Publicado en Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Jacqueline Miranda De los Santos

Acerca de la violencia en México

Por Jacqueline Miranda De los Santos

Desde hace varios años nuestro país tiene un incremento en los índices de violencia, se encuentra prácticamente sumido en un conflicto donde la droga y la desintegración familiar son aspectos fundamentales para posicionar a México entre los primeros lugares en toda América, ocupando el segundo puesto.

La Evaluación de Paz de los países de América Central y Caribe arroja para México en 2015 uno de los peores resultados, cabe destacar que esta evaluación se realiza desde 2007 ubicándose en ese momento en la posición número doce, es decir, la última.

Debemos mencionar que Venezuela ocupa el primer lugar, seguido por México y en tercera posición se encuentra Colombia; este indicador considera ciertos aspectos como lo son: violencia, criminalidad, gasto militar y si participa en guerras. Otro aspecto que debemos señalar es el hecho de que nuestro país se encuentra dentro de los diez países con mayor índice de gastos generados por esta ola de violencia, ubicándose en el sexto lugar con una cifra de 221, 000 millones de dólares.

 Por otro lado la organización no gubernamental, México Evalúa, Centro de análisis de Políticas Públicas, ha realizado un estudio llamado Índice de inseguridad ciudadana y violencia[1] Del cual se toman diversos indicadores para realizar un estudio que permita saber cómo va la situación general en nuestro país.

violencia2

Nos muestra a raíz de todos estos elementos que en 2011 el Estado de la República con mayor índice de violencia es Chihuahua, siguiendo el Estado de Michoacán.

chihuahua

El crimen organizado sigue siendo para México el principal problema desde 2007 hasta la actualidad y puedo asegurar que incluso en los siguientes años la situación será aún peor.

 ¿Qué pasa con la violencia a niveles familiares? ¿Qué hay con la violencia infantil? Como ya analice en párrafos anteriores, la violencia se presenta con índices tan elevados afecta directamente el entorno social. El narcotráfico, por ejemplo, afecta no solo al gobierno sino también a las familias y a los niños, las personas encargadas de recluir niños y jóvenes buscan ciertos perfiles, de desintegración y violencia familiar, por esto que podemos observar casos como el de Edgar Jiménez Lugo alias El Ponchis.

De acuerdo a la página de la UNICEF[2], dos niños con menos de catorce años mueren diariamente a causa de la violencia, además de acuerdo a la INEGI el 56% de las mujeres entre quince y diecinueve años han sufrido violencia en pareja. Además el DIF señala que en promedio diariamente recibe cuatro casos de violencia infantil siendo en casi la mitad de los casos la madre la responsable por esta situación, y el 29% de los casos, es el padre quien agrede a los menores. Sin embargo, esto no es una verdad absoluta ya que en muchas situaciones de violencia familiar no son denunciados por medio a las represarías.

Otro punto que me gustaría abordar es el reciente crecimiento de los niños sicarios en el Estado de Tijuana[3]. Un documento de la cámara de diputados señala que el 62% de los niños sicarios trabajaba en la economía formal. Siendo la fractura familiar el aspecto principal para que estos niños decidan iniciar su carrera en la delincuencia organizada. Debemos poner los pies en la tierra, y pensar unos minutos en esta situación, se trata de niños matando, personas de once, doce, trece años matando a sangre fría, ¿Qué razones tiene un niño de esta edad para hacer este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo la infancia terminó?

Ya que hemos analizado estos aspectos, es necesario establecer lo siguiente, parece que estamos en un callejón sin salida y que de frente tenemos a un asesino que lentamente mata a nuestro país. La situación para muchos comienza en el sexenio de expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien decidió hacer frente al problema de narcotráfico e inició una guerra contra este conflicto, por eso podemos ver que hay un incremento en los índices de violencia. Las políticas públicas implementadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una disminución en la violencia, la implementación con un previo estudio de la situación real de la zona garantiza el éxito de las líneas de acción, sin embargo, la situación con estados como Michoacán o Tijuana se debe a la escaza visión del ejecutivo, ni el exmandatario Felipe Calderón ni el actual presidente Enrique Peña Nieto actuaron en el momento oportuno y dejaron que el problema se extendiera hasta que fuera incontrolable y fuera necesario hacer uso del Ejército y la Marina. Es necesario que estas mismas políticas públicas apoyen a los niños en situación de calle y en las calles que presentan signos de violencia familiar para que encuentren mejores oportunidades antes que el narcotráfico y los asesinatos a sueldo. Considero que una política pública que no es integral y que no atiende a la infancia mexicana, al menos en este rubro está condenando al país a morir, hoy en día pese a los avances en materia de seguridad creo firmemente que el país se encuentra a la deriva.

