Rodríguez, Muñoz, 2015, pp. 117-118).

En virtud de lo anterior, estos DESCA junto a los DPC “constituyen preceptos directamente vinculantes y aplicables que configuran y dan forma al Estado […] constituyendo el núcleo básico irreductible e irrenunciable del estatus jurídico de la persona” (Nogueira, 2002, p. 82).

Por ello, pese a cualquier intento de socavar su naturaleza normativa bajo las excusas de poca viabilidad económica del Estado, así como de su aparente indeterminación de contenidos, los derechos sociales pueden ser judicialmente exigidos (Mestre i Mestre; Bustos Bottai, citados en Pohl, 2018, p. 693). Al efecto asegura Nogueira (2003, p. 86) “en cuanto existe plena positivización de los derechos, ya sea por norma constitucional o tratado internacional […] todo ciudadano tiene el derecho a recabar su tutela judicial efectiva por los tribunales”.

México (perteneciente al sistema interamericano de Derechos Humanos) ha adoptado en su constitución y jurisprudencia una serie de enunciados e interpretaciones jurídicas que nos permiten ver un intento institucional de amoldarse a las exigencias del derecho internacional en materia de derechos humanos en general y de los derechos sociales en específico.

Cabe hacer especial referencia a los artículos 3, 4 y 123 constitucionales que señalan una serie importante de derechos de índole social, tales como la educación (artículo 3); la igualdad, la libertad de procreación, la alimentación, la salud, el medio ambiente, el agua, la vivienda, la identidad, la infancia, la cultura, el deporte (artículo 4); y el trabajo (artículo 123).

Sobre ellos, por formar parte del bloque de regularidad normativa, la Suprema Corte se ha pronunciado mediante tesis jurisprudencial concluyendo que “esos derechos no constituyen meros «objetivos programáticos», sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados”[2]. Señalando asimismo que estos derechos imponen obligaciones básicas tales como garantizar niveles mínimos de su disfrute efectivo, sin discriminación, tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como otras medidas de tipo progresivo dependiendo de la capacidad económica del Estado[3].

La misma tesis jurisprudencial concluye

la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado

De la misma forma, una serie de interesantes tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación nos brindan importante información sobre la forma en que los tribunales están entendiendo y resolviendo los litigios que versan sobre los DESCA.

Por ejemplo, los Tribunales Colegiados[4] hablando específicamente del derecho al agua (pero sin lugar a dudar, aplicable por analogía a los demás DESCA), reflexiona que los derechos imponen al Estado verdaderas obligaciones

(…) consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).

La primera sala, respecto al derecho a un medio ambiente sano, menciona que este derecho (y, de nuevo, aplicable por analogía a los demás DESCA), “vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales”[5].

Con estos antecedentes podemos analizar entonces un cúmulo de tesis aisladas, de tipo digamos, metodológicas, que nos hablan de las obligaciones a que está sujeto el Estado.

En primer lugar, son tres niveles básicos de protección los que hay que tener en cuenta:

(…) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible […]; (ii) […] un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas[6].

Sobre el deber de protección al núcleo esencial:

(…) esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de otros derechos, sino que atacan directamente su dignidad, luego se entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la dignidad de las personas [por lo que de constatar dicha violación los Tribunales] deberán declararlo y ordenar su inmediata protección[7].

Ahora, sobre el deber de progresividad:

(…) los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión[8].

De esta manera es por demás claro que los derechos sociales, económicos y culturales son verdaderas normas jurídicas, generadoras de deberes para el Estado y los particulares, plenamente justiciables y exigibles en sede jurisdiccional. Forman parte además del bloque de regularidad normativa, cumpliendo funciones objetivas y subjetivas en el orden jurídico, tendientes a la protección de la dignidad de las personas y legitimar del sistema jurídico mexicano.

Ahora bien, como se ha mencionado, una buena parte del contenido y alcance de estos derechos carece aún de un desarrollo y justiciabilidad plenos por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, a través del desarrollo doctrinario y jurisprudencial, mediante los diferentes ejercicios de interpretación y argumentación jurídicas, se puede ampliar el espectro de casos donde, en ausencia de desarrollo legislativo (principal adversario de la justiciabilidad plena), la constitución puede llegar a ser aplicada directamente para colmar esos vacíos legales.

Aunque ciertamente, como dijese Luigi Ferrajoli (2006: p. 28), en el Estado constitucional, es al legislador sobre quien recae la responsabilidad originaria de modelar el orden jurídico (mexicano en nuestro caso), estatuyendo las obligaciones, prohibiciones, facultades y competencias, así como órganos estatales (Ferrajoli, 1997: especialmente pp. 236-240; 251) que corresponden a cada expectativa positiva o negativa, esto es, los derechos fundamentales, que establece la constitución política, también es cierto que el intérprete puede integrar las lagunas legales con miras en la efectivización del contenido de los derechos constitucionales.

En este sentido, el poder judicial, o, en su caso, el tribunal constitucional siempre tendrá que compatibilizar y (re)definir derechos, así como cubrir lagunas recurriendo al texto fundamental, al derecho consuetudinario y judicial, para buscar las directrices que faciliten una respuesta coherente con la constitución (Sagüés, 2016: pp. 24; 71).

Así, si bien el reconocimiento de la subjetividad y aplicabilidad de los DESCA avanza poco a poco en el ámbito nacional e internacional, a veces con trabas, existen mecanismos “alternos” de que los que se puede echar mano para exigirlos en sede judicial y desplegar su contenido y alcances.

Nuestros tribunales federales han identificado pues, entre otros, los derechos humanos (DESCA) a: un medio ambiente sano (2015824, 2015825), a la educación (2015229, 2015300), a una vivienda digna y adecuada (2009348), a la movilidad personal de las personas con discapacidad (2009090), al mínimo vital (2002743), a la cultura física y la práctica del deporte (2021408, 2021409, 2021410), a la energía eléctrica (2018528), al agua potable (2013753), a la salud (2014025 2012501), a la cultura (2001622, 2001625).


[1] Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas y Maestrante en Derecho Constitucional por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas.

[2] Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015306, Primera Sala, Octubre de 2017, Tomo I, Pag. 191.

[3] Ídem.

[4] Tesis: XXVII.3o.12 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2016922, Tribunales Colegiados de Circuito, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2541

[5] Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015825, Primera Sala, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 411

[6] Tesis: 1a. CXXIII/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015134, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 220

[7] Tesis: 1a. CXXIV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 2015130, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pág. 217

[8] Tesis: 1a. CXXV/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015129, Primera Sala, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pag. 217


Bibliografía

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Pohl, Julio (2018). Sobre la exigibilidad judicial débil de los derechos sociales. Chile: Revista chilena de derecho, vol. 45, núm. 3.

Rodríguez, Jaime y Muñoz, Arana (2015). Sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales. España: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 19.

Sagüés, Néstor Pedro (2016). La interpretación judicial de la constitución. México: Porrúa.

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Tello Moreno, Luisa Fernanda (2015). Panorama general de los DESCA en el derecho internacional de los derechos humanos. México: CNDH.

Publicado en Brenda Paola Sánchez Sánchez, Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Feminismos y equidad de género

Violencia de género: vivo con mi agresor

Por Brenda Paola Sánchez Sánchez

En el contexto actual escuchamos constantemente de mujeres que viven sometidas a violencia perpetrada por sus parejas y la pregunta inmediata que sale a la luz por la mayoría es ¿por qué lo permite? Este cuestionamiento no solo está mal por el hecho de revictimizarla (término que hace referencia a que se está convirtiendo en víctima de nuevo porque se le vuelve a agredir), sino porque desconocemos los diferentes factores que hacen que una mujer siga con su agresor a pesar de todo.

La violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas está caracterizada por algunos elementos que la diferencian de otros tipos de violencia interpersonal:

  1. El agresor y la víctima mantienen o han mantenido una relación afectiva y/o de convivencia. El agresor no es alguien desconocido.
  2. Los episodios de agresiones tienen un inicio temprano (comienzo de la convivencia, el embarazo, el nacimiento de las/os hijas/os, etc.).
  3. La cronicidad de la violencia es otro aspecto a destacar. Las mujeres afectadas por la violencia de sus parejas, suelen pedir ayuda después de una larga evolución de las agresiones.
  4. Otra característica es la repetición de los actos violentos. La asiduidad de las agresiones referidas nos indican que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de relación, en el que cíclicamente se producen fases de incremento de la tensión que culminan con la agresión a la mujer, dando paso a otra fase de calma aparente, cuya finalidad es lograr el control y la sumisión de la víctima.
  5. Las estrategias de las víctimas frente a la violencia pretenden evitar las agresiones, y las acciones que llevan a cabo (como la denuncia, la huida, la petición de ayuda a familiares y/o a los diferentes servicios, entre otras) tienen como objetivo, en la mayoría de los casos, el cambio conductual del agresor, objetivo que suele ser inalcanzable.
  6. Las repercusiones de la violencia en las mujeres afectadas abarcan un amplio abanico de manifestaciones en el plano psíquico como la indefensión aprendida, el síndrome de estrés postraumático, y el síndrome de la mujer maltratada, en los que se observan trastornos de ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, pasividad, disminución de la capacidad de control sobre sus vidas y reexperimentación de los sucesos traumáticos, asociados a sentimientos de culpa y vergüenza. En la salud física, los efectos de la violencia se presentan de forma muy variable, desde las contusiones a las lesiones crónicas y el fallecimiento de mujeres en situación de violencia de género.  (Villanueva, 2012).