[1] Consultado en: http://mexicoevalua.org/2011/01/indice-inseguridad-violencia/

[2] http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

[3] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/17/1051740

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A tres años de la firma del Pacto por México, ¿Hacia dónde nos movemos?

Por: Carlos Palomares Rivera.

El Pacto por México es un acuerdo entre todos los partidos políticos de nuestro país con el que se pretende impulsar una agenda común, es decir, las corrientes ideológicas que convergen en el congreso federal decidieron trabajar de manera conjunta para lograr mejores resultados en la formulación de nuevas leyes (partiendo del cambio de modelos).

A lo largo de este artículo abordaré el impacto que han tenido algunos aspectos de este acuerdo a poco más de tres años de su celebración.

Este pacto nace formalmente con la administración del Presidente de la Republica el 2 de Diciembre de 2012 firmado en el Castillo de Chapultepec en la capital del país, se proyectó como el gran acuerdo político del que surgirían los cambios para “mover a México” (lema que surge con posterioridad) y así convertirnos en un país con oportunidades y una sociedad incluyente.

De este acuerdo destacan los siguientes puntos:

1.- Seguridad  social Universal.

Surge la iniciativa de reforma constitucional sobre la prohibición de la venta de “alimentos chatarra” en los plateles de educación básica en nuestro país.

Derivado de esto, es preciso analizar algunos datos estadísticos para comprender la realidad del Pacto por México

  • En 2012 19.5% de niños menores de doce años tenían sobrepeso mientras que 17.4% se encontraba bajo el problema de obesidad.

Por otro lado, 20.2% de niñas tenían sobre peso contra 11.8% de las mismas en situación de obesidad. [2]

En 2015 nuestro país ocupó el primer lugar en obesidad infantil pues uno de cada tres niños enfrenta el problema de la obesidad dando como resultado que el 26% de la niñez mexicana viva con este problema.[3]

El plazo que se fijó el Pacto fue que en seis años la obesidad disminuyera en nuestro país, a casi tres años veo un escenario desalentador para que el cometido se cumpla.

Se reduce la cantidad de años mínima para ser sujeto de un apoyo económico mensual, de setenta pasó a denominarse “sesenta y cinco y más”.

  • La pensión setenta daba un apoyo económico bimestral de 500 pesos a sus afiliados, en 2012 tenía 3.1 millones de beneficiarios. [4]

Con las modificaciones producto del Pacto por México se incrementó el monto a 580 pesos mensuales, es decir, 1160 pesos bimestrales y se redujo el número mínimo para acceder al programa [5]

El Pacto por México tuvo un impacto positivo para el bienestar social pues se amplía la cobertura de afiliados al programa y se incrementa el monto de la pensión, sin embargo, la falta de control para verificar la viabilidad y eficacia en este aspecto genera incertidumbre pues no es claro si la mayor cobertura realmente está llegando a los y las ciudadanas que lo necesitan.

La puesta en marcha del programa “Seguro de vida para jefas de familia” con el que se ofrece un apoyo económico a los hijos de madres solteras que fallecieran.

  • Transfiriendo una cantidad mensual de hasta casi dos mil pesos por hijo menor de veintitrés años, el programa de seguro de vida para jefas de familia tiene una cobertura actual de seis millones de beneficiadosde familia bajo los mismos requisitos.[7]

Por lo tanto, el Pacto por México esta siendo benéfico en este sentido pues no existía un programa que apoyara a este sector vulnerable de la población.

La cruzada nacional contra el hambre.

Es un aspecto rescatado de la política social de la administración anterior pues en ella ya existía un programa llamado “oportunidades” y que es retomado y modificado en este acuerdo. En este pacto fue visualizada como una estrategia de política social.