La acumulación de tensión es lo que produce las fricciones que conducen a todos los estallidos de violencia que forman un ambiente de hostilidad dentro de la convivencia en pareja, para terminar en un aparente arrepentimiento por parte del agresor, chantajes emocionales para conseguir el perdón a veces de manera inmediata, y esto depara en un círculo que inicia en la tensión y continua con creciente intensidad.

Sabemos que hay muchos tipos de violencia, algunos que hemos normalizado al punto de pasarlos por alto y considerar que es incluso una muestra de afecto como los celos que en muchas ocasiones se tornan enfermizos y se pueden transformar en violencia física.

Partiendo de eso podemos decir que la violencia puede manifestarse desde lo más pequeño, como agresiones psicológicas que atacan directamente el autoestima de la mujer propinando comentarios despectivos haciéndola menos a ella, a sus metas, sueños, proyectos, minimizando sus sentimientos, descalificando lo que piensa, lo que deriva a la sumisión de la mujer logrando que tenga miedo y cambie su forma de proyectarse tanto en público como en privado. Lo siguiente es la violencia física, jalar el cabello, empujones, golpes, mordidas, cachetadas o recurrir a objetos para hacerle daño.

Los factores que comúnmente influyen y llevan a que la víctima siga con el agresor son: el entorno familiar en el que la mujer creció, una baja autoestima, el apoyo familiar que recibe o la falta de éste, la percepción que tenga de las relaciones de pareja, la sociedad en la que vive y el bombardeo en medios del amor romántico que tiende a idealizar y normalizar muchas conductas dañinas como la dependencia, creer que somos seres que necesitan de otro para estar plenos (las llamadas “medias naranjas”), perdonar, justificar, decir que sin el otro te mueres, vigilar o dejar que te vigile y/o controle, básicamente idealizar al punto de creer que todo tiene que ser como una novela o cuento de amor.

Algunas de las secuelas que causan este tipo de conductas destructivas parte de la pareja son la baja autoestima, sentimientos negativos hacia ella y su entorno, abandono a su cuidado y aspecto personal, sentimientos de insuficiencia, comparaciones constantes con otras mujeres, pérdida de atención a sus actividades, la no aceptación y descalificación de su persona, sentimiento de abandono, apatía por sus actividades cotidianas, insatisfacción, maximiza sus errores o defectos, sentimientos irracionales de culpa, la creencia de ser agresiva y por lo tanto pedir perdón siempre y por todo, cada actividad o pensamiento deriva en algo negativo y desesperanzador.

Por otra parte, a un nivel aún más complejo encontramos otras consecuencias psicológicas más severas, por mencionar sólo un ejemplo, el síndrome que es coincidente para los especialistas en cuanto a su asociación a este tipo de violencia es el denominado Síndrome de Adaptación Paradójica, que explica cómo las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un paradójico vínculo afectivo con el maltratador, llegando a asumir las excusas esgrimidas por el agresor tras cada episodio de violencia y aceptando sus arrepentimientos, retirando denuncias policiales. Se describe el SAPVD como un conjunto de procesos psicológicos que por medio de la respuesta cognitiva, conductual y fisiológico-emocional culmina en el desarrollo de un vínculo interpersonal de protección entre la víctima y el agresor (Montero, 2001) es decir, la mujer crea un vínculo afectivo con su agresor que le impide abandonarlo o denunciarlo.

Es un tema bastante extenso y lo único que podría concluir es que no señalemos, cada una de las mujeres que pasa por situaciones similares, están peleando su propia batalla, con una historia que desconocemos, lo mejor es brindarles apoyo, escucharlas y orientarlas para que denuncien y salgan de este círculo infinito de violencia porque no es fácil y menos en un contexto donde el agresor vive contigo y se tiene un vínculo amoroso con él.