La cruzada nacional contra el hambre se propuso mitigar la pobreza extrema, es decir, el estado más severo de precariedad donde la persona no pude satisfacer necesidades básicas como  suministro de agua o alimento. La idea del pacto es crear  diferentes acciones que llevaran a nuestro país a ser una nación con índices bajos de pobreza extrema.

  • En 2012, 9.8% de la población mexicana vivía bajo pobreza extrema. Con el censo de 2014 este índice bajó a 9.5% de ésta en esa condición.[8]

Si bien la pobreza extrema disminuyo en nuestro país, no es un detrimento significativo en comparación con el periodo de 2010 a 2012 donde de 11.3% se redujo a 9.8%.[9]

Con lo anterior queda de manifiesto que sin el Pacto por México la mitigación de mexicanos en pobreza extrema fue más efectiva en el Gobierno de Felipe Calderón pues bajo su mandato se redujo (a través de políticas públicas) más el hambre sin un acuerdo político que en lo que va de la administración del actual Presidente de la República.

2.- La Reforma Educativa

Fue impulsada en el pacto por México y tiene su origen en este acuerdo. Cabe destacar que ésta fue la primer iniciativa de  reforma impulsada en el seno del Pacto, la cual se llevó al Congreso Federal.

Esta Reforma se trazó como meta recuperar la rectoría del servicio educativo en nuestro país pues se encontraba en manos de los poderes facticos[10] y no bajo el control de la administración pública estatal ni federal.

  • Una vez iniciada la reforma educativa, iniciaron los procesos de recuperación del control en zonas donde este servicio público estaba manejado sin participación. Hoy, a casi tres años de iniciarse, Estados como Oaxaca, Guerreo, Chiapas y Michoacán (siendo estos estados quienes mayor problemas presentaban) han sido recuperados por la administración pública central.

6.-  La Reforma en telecomunicaciones.

Con esta modificación en éste sector se pretendió dar una mayor accesibilidad a los servicios de comunicaciones, se dota de mayores facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se aspiraba a que los costos de estas disminuyeran.

  • Los precios en llamadas a celulares han disminuido en costo en un 16%, la larga distancia nacional ha disminuido costos en un 40%.

En Noviembre de 2014 se registraron  65,149 sitios con acceso a Internet de banda ancha de forma gratuita de esta cifra el 70% son sitios escolares. [11]

7.- La Reforma energética.

Otro tema sensible del Pacto por México fue la reforma en materia energética mediante la cual se abre la puerta para que la inversión privada, nacional o extranjera, intervenga en la extracción, comercialización, etcétera.

Con esto las empresas paraestatales dedicadas a la energía como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierten en empresas productivas del Estado, de esta forma competirá en el mercado al mismo nivel que la empresas de naturaleza privada.

  • Al inicio se fijaron expectativas tan altas como que la paridad del dólar seria de 12.5 pesos por dólar y que el precio de la mezcla mexicana llegaría a 45 dólares por barril.[12]

Actualmente nada está más alejado de la realidad, el dólar se encuentra en 19 pesos por dólar[14]  muy por encima de las expectativas de precio mientras que el valor por barril de la mezcla mexicana es de 22.84 dólares

Por lo tanto, la Reforma producto del este acuerdo político no ha tenido grandes beneficios como se marcó al inicio y solo una ligera disminución en la gasolina y el gas. Cabe señalar que esta disminución no es a nivel general en nuestro país, sin embargo, aún estamos en las rondas de licitación por lo que aventurarnos a dar un resultado sería complejo quizá en algunos años sea posible visualizar el impacto positivo o negativo de esta reforma.

 

 

[1] Es importante señalar que la idea de este pacto tiene un carácter de formalidad gracias a  José Murat, miembro del Partido Revolucionario Institucional

[2] Datos  consultados en: http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf

[3] Datos consultados en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

[4] Consultado en: http://www.20062012.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informacion_del_Programa_Programa_70

[5] Consultado en: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/TransparenciaFocalizada/Programas_Sociales/pdf/adultos_mayores.pdf

[6] Declaraciones del actual Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/08/1073847

[7] Consultar información en:  http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/Convocatoria_PSVMJF.pdf

[8] Datos obtenidos de: http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/NOTA%20INFORMATIVA_Pobreza_en_Mexico.pdf

[9] Informacion estadística obtenida de: http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/NOTA%20INFORMATIVA_Pobreza_en_Mexico.pdf

[10] Entiéndase Sindicatos

[11] Datos consultados en: http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2015/03/75313.html

[12] Consultadas en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/15/reforma-energetica-primeros-resultados-hasta-fin-2015 que ofrece un catálogo de aspiraciones a lograr producto de este pacto.