Y mujer no olvides tu valor, no mereces que te hagan sentir menos, a la primera señal de violencia vete, no minimices los actos que te hacen sentir mal o te incomodan, así sea un pequeño empujón “jugando” hazle saber a tu pareja que no está bien, recuerda que todo gran acto de violencia empieza por uno pequeño que quizá en algún momento pasaste por alto o no notaste. Eres un ser completo, no necesitas de nadie para tu plenitud, sé libre y con la primera señal de alarma aléjate.

Bibliografía

Montero. (2001). Síndrome de Adaptación paradójica a la violencia doméstica: Una propuesta teórica. . Clínica y salud.

Villanueva, S. D. (2012). Why women remain inrelations of violence?


Publicado en Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Daniel Landa Zaragoza

Responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente

Por Daniel Landa Zaragoza  

La actividad empresarial tuvo un incremento económico a partir de la década de los 90’s afectando diversos sectores de la sociedad y el medio ambiente, ello despertó la conciencia social a grado tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó una agenda de participación transnacional.

El 7 de abril de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció los principios rectores que guían la actividad empresarial en materia de derechos humanos.

Estos principios son: protección, respeto y reparación.

Principio de protección: Los países deben implementar medidas de prevención, supervisión, investigación, reparación y castigo contra violaciones a derechos humanos cometidos por una empresa.

Principio de respeto. Los países deben de promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas, asegurando que las políticas, leyes y cualquier medida vigente impacte en la actividad industrial.

En el caso de las empresas, deben evitar que sus actividades provoquen consecuencias negativas en los derechos humanos; para ello, deben contar con políticas y procedimientos de mitigación y reparación.

Principio de reparación. Los Estados deben adoptar mecanismos judiciales eficaces que garanticen el acceso a una reparación integral del daño, por ello, las empresas deben establecer mecanismos a nivel operacional a disposición de las personas y comunidades que sufran consecuencias negativas.

A partir del reconocimiento de estos principios fundamentales, surgió la interrogante siguiente: ¿Cómo puedo aplicar estos principios en mi empresa?

La respuesta se encuentra en el informe emitido el 21 de marzo de 2011, por John Ruggie, Representante Especial de los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y otras Empresas, que en esencia establece que las personas empresarias pueden cumplir con estos principios si adoptan estas medidas:

  • Desarrollar procesos de evaluación de impacto real y potencial derivado de las actividades empresariales.
  • Destinar recursos financieros y humanos para mitigar el impacto de manera anticipada.
  • Ante una posible vulneración al medio ambiente, se puede aplicar el principio de protección, buscando alternativas que eviten el riesgo y lo eliminen.
  • Contratar consultores en materia ambiental con el objeto de tomar decisiones adecuadas que permitan resolver problemas técnicos y especializados.  
  • Implementar un enfoque de respeto, esto impacta transversalmente en las herramientas de gestión empresarial (políticas, procedimientos, indicadores, consultas, evaluaciones de riesgo, entre otras), lo cual permite efectuar estrategias competitivas de mercado que generan intereses financieros.
  • Colaborar con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades beneficiarias, con el objeto de garantizar el derecho al medio ambiente sano. 
  • Cumplir con la normatividad aplicable en materia de impacto ambiental en la instrumentación, operación y producción.

Los principios y medidas precisadas con anterioridad sirvieron de apoyo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los siguientes casos:

              1. Velázquez Rodríguez vs. Honduras.

              2. Masacre de Mapiripán vs Colombia.

          3. Comunidades indígenas afrodescendientes desplazadas de la                    cuenca del Río Cacarica vs Colombia.

              4. Norín Catrimán y otros vs Chile.

              5. Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil.

Estos casos tienen como causa común la afectación al medio ambiente derivado de la actividad empresarial, por ello, se resolvió que los gobiernos en colaboración con las empresas deben realizar las siguientes actividades:

  1. Adoptar medidas necesarias para evitar que las actividades desarrolladas afecten derechos de las personas.
  2. Prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio.
  3. Regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente.
  4. Realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo.
  5. Establecer un plan de contingencia.
  6. Contar con medidas de seguridad para minimizar la posibilidad de accidentes ambientales.
  7. Mitigar el daño ambiental que se hubiere producido.
  8. Proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente.
  9. Cooperar de buena fe, para la protección contra daños al medio ambiente.
  10. Garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente.
  11. Garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente.