[14] Consultado en: http://eleconomista.com.mx/mezcla-mexicana-exportacion-mme Cabe señalar que es la misma fuente que aseguraba las cifras tan románticas expuestas al inicio

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El acceso a la información en México

Por Iván Chávez González 

El acceso a la información pública se ha consolidado en las últimas décadas a partir de una tendencia internacional que tomó auge a mediados de la década de 1970; este derecho permite al ciudadano tener conocimiento del por qué, cómo y cuándo de las acciones generadas por los sujetos obligados, es decir, el transparentar y rendir cuentas de las acciones que realicen.

El primer antecedente jurídico de éste derecho se dio en Suecia en 1776 con la Ley para la libertad de prensa y del derecho de acceso a las actas públicas con el fin de ejercer un control democrático y poder garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a documentos oficiales generando la obligación a autoridades de rendir cuentas; en 1789 la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo en su artículo 15 el derecho de la sociedad de pedir información a agentes públicos sobre su administración; en 1966, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó el Freedom of Information Act como consecuencia de la presión que se dio por parte de la prensa ante  el oscurantismo de la administración norteamericana. A finales de los años setenta se expandió en países como Francia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Países Bajos la regulación de éste derecho en leyes generales en donde se fijaron las bases y procedimientos para hacer efectivo el derecho de solicitud de información.

En México, el derecho a la información fue integrado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el 6 de diciembre de 1977, tras la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). La modificación al texto constitucional se dio en el marco de la denominada reforma política, la cual integraba el derecho a la información como una garantía en el ámbito electoral; instituyéndose en el artículo 6º:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho a la información será garantizado por el Estado.”[1]

El propósito de la reforma obedecía el garantizar a los partidos políticos condiciones de equidad para difundir sus propuestas a la ciudadanía, es decir, se quería lograr que la sociedad contara con la posibilidad de conocer la plataforma ideológica de las distintas corrientes políticas. La reforma representó un avance en el desarrollo democrático del país, aunque resultaba un derecho acotado, ya que solo era exigible en materia electoral.

En el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho de acceso a la información como una garantía individual, hoy derecho humano, que no sólo se acotara al ámbito político-electoral, lo cual ampliaba el campo de acción de este derecho, garantizando que todos los ciudadanos contaran con la prerrogativa de solicitar información a las autoridades sobre su quehacer, fomentando la rendición de cuentas, dejando de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos.

En abril de 2002, el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), iniciativa presentada en 2001 por el expresidente Vicente Fox Quesada, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) en junio del mismo año, entrando en vigor un año después. El propósito de la ley fue establecer el procedimiento a seguir por parte de los ciudadanos cuando solicitaran información; en la ley se detalla las excepciones por las que no se pueda otorgar la información requerida, así como los plazos en los que se debe otorgar la información por parte de los sujetos obligados.

La idea de la ley fue permitir que cualquier ciudadano pudiera requerir información producida por el gobierno federal sin necesidad de justificar el porqué de la solicitud, terminando así lo coloquialmente llamado “secreto administrativo”. Con la promulgación de la Ley se dio un cambio profundo, ya que se establecía la implementación de una cultura basada en la transparencia y rendición de cuentas; en los congresos locales se comenzaron a expedir leyes en la materia teniendo como base lo establecido en la Constitución y en la Ley Federal.

En 2007 se modificó el artículo 6 Constitucional, la reforma amplió las obligaciones del Estado Mexicano en materia de acceso a la información, fijando las bases mínimas para el ejercicio de este derecho en los tres órdenes de gobierno y estableciendo como única limitante el que la información solicitada versara sobre temas de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad; ésta limitante debe ser justificada y clasificada como “información reservada”, dentro de la justificación debe señalarse el periodo por el cual tendrá la clasificación antes señalada, pudiendo ampliarse el plazo siempre que la institución encargada de velar por este derecho así lo determine.