Ante estas actividades internacionales, el Estado Mexicano reconoció el derecho al medio ambiente sano a través del artículo 4o constitucional, partiendo del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador”, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Estos instrumentos normativos establecieron que los tres poderes de la unión (legislativo, ejecutivo y judicial), deben adoptar en colaboración con las empresas, aquellas medidas que garanticen y protejan la naturaleza y el ambiente.

Asimismo, se fijó un estándar de exigencia y de respeto a partir de dos efectos erga omnes, el primero, consiste en preservar la sustentabilidad del entorno ambiental (eficacia horizontal), y el segundo, la obligación de vigilar, conservar y garantizar las regulaciones pertinentes (eficacia vertical).

Por ello, actualmente se reconoce que los derechos ambientales brindan a la ciudadanía un acceso de calidad que les permite gozar su bienestar a través de una vida digna.

Es así que, estos derechos deben ser protegidos, vigilados, conservados y garantizados, no solo por las autoridades, sino también por las empresas, con el objeto de mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras.

Lo anterior, implica una base axiológica reconocida a través del principio intergeneracional, el cual establece acciones para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ese motivo, se considera que los derechos ambientales son de carácter difuso, pues su tutela está sujeta a un bien jurídico no tradicional.

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el principio in dubio pro-natura -prevención a favor de los recursos naturales-, busca prevenir y proteger el interés social cuando no existe certeza en alguna ciencia auxiliar que garantice su protección.

Razón por la cual se ofrece una protección especial en contra de actos y abusos de las empresas, a fin de evitar o disminuir daños al ambiente, tratándose de riesgos inciertos.

Por tanto, se fijaron los siguientes parámetros de responsabilidad empresarial frente al derecho al medio ambiente:

  1. Utilizar eficazmente los recursos naturales.
  2. Limitar el crecimiento cuantitativo del ambiente.
  3. Prevenir los sistemas físicos y biológicos.
  4. Considerar la dimensión económica y mitigar las consecuencias causadas por la actividad desplegada.

Como es posible advertir, las empresas tienen una responsabilidad especial frente al medio ambiente, pues sus actividades pueden vulnerar éste y más derechos humanos, por ello, es necesario que adopten estándares internacionales y nacionales para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Publicado en Ciencia, tecnología y sustentabilidad, Saraly Miranda de los Santos.

Extracción de Shale Gas

Por Saraly Miranda de los Santos

Para entender en qué consiste la extracción de shale gas es esencial partir de donde se genera.

La roca que servirá como roca generadora de los hidrocarburos es la lutita, la cual es la más abundante en toda la Tierra, siendo su función principal en los hidrocarburos para así dar paso a la migración de estos y al final actuar como sello para el entrampamiento de petróleo y gas en los yacimientos. 

Las lutitas no habían sido consideradas importantes en los procesos de perforación, al contrario en muchas ocasiones eran consideradas como un estorbo, sin embargo con ayuda de Geólogos e Ingenieros se conocieron nuevas características de dichas rocas. Las cuales son ricas en materia orgánica y tienen el potencial para actuar no solo como fuentes de hidrocarburos sino también como un yacimiento que puede ser explorado y explotado.

El auge de este tipo de exploración en yacimientos de lutita es la lutita Barnett Texas. Para lograr que se volviera un proyecto económicamente viable, se necesitaron aproximadamente 20 años de experimentación. Es aquí cuando se da a conocer por primera vez la estimulación por fracturamiento hidráulico y perforación horizontal.

Cuando encontramos un depósito de lutitas y este es rico en materia orgánica con un alto potencial para la producción de hidrocarburos, éste será conocido como un yacimiento no convencional y los recursos de este serán recursos no convencionales. Algunas de las características más importantes para darles esta denominación son:

  • Tendrá que ser un yacimiento con una permeabilidad inferior a los 0.1 mD.
  • Actuará al mismo tiempo como yacimiento y como fuente de hidrocarburo.
  • El pozo deberá ser estimulado mediante tratamientos de fracturamiento hidráulico, perforación horizontal, multilateral o alguna otra técnica no convencional.

El fracturamiento hidráulico también ayuda a generar permeabilidad en la roca la cual, como se dijo con anterioridad, posee muy poca permeabilidad natural. Sin embargo algunas de las complicaciones que se tenían con este método era que producía tasas de flujo de producción elevadas y en consecuencia se tenía una caída muy rápida. Por esta razón se tuvo que recurrir a una nueva tecnología para tener un contacto directo con éste, y así tener un mayor control. Fue así como se llegó a la perforación horizontal, gracias a esto se tuvo la capacidad de perforar pozos horizontales con un mayor alcance, esto permitió tener contacto con un mayor volumen de roca.

Con ayuda de estas dos tecnologías fue como las compañías que operaban con la lutita Barnett lograron obtener grandes volúmenes de hidrocarburos procedentes de lutitas generadoras. Es así como la producción de gas de lutita de Barnett pasó a ser la extensión o formación productora más grande de EUA contribuyendo con el 7% de todo el gas producido en los 48 estados contiguos ese año.

A diferencia de las extensiones productivas convencionales, los recursos no convencionales cubren una extensa superficie y habitualmente no están confinados a una estructura geológica. Por lo que para su extracción se recurrirá a la fractura hidráulica llamada fracking, en donde desde un pozo perforado en formaciones rocosas se inyectará a grandes presiones de millones de galones de fluido (agua) para así crear canales en la roca. Se inyectan aproximadamente entre 4 y 10 millones de litros de agua mezclados con arena y aditivos los cuales permitirán mejorar la suspensión de los granos arenosos en el agua. Después de que esta mezcla llegue hasta la última fractura abierta regresará a la superficie ya con el gas confinado para así salir al exterior. Los granos de arena que fueron introducidos con el agua se quedan encajados en las grietas y las mantienen abiertas para que el gas pueda seguir escapando de las rocas.

El procedimiento explicado anteriormente se encuentra demostrado en la siguiente imagen:

Método de la extracción de gas por fracking | Aguas residuales ...

Recuperado de: https://www.utilityteam.co.uk/fracking-drilling-down-into-the-facts/what-is-fracking-diagram/(08/04/2020)

Este procedimiento tiene ciertos riesgos y desventajas que se deben tomar en cuenta. Debido a las grandes cantidades de agua que se necesitarán para realizar la extracción se buscarán mantos acuíferos, los cuales serán contaminados así como los depósitos de agua superficiales. Para todo este procedimiento se necesitarán usar grandes volúmenes de agua potable lo cual afectará a la población que se encuentre cerca de esta zona. Las fracturas hidráulicas que provocarán emanaciones de gas a la superficie también son un problema importante.

Uno de los ejemplos más conocidos actualmente son todas las denuncias que llegó a recibir la Agencia de Protección Ambiental, una de ellas por quitarle los cargos a una gasífera la cual estaba siendo acusada de contaminar agua potable para realizar fracking. La Agencia de Protección Ambiental no hizo más por la población que estaba siendo afectada; lamentablemente estas personas llegaron a tener problemas como que el agua empezara a arder si se le acercaba un cerillo. Algunas de las investigaciones que se hicieron arrojaron que el metano en los niveles descubiertos era potencialmente explosivos o inflamables, y el benceno encontrado podía llegar a causar cáncer y anemia si se ingería o inhalaba. Las familias recurrieron a liberar el gas que pasa por su pozo todos los días para evitar que la contaminación del agua fuera mayor.

Las gaseras explican que este es un muy buen negocio debido a que producen grandes cantidades de gas gracias a que este procedimiento es muy barato. Es así como nos podemos dar cuenta de que existe un inherente conflicto de intereses, así como la falta de políticas para que este tipo de situaciones en las que se compromete a largo plazo el desarrollo humano en el ámbito social, económico y ecológico sean tomadas en cuenta.

Para México el mayor potencial de recursos no convencionales de hidrocarburo es el shale gas y shale oil. En septiembre de 2015 se realizó un informe por la Energy Information Administration (EIA) del Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos de América, quienes estimaron que México cuenta con recursos potenciales de shale gas de 545 billones de pies cúbicos (Tcf) y 13 mmmb de shale oil y condensado. Gracias a este estudio se pudieron identificar cinco provincias potencialmente productoras de shale gas y condensados en México en 8 formaciones.

Al ver estas cifras nos podemos dar cuenta de lo importante que es empezar a trabajar en impulsar la profesionalización del personal de dependencias gubernamentales y del poder legislativo para que no se tengan más casos como lo sucedido en Texas (EUA) en donde no se le da importancia al impacto negativo que recibe la sociedad y el ámbito ecológico. Entender que si solo se piensa en las ganancias y no se busca un equilibrio para responder eficazmente a los problemas de sostenibilidad en México no logrará tener ese crecimiento y no aprovecharemos de forma adecuada nuestros recursos.

Fuentes