La última reforma al artículo 6º  de la Constitución, publicada el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)[2], fija bases sólidas para el ejercicio del derecho a la información integrando un nuevo paradigma en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, se amplia el catálogo de sujetos obligados, incorporando figuras que a pesar de ejercer recursos públicos no estaban obligados a comprobar el destino de los recursos otorgados, los nuevos sujetos son: partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad; así mismo se establece la obligación de documentar el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones; se otorga autonomía al órgano garante previsto en el artículo 6º  de la Constitución; se facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de transparencia, protección de datos personales y archivos; ésta disposición se estableció en los artículos transitorios, en el caso de la expedición de la Ley General de Transparencia se estableció un año contado a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), es decir, el Congreso tenía como límite el 7 de febrero de 2015 para expedir o realizar las modificaciones al marco normativo; la Ley General de Transparencia fue aprobada el 16 de abril por el Congreso y publicada en el Diario Oficial el 4 de mayo de 2015, lo anterior representa una falta en los tiempos que el propio legislativo se fijó para la adecuación del orden normativo como se dispone en el segundo transitorio del decreto. Al día de hoy el Congreso de la Unión sigue en incumplimiento de disposiciones transitorias, aún no se cuenta con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Archivos así como las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para adecuarla a lo establecido en la Constitución.

El derecho de acceso a la información se ha colocado en los últimos años como un derecho exigible al actuar de las autoridades ante un descontento generalizado de los excesos de quienes ejercen actos de autoridad y ejercen recursos públicos; por ahora no se puede hablar de la eficacia de la reforma, ya que comprende una reestructuración en cada dependencia, obligando a cada sujeto obligado a contar con un órgano interno de control, el cual estará obligado a entregar la información solicitada, siempre que no se caiga en los supuestos de información reservada, siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el órgano encargado de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y a la protección de datos personales, así como el promover en la sociedad la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas. En teoría, el nuevo modelo de rendición de cuentas parece viable, su eficacia se verá una vez que entre en vigor las disposiciones secundarias, lo cual será en mayo del año en curso, cuando los nuevos sujetos estén obligados a rendir cuentas de su actuar bajo las nuevas disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia. El diseño legal no lo es todo, es necesario además considerar las capacidades institucionales, los recursos técnicos y humanos, y el entorno cultural en que se da en la práctica el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante el establecimiento de una sociedad pro activa.

[1] Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 06-12-1977. DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4664439&fecha=06/12/1977

[2] DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_215_07feb14.pdf

Imagen obtenida de: http://rendiciondecuentas.org.mx/retos-para-la-nueva-politica-de-transparencia/

Publicado en Complejidad Social (Derecho, Economía y Política), Karina Elizabeth García Tufiño

La transición del Distrito Federal a la Ciudad de México

Por Karina Elizabeth García Tufiño

En este artículo abordaremos la llamada Reforma Político Electoral para el Distrito Federal haciendo énfasis en la creación de la nueva constitución para la Ciudad de México y la Asamblea Constituyente que elaborará la misma.

La propuesta para que el extinto Distrito Federal cambiara su régimen constitucional especial y se convirtiera en una entidad federativa como las otras, nace de su Asamblea Legislativa. Dentro de los objetivos planteados por dicha Asamblea destacan los siguientes:

  • Redefinir su naturaleza jurídica a través de un ordenamiento jurídico logrando así una nueva división político-administrativa, pero no por esto dejar de ser la capital de los Estados Unidos Mexicanos y por ende la sede de los Poderes Federales.
  • Hacer un cambio en el esquema de competencias de sus órganos de gobierno enfocándose en la Asamblea Legislativa, optimizando la relación de éstos.
  • Se busca modificar el esquema de distribución de competencias con respecto a los Poderes Federales. Cabe mencionar que esta fue una de las razones más fuertes y expuestas con más vehemencia por quienes apoyan ésta reforma.
  • Se busca un mejor funcionamiento de la Administración Pública local, haciendo un particular énfasis en las Delegaciones
  • Dar fortaleza a los órganos autónomos del Distrito Federal.

En consecuencia se reforman diversos preceptos constitucionales destacando el 44 y 122 con los cuales se da sustento a la redefinición de la naturaleza jurídica de la ahora Ciudad de México. Con esta modificación se pretende y logra:

  • Mantener a la Ciudad de México como sede de los Poderes de la Unión y capital del país.
  • Se erige como una nueva entidad federativa.
  • Su naturaleza jurídica sigue siendo sui generis por su ambivalencia como entidad federativa y sede de los Poderes.

Otro cambio significativo es el paso de Delegaciones a Alcaldías, las cuales cobrarán vida después de las elecciones de 2018. Estarán integradas por consejos que a su vez se conformarán por el Alcalde y diez Concejales elegidos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en una proporción de sesenta y cuarenta por ciento respectivamente. Será la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la encargada de expedir las leyes relativas a la organización, funcionamiento y facultades de las Alcaldías.

Ahora pasaremos al tema principal la Asamblea Constituyente, la cual es un órgano creado para redactar la Constitución y expedirla, tras la realización de ésta importante tarea cesarán sus funciones. Otro punto importante es que no puede interferir en las funciones de los Poderes de la Unión o de los órganos del Distrito Federal.

 En el caso de la Ciudad de México, dicho órgano se compondrá de cien diputados constituyentes que serán elegidos de las siguientes formas:

  1. Según el principio de representación proporcional. En este caso podrán presentarse candidatos integrantes de alguno de los partidos políticos nacionales o bien ciudadanos con candidaturas independientes.

En este caso las diputaciones constituyentes se asignarán:

  1. A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al “cociente natural” el cual es resultado de dividir la votación valida emitida entre sesenta.
  2. A los partidos políticos las diputaciones restantes.

En este caso los requisitos a cumplir serán los siguientes.

  1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento y en ejercicio de sus derechos.
  2. Tener 21 años cumplidos el día de la elección.
  3. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con una residencia de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección.
  4. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.
  5. No estar en servicio activo en el Ejército no tener algún mando de policía en el Distrito Federal cuando menos sesenta días antes de la elección.
  6. No ser titular de algún organismo constitucionalmente autónomo, Secretario o Subsecretario de Estado, titular de algún organismo descentralizado o desconcentrado de la administración Federal, ministro de la SCJN, miembro del Consejo de la judicatura Federal, legislador federal, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe Delegacional, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrado o Juez Federal en el Distrito Federal, Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública local; en caso de ser así deberá separarse del cargo sesenta días antes de que se celebre la elección.
  7. No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero Presidente o consejero electoral de los Consejos General, locales, distritales o de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo de dichos Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos tres años antes del día de la elección.
  8. No ser ministro de algún culto religioso.
  9. Si la candidatura fuera independiente, no estar registrado en los padrones de afiliados de los partidos políticos.

  1. Catorce senadores, designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política.
  • Catorce diputados federales designados de la misma forma que los senadores.
  1. Seis designados por el Presidente de la República.
  2. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Este encargo será de manera honorífica, por lo que los diputados constituyentes no percibirán remuneración alguna.

La elección para su la conformación de éste órgano se realizara el primer domingo de junio del presente, instalándose el 15 de septiembre del mismo. Como resultado de éstos la Constitución Política de la Ciudad de México deberá ser aprobada a más tardar el día 31 de enero de 2017, dicha aprobación deberá ser por las dos terceras partes de los integrantes presentes de la Asamblea Constituyente.

Por último un dato importante, el encargado de la elaboración del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México será el Jefe de Gobierno del Distrito Federal siendo él quien debe remitirla a la Asamblea, a más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación, para su discusión, modificación, adición y voto.

Conclusión

Los resultados reales de ésta reforma deberán esperar por un lado a la formación de la Asamblea Constituyente cuyo proceso de formación no es tan sencillo, y por otro lado  2018 con las elecciones y los cambios en la administración pública de la capital del país.

Por otro lado me parece una decisión acertada el buscar que la situación jurídica de la Ciudad de México no se perdiera la  particularidad de ser sede de los Poderes de la Unión.

Es destacable también que un aspecto que me parece cuestionable es que sea el Jefe de Gobierno quien se encargué de elaborar la nueva Constitución y la Asamblea únicamente la revise, modifica, etc., creo que con esta decisión se pierde parte de la esencia que debería tener la Asamblea Constituyente.

Por último espero ver que en vedad existan y se presten las condiciones para las candidaturas independientes, y así ver como se manejan los partidos políticos con respecto a éstas.

Fuentes:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 29-01-2016.
  • Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal.